INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Rusia suspendió hasta fin de año los derechos de exportación sobre sus principales cereales. El gobierno de Vladimir Putin fijó en 0 rublos por tonelada el tributo que pagan el trigo y el meslin (mezcla de diferentes tipos de granos, tradicionalmente trigo y centeno), la cebada y el maíz en los embarques con destino a países que no integran la Unión Económica Euroasiática (UEE), con el propósito de evitar una descapitalización profunda de los productores, golpeados por la caída de los precios internos y por las dificultades para colocar la cosecha en el exterior.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 1194 del Gobierno de la Federación Rusa, firmada el 19 de septiembre por el primer ministro Mijaíl Mishustin. La norma comenzó a regir días después, aunque su texto establece de manera expresa que las disposiciones alcanzan a las operaciones realizadas desde el 1° de este mes. Con ese efecto retroactivo, la retención cero cubrirá cuatro meses completos, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las autoridades de Moscú justificaron la decisión en la “necesidad de reestructurar la logística” de las exportaciones. Detrás de esa fórmula oficial aparece un cuadro más crudo, que describió en diálogo con el diario La Nación (Belkis Martínez)Alexander Belov, productor de la región de Moscú. “Esto se dio debido al derrumbe de precios internos y problemas logísticos para las exportaciones. En el transcurso del año 2026 el trigo ha perdido un tercio de su valor y el girasol más de 40% internamente. Año muy difícil a pesar de una buena cosecha”, explicó.
El trigo, principal producto de exportación del agro ruso, es el gran destinatario del alivio.
La decisión no tomó por sorpresa al sector. Dos semanas antes de la firma, la subcomisión de regulación aduanera, arancelaria y no arancelaria de la comisión gubernamental de Desarrollo Económico e Integración había aprobado una iniciativa conjunta de los ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura para suspender en forma temporal el llamado mecanismo de amortiguación, conocido como “damper”, que determina el derecho móvil sobre las exportaciones de granos. Según informaron entonces los medios rusos, el proyecto iba a ser elevado luego al Gobierno para su formalización, paso que se concretó con el decreto antes mencionado.
Rusia no desarmó el esquema de derechos móviles que aplica a los granos, sino que introdujo una excepción temporal que deja sin efecto, durante esos cuatro meses, el monto que surgiría del cálculo habitual. Ese monto nunca fue fijo: el Ministerio de Agricultura publicaba periódicamente la tasa resultante del mecanismo, y los registros oficiales de 2026 muestran sus oscilaciones. Para la semana correspondiente a comienzos de septiembre, por ejemplo, la cartera informó una tasa de 787,5 rublos (US$9,34) por tonelada para el trigo y de 406,5 rublos (US$4,82) para el maíz, mientras que la cebada ya tributaba cero. En su punto más alto del año, el derecho calculado para el trigo llegó a superar los 1100 rublos (US$13) por tonelada.
Con esos números sobre la mesa, Belov valoró la eliminación como un respiro modesto. “Para el productor es un poco de aire fresco, pero no mucho. Algo es algo”, describió. El productor también cuestionó los tiempos del Gobierno, ya que la medida llegó cuando buena parte de la cosecha había avanzado en el circuito comercial. “Para mí es tardío. Habría que hacerlo a partir de julio con la nueva cosecha. El trigo básicamente ya está en acopio. Queda algo de trigo de verano en cosecha en la zona de Siberia, muy poco”, agregó.
El telón de fondo de la crisis es el “apagón logístico” que afecta al Mar Negro, la salida natural de los granos rusos y ucranianos. Desde su inicio, los precios FOB (el valor de la mercadería ya cargada en el barco) de los productos agroindustriales de ambos países cayeron de manera significativa: es la única forma de compensar los elevados costos de exportar por rutas alternativas menos eficientes. Esa baja se trasladó en forma directa a los productores rusos y ucranianos, que reciben valores dramáticamente más bajos por su mercadería y, además, enfrentan dificultades para comercializar los cereales que cosechan en estos días.
