14 enero, 2025

México | Supuestos sicarios del CJNG capturaron y amenazaron a escorts en Guanajuato

Autoridades federales confirmaron que el video es reciente y fue grabado en dicho Estado, presumiblemente, las víctimas habrían sido liberadas.
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En redes sociales comenzó a difundirse un video que, además de la sensibilidad de su contenido, refleja que la violencia de los grupos criminales en Guanajuato no se ejerce exclusivamente hacia miembros de los cárteles rivales, sino que también está dirigida a civiles.

Un grupo de sujetos vestidos de negro, encapuchados y equipados con armas largas, capturó a varias mujeres que, aparentemente, trabajarían como escorts en el estado. Al menos 2 de los 4 presuntos sicarios que aparecieron en la grabación llevaban impresa en su ropa la leyenda “CJNG”, alusiva al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Roberto Madrazo on Twitter: “Sr. Presidente @lopezobrador_, estos son los graves problemas que debería estar resolviendo. El #CJNG ha expandido sus actividades, hasta llegar al punto de cobrar “derecho de piso” sobre las mujeres y sus cuerpos. Usted tiene una grave crisis de gobernabilidad, que quiere… pic.twitter.com/WnioEfvBn0 / Twitter”

Sr. Presidente @lopezobrador_, estos son los graves problemas que debería estar resolviendo. El #CJNG ha expandido sus actividades, hasta llegar al punto de cobrar “derecho de piso” sobre las mujeres y sus cuerpos. Usted tiene una grave crisis de gobernabilidad, que quiere… pic.twitter.com/WnioEfvBn0

“Esto es para que sepan que este negocio de las escorts tiene dueño, CJNG, y se tienen que reportar cada semana. A toda aquella que no haga caso, se la va a cargar la verga”, fue parte del mensaje amenazante que leyó uno de los individuos. Además advirtió que todas las mujeres que se dediquen a prestar este tipo de servicios estarán “controladas” por medio de un brazalete que les proporcionará el mismo cártel. En el video, todas las víctimas del amedrentamiento llevaban puesta una pulsera de color amarillo que, posiblemente, correspondería a este distintivo.

“Las tenemos ubicadas”, añadió el encapuchado como parte de la amenaza. Acto seguido, mencionó los nombres que serían de varias trabajadoras en la entidad que se dedicarían a brindar acompañamiento remunerado.

De forma simultánea, otro de los presuntos sicarios se dirigió a una de las mujeres y, mientras la amenazó con un arma, la obligó a tirarse al piso boca abajo. Ante esto, ella le suplicaba que no le disparara. Una vez en el suelo, el sujeto colocó su pie encima de su espalda para inmovilizarla y siguió apuntándole con la pistola.

El encargado de leer el intimidante mensaje extendió la amenaza a las agencias y a las escorts que utilizan internet para promocionar sus servicios. También se dirigió a quienes trabajan en cantinas, bares y otros centros nocturnos. “Si no se acomodan, se las va a cargar la verga. Primer aviso, Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo el aparente criminal al final del comunicado.

El video, de 1 minuto y 10 segundos de duración, termina cuando la joven tirada en el piso suplica una y otra vez que no le disparen, mientras el hombre que la tiene sometida le exige que no hable y mantiene el arma apuntando a su cabeza. Hasta el momento de la presente publicación, se presume que la mujer podría seguir con vida.

Según se informó en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen, las autoridades federales ya tuvieron conocimiento de estos hechos y confirmaron que ocurrieron en Guanajuato. Aunque los reportes preliminares señalaron que el grupo de mujeres habría sido capturado en la ciudad de León, no hay información oficial que permita corroborar que efectivamente los hechos sucedieron ahí.

“Están enterados de los hechos, el video es reciente y no saben si ocurrió en León, pero sí en Guanajuato. Saben que hasta esta noche (22 de junio) no hay ninguna denuncia por desaparición en el Estado de Guanajuato de un grupo de mujeres, lo que hace suponer que ellas fueron amenazadas, grabadas y luego las soltaron”, detalló el periodista Manuel Feregrino durante la emisión.

