Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras tensiones con Milei y su ausencia en el Mercosur
El embajador brasileño en Argentina fue convocado para consultas en Brasilia sobre el rumbo de las relaciones tras la participación de Milei en eventos conservadores y su ausencia en el Mercosur.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador brasileño en Buenos Aires, JulioBitelli, para consultas en Brasilia sobre la relación del país con el presidente, Javier Milei. Esta convocatoria se dio en medio de tensiones surgidas tras la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora y su ausencia en la reunión del Mercosur en Asunción.
Bitelli se reunió este lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y tiene encuentros programados con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, según informaron medios como CNN Brasil, G1 y UOL.
Diana Mondino y Julio Bitelli
Fuentes del gobierno brasileño señalaron que la convocatoria es inusual pero no constituye una represalia contra Argentina. El objetivo es evaluar la dirección de la relación bilateral, que actualmente “atraviesa un momento diferente”.
“La idea es conversar sobre temas de la relación bilateral, cómo llevarla adelante de la mejor manera posible, con la atención que merece tener”, mencionó Bitelli. “Lula tiene claro que la relación entre los dos países debe continuar siendo importante, independientemente de las diferencias de prioridades y visiones de mundo”, agregó el embajador.
Desde su elección en noviembre de 2023, Milei no ha tenido un encuentro directo con Lula, a pesar de su reciente visita a Brasil. Bitelli, reconocido por su experiencia diplomática y buenas relaciones en Argentina, ha jugado un papel clave en la aproximación entre Vieira y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino.
El embajador brasileño también comentó sobre una reciente publicación de Milei en redes sociales, donde se refirió de manera crítica a ciertas opiniones que consideró como típicas de un “perfecto dinosaurio idiota”. Aunque no mencionó nombres, las declaraciones de Milei causaron incomodidad en el Palacio del Planalto, aunque Lula optó por no pronunciarse al respecto.
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El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
El Gobierno quedó involucrado en medio de tensiones diplomáticas entre dos países de Áfricaluego de que el enviado argentino ante la Unión Africana, Juan Ignacio Roccatagliata, decidiera reunirse con el embajador del Guinea Ecuatorial en Etiopía, Miguel Ntutumu Evuna Andeme. El encuentro despertó fuertes críticas por parte de las autoridades de la isla Annobón, que días atrás habían pedido ayuda a Argentina en el marco de su lucha contra el régimen de Guinea Ecuatorial.
Señor presidente @JMilei:Necesitamos saber qué se está negociando con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial y si finalmente condenará el genocidio annobonés en pos de la libertad de nuestro pueblo.Muchas gracias. pic.twitter.com/GZbxqtw2Sc
“Señor presidente Javier Milei: Necesitamos saber qué se está negociando con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial y si finalmente condenará el genocidio annobonés en pos de la libertad de nuestro pueblo”, expresaron las autoridades del territorio de 17 kilómetros cuadrados que pidió ser parte de Argentina.
Por su parte, el régimen compartió las fotos de la reunión con el diplomático argentino como parte de su disputa con la isla separatista. Guinea Ecuatorial es un régimen dictatorial bajo la mano de hierro del dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo que gobierna desde 1979 y es el autócrata más longevo del mundo.
De esta manera, Argentina quedó involucrada en la tensión entre los dos territorios. Annobón denuncia hace años persecución, violación a los derechos humanos y torturas.
La ONU denuncia que la isla de Annobón sufre también condiciones de aislamiento, militarización, hambruna estructural, abusos sexuales a menores de edad e intento de limpieza a la etnia Ambô.
El territorio forma parte de Guinea Ecuatorial por decisión del dictador español, Francisco Franco en 1968. Sin embargo, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Naciones Unidas y Human Rights Foundation advierten que allí existe una prisión geográfica y un laboratorio de terror estatal.
ANNOBÓN PIDIÓ “AUXILIO” A ARGENTINA
Mientras lleva adelante la histórica lucha contra el régimen de Guinea Ecuatorial, la semana pasada el primer ministro annobonés, Orlando Cartagena Lagar, viajó a Argentina para pedir “auxilio”.
“Fuimos parte del mismo territorio. Hoy pedimos auxilio a la Argentina, nuestro país hermano”, declaró el diplomático desde Buenos Aires.
En esa misma intervención denunció represión de parte del régimen de Guinea Ecuatorial y clamó por ayuda humanitaria urgente. Según Lagar, Annobón formó parte del Virreinato del Río de la Plata antes de ser arrancada por la corona española en el siglo XVIII.
En 2022, el pequeño territorio proclamó su independencia, aunque aún carece de reconocimiento internacional. La isla cuenta con recursos pesqueros, minerales y una ubicación en una ruta marítima clave.
