México | López Obrador califica de “grandes” al dictador Fidel Castro y el asesino guerrillero Nelson Mandela
El presidente de México expuso en conferencia de prensa su admiración por el represor cubano y su homólogo genocida sudafricano.
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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que el dictador cubano Fidel Castro fue un gigante como el guerrillero asesino Nelson Mandela, “pero que no tiene el mismo reconocimiento”.
“También para mí es una persona grande, grande, pero para el mundo occidental y para el conservadurismo del mundo: Mandela, sí; Fidel, no”, cuestionó AMLO, durante su habitual conferencia de prensa mañanera, última antes de su visita a Estados Unidos, donde se reunió con su homólogo Joe Biden.
Acto seguido, López Obrador, quien en repetidas ocasiones se ha declarado un admirador del dictador cubano, proyectó un video de una reunión entre Mandela y Castro, en la que el sudafricano dijo que no se sentaría hasta que Castro le confirmara la fecha de su visita, y apuro su propia interpretación de la anécdota.
ConferenciaPresidente. En el panteón de los “grandes, grandes” estadistas están tanto Nelson Mandela, como Fidel Castro, como el mismo Roosevelt, reflexiona @lopezobrador_ pic.twitter.com/KTDwOMxFCJ
“Cuando murió el comandante Fidel Castro dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. ¡Hijo! Se pusieron los conservadores enojadísimos, ¿cómo iba yo a comparar a Mandela con Fidel? ¿Y por qué? Porque Mandela, claro, toda su trayectoria de lucha, 27 años preso, él mismo escribió su biografía, la dictó. El largo camino hacia la libertad, pero los dueños del mundo lo aceptaban más que a Fidel”, exclamó.
Para más entuerto, el líder del partido MORENA, haciendo alusión a su próxima visita a Estados Unidos, incluyó al presidente Franklin Delano Roosevelt en la ecuación. “Porque lo 2eran grandes, nada más que suele pasar que para algunos hay quienes son más aceptados que otros dirigentes, pero en el panteón de los gigantes, de los grandes del mundo, están los dos, como Roosevelt que voy a ir a ver ahora, que voy a su plaza”, agregó.
Además, AMLO aseguró que, al igual que Castro, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien busca volver al cargo, y el difunto dictador venezolano Hugo Chávez también eran gigantes con mala prensa. “Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitan, Macuspana, Tabasco, así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula”, dijo López Obrador cuando le preguntaban cuál era su referente.
El presidente mexicano mostró admiración por el guerrillero subversivo Nelson Mandela, al mismo tiempo que por el dictador cubano Fidel Castro, calificándolos de “grandes”.
López Obrador consideró que los medios esperaban que se decantara por Lula, para dar tranquilidad a los votantes, pero él nunca tomó partido. “El presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez, estoy hablando por la ultra, los conservadores, con el presidente Lula tenían relación, hasta lo invitaban banqueros y demás a dar pláticas, era como un modelo a seguir en aquel tiempo y el presidente Chávez estaba satanizado. Para darles tranquilidad lo que esperaban era que yo dijera (que se inclinaba por) Lula y nunca lo dije, siempre dije soy Andrés Manuel López Obrador”, comentó.
El presidente mexicano propuso este martes a su homólogo estadounidense un amplio escenario de cooperación bilateral en materia de emigración y energía, durante el primer día de su visita oficial a Estados Unidos, luego de que, a principios de junio, descartase asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Angeles, porque Washington excluyó de su lista de invitados a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Tras el boicot, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que entendía la posición de México sobre la Cumbre de las Américas. “Ciertamente hay una diversidad de opiniones cuando se trata de quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio”, declaró el funcionario.
Presidente @lopezobrador_:”Cuando murió el Comandante Fidel Castro dije que había muerto un gigante…”#CubaPorLaPaz pic.twitter.com/Iyyevi24wv
Aún así, el político estadounidense defendió la decisión de Washington de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión diciendo que el convocante del encuentro tiene amplia discreción sobre quiénes participan.