— El trigo ruso se despegó a la baja del resto de los exportadores desde julio. Fuente: Consejo Internacional de Cereales
Las cifras de embarques confirman el golpe. La consultora rusa SovEcon prevé que los envíos conjuntos de trigo de Rusia y Ucrania entre julio y septiembre de este año sumen unos 8,0 millones de toneladas, el volumen más bajo para el primer trimestre de una campaña desde la temporada 2010/11. En el mismo período de 2025, ambos países habían exportado 16,2 millones de toneladas, y el promedio de los últimos cinco años se ubica en 18,2 millones de toneladas. Lo que se traduce en que los despachos cayeron a menos de la mitad.
Para los derivados del girasol la historia fue distinta. El decreto también los alcanza, pero en lugar de suspender sus derechos de exportación, el Gobierno les puso un techo hasta fin de año. En el caso del aceite se aplicará el menor valor entre el monto que arroje la fórmula vigente y un máximo de 7748 rublos (US$91,91) por tonelada. Para la harina o torta de girasol, el tope quedó en 312 rublos (US$3,70) por tonelada, con el mismo criterio de comparación.
El productor sumó otro frente de preocupación para las empresas agrícolas rusas, el financiero. “La carga crediticia pesa muchísimo también. Es otro punto que hay que renegociar para evitar quiebras masivas”, advirtió.
— Alexander Belov, productor agropecuario ruso
La relación de Rusia con las retenciones a los granos está por cumplir dos décadas. En 2007 el Gobierno fijó de manera temporal un arancel del 10% para el trigo y el meslin y del 30% para la cebada, con el objetivo de contener los precios internos. A comienzos de 2008, el derecho sobre el trigo trepó al 40% y se mantuvo en ese nivel hasta fines de junio de ese año.
“El mecanismo vigente —recordó Belov— rige a partir de 2021, coincidiendo con el auge exportador del trigo ruso”. Desde el 2 de junio de ese año, Rusia aplicó un derecho móvil a las exportaciones de trigo, cebada y maíz, calculado cada semana a partir de la comparación entre precios indicativos y precios base. En su diseño original, el tributo para el trigo equivalía al 70% de la diferencia entre ambos valores una vez que el precio indicativo superaba el umbral. Para 2026, el Ministerio de Agricultura trabajó con precios base de 18.000 rublos (US$213,52) por tonelada para el trigo y de 17.875 rublos (US$212,04) para la cebada y el maíz, y sobre esa estructura calculó las tasas que publicaba periódicamente.
— Primer ministro Mijaíl Mishustin
Mientras tanto, la guerra continúa sobre la misma geografía que asfixia al comercio de granos. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la última noche sus fuerzas alcanzaron tres centros logísticos en la ciudad portuaria de Odesa, “utilizados para almacenar y distribuir carga militar y de doble uso destinada a las fuerzas armadas ucranianas”. Las tropas rusas también atacaron un almacén de componentes para drones en la localidad de Mirnoye y un buque de carga “que transportaba suministros militares con destino al puerto de Odesa”.
Del otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que su ejército golpeó dos refinerías de petróleo rusas, una en Bashkortostán y otra en la región de Samara, y reportó además ataques en el Mar Negro. “Estamos llevando la guerra de vuelta a donde vino.Estamos acercando la paz para Ucrania“, sostuvo la cartera en un comunicado.
Nicolás Morzone se mueve por el tablero político platense con la comodidad de quien ha hecho del pragmatismo su principal doctrina. Presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante local, el abogado de UNLP de 34 años cultiva una lealtad fervorosa hacia el mileísmo que contrasta de manera bochornosa con su archivo reciente.
Algo tan básico en cualquier parte del mundo desarrollado como es volar, parece que en la argentina cada vez mas la clase política (Kirchnerismo + Milei) se empecina en que sea un privilegio para pocos. Hoy se votó otro nuevo impuesto que sigue destruyendo el consumo aeronáutico.
Cuando Morzone estaba de acuerdo con criticar a Milei.
Lejos de haber mantenido una línea de coherencia ideológica, el edil transitó el camino inverso: hasta hace poco tiempo, utilizaba sus redes sociales para fustigar con dureza al propio Javier Milei, a quien acusarlo de votar en sintonía con el kirchnerismo.
