INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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El doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha dejado un saldo devastador y cifras que continúan en ascenso. Según los últimos reportes oficiales, la tragedia registra 4.333 fallecidos y 16.740 heridos tras el hallazgo de nuevas víctimas durante los operativos de rescate.
El impacto sobre la infraestructura y la vida cotidiana ha sido total. El sistema sanitario venezolano atendió a más de 31.000 personas desde el inicio de la emergencia, mientras que las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran actualmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los movimientos telúricos.
Ante la magnitud del colapso, el gobierno venezolano ha anunciado la implementación de un censo biométrico para asistir a los miles de ciudadanos que perdieron sus viviendas y hoy permanecen en campamentos transitorios. En tanto, continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros de edificios derrumbados.
Varios miles de muertos y heridos ante la catástrofe en Venezuela.
La asistencia de la Fundación FIFA
Frente a este escenario, la Fundación FIFA, bajo la presidencia ejecutiva de Mauricio Macri, anunció el envío de 1 millón de dólares provenientes de su fondo humanitario. La entidad deportiva busca colaborar con organizaciones humanitarias y socios locales que operan en el terreno para la ejecución de las tareas de socorro y reconstrucción.
“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia”, afirmó Macri a través de su cuenta en la red X. El exmandatario destacó el rol del deporte ante la crisis y sostuvo que la ayuda debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia.
El anuncio cuenta con el respaldo explícito de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también se refirió a la situación: “el pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil”, expresó el dirigente en apoyo a la iniciativa.
Mauricio Macri en un evento de Fundación FIFA en Mauritania, África.
El rol político del deporte
La tragedia en Venezuela coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol, el evento global que ocupa el centro de la agenda de la FIFA. En este marco, la entidad ha utilizado los estadios como plataformas de visibilidad para la situación humanitaria en el país sudamericano.
En diversos partidos se han realizado minutos de silencio en memoria de los fallecidos. Además, durante el encuentro de octavos de final entre México y Ecuador, disputado el 30 de junio en el Estadio Azteca, los espectadores y el propio Gianni Infantino corearon “no están solos”, en un mensaje de acompañamiento dirigido al pueblo venezolano.
Estas acciones buscan poner la fuerza de convocatoria del fútbol al servicio de la respuesta ante el desastre, buscando no sólo el aporte económico, sino también una tracción simbólica en el ámbito internacional.
Gianni Infantino en el lanzamiento de la Fundación FIFA de Estados Unidos.
Ejecución de los fondos
Aunque la donación ya fue comunicada, los detalles operativos sobreel destino específico del dinero aún no fueron informados en su totalidad. Según trascendió, las autoridades comunicarán mayores precisiones sobre la implementación financiera y los proyectos respaldados conforme avancen las evaluaciones en el lugar.
La intención es que la ayuda se instrumente mediante acuerdos operativos sólidos para garantizar que el aporte llegue a las zonas prioritarias. Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha intervenido en diversas crisis globales, movilizando recursos y kits de emergencia a través de su red de aliados estratégicos.
En esta ocasión, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda, articulando sus recursos con la comunidad futbolística local para coordinar la respuesta ante el desastre.
Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, arrastra un tendal judicial tras su caída en el Yategate y la posterior aparición de fajos de dólares en el vestidor de su casa de San Vicente, hechos que lo mantienen imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Por su parte, Juan Nápoli es el presidente del Banco de Valores, ex candidato a senador de La Libertad Avanza y un hombre de extrema cercanía con Javier Milei. La entidad financiera de Nápoli se encuentra bajo la lupa de la jueza federal María Servini por sospechas de haber sido el canal principal parael lavado de activos y maniobras con el dólar bluede la financiera Sur Finanzas, ligada directamente al entorno de Insaurralde y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Los lazos económicos entre la cúpula oficialista y los operadores kirchneristas exponen un entramado de negocios cruzados de larga data. El propio Javier Milei arrastra un antecedente comercial directo en este ecosistema, habiendo sido contratado en el pasado para hacer la publicidad de CoinX World, una firma cripto cuyo dueño era socio de los mismos financistas que hoy manejan la red de lavado vinculada a Insaurralde. Esta red de vínculos previos y favores económicos cruzados fundamenta las sospechas sobre la connivencia entre el dinero negro de la política tradicional y la nueva elite financiera del mileísmo.
