INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo este fin de semana una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que compartió con ministros y autoridades de distintos países iberoamericanos. La reunión marcó el cierre de una intensa gira oficial por Italia, centrada en educación, desarrollo humano y el impacto de la inteligencia artificial.
La audiencia se enmarcó en el encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, que reunió a funcionarios de la región para debatir los desafíos de los sistemas educativos frente a los cambios tecnológicos y sociales.
El encuentro con el Pontífice se produjo en un momento clave para la relación entre la Argentina y la Santa Sede. En las últimas semanas avanzaron las conversaciones diplomáticas para concretar una visita de León XIV al país, sobre la que Javier Milei aseguró que, “salvo una desgracia”, es “altamente probable” que el Papa viaje a la Argentina en noviembre. “La gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”, sostuvo el mandatario esta semana. De todos modos, fuentes del Ministerio de Capital Humano aclararon que una eventual visita papal no formó parte oficial de las conversaciones que Pettovello mantuvo en Roma y el Vaticano.
AGENDA EDUCATIVA Y LABORAL
Según informó el propio ministerio, el objetivo central del viaje fue fortalecer vínculos internacionales en áreas vinculadas a educación, desarrollo humano, empleo, formación profesional y primera infancia, además de conocer experiencias exitosas que puedan servir de referencia para futuras iniciativas en la Argentina.
La actividad comenzó en Roma con la participación de la ministra en los actos conmemorativos por el 25 de Mayo. Pettovello integró la delegación argentina que realizó una ofrenda floral frente al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza homónima de la capital italiana.
– La ministra Sandra Pettovello fue recibida por el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos
Días después fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, con quien mantuvo una reunión de trabajo para intercambiar experiencias sobre políticas educativas, capacitación profesional y mecanismos de articulación entre educación y empleo. El encuentro permitió analizar los desafíos que enfrentan ambos países frente a la transformación tecnológica y la creciente demanda de perfiles especializados, además de conocer experiencias italianas orientadas a reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral.
La cuestión educativa ocupó un lugar central durante toda la gira. Pettovello visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos, instituciones dedicadas a brindar oportunidades de formación a personas que no completaron sus trayectorias educativas tradicionales o que buscan incorporar nuevas herramientas para mejorar sus posibilidades laborales.
– ELIS, un polo educativo impulsado por el Papa Juan XXIII, destinado a promover el crecimiento y la inclusión social de los jóvenes a través del estudio y el trabajo, fomentando el diálogo entre escuelas y empresas a partir de talleres y encuentros
También recorrió el Centro Nazionale di Orientamento ELIS, un polo de formación impulsado originalmente bajo el pontificado del papa Juan XXIII que trabaja desde hace décadas en programas para promover la inclusión social y el crecimiento personal de los jóvenes mediante una estrecha vinculación entre escuelas y empresas. A diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza, ELIS desarrolla programas construidos junto al sector privado, con prácticas concretas, talleres y espacios de inserción laboral que facilitan la transición de los estudiantes hacia el mundo del trabajo. El modelo despertó especial interés porque se basa en la capacitación para el empleo, una de las áreas que el ministerio busca fortalecer desde el inicio de la gestión.
La agenda continuó con una visita a la ITS Academy Digital Lazio, institución especializada en educación superior tecnológica y formación en competencias digitales. El establecimiento trabaja con una metodología basada en el aprendizaje práctico, que combina formación académica con experiencias dentro de empresas, con el objetivo de preparar perfiles capaces de responder a las demandas de una economía cada vez más digitalizada.
ENCUENTROS EN EL VATICANO
La actividad de Pettovello también incluyó una agenda en la Ciudad del Vaticano. Uno de los encuentros más relevantes se produjo con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más importantes de la Santa Sede en materia de promoción humana, asistencia social y desarrollo comunitario, y una figura considerada clave en el esquema de León XIV.
