INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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El creador de contenido hispano-estadounidense y uruguayo Adrián Maximiliano Nario Pérez, conocido popularmente en la cultura digital como “El Bananero”, construyó durante más de dos décadas una de las figuras más longevas e influyentes del entretenimiento en internet. Con una trayectoria centrada en el humor escatológico, la sátira y la parodia cinematográfica, su personaje se mantuvo históricamente al margen de las discusiones ideológicas o partidarias. Sin embargo, la consolidación de formatos de transmisión en vivo como “Radio Garka” y sus recientes intervenciones mediáticas marcaron un punto de quiebre en su perfil público, acumulando opiniones sobre la realidad sociopolítica y geopolítica global.
— “El bananero” contra el Estado de Israel
En ese marco, Nario emitió declaraciones categóricas referidas a las operaciones militares en la Franja de Gaza. Durante una intervención difundida en plataformas digitales, el comediante lanzó una frase de alto impacto referida al Estado de Israel: “hijos de mil p*ta, asesinos de niños que los impusieron ahí, nunca fue su tierra”. La afirmación condensó la denuncia por el saldo de víctimas infantiles y cuestionó la legitimidad territorial de la presencia israelí en el área.
A través de un lenguaje directo, expresó su agotamiento respecto a la narrativa sionista, aprovechando su condición de creador autofinanciado para fijar postura sin la cautela corporativa de otros comunicadores de internet.
Las críticas al alineamiento de Milei
Su postura también alcanzó a la política interna argentina. En sus transmisiones en vivo, Nario cuestionó directamente al gobierno de Javier Milei, apuntando contra la dirección de su política exterior. En particular, el comediante repudió el alineamiento diplomático irrestricto de la gestión libertaria con el Estado de Israel, rechazando que las decisiones internacionales del país queden subordinadas a alianzas ideológicas o religiosas.
— Javier Milei en la “Yeshiva University”, cuando afirmó ser “el presidente más sionista del mundo”.
A su vez, las reflexiones económicas de Nario en Radio Garka provocaron un fuerte contrapunto con la base de seguidores que simpatiza con el proyecto oficialista. Al señalar las limitaciones de la desregulación absoluta y advertir sobre las dificultades estructurales para salir de la pobreza en el modelo de supuesto libre-mercado que promueve el Gobierno, sus palabras generaron un inmediato desencanto entre los sectores libertarios que consumían su contenido asumiendo una afinidad ideológica que el propio humorista se encargó de desmentir.
— Javier Milei junto a Eduardo Elsztain, el empresario beneficiado por el Estado que le financió la campaña de 2023.
La raíz de un conflicto milenario
Las declaraciones de Nario reabrieron el debate sobre el trasfondo histórico que rodea la disputa territorial en la región. Quienes sostienen la legitimidad del Estado de Israel argumentan la continuidad del vínculo ancestral con esa tierra, recordando que hace más de dos milenios existieron allí los reinos de Israel y Judea. Tras la rebelión de Bar Kojba en el siglo II d. C., el Imperio Romano reprimió a la población judía, la expulsó de Jerusalén y renombró la provincia como “Syria Palaestina” para borrar la conexión identitaria con el territorio.
Sin embargo, el derecho internacional y la geopolítica moderna enfrentan dos principios contrapuestos. Por un lado, la creación de Israel en 1948 respondió a la necesidad vital de consolidar un refugio nacional soberano e inexpugnable para el pueblo judío tras milenios de persecuciones y el exterminio del Holocausto. Por el otro, la postura palestina denuncia el desplazamiento de la población árabe que habitaba la zona de forma ininterrumpida durante siglos, reclamando su derecho a la autodeterminación en el territorio.
— En el centro de este mapa: la franja de Gaza.
En definitiva, las definiciones de “El Bananero” exponen la fractura de un consenso previo entre las figuras del entretenimiento digital y la política contemporánea. Al irrumpir en una controversia que combina dramas humanitarios, alianzas diplomáticas y reclamos históricos milenarios, la postura del comediante refleja cómo el conflicto en el Medio Oriente sigue enfrentando dos demandas éticas irreconciliables: la necesidad de un hogar seguro para un pueblo perseguido y el reclamo de autodeterminación de la población desplazada.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, reclamó al gobierno del presidente Javier Milei medidas ante el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias argentinas.