Juan Nápoli junto a Javier Milei en una charla.
El video de la impunidad
Un registro audiovisual filmado a la medianoche del sábado 11 de julio en Puerto Madero expuso la convivencia entre ambos mundos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En la grabación se observa a Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando temas de cancha a escasos centímetros de Juan Nápoli, quien comparte la celebración entre copas de alcohol.
El dato que oscurece la escena es que, como se adelantaba, la Justicia federal ya allanó el banco de Nápoli en una causa por lavado directamente vinculada al entorno del exintendente, un entramado que se profundizará más adelante.
Martín Insaurralde fumando un habano y festejando junto a Juan Nápoli.
Tras la difusión, la respuesta de Nápoli consistió en un descargo cínico donde exigió el derecho a la intimidad, asegurando ante la prensa que no tiene nada que ocultar. La defensa del banquero se centró en sugerir que esto no tendría que haberse sabido, instalando la lógica de que el problema radica simplemente en haber sido grabado.
Esta postura choca de frente con el archivo de sus propios aliados: fue el exjefe de gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien sentenció en sus redes que los funcionarios públicos no tienen privacidad y que su vida privada es automática y totalmente pública. Alegar un asunto privado resulta un absurdo insostenible cuando el video es la evidencia explícita de un vínculo estrecho de amistad y celebración compartida.
El tuit de Juan Nápoli: “tengo derecho a la intimidad”.
La doble vara de los auto-percibidos libertarios queda expuesta al imaginar cómo reaccionaría el arco oficialista si una figura opositora, como por ejemplo Elisa “Lilita” Carrió, apareciera de fiesta con la corrupción kirchnerista; el ataque mediático habría sido inmediato. El escenario del encuentro fue el departamento deRodrigo Fernández Prieto, un empresario conocido como el Príncipe de Puerto Madero, amigo histórico de Insaurralde y ex pareja de Jésica Cirio.
La “defensa” de Nápoli también la predijo Homero Simpson.
La punta del iceberg
La recurrencia de estos encuentros deja en claro una hipótesis sistémica: las relaciones promiscuas entre los diferentes estratos del poder son constantes y el secreto ciudadano sólo depende de que no haya una cámara encendidaen el momento justo. El entramado político y financiero opera habitualmente en las sombras, blindado por pactos de silencio mutuo que únicamente se resquebrajan cuando un protagonista comete el error de dejarse registrar o cuando las internas sectoriales derivan en traiciones y filtraciones interesadas.
El antecedente histórico y fundacional de esta matriz se remonta al video de Néstor Kirchner frente a una caja fuerte exclamando “cuando veo estas… éxtasis”, seguido de un revelador “no me habrás filmado, ¿no?”. El registro fílmico conecta directamente con la causa Cuadernos, donde diversos testigos detallaron la obsesión física del expresidente por acumular, tocar y oler billetes en efectivo; una patología delictiva que la opinión pública podría haber considerado una exageración si no existiera ese preciso documento audiovisual que lo dejó en evidencia.
Néstor Kirchner grabado por su propio camarógrafo y expuesto en 2013 en Periodismo para Todos.
El paralelismo con los escándalos de la gestión actual es directo. La sociedad civil terminaría de confirmar el retorno del 3% en los contratos de la ANDIS debido a los audios filtrados del desplazado funcionario Diego Spagnuolo, amigo de José Luis Espert y de Javier Milei. De igual manera, las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los fondos y las propiedades de Manuel Adorni se activaron únicamente después de la viralización de los videos que lo mostraban utilizando un jet privado rumbo a Punta del Este y otro vacacionando en el Caribe, forzando la revisión de sus declaraciones juradas.