Durante la audiencia conversaron sobre distintas iniciativas del dicasterio y sobre las políticas que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano en áreas vinculadas a educación, empleo, familia y desarrollo social. La ministra entregó al cardenal ejemplares de los balances del primer y segundo año de gestión de su cartera, además de documentación vinculada al denominado Museo de la Corrupción, el proyecto impulsado por el Gobierno para exhibir causas judiciales, irregularidades administrativas, sobreprecios y presuntos mecanismos de corrupción asociados a programas sociales de administraciones anteriores.
– Josef D. Blotz
Pettovello mantuvo además una reunión con Josef D. Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, una de las organizaciones humanitarias más activas a nivel internacional. Durante el encuentro analizaron la situación social argentina y las posibilidades de fortalecer proyectos conjuntos vinculados a asistencia comunitaria, capacitación profesional y cooperación humanitaria. La conversación concluyó con una invitación formal para que la ministra participe de la X Conferencia de las Américas, prevista para octubre de este año, que reunirá a representantes diplomáticos, autoridades internacionales y referentes de organizaciones humanitarias. A su vez, Pettovello invitó a integrantes de la Orden de Malta a visitar la Argentina para conocer el Centro de Formación Capital Humano, una de las iniciativas que impulsa el ministerio para desarrollar programas de capacitación laboral orientados a la inserción en el mercado de trabajo.
CIERRE CON EL PAPA
Tuvo lugar durante el Encuentro de Alto Nivel organizado en conjunto por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Dicasterio para la Cultura y la Educación y la Pontificia Comisión para América Latina. El foro reunió a ministros, funcionarios y especialistas de distintos países para debatir sobre salud mental, educación y nuevas tecnologías. Durante esa actividad, Pettovello mantuvo además una conversación con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, considerado la principal figura de la diplomacia vaticana y uno de los colaboradores más cercanos de León XIV.
Las deliberaciones se orientaron a identificar desafíos comunes frente a fenómenos que atraviesan a los sistemas educativos iberoamericanos, desde los cambios provocados por la inteligencia artificial hasta el impacto creciente de los problemas de salud mental entre niños, adolescentes y jóvenes.
El cierre estuvo a cargo del propio León XIV, quien recibió a los ministros participantes en una audiencia especial. Durante su intervención, el Pontífice reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la educación en un contexto de acelerada transformación tecnológica y destacó la necesidad de preservar la dimensión humana frente al avance de las herramientas digitales. También remarcó la importancia de cultivar la vida interior y promover una educación que combine conocimiento, formación ética y desarrollo personal, especialmente en una etapa caracterizada por cambios profundos en la forma de aprender, trabajar y relacionarse.
La audiencia constituyó el punto final de una gira que combinó reuniones diplomáticas, actividades académicas, visitas a centros de formación y encuentros con algunas de las principales autoridades de la Iglesia Católica. Aunque la futura visita papal no integró la agenda formal de Pettovello, el encuentro se produjo en un contexto marcado por el avance de las conversaciones entre la Casa Rosada y el Vaticano para concretar el primer viaje del Pontífice a la Argentina, un escenario que, según reconoció Milei, hoy aparece más cerca que en cualquier otro momento desde la elección del nuevo Papa.
Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.
“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.
A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.
Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.
“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.
El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.
Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.
— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires
La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.
En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.
La deuda que se arrastra desde 2017
El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.
Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.
En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.
Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.
Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) —filial oficial del Estado Islámico (ISIS) en África Central— perpetraron una nueva ola de ataques mortales en aldeas del este de la República Democrática del Congo (RDC), matando al menos a 24 civiles en la noche del 5 al 6 de mayo en el territorio de Beni, mientras que el 8 de mayo los ataques se extendierona Biakato (Ituri), donde se recuperaron al menos 15 cuerpos más.
El balance total preliminar de esa ola de ataques de dos días supera las 36 víctimas confirmadas, con decenas de desaparecidos.
“Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en referencia a los crímenes de la ADF.