“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó Colombo al medio Radio Mitre Mendoza.
También cuestionó la idea de tratar el sobreendeudamiento como un problema puramente individual, sosteniendo que no puede responderse con “no nos interesa” o “que se arreglen”, cuando millones de personas afrontan simultáneamente problemas de pago, la cuestión deja de ser solamente una suma de malas decisiones privadas y adquiere una dimensión pública.
Su planteo se apoya en tres ejes. El primero es la prevención para discutir “cuánto del monto del sueldo” puede alguien gastar, mediante el establecimiento de criterios que determinen qué proporción de los ingresos de una persona o un hogar puede destinarse al pago de una cuota. El segundo es la protección frente al sobreendeudamiento, con límites a las llamadas deudas “leoninas”, derivadas de contratos de crédito extremadamente desventajosos para quien los toma, sumado a las deudas “a gotas”, con pequeñas obligaciones que se van acumulan hasta volver imposible el pago.
El tercero es la respuesta social, que reconoce que muchos hogares recurren al endeudamiento para sostener consumos esenciales y, como consecuencia, terminan recortando otros gastos básicos.
Además, Colombo relacionó la facilidad de endeudarse mediante billeteras digitales con la preocupación eclesial por las apuestas en línea. No destacó que toda deuda fintech provenga del juego, solo señaló que la contratación instantánea, el crédito dentro del teléfono y determinados consumos compulsivos pueden combinarse y agravar situaciones de vulnerabilidad.
La intervención se produjo después de que el Estado nacional rechazara una asistencia estatal general y caracterizara la morosidad principalmente como una cuestión “entre privados”. Milei sostuvo que no había elementos para atribuir el aumento de la mora a la política oficial, siendo que su propia gestión hizo arreglos directos de refinanciación entre entidades y clientes.
“El privado cuando se organiza resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede”, señaló Milei, en el Congreso Americano de la FIA, agregando que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno” por la morosidad en aumento.
La preocupación tiene respaldo cuantitativo, aunque las cifras difundidas no siempre miden exactamente lo mismo. En el sistema bancario, la mora de las financiaciones a familias pasó de 10.6% en enero de 2026 a 11.2% en febrero, 11.5% en marzo, 12.1% en abril y 12.8% en mayo; en junio se mantuvo alrededor de ese nivel según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este porcentaje no quiere decir que el 12.8% de todas las familias argentinas esté en mora. Es un ratio de irregularidad de la cartera, donde se relaciona saldo de préstamos clasificados como irregulares con el financiamiento computado en ese segmento. La cantidad de personas afectadas es otra medición.
Un procesamiento de la Central de Deudores publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó en junio 20.96 millones de deudores entre bancos y billeteras y 5.91 millones con algún incumplimiento. El cuadro es más grave fuera de la banca tradicional. CEPA estimó una mora de 30.1% entre las familias financiadas por billeteras o proveedores no financieros en junio, frente al 12.8% bancario; además, préstamos personales y tarjetas concentraban 64.3% del monto prestado a familias en mayo.
“No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor”, destacó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificando que el Gobierno no intervendrá en la situación de las familias endeudadas. Asimismo subrayó que “la mora empezó a bajar” y es un “dato”.
¿La mora bajó?
El último informe oficial disponible indicó que la irregularidad total del crédito privado bajó de 7.7% en mayo a 7.6% en junio, mientras la mora bancaria de las familias se ubicó en 12.8%; estimaciones privadas basadas en la Central de Deudores la calcularon en 12.7%, una décima menos que en mayo.
Por lo tanto, es razonable decir que el deterioro dejó de acelerarse en el último dato bancario, pero todavía no que la crisis se haya revertido. Una variación de una décima después de una larga sucesión de aumentos puede ser un punto de estabilización, no una tendencia consolidada. No obstante, la mora no bancaria seguía creciendo y rondaba el 33% en junio de acuerdo datos procesados por la consultora 1816.