Cuando Morzone consideraba a Daniel Scioli “el peor gobernador de la historia” y no un buen funcionario del Gobierno Nacional.
Esa flexibilidad para cambiar de trinchera sin escalas le permitió ponerse el traje de cruzado de la ortodoxia presidencial. En su rol autoproclamado de custodio del relato oficial, Morzone adoptó los modismos y las exigencias de pureza ideológica de la nueva fuerza gobernante, olvidando por completo sus propias andanzas de opositor selectivo y preparando el terreno para protagonizar el escándalo legislativo que sacudiría la política bonaerense.
Cuchillo entre los dientes
La metamorfosis discursiva del edil estalló en pedazos durante una sesión ordinaria en el Palacio Municipal, cuando el bloque mileísta y sus aliados pusieron sobre tablas un proyecto de adhesión al mensaje presidencial sobre las Islas Malvinas. Lejos de encuadrarse en los márgenes habituales del debate parlamentario, Morzone monopolizó la discusión con una encendida arenga de tinte belicista que dejó atónito al recinto.
En un contexto de caída de la imagen del oficialismo, embanderado en la repentina centralidad que la Casa Rosada le otorga a la causa soberana, el concejal parafraseó al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para fijar su visión geopolítica: sentado ante su mate de algarrobo, sentenció que la disputa territorial debe darse “con el cuchillo entre los dientes, preparándose para todo, para la máxima instancia”.
Integrantes del CECIM de La Plata.
La escalada verbal no se detuvo en la teoría estratégica: envalentonado por su propio guion, el presidente del bloque PRO remató con una definición que cruzó todos los límites de la prudencia institucional: “Es hora que las Malvinas sean reconocidas como argentinas. Y quiero decirle a los platonistas, a los idealistas, que los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”.
El blanco de su furia dialéctica tuvo nombres y apellidos: el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Irritado porque los veteranos habían catalogado el anuncio oficial como un acto de “hipocresía extrema” para tapar falencias de gestión, Morzone los increpó directamente desde su banca. Los acusó de haber desnaturalizado el sentido primigenio de la memoria colectiva para, según su óptica, transformarse en una “agrupación kirchnerista” y en una “unidad básica de La Cámpora”, exigiéndoles explicaciones sobre sus posicionamientos partidarios y poniendo en duda su autoridad moral sobre la causa que defendieron en el Atlántico Sur.
Repudio y blindaje
La provocación no tardó en detonar la furia en el recinto legislativo. Desde las bancas del bloque peronista salieron a cruzar al edil oficialista, tildándolo de “cobarde”, “sinvergüenza” y “maleducado” por arremeter contra los veteranos de guerra valiéndose de la inmunidad concedida por su banca. Finalmente, los insultos cruzados obligaron a dictar un cuarto intermedio y trasladaron las agresiones directamente a los pasillos del Palacio Municipal.
Lejos de acusar recibo del papelón institucional, el espacio político de Morzone blindó rápidamente a su alfil a través de un comunicado oficial y de publicaciones en redes sociales donde bajó una línea terminante: sentenció que cualquier definición contraria a la expresada por Javier Milei en materia de Malvinas “es funcional a Inglaterra”, estableciendo así la prohibición de cuestionar al mandatario para no ser “pro-inglés”.
La pirueta argumental rozó el cinismo absoluto: mientras el documento proclamaba solemnemente que “la causa Malvinas no es una bandera que pueda apropiarse el kirchnerismo”, en la práctica exigía un alineamiento dogmático y dictaminaba que nadie tiene el derecho a criticar la estrategia gubernamental sin ser sumariamente excomulgado o tildado de traidor.
El comunicado del PRO mileísta de La Plata, tuiteado por Morzone.
Control de daños y el peso de los hechos
Ante el profundo repudio generalizado que despertó su arenga beligerante y el paralelismo inevitable con la retórica de la dictadura en 1982, Morzone intentó salir a apagar el fuego con declaraciones radiales. En su incursión de justificación por la FM Now 97.9, el edil adujo que su frase había sido “sacada un poco de contexto”, aseguró que sonó a un exabrupto y minimizó sus propias palabras al afirmar que se refería a “defender con tenacidad algo que es nuestro” y no a iniciar un conflicto armado.