Esta ola de ataques es el último eslabón de una cadena sistemática de agresiones perpetradas en la región. En febrero de 2025, en Kasanga y Mayba, en North Kivu, 70 civiles fueron asesinados mediante decapitaciones con machetes dentro de una iglesia protestante. Meses después, en julio de 2025, la localidad de Komanda, en Ituri, fue escenario de otra matanza en la que murieron 43 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas tras la irrupción nocturna de hombres armados en un templo, con machetes y armas de fuego.
De acuerdo con datos de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solo en 2025 la ADF fue responsable de 465 ataques que dejaron 1.749 víctimas, incluyendo 344 mujeres y 129 niños, en las provincias de North Kivu, Ituri y Tshopo.
La violencia continuó en enero de 2026 con el asesinato de 22 civiles en una aldea de Ituri, y se agravó en marzo, cuando en Basidio fueron ultimadas 15 personas en un ataque con ametralladora e incendio de viviendas. Ese mismo mes, Bafwakoa registró otro episodio fatal con 19 muertos, seguido en abril por una nueva ofensiva en la misma zona que dejó 43 víctimas y destruyó casas tras un ataque nocturno con armas y machetes. Finalmente, en mayo de 2026, los ataques alcanzaron la frontera entre Beni e Ituri, donde más de 36 personas fueron asesinadas en una serie de incursiones contra múltiples aldeas.
El patrón es invariable: ataques nocturnos con armas de fuego y machetes, huida antes de la llegada del ejército e impunidad total.
La respuesta es compleja, pero no ambigua. Existen elementos suficientes para sostener la dimensión religiosa de la violencia. La ADF ha declarado de manera explícita su intención de erradicar la presencia cristiana en las zonas que controla y de “establecer un califato islámico mundial”. Además, el propio ISIS ha reivindicado ataques en su canal de Telegram, mencionando de forma directa a los cristianos como objetivo.
En ese mismo sentido, la selección de blancos refuerza esa lectura, ya que los ataques se concentran en iglesias, vigilias religiosas y celebraciones litúrgicas, como ocurrió en la masacre de Komanda durante el Jubileo de Plata de una parroquia. A ello se suman las denuncias formales elevadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por organizaciones como Aid to the Church in Need y el European Centre for Law and Justice, que documentan una persecución religiosa deliberada. También Open Doors ubicó a la República Democrática del Congo en el puesto 29 de su Lista Mundial de Persecución 2026, con la puntuación más alta registrada hasta ahora.
Sin embargo, el cuadro de sucesos admite un matiz importante. La ADF también atacan a comunidades no cristianas y operan en un país donde cerca del 95% de la población es cristiana, por lo que gran parte de las víctimas pertenecen necesariamente a ese grupo. La ONU y otros organismos de verificación señalan, además, que la violencia contra civiles es masiva y que no siempre responde de manera exclusiva a la pertenencia religiosa, aunque tampoco descartan la motivación inicial. En esa línea, la BBC y algunos especialistas advierten que, en contextos como los del Congo o Nigeria, los factores étnicos, territoriales y religiosos se entrecruzan de forma tan estrecha que rara vez pueden separarse por completo.
En conclusión, la dimensión religiosa es real e intencional en el caso de la ADF, pero forma parte de una “operación de exterminio” más amplia contra cualquiera que no profese la religión islámica, que incluye el control territorial, el saqueo de recursos naturales y el terror como instrumento de dominación.
La situación en el Congo no constituye una excepción, sino que se inscribe en una tendencia continental cada vez más alarmante. De acuerdo con el Índice Mundial de Persecución 2026 elaborado por Open Doors, más de 388 millones de cristianos en el mundo viven hoy bajo persecución o discriminación grave, y en África subsahariana el deterioro es evidente. Entre los 14 países incluidos en la lista, el nivel combinado de violencia escaló del 49% del máximo posible hace una década al 88% en 2026.
