INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) —filial oficial del Estado Islámico (ISIS) en África Central— perpetraron una nueva ola de ataques mortales en aldeas del este de la República Democrática del Congo (RDC), matando al menos a 24 civiles en la noche del 5 al 6 de mayo en el territorio de Beni, mientras que el 8 de mayo los ataques se extendierona Biakato (Ituri), donde se recuperaron al menos 15 cuerpos más.
El balance total preliminar de esa ola de ataques de dos días supera las 36 víctimas confirmadas, con decenas de desaparecidos.
“Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en referencia a los crímenes de la ADF.
Esta ola de ataques es el último eslabón de una cadena sistemática de agresiones perpetradas en la región. En febrero de 2025, en Kasanga y Mayba, en North Kivu, 70 civiles fueron asesinados mediante decapitaciones con machetes dentro de una iglesia protestante. Meses después, en julio de 2025, la localidad de Komanda, en Ituri, fue escenario de otra matanza en la que murieron 43 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas tras la irrupción nocturna de hombres armados en un templo, con machetes y armas de fuego.
De acuerdo con datos de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solo en 2025 la ADF fue responsable de 465 ataques que dejaron 1.749 víctimas, incluyendo 344 mujeres y 129 niños, en las provincias de North Kivu, Ituri y Tshopo.
La violencia continuó en enero de 2026 con el asesinato de 22 civiles en una aldea de Ituri, y se agravó en marzo, cuando en Basidio fueron ultimadas 15 personas en un ataque con ametralladora e incendio de viviendas. Ese mismo mes, Bafwakoa registró otro episodio fatal con 19 muertos, seguido en abril por una nueva ofensiva en la misma zona que dejó 43 víctimas y destruyó casas tras un ataque nocturno con armas y machetes. Finalmente, en mayo de 2026, los ataques alcanzaron la frontera entre Beni e Ituri, donde más de 36 personas fueron asesinadas en una serie de incursiones contra múltiples aldeas.
El patrón es invariable: ataques nocturnos con armas de fuego y machetes, huida antes de la llegada del ejército e impunidad total.
La respuesta es compleja, pero no ambigua. Existen elementos suficientes para sostener la dimensión religiosa de la violencia. La ADF ha declarado de manera explícita su intención de erradicar la presencia cristiana en las zonas que controla y de “establecer un califato islámico mundial”. Además, el propio ISIS ha reivindicado ataques en su canal de Telegram, mencionando de forma directa a los cristianos como objetivo.
En ese mismo sentido, la selección de blancos refuerza esa lectura, ya que los ataques se concentran en iglesias, vigilias religiosas y celebraciones litúrgicas, como ocurrió en la masacre de Komanda durante el Jubileo de Plata de una parroquia. A ello se suman las denuncias formales elevadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por organizaciones como Aid to the Church in Need y el European Centre for Law and Justice, que documentan una persecución religiosa deliberada. También Open Doors ubicó a la República Democrática del Congo en el puesto 29 de su Lista Mundial de Persecución 2026, con la puntuación más alta registrada hasta ahora.
Sin embargo, el cuadro de sucesos admite un matiz importante. La ADF también atacan a comunidades no cristianas y operan en un país donde cerca del 95% de la población es cristiana, por lo que gran parte de las víctimas pertenecen necesariamente a ese grupo. La ONU y otros organismos de verificación señalan, además, que la violencia contra civiles es masiva y que no siempre responde de manera exclusiva a la pertenencia religiosa, aunque tampoco descartan la motivación inicial. En esa línea, la BBC y algunos especialistas advierten que, en contextos como los del Congo o Nigeria, los factores étnicos, territoriales y religiosos se entrecruzan de forma tan estrecha que rara vez pueden separarse por completo.
En conclusión, la dimensión religiosa es real e intencional en el caso de la ADF, pero forma parte de una “operación de exterminio” más amplia contra cualquiera que no profese la religión islámica, que incluye el control territorial, el saqueo de recursos naturales y el terror como instrumento de dominación.