La impunidad del conurbano replica el mismo patrón. El recordado Yategateen el Mediterráneo y el posterior hallazgo de los fajos de dólares en el vestidor de San Vicente salieron a la luz exclusivamente porque los propios protagonistas cometieron el descuido de registrarlo. Incluso el paradigmático caso de los bolsos de José López en el convento se conoció por el llamado fortuito de un vecino al 911 que permitió capturar al funcionario infraganti y acceder a las cámaras de seguridad, ¿cuántos más bolsos habrán volado durante tantas madrugadas, pero nadie llamó al 911 y no nos enteramos? Incluso nunca nos hubiéramos enterado de que Alberto Fernández violó sus propias restricciones anti-constitucionalessi no fuera por la foto filtrada, en lo que se conoció como el “Olivosgate”.
La conocidísima secuencia capturada en 2016: José López en un convento, de madrugada, con millones de dólares y una carabina sin registrar.
Este esquema de cooperativas subterráneas se remonta al origen mismo del armado político actual. Durante la campaña electoral de 2023, sucesivas filtraciones revelaron queel massismo, a través de Malena Galmarini, le estructuraba las listas de candidatos a La Libertad Avanza en Tigre, sumado a la militancia compartida y el cuidado mutuo de boletas en los cuartos oscuros.
Todo esto demuestra que la filtración es la excepción y la complicidad la regla.El video de Puerto Madero es la confirmación de que, detrás del escenario de confrontación mediática, los hilos del poder real se siguen tejiendo entre los mismos actores de siempre.
La famosa foto del “Olivosgate”, que habría sucedido aunque no nos hubiéramos enterado.
La ruta del rulo financiero
El escenario del encuentro fue el departamento de Puerto Madero de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Jésica Cirio y amigo histórico de Insaurralde(claro: también ex de Cirio). El dato no es menor si se sigue la ruta de vínculos: el otro gran protagonista del entramado es Elías David Piccirillo, también exesposo de Cirio y dueño de Sur Finanzas. En este círculo cerrado, donde los actores comparten hasta las relaciones personales, se tejen los verdaderos negocios ocultos.
Cuando ocurrió el “Yategate”, ni Insaurralde invocó el “derecho a la intimidad”.
Sur Finanzas es, precisamente, la cueva investigada por la Justicia federal por lavar la plata negra de la política de Lomas de Zamora, municipio donde Insaurralde fue intendente durante varias gestiones. La hipótesis de la jueza María Servini es que el Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, era la estructura formal que usaba Piccirillo para blanquear esas operaciones ilegales. Por este motivo, la Justicia ya allanó el banco del financista mileísta. Resumiendo: la hipótesis judicial es que Insaurralde lavaba dinero mediante una financiera que usaba la estructura cedida por Juan Nápoli.
En los pasillos de tribunales se sospecha que la filtración de este nuevo video es un vuelto mafioso del propio entorno de Piccirillo por el control del negocio cambiario. El festejo de copas y habanos confirma que el banquero de Milei y el exintendente procesado no eran desconocidos: operaban bajo el mismo techo económico y social.Ah
Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento.
El silencio de las redes aliadas
La filtración provocó un apagón informativo inmediato en las terminales de comunicación de la militancia oficialista.Inicialmente el ecosistema mileísta difundió el video criticando a Insaurralde por aparecer de fiesta, sin notar que el de al lado era Nápoli. Acostumbrados a viralizar en red cualquier desliz opositor, los creadores de contenido de La Libertad Avanza y las cuentas que responden a la Jefatura de Gabinete optaron por un mutismo absoluto tras notar a Nápoli en la fiesta.
Este bloqueo coordinado desnuda el funcionamiento de las granjas de trollsque operan bajo el amparo de la estructura estatal. El silencio selectivo demuestra que las campañas de indignación moral no buscan transparencia, sino la demolición de opositores y el blindaje de propios. La orden implícita de no replicar al banquero mileísta evidencia el temor a que la sociedad asimile la existencia de una cooperativa transversal, donde el discurso contra la casta se disuelve en las noches de Puerto Madero.