Nicolás Morzone, concejal del PRO en La Plata, habló con @diegosehinkman en #AfterOfficeNow sobre la polémica que generaron sus declaraciones durante un debate por Malvinas y sus cruces con la oposición. “No fue la mejor frase, está claro, está totalmente sacado de contexto…. pic.twitter.com/f9s8iJOqgL
Sin embargo, el intento de recular se desarma al contrastar el relato con los hechos: la intervención en el recinto no fue una contestación improvisada en un estudio de televisión, sino una alocución política formal y preparada desde su banca, donde parafraseó con frialdad a Henry Kissinger para hablar de pelear “con el cuchillo entre los dientes” hasta la “máxima instancia”.Pretender reducir una arenga bélica explícita a un mero eufemismo defensivo choca de frente con la propia estructura de su discurso, donde agredió a quienes efectivamente sufrieron el infierno de las trincheras, dejando al descubierto los costos políticos de un personaje que apostó fuerte al dogma y terminó atragantado con su propio libreto.
Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio y desataron el caos en la ciudad autónoma española. El 90% de los irregulares retornó voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen hasta hoy en sus calles, ocupan sus espacios públicos y ocasionan problemas de seguridad ciudadana.
El dato lo aportó José Daniel Mendoza, propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia del sector en la ciudad, en declaraciones al medio español Libertad Digital. Las cifras, dijo, hablan por sí solas: las ventas de los aerosoles de autoprotección “se han incrementado en un 500%”.
— José Daniel Mendoza lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual
El comerciante describió una escena que explica mejor que cualquier estadística el clima que se vivió en la ciudad durante aquellas semanas. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas”, aseguró.
La demanda fue tan repentina que agarró desprevenidas a las armerías y a los demás comercios especializados. “Era desorbitada”, resumió Mendoza. En su local, el mecanismo habitual de venta directa se volvió imposible y hubo que anotar a los clientes: “Tuvimos hasta listas de espera”. El problema se agravó por una cuestión de calendario. La mayoría de los grandes distribuidores españoles cerraron por vacaciones durante agosto, justo el mes en que se disparó la necesidad, y eso derivó en problemas de abastecimiento. Recién con el inicio de septiembre, explicó el comerciante, el stock volvió prácticamente a la normalidad.
También cambió el perfil del comprador. Mendoza, que lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual, detalló el orden en que se acercaron los clientes: “Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales”.
Consultado sobre qué elemento conviene llevar encima, el comerciante, especialista en deportes al aire libre y en artículos de defensa personal, se inclinó por una variante concreta del producto. “Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel”, señaló, porque a diferencia del aerosol tradicional no se dispersa en el aire ni vuelve sobre quien lo usa. “No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor”, explicó, ya que el gel deja una marca visible sobre el atacante: “En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros”.
El fenómeno excedió a Ceuta. La empresa SHOKE, especializada en defensa personal, registró un incremento superior al 50% en la venta de espráis de pimienta homologados durante el último mes, en coincidencia con la repercusión mediática de la crisis migratoria. En su caso, la medición abarca a toda la Península y a un solo tipo de producto, el aprobado por la normativa española. Los pedidos llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, entre otras ciudades. Según la firma, “el perfil mayoritario corresponde a particulares que buscan reforzar su protección ante una creciente sensación de inseguridad, aunque también se ha detectado interés entre los profesionales del sector”. La compañía advirtió además que recibió cientos de consultas, en su local y por internet, sobre la legalidad de estos dispositivos y las condiciones para usarlos.
El repunte de las ventas no fue el único indicador del clima que se vive en Ceuta. El Partido Popular difundió en rueda de prensa las cifras de llamadas a la Policía durante agosto y las comparó con las del mismo mes del año anterior, como prueba, sostuvo el partido, de que la inseguridad en la ciudad es real y “no una percepción”, tal como intenta presentarla el Gobierno español. Los expedientes de seguridad ciudadana pasaron de 568 a 5.233; los allanamientos de morada, de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto, de 57 a 1.163; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326.
“Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60″, sintetizó el portavoz Borja Sémper. Y remató: “Esto es lo que están sufriendo los ceutíes”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
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