La situación en el Congo no constituye una excepción, sino que se inscribe en una tendencia continental cada vez más alarmante. De acuerdo con el Índice Mundial de Persecución 2026 elaborado por Open Doors, más de 388 millones de cristianos en el mundo viven hoy bajo persecución o discriminación grave, y en África subsahariana el deterioro es evidente. Entre los 14 países incluidos en la lista, el nivel combinado de violencia escaló del 49% del máximo posible hace una década al 88% en 2026.
— El líder de ISIS-RDC Seka Musa Baluku y a la derecha su director de redes, Meddie Nkalubo, alias Benjamin “Punisher”
Nigeria continúa siendo el epicentro del fenómeno, con 3.490 de los 4.849 cristianos asesinados por su fe en el último período analizado, mientras que Sudán, Nigeria y Malí alcanzan la puntuación máxima de violencia. El patrón se repite en Burkina Faso, Malí, Mozambique, la República Centroafricana y Somalia, donde la debilidad estatal de estos Estados abre espacio a grupos islamistas armados que actúan con la ausencia de ley.
Hay varias razones que explicarían porque existe poca o casi nula visibilidad mediática de este tipo de hechos. Por un lado, el Congo compite con otras crisis que dominan la agenda internacional, como el avance del M23 con respaldo ruandés, la crisis de Goma, que dejó más de 2.900 muertos, y las tensiones geopolíticas entre Kinshasa y Kigali, que concentran buena parte de la atención que sí logra llegar a otros países. A eso se suma la escasa presencia de corresponsales en zonas remotas como Ituri y North Kivu, regiones de selva densa y con infraestructura limitada, donde el acceso de periodistas resulta especialmente difícil.
Asimismo, influye una cierta fatiga informativa. Se trata de un conflicto prolongado, con más de tres décadas de duración y múltiples actores armados, lo que suele alimentar la percepción de que se trata de una crisis sin salida y reduce su atractivo a las masas. En paralelo, algunos especialistas afirman la existencia de un sesgo de agenda, según el cual ciertos medios de corte progresistas tienden a prestar menos atención a la violencia islamista contra minorías religiosas en el Sur Global.
El fracaso de la comunidad internacional
La Misión de Estabilización de la ONU en el Congo, conocida como MONUSCO, lleva más de 25 años desplegada en el país y se ha convertido en la operación de mantenimiento de la paz más prolongada en la historia de Naciones Unidas. No obstante, su balance es ampliamente cuestionado y el descontento entre la población congoleña es profundo, en particular por su incapacidad para brindar protección efectiva frente a la violencia armada.
En la región de Beni, epicentro de los ataques de la ADF, incluso se registraron protestas violentas contra los cascos azules. Diversos informes académicos sostienen que “la misión ha fracasado de manera sistemática en su objetivo de resguardar a los civiles”y que, además, “no impulsó los cambios políticos estructurales necesarios para construir una paz duradera.” A ello se suma un episodio especialmente doloroso, cuando la propia MONUSCO colaboró en la excavación de la fosa común donde fueron enterradas las víctimas de la masacre de Komanda, ocurrida en julio de 2025.
A fines de 2024, el gobierno congoleño pidió la retirada de la misión al considerar que ya no cumple su cometido, aunque la fragilidad del ejército nacional deja en evidencia un vacío que podría agravar aún más la crisis humanitaria que afecta a unos 7 millones de desplazados internos. En mayo de 2026, Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la tragedia con el informe titulado “Nunca había visto tantos cadáveres”, en el que destacó que los crímenes cometidos por la ADF constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y reclamó una respuesta urgente de la comunidad internacional, responsabilizando la situación producto del “desinterés de la política internacional y los círculos de donantes” respecto a las amenazas de la ADF.