Esta conducta contrasta con la ferocidad con la que exponen los gastos y reuniones de cualquier dirigente opositor. La doble vara comunicacional deja al descubierto que, al igual que en las gestiones anteriores, el acceso a los despachos del poder actual incluye un pacto implícito de protección mediática para los financistas del modelo.
La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.
La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.
Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.
Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.
La advertencia de masacre
Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situaciónlímite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.
La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo trasla declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado
Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.
22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.
El frente legislativo y la presión al Ejecutivo
La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.
Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.
Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.
Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.
Venezuela sufrió el peor desastre sísmico de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, pero la región más devastada fue La Guaira, el estado costero al norte de Caracas. El elemento central de esta tragedia fue el colapso masivo de los edificios residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), puesta en marcha en la gestión del exdictador Hugo Chávez.
“Todos los edificios quedaron iguales, se cayeron de lado. La gente está en las calles a la espera de que lleguen los rescatistas, pero el gobierno no hace nada”, destacaron los rescatistas venezolanos que se encuentran en la zona voluntariamente.
Al momento de la última actualización oficial del Estado venezolano, el saldo asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. Mientras estos edificios relativamente nuevos se derrumbaron, construcciones mucho más antiguas resistieron. Los bloques de Caricuao, El Valle, el complejo del 23 de Enero (construido por Pérez Jiménez antes de 1958) y hasta los históricos bloques de El Silencio, levantados en 1943, permanecieron en pie.
Ingenieros y especialistas advierten al menos cuatro factores estructurales detrás del problema. Entre ellos mencionan el uso de materiales de baja calidad, como tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla que quedaron expuestos tras la afectación, elementos que no son aptos para una construcción con resistencia sísmica. También señalan el incumplimiento de las normas antisísmicas vigentes en Venezuela desde el terremoto de 1967, disposiciones que, según distintos informes, no habrían sido respetadas en varias obras de la GMVV.
A eso se suma la edificación sobre suelos inadecuados, algo que Transparencia Venezuela ya había documentado al advertir que numerosos urbanismos fueron levantados en zonas de riesgo y con materiales deficientes. Finalmente, remarcan la falta de supervisión técnica, un punto sobre el que el Colegio de Ingenieros de Venezuela ya había alertado en estudios previos, al subrayar sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la ausencia de estudios de suelo apropiados.
El “Urbanismo Hugo Chávez” en Catia La Mar, La Guaira —un complejo de 192 edificios y 3.400 apartamentos donde vivían unas 7.000 personas— quedó prácticamente destruido. Según testimonios recogidos de uno de los ocupantes de esas viviendas, “de 193 edificaciones, solo quedaron 3 en pie”. La GMVV fue creada en 2011 por Chávez, originalmente para dar respuesta a los 30.000 damnificados por las lluvias de 2010-2011. Rápidamente se convirtió en el programa social insignia del chavismo, con una inversión declarada de entre 67.000 y 95.000 millones de dólares según distintas estimaciones.
Sin embargo, desde sus inicios el programa estuvo atravesado por irregularidades documentadas por organizaciones como Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela. Entre los principales señalamientos figuran los sobreprecios y la presunta corrupción sistemática en su ejecución, que en la primera década superó los 15.500 millones de dólares, en un esquema sobre el que, de acuerdo a las denuncias, “no hay manera de hacer contraloría”.
Cuando el Estado construye viviendas con materiales de segunda categoría —facturados como premium—, sin cumplir normas técnicas, sin supervisión independiente y en zonas de riesgo sísmico conocido, las víctimas no fallecieron solo por el terremoto. Murieron también por la corrupción que les vendieron como “vivienda digna”, lo que en realidad era una trampa mortal.
La comparación más brutal la ofrece el hecho de que edificios de 1943 y 1958 sobrevivieron donde edificios de 2012-2016 se derrumbaron como castillos de arena. No porque en ese entonces los terremotos fueran más débiles, sino porque quienes los construyeron —bajo regímenes anteriores, con todos sus defectos— al menos respetaron las reglas mínimas de ingeniería.