“Lamentablemente, es notable que uno de los elementos clave de esta cumbre es la gobernabilidad democrática, y estos países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernabilidad democrática”, dijo Price, citando el reciente encarcelamiento de artistas en Cuba, la presión sobre la sociedad civil en Nicaragua y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro en Venezuela que no es reconocido por Estados Unidos.
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El trasfondo político de la embestida judicial contra Marcela Pagano desnuda las contradicciones internas y los curiosos movimientos dentro del espacio oficialista. La causa que terminó archivada en Comodoro Py no surgió de la nada, sino de una presentación formal firmada por quince diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre quienes se destacaron nombres alineados con la interna oficialista como María Celeste Ponce y Lilia Lemoine.
La principal denunciante, la diputada nacional Lilia Bolukalo Lemoine, junto al abogado patrocinante, Hernán Seivane.
Detrás del armado legal estuvo el abogado patrocinante Hernán Seivane, un letrado con un llamativo historial político que incluye registros fotográficos junto a figuras como Manuela Castañeira y Juan Grabois, un posterior paso por el bando mileísta y un reciente salto: anunció que ahora trabajará para Ramón “El Nene” Vera, histórico dirigente kirchnerista reconvertido en “liberal” por milagro, como sucedió con tantos otros dirigentes de la talla de Leila Gianni o Daniel Scioli.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (su nuevo jefe) y Sebastián Pareja
El archivo judicial
La denuncia impulsada por los quince legisladores oficialistas apuntaba contra Marcela Pagano por supuesta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El escrito sostenía que la diputada se valía de su cargo y de su pareja para supuestamente ocultar bienes, además de deslizar graves acusaciones sobre supuestosretornos de dinero de personal parlamentario, presuntos vínculos con diplomáticos extranjeros y viajes al exterior. Un combo de imputaciones que carecía de respaldo probatorio pero que servía como ariete político dentro de la interna, motivo por el que la Justicia archivó la causa.
La diputada nacional Marcela Pagano, la denunciada por el oficialismo.
La juez María Romilda Servini respaldó el dictamen fiscal que desestimó la denuncia punto por punto al comprobar que no existía ninguna hipótesis delictiva. La resolución detalló los nueve motivos centrales por los cuales el expediente quedó descartado:
1. Las operaciones inmobiliarias cuestionadas ocurrieron meses antes de que Pagano asumiera como diputada nacional, durante 2023.
2. La adquisición del departamento en la calle Migueletes se realizó con fondos debidamente acreditados por la venta previa de otra propiedad que la periodista tenía desde 2011.
3. El monto en efectivo declarado respondía a ahorros previos y la fecha errónea en el sistema oficial se debió a un error administrativo y no a una omisión maliciosa.
4. Respecto a la situación de Franco Bindi, la Justicia determinó que no existía unión convivencial formal ni obligación de informar bienes ajenos, ya que la convivencia comenzó formalmente años después.
5. La mención a un supuesto inmueble en Nordelta carecía por completo de ubicación, valor o elementos que lo vincularan con la legisladora.
6. Los viajes al exterior mencionados por una exempleada no demostraron ningún incremento patrimonial injustificado.
7. Las acusaciones sobre supuestos retornos de sueldos del personal parlamentario se basaban en recortes mediáticos y carecían de pruebas concretas.
8. La supuesta asociación ilícita con vínculos internacionales mencionada en el escrito no describía ninguna organización criminal, roles ni un plan delictivo real.
9. La presentación incumplía los requisitos legales básicos al omitir circunstancias de tiempo, modo y lugar, convirtiéndose en un escrito vacío de contenido probatorio.
De este modo, la maniobra judicial impulsada por el sector oficialista quedó totalmente desinflada en los tribunales, dejando en evidencia una presentación carente de rigor jurídico que terminó colapsando bajo su propio peso probatorio.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Juan Grabois y junto a Manuela Castañeira.