Es necesario entender que la ADF no es simplemente un grupo rebelde más entre los más de 120 que operan en el Congo. Su lógica responde a una ideología transnacional que no disputa territorio étnico ni el control de recursos, sino que busca instaurar un califato islámico. Su lealtad no se orienta ni al Congo ni a Uganda, sino al proyecto terrorista mundial del Estado Islámico.
A ello se suma el reconocimiento formal que recibió por parte de ISIS, que la legitimó públicamente e incorporó como una de sus provincias. Incluso reproduce métodos asociados al accionar del grupo en Siria e Iraq, como decapitaciones, quema de aldeas, esclavitud sexual de menores y reclutamiento forzado de personas. En ese marco, sus víctimas son seleccionadas en parte por su religión, ya que el objetivo declarado es eliminar de la faz de la tierra la presencia cristiana.
El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.
Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.
El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.
En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.
El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.
La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.
Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.
— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.
El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.
El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.
Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
El Reino Unido acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más ambiciosas de la historia moderna. El Parlamento británico dio luz verde al Tobacco and Vapes Bill, una legislación generacional que prohíbe de forma permanente la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Solo queda pendiente la firma del rey Carlos III para que sea ley oficial, con entrada en vigor prevista para 2027.
“Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos toda una vida de adicción y daño”, aseguró el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, y agregó que se trata de un momento “histórico” para el país.
— El presidente británico, Keir Starmer
La edad legal para comprar tabaco (actualmente 18 años) aumentará un año por cada año calendario que pase. Esto significa que quienes nacieron en 2009 nunca llegarán a una edad en que puedan comprarlo legalmente, sin importar cuántos años tengan en el futuro.
La lógica es simple, ya que la barra siempre estará un año por delante de ellos. Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad. En 2027, si la edad mínima subiera a 19 años, quienes nacieron en 2009 tendrían 18 y no podrían comprar. En 2030, con un piso de 22 años, esos mismos nacidos en 2009 tendrían 21 y seguirían sin poder hacerlo. Y en 2060, cuando la edad mínima llegara a 52 años, tendrían 51, por lo que tampoco estarían habilitados para comprar.
La ley alcanza a todas las personas nacidas el 1 de enero de 2009 o después, es decir, a quienes hoy tienen 17 años o menos. Se aplicará en todo el territorio del Reino Unido, incluidos Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sanción recae sobre comercios y empresas, no sobre los individuos que intenten comprar. Es el vendedor el que comete una infracción legal.
“Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación”, destacó Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK.
La ley no se limita al cigarrillo tradicional. La medida incorpora además un conjunto de restricciones específicas sobre el vapeo, entre ellas la prohibición de vender vapeadores a menores de 18 años y de comercializarlos en máquinas expendedoras, la veda a su distribución gratuita y la facultad del gobierno para regular sabores especialmente atractivos para adolescentes, como los de frutas o dulces, así como el diseño de envases llamativos. También establece límites para su uso, al prohibir vapear dentro de vehículos en los que viajen menores, en parques infantiles y en los alrededores de hospitales y escuelas.
Sin embargo, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en una columna de opinión que, si su fuerza gana las elecciones generales de 2029, derogará la norma, a la que calificó de “idiota”.
“¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?”, preguntó Farage en The Telegraph. “Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo”, argumentó.
Según Daily Mail, se permitirá la excepción de vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar.
Motivaciones de la prohibición
Esta iniciativa fue lanzada originalmente por el gobierno conservador de Rishi Sunak y continuada por el actual gobierno laborista de Keir Starmer, un dato que refleja un consenso político inusual en el Reino Unido.
El Reino Unido se inspira en Nueva Zelanda, que intentó una medida similar aunque luego la revirtió. Si esta ley se sostiene, el Reino Unido se convertiría en el primer país de gran escala del mundo en avanzar de forma real hacia una generación no adicta de tabaco.