Asimismo aparece el caso de Alex Saab, el empresario colombiano hoy detenido en Estados Unidos, quien participó como contratista de la GMVV desde 2011 e importó materiales prefabricados de baja calidad adquiridos a precios mínimos pero facturados con valores inflados, en medio de presuntos sobornos a funcionarios de CADIVI, el SENIAT y la Guardia Nacional. A eso se suman contratos internacionales fallidos, con convenios firmados con Bielorrusia, Uruguay y Brasil por los que se transfirieron fondos millonarios para obras que nunca llegaron a completarse. En ese contexto, la GMVV fue señalada además por su uso político, al ser concebida más como una herramienta de campaña que como una política habitacional técnica, con adjudicaciones discrecionales y criterios vinculados al control social.
“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, afirmó Chávez en el lugar donde hoy luce derruido, tras exaltar un convenio con Turquía.
— Tabla que enumera a los 10 primeros Ministros de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, abarcando desde 1999 hasta 2010. Diosdado Cabello aparece dos veces en la lista
En 2013, apenas dos años después de iniciada la misión, ya tuvieron que demoler un edificio del urbanismo El Morro (Petare) por peligro de colapso, porque había sido construido sobre una falla geológica. Era una advertencia que nadie tomó en serio.
El doble terremoto que destruyó Venezuela
Lo que sacudió Venezuela no fue un terremoto seguido de réplicas menores. Los especialistas lo clasifican como un “doblete sísmico”. ya que se dieron dos eventos principales de magnitudes casi idénticas ocurridos de forma casi simultánea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el terremoto más potente registrado en Venezuela desde el año 1900. El segundo sismo, de 7.5, se produjo a solo 10 km de profundidad —un factor que lo hace especialmente destructivo, ya que la energía viaja más concentrada hacia la superficie.
Después de los dos sismos principales se registraron más de 214 réplicas, incluyendo una de magnitud 4.9 el domingo siguiente que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de rescate. Venezuela ya tenía un antecedente traumático, cuando el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud 6.5) había dejado 283 muertos y derrumbado edificios de más de 10 pisos, especialmente en el litoral central —la misma zona que hoy vuelve a ser la más afectada.
La tragedia ocurrió en un contexto político excepcional. El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes, Estados Unidos detuvo al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —la exvicepresidenta y hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— ejerce como presidenta encargada.
Es este gobierno de transición bajo tutela estadounidense el que enfrenta los estragos del terremoto. Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares proveniente de reservas venezolanas en el FMI para la reconstrucción. Por su parte, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de organizaciones como World Vision, Catholic Relief Services y la OIM. Las pérdidas materiales totales son estimadas por la ONU en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Más de 1.600 rescatistas internacionales de México, El Salvador, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, Países Bajos y EE.UU. trabajan en el terreno. La OIM estima que 6.76 millones de personas pueden verse afectadas, incluyendo 2 millones en Caracas. Cientos de venezolanos se refugian en parques con carpas, mientras equipos de búsqueda trabajan sin descanso entre escombros que podrían contener decenas de miles de víctimas.
La plataforma digital “Desaparecidos en Venezuela” registró más de 43.000 reportes individuales de personas cuyo paradero se desconoce, mientras el gobierno oficial reconocía apenas 188 muertos en las primeras horas —una diferencia que refleja, según críticos, la histórica subestimación oficial de las tragedias en Venezuela.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
El proyecto reclama que Transporte, la ANAC y Trabajo detallen el estado de la flota, los pedidos de quiebra promovidos por acreedores y las deudas salariales de la low cost.
El Gobierno nacional traspasó cinco corredores viales clave a la firma privada Corresur. El nuevo esquema elimina los subsidios estatales y traslada el riesgo operativo a las empresas controlantes. La medida incluye un plan de obras prioritarias y la digitalización obligatoria en el cobro de peajes.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