La doble vara oficialista
El contraste entre la embestida judicial archivada contra Pagano y la realidad interna de La Libertad Avanza desnuda una evidente doble vara. Mientras un sector del oficialismo impulsó una causa vacía de contenido para castigar a una disidencia, las irregularidades y los escándalos con pruebas concretas dentro de la propia oficialista se acumulan sin la misma vara de exigencia.
El ejemplo más claro ocurrió con Manuel Adorni, quien quedó cercado por inconsistencias patrimoniales tras acumular prórrogas y demoras para presentar su declaración jurada, a pesar de que el propio Javier Milei había afirmado meses antes que el funcionario ya la tenía preparada.
Manuel Adorni y su esposa subiendo al avión privado cuya compra de pasajes aún no puede justificar.
Otro caso elocuente involucra a la diputada nacional María Celeste Ponce, precisamente, una de quienes firmaron la denuncia contra Pagano. Esta diputada fue gravemente cuestionada y denunciada mediáticamente en 2024 por su exasesora Guillermina Ruiz, quien la acusó de exigirle retornos mensuales de hasta $500 mil de su sueldo y aportó pruebas documentadas de varias transferencias bancarias, incluso permitiéndole acceder a los movimientos de su cuenta bancaria al periodista Tomás Díaz Cueto, hoy más alineado con el propio espacio de Ponce.
Lejos de recibir el castigo interno o la presión judicial que el espacio impulsó contra otros, Ponce fue públicamente blindada por su compañera de bloque Lilia Lemoine, a pesar de que los registros difundidos por la exasistente salpicaban directamente al entorno y exponían una red de complicidades dentro de la misma tropa libertaria. Ponce fue denunciada por Eduardo “El Presto” Prestofelippo a raíz de esta causa. A pesar de la facilidad con la que la Justicia Federal podría haber accedido a esos registros del Banco Nación, la causa fue archivada raudamente sin realizar ningún tipo de investigación, sin llamar a testigos a declarar, ni corroborar absolutamente nada.
La diputada nacional María Celeste Ponce junto al presidente, Javier Milei.
La persecución interna impulsada por este sector no se limita a figuras institucionales, sino que también apunta contra la propia militancia y disidencia tuitera del espacio.El mismo abogado y los mismos actores involucrados en la embestida contra Pagano han quedado señalados por armar listas negras y promover causas judiciales contra militantes libertarios críticos, demostrando que el aparato judicial y mediático del oficialismo opera de manera sistemática parasilenciar cualquier voz interna que cuestione los privilegios y las contradicciones de la cúpula dirigente.
Mientras la justicia sepultó la opereta contra Pagano por falta absoluta de elementos, el oficialismo opta por mirar hacia otro lado cuando las pruebas de corrupción y desmanejos florecen en su propio búnker.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Patricia Bullrich llegó al 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, con dos reclamos para el Gobierno que integra. Pidió que los cambios de tres años de gestión se verifiquen “en cada familia” y resumió la urgencia con una fórmula repetida a propósito: “Velocidad, velocidad en los cambios”. Además, cuestionó que la Casa Rosada llevara al Congreso la Ley de Tierras mientras el capítulo correspondiente del DNU 70/2023 seguía en la Justicia.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la figura oficialista de mayor peso del encuentro, con Javier Milei y buena parte de su gabinete en París.
En la conferencia de prensa previa a su exposición, explicó que el objetivo es que las reformas muestren rápidamente un horizonte para las empresas y terminen por reflejarse en “una economía familiar mucho más amable”. También describió una economía a dos ritmos: “No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como pueden ser los hidrocarburos, la pesca, el agro y la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”.
Parte del problema, dice, está en el costo argentino, con un comercio que soporta una carga impositiva tres veces más alta que la de Chile o Brasil. Sobre la advertencia de J.P. Morgan por una posible recesión, fue cauta y dijo que todavía no están los números para evaluarla.
El reproche por la Ley de Tierras tuvo dos escenarios. En un acto por los 30 años de la Constitución porteña en la Facultad de Derecho de la UBA, calificó de “apresurado” el envío de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía ese capítulo. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, admitió. Como el fallo llegó después de que la ley no pudiera votarse, reconoció que la oposición podría voltear el DNU.