— Evolución de la morosidad bancaria en Argentina entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con un punto de inflexión en el segmento familiar en octubre de 2024 hasta alcanzar el 12.8% en junio de 2026
En Diputados existirían decenas de proyectos para afrontar la problemática. Las iniciativas incluyen refinanciaciones, quitas de punitorios, límites de tasas, suspensión temporal de ejecuciones, protección de salarios, mediación y normas de crédito responsable; la oposición convocó una sesión para el 9 de septiembre, pero, al no existir dictámenes, su objetivo inmediato es emplazar a las comisiones y fijar el tratamiento, no aprobar automáticamente una moratoria.
Martín Menem menospreció los proyectos que la oposición impulsa sobre el tema, diciendo que “buscan desestabilizar la economía”.
La mora no responde a una única causa. La explicación más razonable siempre surge de la combinación de distintos factores que pueden interactuar y agravarse entre sí. Uno de ellos es la insuficiencia de ingresos. Cuando el salario disponible ya no alcanza para cubrir alimentos, tarifas, alquiler, transporte o salud, el crédito deja de utilizarse para financiar una compra extraordinaria y empieza a funcionar como un sustituto del ingreso corriente.
A esto se suma el costo del financiamiento. Tasas de interés, comisiones, seguros, punitorios e impuestos pueden hacer que una obligación inicialmente manejable crezca con rapidez. En el ultimo relevamiento disponible de junio de 2026, el BCRA informó tasas efectivas anuales de referencia elevadas para los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
Otro factor es la acumulación fragmentada de deudas. Una misma persona puede acceder a pequeñas líneas de financiamiento ofrecidas por distintos proveedores, cada uno de los cuales observa apenas una parte de su situación. El verdadero nivel de endeudamiento aparece cuando se suman los saldos de la tarjeta, los préstamos bancarios, los adelantos y el crédito otorgado por billeteras digitales.
Por último, existen acontecimientos personales capaces de alterar de manera abrupta la capacidad de pago. La pérdida o reducción del empleo, una enfermedad, una separación o un gasto imprevisto pueden convertir en impagable una deuda que, al momento de ser contraída, resultaba razonable.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
El ajuste fiscal sobre los ingresos de la población contrasta con la vigencia ininterrumpida de un esquema de excepción diseñado por y para la clase política. Las asignaciones vitalicias no constituyen un beneficio previsional ordinario, sino un régimen regulado por la Ley 24.018 que no exige años de aportes ni una edad mínima para su cobro. Concebidas formalmente como un reconocimiento al mérito y al honor, estas liquidaciones garantizan haberes equivalentes a las remuneraciones de la cúpula del Poder Judicial de la Nación.
La distancia entre estos ingresos y la realidad del ciudadano común expone una brecha insalvable. Un solo haber mensual de la nómina de exmandatarios equivale a varias decenas de jubilaciones mínimas del sistema general y supera por multiplicadores de dos dígitos al Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador formal. Se trata de un nivel de ingresos blindado ante la inflación que se financia de manera directa con los recursos del Tesoro Nacional.
A esta asimetría se suma la paradoja que atraviesa a la propia administración pública en funciones. Mientras los salarios del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentran congelados en torno a los 4 y 5 millones de pesos brutos por decisión política, los exmandatarios percibientes de este régimen duplican, triplican y hasta quintuplican esos montos sin ejercer función alguna.
La nómina de la abundancia
El Estado nacional liquida un total bruto de $219.926.637 mensuales para sostener 12 asignaciones vitalicias vigentes. La cifra equivale a más de 387 jubilaciones mínimas abonadas en un solo mes a este reducido grupo de 12 personas.
Expresidentes
· Alberto Fernández: $26.092.447 (46 jubilaciones mínimas).
· Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238 (22 jubilaciones mínimas).
Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner.
Expedientes bajo la lupa
Detrás de la nómina millonaria se esconden particularidades operativas y giros judiciales que pintan la discrecionalidad del sistema. En el caso de Alberto Fernández, ANSES le retiene mensualmente el 30% de su haber bruto por una orden judicial destinada al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor, Francisco. Por su parte, Mauricio Macri sostiene públicamente la donación parcial de su asignación a la fundación Margarita Barrientos, mientras que Adolfo Rodríguez Saá cobra varios millones de pesos al mes por un mandato interino de apenas siete días en diciembre de 2001, a diferencia de sus sucesores Ramón Puerta y Eduardo Camaño, quienes renunciaron formalmente a tramitar el beneficio.
