INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla

El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.

En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.

Andrés Manuel on Twitter: “En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x / Twitter”

En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x

“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen

Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.

El crimen de Luz Raquel Padilla

Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.

A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.

Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales

“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.

2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.

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Tras la suspensión de sus operaciones, piden informes al Gobierno sobre la situación de Flybondi

En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.

El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.

Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.

En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.

La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.

— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log

Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.

En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.

La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)

Macri anunció que Fundación FIFA asistirá a Venezuela con 1 millón de dólares tras los sismos

El doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha dejado un saldo devastador y cifras que continúan en ascenso. Según los últimos reportes oficiales, la tragedia registra 4.333 fallecidos y 16.740 heridos tras el hallazgo de nuevas víctimas durante los operativos de rescate.

El impacto sobre la infraestructura y la vida cotidiana ha sido total. El sistema sanitario venezolano atendió a más de 31.000 personas desde el inicio de la emergencia, mientras que las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran actualmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los movimientos telúricos.

Ante la magnitud del colapso, el gobierno venezolano ha anunciado la implementación de un censo biométrico para asistir a los miles de ciudadanos que perdieron sus viviendas y hoy permanecen en campamentos transitorios. En tanto, continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros de edificios derrumbados.

La asistencia de la Fundación FIFA

Frente a este escenario, la Fundación FIFA, bajo la presidencia ejecutiva de Mauricio Macri, anunció el envío de 1 millón de dólares provenientes de su fondo humanitario. La entidad deportiva busca colaborar con organizaciones humanitarias y socios locales que operan en el terreno para la ejecución de las tareas de socorro y reconstrucción.

“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia”, afirmó Macri a través de su cuenta en la red X. El exmandatario destacó el rol del deporte ante la crisis y sostuvo que la ayuda debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia.

El anuncio cuenta con el respaldo explícito de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también se refirió a la situación: “el pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil”, expresó el dirigente en apoyo a la iniciativa.

Mauricio Macri en un evento de Fundación FIFA en Mauritania, África.

El rol político del deporte

La tragedia en Venezuela coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol, el evento global que ocupa el centro de la agenda de la FIFA. En este marco, la entidad ha utilizado los estadios como plataformas de visibilidad para la situación humanitaria en el país sudamericano.

En diversos partidos se han realizado minutos de silencio en memoria de los fallecidos. Además, durante el encuentro de octavos de final entre México y Ecuador, disputado el 30 de junio en el Estadio Azteca, los espectadores y el propio Gianni Infantino corearon “no están solos”, en un mensaje de acompañamiento dirigido al pueblo venezolano.

Estas acciones buscan poner la fuerza de convocatoria del fútbol al servicio de la respuesta ante el desastre, buscando no sólo el aporte económico, sino también una tracción simbólica en el ámbito internacional.

Gianni Infantino en el lanzamiento de la Fundación FIFA de Estados Unidos.

Ejecución de los fondos

Aunque la donación ya fue comunicada, los detalles operativos sobre el destino específico del dinero aún no fueron informados en su totalidad. Según trascendió, las autoridades comunicarán mayores precisiones sobre la implementación financiera y los proyectos respaldados conforme avancen las evaluaciones en el lugar.

La intención es que la ayuda se instrumente mediante acuerdos operativos sólidos para garantizar que el aporte llegue a las zonas prioritarias. Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha intervenido en diversas crisis globales, movilizando recursos y kits de emergencia a través de su red de aliados estratégicos.

En esta ocasión, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda, articulando sus recursos con la comunidad futbolística local para coordinar la respuesta ante el desastre.

*Por Augusto Grinner

La intervención de la obra social de los peones rurales expone una disputa entre Karina Milei y Daniel Scioli por una caja millonaria

Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.

Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.

El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.

Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.

En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.

En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.

OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.

Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué fue intervenida?

En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.

Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.

— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario

Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.

El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.

La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.

*Con información de Realpolitik

La Corte le prohibió a personas transgénero competir en equipos femeninos

La mentira de la autopercepción sufrió una derrota definitiva. En una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir a mujeres y niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. El fallo ratifica las leyes de Idaho y West Virginia, los distritos que iniciaron la resistencia legal contra las agendas globales, y destruye las cautelares que mantuvieron congeladas estas normas bajo el falso ropaje de la discriminación.