Ya en IDEA, sumó un argumento técnico. Si mientras un decreto atraviesa la Justicia se discute una ley que no se aprueba, el Gobierno termina “tapando su propio instrumento legal”. “¿Para qué vas a mandar una ley si todavía estás en la Justicia con la constitucionalidad o no de ese capítulo de la Ley de Tierras?”, se preguntó, antes de reivindicar “el principio de la continuidad de los actos”.
El martes pasado, la Corte Suprema revocó un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras y repuso el artículo 154 del DNU, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclararon después que solo resolvieron una cuestión procesal, la legitimación de una asociación para obtener una cautelar, sin pronunciarse sobre la validez del régimen. Bullrich se apoyó en esa aclaración para sostener su postura.
La Ley de Tierras se sumó a otros contrapuntos recientes. La senadora criticó los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027, rechazó impulsar el juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por el régimen penal juvenil y marcó diferencias por el manejo del caso de Manuel Adorni, por el freno al pliego de una jueza y por su exclusión de debates de la reforma política.
Consultada por esas posiciones, rechazó leerlas como un choque con el Presidente. “No lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro”, sostuvo, y aseguró que busca representar las preocupaciones de empresas, trabajadores, estudiantes, pymes y comercios.
— El Presidente fue recibido por Emmanuel Macron (Francia) en el Palacio del Elíseo
En un panel moderado por Martín Galdeano, director de IDEA, propuso extender a toda la economía la estabilidad de 30 años del RIGI y premiar o castigar a provincias y municipios según bajen o no sus tributos. También apuntó al sistema previsional, con seis millones de trabajadores formales que sostienen a 20 millones de beneficiarios. “El sistema no va más”, sentenció, y planteó dejar de cobrar impuestos al trabajo para combinar una base financiada con impuestos generales y un ahorro que podría canalizarse por convenios colectivos.
La pregunta que circulaba entre los empresarios apuntaba a 2027. Bullrich recordó que acaba de ser elegida senadora por seis años y evitó proyectarse: “No sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”. Remarcó que el objetivo es “no ir para atrás”, aclaró que las alianzas “aún están en veremos” y deslizó: “Ojalá que sea todo, ojalá que sean todos los argentinos”. Los empresarios, que la esperaban en un almuerzo reservado en el Costa Galana, querían saber si se perfila como candidata propia o como compañera de fórmula de Milei.
Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio y desataron el caos en la ciudad autónoma española. El 90% de los irregulares retornó voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen hasta hoy en sus calles, ocupan sus espacios públicos y ocasionan problemas de seguridad ciudadana.
El dato lo aportó José Daniel Mendoza, propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia del sector en la ciudad, en declaraciones al medio español Libertad Digital. Las cifras, dijo, hablan por sí solas: las ventas de los aerosoles de autoprotección “se han incrementado en un 500%”.
— José Daniel Mendoza lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual
El comerciante describió una escena que explica mejor que cualquier estadística el clima que se vivió en la ciudad durante aquellas semanas. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas”, aseguró.
La demanda fue tan repentina que agarró desprevenidas a las armerías y a los demás comercios especializados. “Era desorbitada”, resumió Mendoza. En su local, el mecanismo habitual de venta directa se volvió imposible y hubo que anotar a los clientes: “Tuvimos hasta listas de espera”. El problema se agravó por una cuestión de calendario. La mayoría de los grandes distribuidores españoles cerraron por vacaciones durante agosto, justo el mes en que se disparó la necesidad, y eso derivó en problemas de abastecimiento. Recién con el inicio de septiembre, explicó el comerciante, el stock volvió prácticamente a la normalidad.
También cambió el perfil del comprador. Mendoza, que lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual, detalló el orden en que se acercaron los clientes: “Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales”.