En caso de confirmarse la pertenencia de los posibles criminales al CJNG, sería evidencia del alcance que ha tenido el crimen organizado en el Estado, pues la disputa que mantienen con el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ya no se limitaría sólo al control de establecimientos nocturnos para vigilar el narcomenudeo, sino que tendría implicaciones en otros rubros, como el trabajo sexual.

Redacción

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Los puertos siguen administrados por los K: déficit, corrupción y “casta” que resiste a los cambios de Milei  

A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.  

– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni

El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.  

– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo

Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.  

– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa

Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.  

– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones

Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.  

– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales

Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.  

– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco

El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.  

– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones

La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.

– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio

El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.  

*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias

Redacción

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URUGUAY | Subastaron un campo que Lázaro Báez compró para lavar dinero

El emblemático campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, Uruguay, y confiscado a Lázaro Báez tras su condena por lavado de dinero, fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La propiedad, valuada originalmente en 14 millones de dólares, tenía una base de 3,5 millones, pero alcanzó un precio final de 10,8 millones en una reñida puja. La oferta ganadora fue realizada por una sociedad vinculada al empresario Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, y al polista Adolfo Cambiasso, a través de la empresa Consultatio.

La subasta tuvo lugar en el hotel Jeans Clever de Punta del Este, donde empresarios y abogados se congregaron para participar del remate. Solo diez postores cumplieron con el requisito de un depósito inicial de 10.000 dólares para competir por el predio de 145 hectáreas. La entrada de “El Entrevero” se encuentra en el kilómetro 171 de la Ruta Nacional 10, a solo ocho kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, y el terreno ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.

El campo había sido adquirido en 2011 por Báez a través de maniobras que buscaban blanquear fondos ilícitos. Según Leonardo Fariña, uno de los imputados en el caso y colaborador clave como testigo arrepentido, la compra se realizó mediante sociedades fantasma como Traline SA y Jumey SA para ocultar a los verdaderos propietarios. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones”, declaró Fariña durante el juicio.

La propiedad fue decomisada en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, que destapó un esquema de corrupción liderado por Báez. En 2023, la justicia uruguaya condenó al empresario a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, mientras que Fariña recibió una pena reducida de dos años y medio por su colaboración.

Además de “El Entrevero”, Báez poseía otro terreno en la zona del Faro de José Ignacio, adquirido por 800.000 dólares, y una propiedad en Maldonado valuada en 320.000 dólares. En total, el decomiso de bienes alcanzó los 14,8 millones de dólares.

El rematador Javier Fasanelo destacó las características del terreno subastado, que incluye 40 hectáreas habilitadas para desarrollos inmobiliarios cercanas al mar. “Es un terreno único, con posibilidades de desarrollo que justifican un precio final cercano a los 10 millones de dólares”, aseguró Fasanelo antes de conocerse la oferta final.

Redacción

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El Presto y Emmanuel Danann entre los 100 argentinos más influyentes del año

El periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, y el influencer Emmanuel Danann, volvieron a aparecer en el ranking de los 100 personajes más influyentes del 2024 de la Revista Noticias. 

Esta es la tercera vez consecutiva que El Presto aparece en el ranking, mientras que Danann suma su quinta mención.

Desde sus redes sociales, Presto agradeció a sus seguidores por acompañar su labor y utilizó el post para hacer un saludo de fin de año: “PERIODISMO LIBRE sin robarle dinero al Estado, sin multinacionales dándonos sobres. Sin bajadas de línea de ningún despacho. Sin ningún padrino en los medios, sin ser hijo de… Simplemente con el apoyo de mi público. Que este 2025 nos encuentre juntos otra vez haciendo PERIODISMO LIBRE, siendo críticos de todo lo malo y dejando de lado los fanatismos populistas. Argentinos hasta la médula y defendiendo lo nuestro”.

