INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla

El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.

En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.

Andrés Manuel on Twitter: “En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x / Twitter”

En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x

“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen

Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.

El crimen de Luz Raquel Padilla

Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.

A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.

Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales

“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.

2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

La intervención de la obra social de los peones rurales expone una disputa entre Karina Milei y Daniel Scioli por una caja millonaria

Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.

Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.

El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.

Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.

En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.

En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.

OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.

Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué fue intervenida?

En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.

Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.

— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario

Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.

El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.

La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.

*Con información de Realpolitik

Macri anunció que Fundación FIFA asistirá a Venezuela con 1 millón de dólares tras los sismos

El doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha dejado un saldo devastador y cifras que continúan en ascenso. Según los últimos reportes oficiales, la tragedia registra 4.333 fallecidos y 16.740 heridos tras el hallazgo de nuevas víctimas durante los operativos de rescate.

El impacto sobre la infraestructura y la vida cotidiana ha sido total. El sistema sanitario venezolano atendió a más de 31.000 personas desde el inicio de la emergencia, mientras que las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran actualmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los movimientos telúricos.

Ante la magnitud del colapso, el gobierno venezolano ha anunciado la implementación de un censo biométrico para asistir a los miles de ciudadanos que perdieron sus viviendas y hoy permanecen en campamentos transitorios. En tanto, continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros de edificios derrumbados.

La asistencia de la Fundación FIFA

Frente a este escenario, la Fundación FIFA, bajo la presidencia ejecutiva de Mauricio Macri, anunció el envío de 1 millón de dólares provenientes de su fondo humanitario. La entidad deportiva busca colaborar con organizaciones humanitarias y socios locales que operan en el terreno para la ejecución de las tareas de socorro y reconstrucción.

“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia”, afirmó Macri a través de su cuenta en la red X. El exmandatario destacó el rol del deporte ante la crisis y sostuvo que la ayuda debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia.

El anuncio cuenta con el respaldo explícito de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también se refirió a la situación: “el pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil”, expresó el dirigente en apoyo a la iniciativa.

Mauricio Macri en un evento de Fundación FIFA en Mauritania, África.

El rol político del deporte

La tragedia en Venezuela coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol, el evento global que ocupa el centro de la agenda de la FIFA. En este marco, la entidad ha utilizado los estadios como plataformas de visibilidad para la situación humanitaria en el país sudamericano.

En diversos partidos se han realizado minutos de silencio en memoria de los fallecidos. Además, durante el encuentro de octavos de final entre México y Ecuador, disputado el 30 de junio en el Estadio Azteca, los espectadores y el propio Gianni Infantino corearon “no están solos”, en un mensaje de acompañamiento dirigido al pueblo venezolano.

Estas acciones buscan poner la fuerza de convocatoria del fútbol al servicio de la respuesta ante el desastre, buscando no sólo el aporte económico, sino también una tracción simbólica en el ámbito internacional.

Gianni Infantino en el lanzamiento de la Fundación FIFA de Estados Unidos.

Ejecución de los fondos

Aunque la donación ya fue comunicada, los detalles operativos sobre el destino específico del dinero aún no fueron informados en su totalidad. Según trascendió, las autoridades comunicarán mayores precisiones sobre la implementación financiera y los proyectos respaldados conforme avancen las evaluaciones en el lugar.

La intención es que la ayuda se instrumente mediante acuerdos operativos sólidos para garantizar que el aporte llegue a las zonas prioritarias. Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha intervenido en diversas crisis globales, movilizando recursos y kits de emergencia a través de su red de aliados estratégicos.

En esta ocasión, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda, articulando sus recursos con la comunidad futbolística local para coordinar la respuesta ante el desastre.

*Por Augusto Grinner

Tras la suspensión de sus operaciones, piden informes al Gobierno sobre la situación de Flybondi

En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.

El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.

Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.

En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.

La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.

— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log

Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.

En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.

La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)

La Corte le prohibió a personas transgénero competir en equipos femeninos

La mentira de la autopercepción sufrió una derrota definitiva. En una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir a mujeres y niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. El fallo ratifica las leyes de Idaho y West Virginia, los distritos que iniciaron la resistencia legal contra las agendas globales, y destruye las cautelares que mantuvieron congeladas estas normas bajo el falso ropaje de la discriminación.

El veredicto puso blanco sobre negro el debate de la igualdad. El juez Brett Kavanaugh, redactor del argumento de la mayoría, rechazó las impugnaciones progresistas y determinó que las restricciones basadas en el sexo biológico no violan la decimocuarta enmienda. La resolución dejó en claro que preservar la seguridad física y la equidad competitiva constituye un interés estatal prioritario para defender a las atletas biológicas.