Consultado sobre qué elemento conviene llevar encima, el comerciante, especialista en deportes al aire libre y en artículos de defensa personal, se inclinó por una variante concreta del producto. “Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel”, señaló, porque a diferencia del aerosol tradicional no se dispersa en el aire ni vuelve sobre quien lo usa. “No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor”, explicó, ya que el gel deja una marca visible sobre el atacante: “En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros”.
El fenómeno excedió a Ceuta. La empresa SHOKE, especializada en defensa personal, registró un incremento superior al 50% en la venta de espráis de pimienta homologados durante el último mes, en coincidencia con la repercusión mediática de la crisis migratoria. En su caso, la medición abarca a toda la Península y a un solo tipo de producto, el aprobado por la normativa española. Los pedidos llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, entre otras ciudades. Según la firma, “el perfil mayoritario corresponde a particulares que buscan reforzar su protección ante una creciente sensación de inseguridad, aunque también se ha detectado interés entre los profesionales del sector”. La compañía advirtió además que recibió cientos de consultas, en su local y por internet, sobre la legalidad de estos dispositivos y las condiciones para usarlos.
El repunte de las ventas no fue el único indicador del clima que se vive en Ceuta. El Partido Popular difundió en rueda de prensa las cifras de llamadas a la Policía durante agosto y las comparó con las del mismo mes del año anterior, como prueba, sostuvo el partido, de que la inseguridad en la ciudad es real y “no una percepción”, tal como intenta presentarla el Gobierno español. Los expedientes de seguridad ciudadana pasaron de 568 a 5.233; los allanamientos de morada, de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto, de 57 a 1.163; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326.
“Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60″, sintetizó el portavoz Borja Sémper. Y remató: “Esto es lo que están sufriendo los ceutíes”.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, científicos de Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur se sentaron en Vigo junto a representantes del gobierno de ocupación de las Islas Malvinaspara evaluar el estado del calamar Illex argentinus. La Argentina, principal país ribereño de esa pesquería, quedó afuera del IV Taller Científico Internacional sobre la especie, que sostiene el mayor volumen de desembarques del Atlántico Sur y que lleva en su nombre científico al país ausente.
La reacción más dura llegó desde Panamá. Allí, en la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tres gremios marítimos argentinos presentaron una nota formal contra el encuentro: el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, señalaron los dirigentes durante su exposición.
— El comunicado de la organización de armadores gallegos que convocó al encuentro de Vigo: en la lista de invitados figuran las Islas Malvinas y la Argentina no aparece
El taller fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), la entidad que agrupa a buena parte de la flota congeladora gallega, con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización que promueve mejoras en las pesquerías y que en este caso colaboró en la coordinación y en la búsqueda de recursos. En el comunicado que difundió el 25 de septiembre, la OPPC-3 explicó que el objetivo era avanzar en una base de datos regional y en la evaluación de la abundancia, la productividad y el estado de explotación del calamar, con información de las flotas que lo capturan desde el sur de Brasil hasta la Patagonia y en aguas internacionales. También asistieron expertos independientes que acompañan el proceso desde su origen.
Sobre el motivo de la silla vacía circulan dos versiones. Los gremios hablaron de exclusión y pusieron el acento en que sí fueron convocadas las autoridades que administran de hecho las islas. Fuentes del ámbito científico consultadas por Revista Puerto atribuyeron la ausencia a una posición de principio: “Argentina no participa porque no reconoce el derecho del pretendido e ilegítimo gobierno de las Islas sobre el manejo del recurso calamar del Atlántico Sudoccidental”. Los trascendidos desembocan en el mismo punto, porque mientras el gobierno de ocupación integre estos talleres la Argentina no tendrá lugar en ellos, y el diseño de la convocatoria garantiza de antemano ese resultado.
Una silla para la administración colonial; ninguna para el dueño del recurso
Para los sindicatos, ninguna evaluación del Illex puede considerarse válida sin la Argentina y sin el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el organismo que reúne la serie científica más completa sobre la especie. El planteo se apoyó en la Ley N° 24.922, que regula la pesca en el país, y en la posición argentina sobre los recursos del Atlántico Sur. Los gremios recordaron además que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.