Desde Cancer Research UK también señalaron que la ley representa un logro histórico y que, además, podría contribuir a poner fin a los cánceres provocados por el tabaquismo.
Solo en Inglaterra, fumar causa aproximadamente 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año. De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.
El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
La Justicia boliviana dio un paso en el proceso judicial más resonante de los últimos años. Hoy lunes, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el presunto delito de trata agravada de personas. Como consecuencia directa el juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó una orden de aprehensión y arraigo en su contra que le impide salir del país.
La audiencia se instaló a las 8:30 de la hora local en la ciudad sureña de Tarija. Morales no asistió. Tampoco lo hicieron sus abogados.
“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados” fue la categórica respuesta de Luis Gutiérrez, el fiscal del caso. Gutiérrez también aclaró que la ejecución de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía Boliviana y “no es una atribución” del Ministerio Público.
Desde la Fiscalía Departamental de Tarija se precisó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, subrayó el peso del expediente acumulado por la acusación: más de 170 pruebas de cargo y 39 testigos.
La causa tiene su origen en la presunta vinculación del exmandatario con una adolescente durante su presidencia. Según la acusación formal Morales mantuvo una relación con la menor de edad en 2016. Ese año tuvo con ella una hija y habría otorgado beneficios a la familia de la joven.
La mujer (ya es mayor de edad) declaró ante algunos medios locales que reside actualmente en Argentina junto a la niña.
La defensa de Morales respondió con una lectura completamente distinta. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, sostuvo en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para concurrir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que, a su juicio, constituye un “vicio causal de fondo”. Chávez también calificó el proceso como un asunto político, al señalar que el juicio fue “desempolvado” en un momento en el que existen varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el abogado Nelson Cox había adelantado la semana pasada que Morales no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó.
No es la primera vez que Morales desafía una convocatoria judicial. La acusación formal fue presentada en octubre de 2024. Durante la fase preliminar de investigación, a principios de 2025, el juez NelsonRocabado ya lo había declarado en rebeldía luego de que no compareciera en dos oportunidades a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, con el argumento de problemas de salud. En esa misma instancia se le dictó arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
La orden de aprehensión emitida hoy es la segunda que pesa sobre el exgobernante. La primera nunca se ejecutó. Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (región cocalera del centro del país considerada su bastión político y sindical) bajo la custodia permanente de cientos de sus seguidores.
– Lauca Ñ, el lugar en el que se refugia Evo Morales
En los alrededores de su domicilio, esos militantes montaron una guardia que lo vigila las 24 horas del día y levantaron barricadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. En octubre y noviembre de 2024, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días consecutivos para impedir el ingreso de agentes policiales a la zona.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del trabajo del Ministerio Público, que, según el fiscal Mogro, “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso”, al cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos por la norma.
Morales denunció en múltiples oportunidades que el proceso judicial en su contra buscaba impedir su candidatura en las elecciones de noviembre de 2025, comicios a los que pretendía presentarse por primera vez después de romper con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró durante casi treinta años. Sin embargo, y pese a sus alegatos de persecución política, nunca negó la vinculación con la menor.
Cayeron 27 personas, se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana y pasta base, armas de fuego, 14 motos y cinco autos. En la Villa 31, Zavaleta, Fraga y el Barrio 15 clausuraron búnkeres narcos y levantaron paredes para impedir que vuelvan a operar.
Mientras Javier Milei y el Ministerio de Defensa priorizan la compra de aviones caza F-16, una ola de suicidios y muertes de miembros de las Fuerzas por falta de cobertura médica desnudó el vaciamiento de la obra social militar. Nombres, apellidos y las pruebas de un sistema que hoy trata a los uniformados como material de descarte.
Trabajan con chalecos antibalas vencidos hace más de diez años, en garitas con olores cloacales y roedores, y cumplen recargos de 12 horas sin cobrar. Presentaron una denuncia ante el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse