15 septiembre, 2025

A tres años de la Fiesta VIP de Fabiola: “Hay una mano negra interesada en que la causa no se cierre”

El abogado de Alberto Fernández aseguró que el caso de la "Fiesta VIP" no se cerró antes porque hay intereses políticos ajenos que buscan relegar la imagen de la pareja presidencial.
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El viernes pasado, Fabiola Yáñez cumplió 42 años. Los festejos quedaron relegados para el ámbito privado y ni siquiera hubo salutaciones de su pareja, el presidente Alberto Fernández, vía redes sociales. Es que un hecho como el que cualquier otro dirigente podría utilizar para mostrar una pequeñísima parte de su vida privada con el objetivo de empatizar con sus seguidores, en el caso del mandatario el efecto podría ser el contrario.

Justamente porque 3 años antes, el cumpleaños 39 de la primera dama marcó a fuego la gestión presidencial. Las fotos y videos del festejo en plena vigencia de las medidas restrictivas por la Pandemia se filtraron cerca de un año después y aún hoy el jefe de Estado está imputado.

La ya reconocida fotografía del Olivosgate.

La imputación nació en Comodoro Py de la mano del fiscal Ramiro González y el juez federal Sebastián Casanello, pero al poco tiempo pasó a la Justicia Federal de San Isidro, con la intervención de Federico Domínguez y el magistrado Lino Mirabelli. Ahí comenzaron a recopilarse pruebas, declaraciones y pedidos de informes, que terminaron con un acuerdo de reparación integral firmado entre la defensa del Presidente y la primera dama, encabezada por el abogado Juan Pablo Fioribello.

Tiempo después homologó el magistrado y se ejecutó la donación de 3 millones de pesos para reparar el daño del Presidente y la primera dama en el marco de la causa por infringir el artículo 205 del Código Penal. Dichos fondos fueron depositados en una cuenta del Instituto Malbrán, tal como se había acordado. Pero el sobreseimiento definitivo nunca llegó.

Juan Pablo Fioribello
El abogado Juan Pablo Fioribello.

Así las cosas, el Presidente sigue imputado a la espera de que la Corte Suprema de Justicia revise si hace o no lugar a una pretensión de convertirse en querellante de los padres de Solange Musse, que durante 2020 no pudieron despedir a su hija fallecida de cáncer a causa de las restricciones sanitarias.

Fioribello, defensor del Presidente, sospecha de que la traba procesal podría haber sido resulta por el juez Mirabelli antes de que el pedido llegue a la Corte. En declaraciones a la prensa, dijo que hay “una mano negra” que busca dilatar la resolución de la causa y que el jefe de Estado “está plenamente confiado en que va a salir” el sobreseimiento.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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