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Por su parte, Danann también dejó un posteo alusivo a la publicación de Noticias: “Sin burócratas bajándome línea, sin políticos financiando mi contenido, sin apoyo de los grandes medios; con los fascistas de colores pidiendo mi censura y con el Poder Judicial buscando callarme. Triunfa la Libertad. Siempre”.

Ambas figuras lograron consolidarse como referentes en el terreno de las redes sociales, marcando una fuerte presencia en la opinión pública argentina y proyectando su mensaje de libertad en un contexto polarizado.

Redacción

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La industria metalúrgica argentina enfrenta una carga impositiva que duplica a la de Brasil y amenaza su competitividad

La industria metalúrgica argentina, uno de los pilares de la economía nacional, enfrenta un panorama crítico debido a una carga impositiva que supera el 32% del precio en puerta de fábrica sin incluir el IVA. Este porcentaje duplica el de Brasil y México, según un reciente informe elaborado por cámaras sectoriales que representan a fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, línea blanca, autopartes y otras ramas del sector.

El estudio, respaldado por entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), revela que un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, se acumulan a lo largo de la cadena de valor sin generar beneficios tangibles. Esto incluye tributos como Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, tasas municipales y sellos. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, con una estructura impositiva compleja y más de 155 impuestos y tasas”, alertaron las cámaras en el documento.

El informe detalla ejemplos concretos de cómo la presión fiscal afecta los costos de productos industriales. Una sembradora, por ejemplo, carga con un 33% de impuestos en Argentina, frente al 15% en Brasil y al 19% en México. Situaciones similares se observan en productos como tolvas, cabezales maiceros y acoplados.

“Los impuestos explican en promedio el 44% del precio final de los bienes metalúrgicos, incluyendo el IVA”, enfatizan los autores. Este nivel de presión fiscal no solo encarece los productos locales, sino que también pone en desventaja a las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.

Este impacto se ve agravado por la acumulación de impuestos en la cadena de valor. En otros países, las tasas municipales y los tributos similares tienen un peso considerablemente menor, lo que facilita la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, el informe subraya que la complejidad del sistema tributario argentino genera costos administrativos adicionales para las empresas.

El sector metalúrgico genera más de 350.000 empleos directos y representa exportaciones por 11.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, los industriales advierten que la falta de competitividad podría desencadenar una crisis de desindustrialización si no se implementan medidas correctivas de manera inmediata.

“Coincidimos con el esfuerzo del gobierno para estabilizar la macroeconomía, pero esto es solo el principio. Necesitamos políticas micro que reduzcan la carga impositiva, el costo laboral no salarial y los costos logísticos”, sostienen las cámaras en el informe.

El documento también destaca la necesidad de fomentar el financiamiento al sector privado, actualmente muy por debajo de los niveles internacionales. Mientras que en Brasil el crédito al sector privado equivale al 72% del PBI, en Argentina apenas alcanza el 12%. Este bajo nivel de financiamiento limita la capacidad de las empresas para invertir en innovación y mejorar sus procesos productivos.

Por otra parte, el informe enfatiza la importancia de una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado: “Es crucial que los gobiernos nacional, provinciales y municipales trabajen en conjunto para ajustar la presión tributaria de manera ágil y efectiva“, señalan. Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar un escenario de menor producción industrial y pérdida de empleos formales.

Además de la presión impositiva, la industria enfrenta otros obstáculos como costos logísticos elevados, falta de crédito competitivo y un sistema laboral rígido y costoso. Pese a estas adversidades, las cámaras mantienen un mensaje optimista: “Los industriales argentinos sabemos producir y competir, pero necesitamos políticas públicas que resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.

La logística también representa un factor crítico. Según el citado informe, los costos logísticos en Argentina son significativamente más altos que en países vecinos debido a la deficiencia de infraestructura y la falta de un sistema ferroviario eficiente. Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino que también limita el acceso a mercados internacionales.