El apartado de los exvicepresidentes expone irregularidades institucionales y amparos de largo alcance. Daniel Scioli percibe su jubilación como exvicepresidente mientras ejerce simultáneamente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, una acumulación permitida únicamente por desempeñarse en el cargo actual de forma ad honorem, por el que cobraría mucho menos si no hubiera renunciado a ese sueldo. A su vez, María Estela Martínez de Perón (95 años) radica en Madrid desde hace décadas y continúa percibiendo su asignación desde el exterior sin condicionamiento alguno.
“Isabelita” junto a Carlos Menem.
El listado consolida también anacronismos históricos y concesiones extraordinarias. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, cobra su pensión por un presidente de facto designado por la junta militar de la dictadura de 1970. El caso más insólito lo protagoniza Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido —quien no fue electo por voto popular—, que cobra su haber tras una transferencia excepcional del beneficio efectuada en la década de 1990 que extendió la pensión a una hija mayor de edad por fuera de las reglas del régimen general.
El panorama previsional se completa con la reciente actualización del frente judicial. Tras las resoluciones de la ANSES dictadas en noviembre de 2024 que revocaron los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou por “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, la justicia previsional otorgó una medida cautelar a favor de la expresidenta. Con ese fallo se ordenó la restitución inmediata de la pensión derivativa por Néstor Kirchner, manteniendo a Boudou como el único exmandatario con la asignación completamente dada de baja.
Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.
El pacto con el menemismo
La embestida contra estas asignaciones constituye una de las banderas centrales del discurso oficialista. La Libertad Avanza promueve la eliminación de las jubilaciones de privilegio como un eje de su política de ajuste a la “casta”, respaldándose en informes técnicos como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la cruzada moral del Gobierno encuentra un límite difuso al chocar con sus propias alianzas y simpatías políticas.
El origen de este régimen excepcional se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. El proyecto original en el Senado llevó la firma de un entendimiento bipartidista entre el menemismo —con Juan Carlos Romero, Oraldo Norvel Britos y Felipe Ernesto Ludueña— y el radicalismo —a través de Adolfo Gass, Luis Agustín Brasesco y Eduardo Pósleman—. La norma llevó además la firma de Eduardo Menem —hermano de Carlos Saúl— como presidente del Senado en ejercicio del Poder Legislativo, el mismo dirimiente político que promovió y blindó la norma de privilegio que hoy, tres décadas después, aparentemente cuestiona su propio hijo, Martín Menem, desde la presidencia de la Cámara de Diputados.
Javier Milei, “Lule” Menem y Eduardo Menem —firmante de la promulgación de las jubilaciones de privilegio—.
Es la misma normativa que hoy sostiene la caja millonaria de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem. La vigencia de este privilegio contrasta con la prédica anticasta del Ejecutivo, que al mismo tiempo reivindica la figura del expresidente riojano y cobija a su entorno directo en los puestos de mayor jerarquía del Estado, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y Eduardo “Lule” Menem instalado en la cúpula del Poder Ejecutivo.
Esta convivencia política expone una marcada selectividad en la aplicación de los criterios éticos del Estado. Dependiente del poder Ejecutivo, ANSES actuó con celeridad para disponer la quita de beneficios a Cristina Kirchner y Amado Boudou invocando la “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, pero no aplicó la misma vara con el beneficio derivado de Carlos Menem, quien falleció con condenas firmes ratificadas por la Justicia por delitos contra la administración pública, como el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La cercanía y la afinidad personal de la conducción oficial con la familia Menem dejó intacto el haber que mensualmente se liquida a su viuda.
Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— junto a Carlos Menem —quien falleció condenado—.