El rechazo a la presencia isleña sumó otros fundamentos: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La advertencia de fondo fue que incorporar a esas autoridades a una instancia internacional sobre la gestión del calamar puede contribuir a legitimar un sistema de licencias de pesca otorgado de manera unilateral.
Los representantes argentinos remarcaron que las decisiones sobre el calamar impactan de forma directa en los trabajadores del sector y formularon cuatro pedidos. A la conducción de la ITF le solicitaron un pronunciamiento en rechazo al taller y que lo comunique a todas sus organizaciones afiliadas. Reclamaron que las conclusiones de Vigo no se presenten como un consenso científico regional y que las autoridades de las Islas Malvinas no sean convocadas en futuras instancias. Exigieron, por último, que cualquier ámbito internacional sobre la gestión del recurso incluya a la República Argentina, a su ciencia y a los representantes de sus trabajadores.
La milla 201, el borde donde las vedas argentinas dejan de valer
El Illex es un recurso migratorio y su distribución excede los límites jurisdiccionales. Nuestro país administra la pesquería con planes de manejo, avanza en un proceso de certificación y aplica un sistema de alerta temprana orientado a garantizar el escape de reproductores. En la milla 201, la franja de aguas internacionales que empieza donde termina la Zona Económica Exclusiva y donde opera la flota potera extranjera, esos cierres no rigen. La presión pesquera en ese sector diezma los esfuerzos de conservación que se hacen puertas adentro.
Esa falta de reglas en alta mar ya tuvo costo. Durante la feria Conxemar 2025 se advirtió que el calamar sigue sin consenso científico regional y sin medidas de gestión internacionales, lo que complica su certificación pese a la buena administración de los stocks en aguas argentinas.
Los promotores presentaron el taller como una respuesta a ese vacío. Edelmiro Ulloa, director gerente de la OPPC-3, planteó que ante la ausencia de un marco regional de gobernanza plenamente operativo la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento, mediante el intercambio de información agregada y con las garantías de confidencialidad que acuerden las partes. “Reducir la incertidumbre beneficia a todos”, sostuvo, en una idea que también expuso ante el medio español Industrias Pesqueras, y agregó que la colaboración científica “no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota”.
— El afiche oficial del taller de Vigo: seis banderas para debatir el calamar argentino, entre ellas la del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, y ninguna de la Argentina
La conducción científica estuvo a cargo de Rubén Roa-Ureta, experto en modelización estadística y evaluación de poblaciones pesqueras, quien se definió como un científico independiente “que no pertenece ni representa a ninguna de las naciones que participan en esta pesquería”. A su juicio, la responsabilidad de generar el mejor conocimiento posible sobre el calamar “debe mantenerse al margen de los conflictos políticos o jurisdiccionales que puedan existir entre los países que comparten el ecosistema”. El grupo que presidió se propuso consolidar una base técnica común para futuras evaluaciones, comprender mejor la dinámica de la población e identificar las principales incertidumbres pendientes.
Desde SFP, su director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida, Pedro Ferreiro, valoró que la iniciativa “no pretende sustituir a los Estados ni interferir en sus competencias, responsabilidades o derechos conforme al marco jurídico internacional”, y admitió que cualquier avance hacia una gestión regional “deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. Los organizadores convocaron además a armadores, empresas transformadoras y comercializadoras, trabajadores y demás actores de la cadena de valor, que abarca actividades portuarias, logísticas e industriales, a involucrarse de forma activa y continuada.
La de Vigo fue la cuarta reunión de un proceso que empezó con talleres en Chile y Panamá y siguió en Bangkok. Aun no trascendieron documentos, resultados ni conclusiones de ninguna de esas ediciones. Tampoco se identificaron medidas de manejo que den continuidad a las normas que aplica la Argentina para cuidar la especie.
Los propios organizadores definieron la meta como “convertir el conocimiento científico compartido en un punto de encuentro entre flotas que compiten por el mismo recurso” y “garantizar la conservación de Illex argentinus y la continuidad económica y social de una de las principales pesquerías del Atlántico Sur”.
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