Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.

Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.

Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.

Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.

Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.

La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.

Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.

El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”

Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.

El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.