El blindaje en el Congreso
Pese al impacto mediático del discurso oficial y los intentos legislativos por dar de baja estas asignaciones, la eliminación del régimen se encuentra trabada en el laberinto parlamentario. En junio de 2024, durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso, la Cámara de Diputados votó por mantener las jubilaciones de privilegio tras una ajustada definición donde sectores de la oposición colaboraron para sostener el esquema.
Ante ese revés, los diputados nacionales del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, redactaron un proyecto específico para desmantelar este entramado. La iniciativa propone derogar no sólo la Ley 24.018 de expresidentes y exvices, sino también la 21.540 de dignatarios eclesiásticos, la 22.430 de legisladores mandato cumplido y la 22.731 del servicio exterior (embajadores, cónsules, etc.), sumando además un mecanismo para que el Ejecutivo invite formalmente a los exmandatarios a renunciar voluntariamente a sus cobranzas. Sin embargo, si bien tuvo un apoyo inicial del gobierno, el por entonces presidente de la Comisión de Previsión y Presupuesto, José Luis Espert, optó por cajonear el proyecto.
José Luis Espert cuando presidía la Comisión de Previsión y Presupuesto.
A la falta de consenso político se le suma una infranqueable valla jurídica: el principio de irretroactividad de las leyes. Diversos constitucionalistas y especialistas en derecho previsional coinciden en que, incluso si el Congreso lograra sancionar la derogación de la Ley 24.018 para los futuros mandatarios, la medida difícilmente pueda aplicarse a los 12 beneficiarios actuales. Al tratarse de derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación vigente al momento de su otorgamiento, cualquier intento de quitar el haber por vía administrativa choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta combinación de cálculo político y cerrojo judicial garantiza que la erogación mensual superior a los $219 millones continúe saliendo de las arcas del Estado. De este modo, mientras la sociedad asimila la pauta de austeridad y las jubilaciones del régimen general se actualizan a ritmo goteado, el ecosistema de privilegio de la política argentina mantiene intacto su blindaje, exponiendo la distancia entre la narrativa electoral y la dura realidad de las cajas del poder.
Rusia suspendió hasta fin de año los derechos de exportación sobre sus principales cereales. El gobierno de Vladimir Putin fijó en 0 rublos por tonelada el tributo que pagan el trigo y el meslin (mezcla de diferentes tipos de granos, tradicionalmente trigo y centeno), la cebada y el maíz en los embarques con destino a países que no integran la Unión Económica Euroasiática (UEE), con el propósito de evitar una descapitalización profunda de los productores, golpeados por la caída de los precios internos y por las dificultades para colocar la cosecha en el exterior.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 1194 del Gobierno de la Federación Rusa, firmada el 19 de septiembre por el primer ministro Mijaíl Mishustin. La norma comenzó a regir días después, aunque su texto establece de manera expresa que las disposiciones alcanzan a las operaciones realizadas desde el 1° de este mes. Con ese efecto retroactivo, la retención cero cubrirá cuatro meses completos, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las autoridades de Moscú justificaron la decisión en la “necesidad de reestructurar la logística” de las exportaciones. Detrás de esa fórmula oficial aparece un cuadro más crudo, que describió en diálogo con el diario La Nación (Belkis Martínez)Alexander Belov, productor de la región de Moscú. “Esto se dio debido al derrumbe de precios internos y problemas logísticos para las exportaciones. En el transcurso del año 2026 el trigo ha perdido un tercio de su valor y el girasol más de 40% internamente. Año muy difícil a pesar de una buena cosecha”, explicó.
El trigo, principal producto de exportación del agro ruso, es el gran destinatario del alivio.
La decisión no tomó por sorpresa al sector. Dos semanas antes de la firma, la subcomisión de regulación aduanera, arancelaria y no arancelaria de la comisión gubernamental de Desarrollo Económico e Integración había aprobado una iniciativa conjunta de los ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura para suspender en forma temporal el llamado mecanismo de amortiguación, conocido como “damper”, que determina el derecho móvil sobre las exportaciones de granos. Según informaron entonces los medios rusos, el proyecto iba a ser elevado luego al Gobierno para su formalización, paso que se concretó con el decreto antes mencionado.