El sistema laboral también plantea un desafío importante. La rigidez en las regulaciones y el alto costo de la mano de obra no salarial complican la contratación y reducen la competitividad de las empresas. “Es necesario avanzar en reformas que promuevan la flexibilidad laboral y reduzcan los costos redundantes”, afirman las cámaras.

Redacción

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Condenaron al militante K Ezequiel Guazzora a más de 10 años de prisión por abuso sexual de una menor

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°24 de la Capital Federal condenó este viernes a Ezequiel Guazzora a 10 años y 6 meses de prisión por el abuso sexual de una adolescente en 2023, en un domicilio del barrio porteño de Caballito. Además, la madre de la menor fue sentenciada a 10 años de prisión como cómplice necesaria en los hechos. Ambos fueron declarados culpables de uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en el ámbito judicial argentino.

El tribunal, compuesto por los jueces Maximiliano Dialeva Balmaceda, Marcelo Roberto Alvero y Javier Esteban de la Fuente, declaró a Guazzora culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y resistencia a la autoridad. La pena fue unificada con una condena previa de 3 años dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 en 2021, resultando en una sentencia única de 12 años de prisión.

En consonancia con lo solicitado por la fiscalía, el tribunal dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y registre el perfil genético de Guazzora en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en cumplimiento de la Ley N°26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Este procedimiento busca garantizar que individuos condenados por delitos sexuales sean adecuadamente identificados en el futuro.

La investigación se originó tras una denuncia de la Organización No Gubernamental Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Argentina ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según los detalles revelados en el juicio, Guazzora ofrecía dinero, drogas u otros bienes a la madre de la adolescente a cambio de permitirle mantener relaciones sexuales con la menor. La gravedad del caso se incrementa al considerar que los actos fueron planificados y ejecutados con frialdad y premeditación.

La madre fue detenida el 13 de agosto de 2023 en una escuela de la avenida Belgrano al 1300, durante las elecciones PASO, mientras que Guazzora estuvo prófugo por más de dos meses. Fue localizado en octubre por la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) en una vivienda del partido bonaerense de Merlo. La captura de Guazzora marcó el fin de una intensa búsqueda liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli.

El juicio oral comenzó el 11 de septiembre y estuvo a cargo de la Fiscalía N°15, representada por la fiscal general Ana Helena Díaz Cano y el auxiliar fiscal Leandro D’Ascenzo. Durante el proceso, se presentaron pruebas clave, como mensajes en los que Guazzora solicitaba menores para mantener relaciones sexuales y transferencias bancarias realizadas a la madre de la víctima. Estos mensajes incluyeron también detalles sobre el pago de 100 mil pesos por un “encuentro íntimo” con la adolescente. Además, se ponderó el testimonio de la adolescente y su identificación del lugar del abuso, que resultaron determinantes para la condena.

Según la acusación, entre marzo y abril de 2023, la madre llevó a su hija a la casa de Guazzora, donde éste le habría administrado una sustancia en su bebida que la dejó adormecida, mientras la madre consumía estupefacientes provistos por el condenado. En ese contexto, se produjo el abuso sexual. La fiscalía había solicitado 18 años de prisión para ambos acusados, incluyendo cargos por corrupción de menores, pero el tribunal determinó penas menores.

“Tengo la tranquilidad de que soy inocente de lo que se me está causando. Creo en la Justicia”, declaró Guazzora en sus últimas palabras antes de la sentencia. Sin embargo, los jueces dictaron su condena por unanimidad. Los fundamentos del fallo serán publicados el próximo 6 de febrero. Por otro lado, la defensa de Guazzora ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas “no son concluyentes y que existe un sesgo en la interpretación de los hechos”.