El veredicto puso blanco sobre negro el debate de la igualdad. El juez Brett Kavanaugh, redactor del argumento de la mayoría, rechazó las impugnaciones progresistas y determinó que las restricciones basadas en el sexo biológico no violan la decimocuarta enmienda. La resolución dejó en claro que preservar la seguridad física y la equidad competitiva constituye un interés estatal prioritario para defender a las atletas biológicas.

Además, el tribunal fijó un criterio unánime respecto al Título IX, ratificando que la ley federal avala la segregación de equipos según el nacimiento. Con este blindaje judicial, la normativa no sólo sepulta los planteos de la izquierda, sino que convalida leyes similares en más de la mitad del territorio norteamericano.

La sentencia generó una reacción inmediata en Washington. El presidente Donald Trump, quien convirtió la defensa de las categorías femeninas en bandera central de su campaña y de sus directivas desde la Casa Blanca, celebró el desenlace en sus redes sociales. El mandatario calificó la resolución como una gran victoria y remarcó que elimina una situación ridícula que atentaba contra el esfuerzo de las competidoras.

Mujeres biológicas celebrando el fallo de la Justicia.

Los rostros del fraude deportivo

Este fallo no es un capricho abstracto, sino la respuesta directa a años de impunidad biológica en las competiciones deportivas. El caso de la nadadora trans Lia Thomas quedó grabado como uno de los ejemplos más escandalosos de esta distorsión. Tras pasar tres temporadas en el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania con resultados absolutamente intrascendentes, su transición le permitió irrumpir en el circuito femenino de la NCAA. El resultado fue inmediato y devastador: Thomas pulverizó los cronómetros y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un campeonato nacional, desplazando de forma contundente a atletas olímpicas que entrenaron toda su vida en igualdad de condiciones.

Lia Thomas, el lector debe adivinar cuál es.

El patrón de ventajas físicas insalvables se repitió metódicamente en otras disciplinas donde la ideología intentó borrar la realidad. En el atletismo universitario, Cecé Telfer pasó de competir sin éxito en la categoría masculina a coronarse campeona nacional de los 400 metros con vallas, en su categoría femenina, con una superioridad aplastante.

La misma farsa golpeó al levantamiento de pesas, donde Mary Gregory trituró cuatro récords mundiales femeninos en una sola jornada, forzando a la propia federación a revocar las marcas tras constatar la evidente ventaja de su densidad ósea y estructura muscular.

Incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, la participación de la neozelandesa Laurel Hubbard en la categoría de máxima categoría expuso ante los ojos del mundo cómo el desarrollo masculino previo configura un privilegio físico irreversible.

El día que la realidad humilló a la ideología

El debate sobre la inclusión forzada suele omitir uno de los antecedentes históricos más lapidarios que el deporte registra sobre las diferencias biológicas. Ocurrió durante el Abierto de Australia en enero de 1998. En aquel momento, unas jovencísimas tenistas Venus y Serena Williams, que ya mostraban un nivel arrollador en el circuito femenino, declararon públicamente que se sentían capaces de ganarle a cualquier tenista masculino que estuviera por debajo del puesto 200 del ranking mundial.

El alemán Karsten Braasch, quien por entonces ocupaba el puesto 203 de la ATP, no dudó en aceptar el desafío. Braasch tenía 31 años y estaba lejos de ser un ejemplo de disciplina atlética pura: fumaba casi un atado de cigarrillos por día y llegó al encuentro tras jugar al golf y tomar un par de cervezas. Los partidos se disputaron a un solo set. El tenista, jugando a media máquina según sus propias palabras para mantener el desafío entretenido, barrió primero a Serena por 6 a 1 y, de inmediato, despachó a Venus por 6 a 2.

Venus Williams, Karsten Braasch y Serena Williams, año 1998.

Tras la aplastante derrota, con humor, la propia Serena Williams admitióque algunas pelotas que en el circuito femenino habrían sido tiros ganadores, el alemán las devolvía con extrema facilidad debido a su velocidad y potencia.

Aquel episodio en Melbourne Park demostró hace casi tres décadas lo que hoy la Justicia estadounidense y los estudios científicos terminan avalando: la ideología de género no puede borrar por decreto la estructura física, y la competencia desleal termina siempre por destruir el mérito de las mujeres biológicas.

*Por Augusto Grinner

Crecen las dudas por el uso de IA en el paper económico escrito por Javier Milei

El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.

En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original. Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.

El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de “4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.

Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.

El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.

Inteligencia artificial y autoría ajena

El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.

Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram. La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.

Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificial en el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.

Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.

La validación del “genio”

La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.

Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.

Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.

Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.

*Por Augusto Grinner

El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles​

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