Rusia no desarmó el esquema de derechos móviles que aplica a los granos, sino que introdujo una excepción temporal que deja sin efecto, durante esos cuatro meses, el monto que surgiría del cálculo habitual. Ese monto nunca fue fijo: el Ministerio de Agricultura publicaba periódicamente la tasa resultante del mecanismo, y los registros oficiales de 2026 muestran sus oscilaciones. Para la semana correspondiente a comienzos de septiembre, por ejemplo, la cartera informó una tasa de 787,5 rublos (US$9,34) por tonelada para el trigo y de 406,5 rublos (US$4,82) para el maíz, mientras que la cebada ya tributaba cero. En su punto más alto del año, el derecho calculado para el trigo llegó a superar los 1100 rublos (US$13) por tonelada.
Con esos números sobre la mesa, Belov valoró la eliminación como un respiro modesto. “Para el productor es un poco de aire fresco, pero no mucho. Algo es algo”, describió. El productor también cuestionó los tiempos del Gobierno, ya que la medida llegó cuando buena parte de la cosecha había avanzado en el circuito comercial. “Para mí es tardío. Habría que hacerlo a partir de julio con la nueva cosecha. El trigo básicamente ya está en acopio. Queda algo de trigo de verano en cosecha en la zona de Siberia, muy poco”, agregó.
El telón de fondo de la crisis es el “apagón logístico” que afecta al Mar Negro, la salida natural de los granos rusos y ucranianos. Desde su inicio, los precios FOB (el valor de la mercadería ya cargada en el barco) de los productos agroindustriales de ambos países cayeron de manera significativa: es la única forma de compensar los elevados costos de exportar por rutas alternativas menos eficientes. Esa baja se trasladó en forma directa a los productores rusos y ucranianos, que reciben valores dramáticamente más bajos por su mercadería y, además, enfrentan dificultades para comercializar los cereales que cosechan en estos días.
— El trigo ruso se despegó a la baja del resto de los exportadores desde julio. Fuente: Consejo Internacional de Cereales
Las cifras de embarques confirman el golpe. La consultora rusa SovEcon prevé que los envíos conjuntos de trigo de Rusia y Ucrania entre julio y septiembre de este año sumen unos 8,0 millones de toneladas, el volumen más bajo para el primer trimestre de una campaña desde la temporada 2010/11. En el mismo período de 2025, ambos países habían exportado 16,2 millones de toneladas, y el promedio de los últimos cinco años se ubica en 18,2 millones de toneladas. Lo que se traduce en que los despachos cayeron a menos de la mitad.
Para los derivados del girasol la historia fue distinta. El decreto también los alcanza, pero en lugar de suspender sus derechos de exportación, el Gobierno les puso un techo hasta fin de año. En el caso del aceite se aplicará el menor valor entre el monto que arroje la fórmula vigente y un máximo de 7748 rublos (US$91,91) por tonelada. Para la harina o torta de girasol, el tope quedó en 312 rublos (US$3,70) por tonelada, con el mismo criterio de comparación.
El productor sumó otro frente de preocupación para las empresas agrícolas rusas, el financiero. “La carga crediticia pesa muchísimo también. Es otro punto que hay que renegociar para evitar quiebras masivas”, advirtió.
— Alexander Belov, productor agropecuario ruso
La relación de Rusia con las retenciones a los granos está por cumplir dos décadas. En 2007 el Gobierno fijó de manera temporal un arancel del 10% para el trigo y el meslin y del 30% para la cebada, con el objetivo de contener los precios internos. A comienzos de 2008, el derecho sobre el trigo trepó al 40% y se mantuvo en ese nivel hasta fines de junio de ese año.
“El mecanismo vigente —recordó Belov— rige a partir de 2021, coincidiendo con el auge exportador del trigo ruso”. Desde el 2 de junio de ese año, Rusia aplicó un derecho móvil a las exportaciones de trigo, cebada y maíz, calculado cada semana a partir de la comparación entre precios indicativos y precios base. En su diseño original, el tributo para el trigo equivalía al 70% de la diferencia entre ambos valores una vez que el precio indicativo superaba el umbral. Para 2026, el Ministerio de Agricultura trabajó con precios base de 18.000 rublos (US$213,52) por tonelada para el trigo y de 17.875 rublos (US$212,04) para la cebada y el maíz, y sobre esa estructura calculó las tasas que publicaba periódicamente.