Además, el tribunal fijó un criterio unánime respecto al Título IX, ratificando que la ley federal avala la segregación de equipos según el nacimiento. Con este blindaje judicial, la normativa no sólo sepulta los planteos de la izquierda, sino que convalida leyes similares en más de la mitad del territorio norteamericano.

La sentencia generó una reacción inmediata en Washington. El presidente Donald Trump, quien convirtió la defensa de las categorías femeninas en bandera central de su campaña y de sus directivas desde la Casa Blanca, celebró el desenlace en sus redes sociales. El mandatario calificó la resolución como una gran victoria y remarcó que elimina una situación ridícula que atentaba contra el esfuerzo de las competidoras.

Mujeres biológicas celebrando el fallo de la Justicia.

Los rostros del fraude deportivo

Este fallo no es un capricho abstracto, sino la respuesta directa a años de impunidad biológica en las competiciones deportivas. El caso de la nadadora trans Lia Thomas quedó grabado como uno de los ejemplos más escandalosos de esta distorsión. Tras pasar tres temporadas en el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania con resultados absolutamente intrascendentes, su transición le permitió irrumpir en el circuito femenino de la NCAA. El resultado fue inmediato y devastador: Thomas pulverizó los cronómetros y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un campeonato nacional, desplazando de forma contundente a atletas olímpicas que entrenaron toda su vida en igualdad de condiciones.

Lia Thomas, el lector debe adivinar cuál es.

El patrón de ventajas físicas insalvables se repitió metódicamente en otras disciplinas donde la ideología intentó borrar la realidad. En el atletismo universitario, Cecé Telfer pasó de competir sin éxito en la categoría masculina a coronarse campeona nacional de los 400 metros con vallas, en su categoría femenina, con una superioridad aplastante.

La misma farsa golpeó al levantamiento de pesas, donde Mary Gregory trituró cuatro récords mundiales femeninos en una sola jornada, forzando a la propia federación a revocar las marcas tras constatar la evidente ventaja de su densidad ósea y estructura muscular.

Incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, la participación de la neozelandesa Laurel Hubbard en la categoría de máxima categoría expuso ante los ojos del mundo cómo el desarrollo masculino previo configura un privilegio físico irreversible.

El día que la realidad humilló a la ideología

El debate sobre la inclusión forzada suele omitir uno de los antecedentes históricos más lapidarios que el deporte registra sobre las diferencias biológicas. Ocurrió durante el Abierto de Australia en enero de 1998. En aquel momento, unas jovencísimas tenistas Venus y Serena Williams, que ya mostraban un nivel arrollador en el circuito femenino, declararon públicamente que se sentían capaces de ganarle a cualquier tenista masculino que estuviera por debajo del puesto 200 del ranking mundial.

El alemán Karsten Braasch, quien por entonces ocupaba el puesto 203 de la ATP, no dudó en aceptar el desafío. Braasch tenía 31 años y estaba lejos de ser un ejemplo de disciplina atlética pura: fumaba casi un atado de cigarrillos por día y llegó al encuentro tras jugar al golf y tomar un par de cervezas. Los partidos se disputaron a un solo set. El tenista, jugando a media máquina según sus propias palabras para mantener el desafío entretenido, barrió primero a Serena por 6 a 1 y, de inmediato, despachó a Venus por 6 a 2.

Venus Williams, Karsten Braasch y Serena Williams, año 1998.

Tras la aplastante derrota, con humor, la propia Serena Williams admitióque algunas pelotas que en el circuito femenino habrían sido tiros ganadores, el alemán las devolvía con extrema facilidad debido a su velocidad y potencia.

Aquel episodio en Melbourne Park demostró hace casi tres décadas lo que hoy la Justicia estadounidense y los estudios científicos terminan avalando: la ideología de género no puede borrar por decreto la estructura física, y la competencia desleal termina siempre por destruir el mérito de las mujeres biológicas.

*Por Augusto Grinner

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

Milei habilitó por decreto la exploración petrolera del Mar Argentino a una firma británica con sede en un paraíso fiscal

Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.

El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.

La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.

El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.

Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.

El beneficiario y la jurisdicción

La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.

La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.

Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.

En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.

Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.

El conflicto de intereses

La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.

Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.

El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.

Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.

La letra chica y la soberanía

El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.

Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.

Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.

Contexto de tensiones

La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.

Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.

*Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now