Redacción

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Condenaron al líder de ultraizquierda Alejandro Bodart por promover el antisemitismo

La Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires condenó al dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, a seis meses de prisión en suspenso por incitar a la discriminación contra la comunidad judía. El fallo, que revocó una absolución en primera instancia, se produjo por una serie de publicaciones realizadas por Bodart en la red social Twitter en mayo de 2022, donde comparó al “sionismo” con el nazismo y calificó a Israel como un “estado genocida”. 

El tribunal, compuesto por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larroca, dictó el fallo por mayoría. Mientras que Larroca sostuvo que las expresiones de Bodart se encontraban amparadas por la libertad de expresión, Mahiques y Franza concluyeron que los mensajes constituían incitación al odio y discriminación. “Bajo el ropaje de críticas legítimas, despliega un arsenal discursivo discriminatorio que contiene una comparación del movimiento político sionista con el nazismo”, afirmó el juez Mahiques en su voto.

La decisión también destacó que las publicaciones de Bodart “niegan el derecho del Estado de Israel a existir y postulan que la comunidad judía ocupa un territorio que le pertenece a otro pueblo”, lo que adquiere “la cualidad discriminatoria por el modo en que se expresan las palabras”. Estas declaraciones, según los jueces, “proporcionan las bases para deslegitimar la existencia de Israel y promueven la afectación de derechos de un grupo vulnerado”.

El fallo de 150 páginas incluye también referencias a la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), la cual fue incorporada por Argentina en 2020. Esta definición señala que negar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación, como sucedió en las publicaciones de Bodart, puede constituir antisemitismo.

Los mensajes que motivaron la denuncia fueron publicados por Bodart en mayo de 2022. En uno de ellos, escribió: “Sionistas=Nazis”, acompañado de un emoticón ofensivo. Días después, publicó: “74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar”. La DAIA denunció estas expresiones y solicitó su retractación, algo que Bodart rechazó, acusando a la organización de intentar acallar críticas.

El dirigente también publicó: “El pueblo palestino resiste. Apoyar su heroica lucha es también desnudar las mentiras del sionismo, el imperialismo y sus voceros. Los ataques a quienes defendemos la causa palestina no nos silencian: nos confirman que estamos en lo correcto. El Estado de Israel es genocida”. Estas declaraciones fueron interpretadas por el tribunal como un llamado a la violencia y la hostilidad.

Durante el juicio, testigos de ambas partes aportaron visiones contrapuestas. Representantes de la DAIA y del Centro Simon Wiesenthal calificaron las expresiones como antisemitas y como parte de un discurso de odio. Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina, declaró que “la comparación de sionismo con nazismo es perversa en extremo” y argumentó que dicha analogía distorsiona la historia y banaliza el Holocausto. Según Gelblung, “poner en pie de igualdad a un movimiento de autodeterminación nacional con un proyecto racista de aniquilación es un acto que fomenta el odio”.

En contraste, figuras como Myriam Bregman, Adolfo Pérez Esquivel y Naum Briski defendieron a Bodart, argumentando que sus dichos constituían una crítica política y no un ataque a la comunidad judía.

Bodart anunció que apelárá el fallo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, calificándolo como un acto de “autoritarismo”. Según sus abogados, la condena aún no tiene carácter definitivo, ya que falta cumplir el doble conforme. “El aparato sionista ha domesticado parte de la justicia para acallar toda crítica al Estado de Israel”, declaró el dirigente en un comunicado.

Por su parte, Ariel Gelblung, del Centro Wiesenthal, sostuvo que el fallo establece un precedente significativo. “Este caso marca un límite claro: la libertad de expresión no puede ser excusa para discursos de odio”, afirmó. Además, subrayó la importancia de incorporar la definición de la IHRA como interpretativa de la Ley Antidiscriminatoria, algo que consideró como un avance clave para prevenir futuros casos similares.

En los próximos meses, se espera que la apelación presentada por los abogados de Bodart, entre ellos María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, abra nuevos debates en instancias superiores. Entretanto, el dirigente continúa defendiendo su postura y cuestionando lo que considera una “persecución política y judicial”.

Redacción

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