Su situación es desesperante: no poseen agua potable, electricidad ni atención médica, mientras sus habitantes viven aislados y bajo constantes abusos.
“Nos están matando lentamente”, denunció con crudeza Lagar. Por ahora, sin palabras oficiales del Gobierno, el tema ya ingresó al Congreso.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
La señal IP Noticias levantó toda su programación desde esta madrugada, tras su último programa en vivo de la grilla de mayo.“Volverá a ser gestionado en su totalidad por el Grupo Octubre”, dice un comunicado oficial que se puso al aire.
La crisis sucede en medio de la salida de uno de sus accionistas en circunstancias extremadamente complejas. Se trata del empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, quien había llegado junto a Alfredo Scoccimarro como nuevo director.
Esa relación terminó muy mal. Y ahora García Furfaro está asediado por la Justicia por por el fentanilo contaminado que derivó en la muerte de 34 pacientes internados en hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe.
Desde el 28 de marzo de este año, el laboratorio HLB Pharma tiene un nuevo presidente. Se trata de Sebastián Nanini, otro abogado. Pero la partida contaminada es de diciembre del año pasado.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley “de pocos artículos” que habilitará la utilización de dólares fuera del sistema para compras de hasta 50 millones de pesos mensuales.
Francos calificó la medida de “algo revolucionario” al destacar que los fondos podrán destinarse a la cuota inicial de un departamento, a créditos hipotecarios o a la adquisición de maquinaria agrícola. Explicó que la propuesta garantizó que la información patrimonial “no va a ser revisada” y que redujo el período de prescripción de cinco a dos años para proteger a los ahorristas. “Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada”, aseguró.
– “Presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”
En una videoconferencia con 17 gobernadores, el Gobierno obtuvo “un interés general de parte de todos de adherirse a este sistema”. Subrayó que los mandatarios provinciales entendieron que la iniciativa “va a generar una movilización de fondos, una actividad fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento”. El funcionario pidió, no obstante, que las provincias no apliquen Ingresos Brutos sobre los bienes adquiridos para mantener el incentivo.
Francos insistió en que los dólares acumulados “no provinieron de la evasión impositiva, sino de la compra en el mercado paralelo para resguardar ahorros”, y negó que el esquema choque con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A su juicio, “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”.
Finalmente, el ministro defendió el proyecto como un instrumento de reactivación económica y de regularización voluntaria: “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”.
En una medida histórica, el Parlamento danés apoyó con 81 votos a favor y 21 en contra una reforma estructural que incrementa la edad de jubilación a los 70 años para aquellos nacidos después del 31 de diciembre de 1970. La decisión se adopta en el marco de un acuerdo que vincula los aumentos de edad jubilatoria a la esperanza de vida —actualmente cercana a los 82 años— y contempla etapas intermedias: 68 años en 2030 y 69 en 2035.
El objetivo del Ejecutivo es reforzar la viabilidad financiera del Estado de bienestar danés, logrando un ahorro estimado de más de 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) para 2040.Según declaraciones del ministro de Empleo, Ane Halsboe‑Jørgensen, futuras reformas tendrán en cuenta la duración de la carrera laboral y el tipo de trabajo.
Paralelamente, la reforma pone fin a las pensiones vitalicias de los parlamentarios y ministros. Hasta ahora, con sólo un año de mandato, los legisladores podían cobrar alrededor de 35.000 coronas (unos 4.700 euros) mensuales de por vida, comenzando su jubilación poco después de los 60 años. Bajo la nueva norma, los políticos aportarán el 18,07 % de su salario al sistema contributivo general y recibirán las prestaciones correspondientes a su cotización como cualquier otro ciudadano.
La reforma es el resultado de un pacto de Estado que incluyó a ocho grupos parlamentarios y sigue las recomendaciones de una comisión experta de 2016, que advertía sobre la insostenibilidad del esquema anterior. No obstante, los términos aprobados solo se aplicarán a los futuros diputados que accedan por primera vez al Folketing tras las próximas elecciones, y se mantiene el privilegio para quienes ya poseen antigüedad.
– Protestas en Dinamarca
La iniciativa provocó protestas desde distintos sectores, especialmente sindicatos como 3F, que advierten el impacto negativo sobre quienes desempeñan tareas manuales o fatigantes. También hay preocupaciones sobre la aplicación automática de la subida, lo que generó pedidos de mayor flexibilidad por parte del Gobierno y representantes políticos.
Organismos como el FMI respaldan la iniciativa, argumen que el aumento de la edad legal es necesario frente al envejecimiento demográfico y a mayores capacidades cognitivas de los mayores, equiparables a personas más jóvenes décadas atrás. En Europa, otros países como Francia, Alemania y Reino Unido ya avanzan hacia incrementos similares, aunque ninguno tan ambicioso como Dinamarca
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