— Primer ministro Mijaíl Mishustin
Mientras tanto, la guerra continúa sobre la misma geografía que asfixia al comercio de granos. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la última noche sus fuerzas alcanzaron tres centros logísticos en la ciudad portuaria de Odesa, “utilizados para almacenar y distribuir carga militar y de doble uso destinada a las fuerzas armadas ucranianas”. Las tropas rusas también atacaron un almacén de componentes para drones en la localidad de Mirnoye y un buque de carga “que transportaba suministros militares con destino al puerto de Odesa”.
Del otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que su ejército golpeó dos refinerías de petróleo rusas, una en Bashkortostán y otra en la región de Samara, y reportó además ataques en el Mar Negro. “Estamos llevando la guerra de vuelta a donde vino.Estamos acercando la paz para Ucrania“, sostuvo la cartera en un comunicado.
Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio y desataron el caos en la ciudad autónoma española. El 90% de los irregulares retornó voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen hasta hoy en sus calles, ocupan sus espacios públicos y ocasionan problemas de seguridad ciudadana.
El dato lo aportó José Daniel Mendoza, propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia del sector en la ciudad, en declaraciones al medio español Libertad Digital. Las cifras, dijo, hablan por sí solas: las ventas de los aerosoles de autoprotección “se han incrementado en un 500%”.
— José Daniel Mendoza lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual
El comerciante describió una escena que explica mejor que cualquier estadística el clima que se vivió en la ciudad durante aquellas semanas. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas”, aseguró.
La demanda fue tan repentina que agarró desprevenidas a las armerías y a los demás comercios especializados. “Era desorbitada”, resumió Mendoza. En su local, el mecanismo habitual de venta directa se volvió imposible y hubo que anotar a los clientes: “Tuvimos hasta listas de espera”. El problema se agravó por una cuestión de calendario. La mayoría de los grandes distribuidores españoles cerraron por vacaciones durante agosto, justo el mes en que se disparó la necesidad, y eso derivó en problemas de abastecimiento. Recién con el inicio de septiembre, explicó el comerciante, el stock volvió prácticamente a la normalidad.
También cambió el perfil del comprador. Mendoza, que lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual, detalló el orden en que se acercaron los clientes: “Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales”.
Consultado sobre qué elemento conviene llevar encima, el comerciante, especialista en deportes al aire libre y en artículos de defensa personal, se inclinó por una variante concreta del producto. “Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel”, señaló, porque a diferencia del aerosol tradicional no se dispersa en el aire ni vuelve sobre quien lo usa. “No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor”, explicó, ya que el gel deja una marca visible sobre el atacante: “En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros”.
El fenómeno excedió a Ceuta. La empresa SHOKE, especializada en defensa personal, registró un incremento superior al 50% en la venta de espráis de pimienta homologados durante el último mes, en coincidencia con la repercusión mediática de la crisis migratoria. En su caso, la medición abarca a toda la Península y a un solo tipo de producto, el aprobado por la normativa española. Los pedidos llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, entre otras ciudades. Según la firma, “el perfil mayoritario corresponde a particulares que buscan reforzar su protección ante una creciente sensación de inseguridad, aunque también se ha detectado interés entre los profesionales del sector”. La compañía advirtió además que recibió cientos de consultas, en su local y por internet, sobre la legalidad de estos dispositivos y las condiciones para usarlos.
El repunte de las ventas no fue el único indicador del clima que se vive en Ceuta. El Partido Popular difundió en rueda de prensa las cifras de llamadas a la Policía durante agosto y las comparó con las del mismo mes del año anterior, como prueba, sostuvo el partido, de que la inseguridad en la ciudad es real y “no una percepción”, tal como intenta presentarla el Gobierno español. Los expedientes de seguridad ciudadana pasaron de 568 a 5.233; los allanamientos de morada, de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto, de 57 a 1.163; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326.
“Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60″, sintetizó el portavoz Borja Sémper. Y remató: “Esto es lo que están sufriendo los ceutíes”.
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