— El líder de ISIS-RDC Seka Musa Baluku y a la derecha su director de redes, Meddie Nkalubo, alias Benjamin “Punisher”
Nigeria continúa siendo el epicentro del fenómeno, con 3.490 de los 4.849 cristianos asesinados por su fe en el último período analizado, mientras que Sudán, Nigeria y Malí alcanzan la puntuación máxima de violencia. El patrón se repite en Burkina Faso, Malí, Mozambique, la República Centroafricana y Somalia, donde la debilidad estatal de estos Estados abre espacio a grupos islamistas armados que actúan con la ausencia de ley.
Hay varias razones que explicarían porque existe poca o casi nula visibilidad mediática de este tipo de hechos. Por un lado, el Congo compite con otras crisis que dominan la agenda internacional, como el avance del M23 con respaldo ruandés, la crisis de Goma, que dejó más de 2.900 muertos, y las tensiones geopolíticas entre Kinshasa y Kigali, que concentran buena parte de la atención que sí logra llegar a otros países. A eso se suma la escasa presencia de corresponsales en zonas remotas como Ituri y North Kivu, regiones de selva densa y con infraestructura limitada, donde el acceso de periodistas resulta especialmente difícil.
Asimismo, influye una cierta fatiga informativa. Se trata de un conflicto prolongado, con más de tres décadas de duración y múltiples actores armados, lo que suele alimentar la percepción de que se trata de una crisis sin salida y reduce su atractivo a las masas. En paralelo, algunos especialistas afirman la existencia de un sesgo de agenda, según el cual ciertos medios de corte progresistas tienden a prestar menos atención a la violencia islamista contra minorías religiosas en el Sur Global.
El fracaso de la comunidad internacional
La Misión de Estabilización de la ONU en el Congo, conocida como MONUSCO, lleva más de 25 años desplegada en el país y se ha convertido en la operación de mantenimiento de la paz más prolongada en la historia de Naciones Unidas. No obstante, su balance es ampliamente cuestionado y el descontento entre la población congoleña es profundo, en particular por su incapacidad para brindar protección efectiva frente a la violencia armada.
En la región de Beni, epicentro de los ataques de la ADF, incluso se registraron protestas violentas contra los cascos azules. Diversos informes académicos sostienen que “la misión ha fracasado de manera sistemática en su objetivo de resguardar a los civiles”y que, además, “no impulsó los cambios políticos estructurales necesarios para construir una paz duradera.” A ello se suma un episodio especialmente doloroso, cuando la propia MONUSCO colaboró en la excavación de la fosa común donde fueron enterradas las víctimas de la masacre de Komanda, ocurrida en julio de 2025.
A fines de 2024, el gobierno congoleño pidió la retirada de la misión al considerar que ya no cumple su cometido, aunque la fragilidad del ejército nacional deja en evidencia un vacío que podría agravar aún más la crisis humanitaria que afecta a unos 7 millones de desplazados internos. En mayo de 2026, Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la tragedia con el informe titulado “Nunca había visto tantos cadáveres”, en el que destacó que los crímenes cometidos por la ADF constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y reclamó una respuesta urgente de la comunidad internacional, responsabilizando la situación producto del “desinterés de la política internacional y los círculos de donantes” respecto a las amenazas de la ADF.
Es necesario entender que la ADF no es simplemente un grupo rebelde más entre los más de 120 que operan en el Congo. Su lógica responde a una ideología transnacional que no disputa territorio étnico ni el control de recursos, sino que busca instaurar un califato islámico. Su lealtad no se orienta ni al Congo ni a Uganda, sino al proyecto terrorista mundial del Estado Islámico.
A ello se suma el reconocimiento formal que recibió por parte de ISIS, que la legitimó públicamente e incorporó como una de sus provincias. Incluso reproduce métodos asociados al accionar del grupo en Siria e Iraq, como decapitaciones, quema de aldeas, esclavitud sexual de menores y reclutamiento forzado de personas. En ese marco, sus víctimas son seleccionadas en parte por su religión, ya que el objetivo declarado es eliminar de la faz de la tierra la presencia cristiana.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza dehaber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.
“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.
Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.
La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra).
Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.
La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general.
El hospital pediátrico sostiene que la provincia pagó apenas una parte de lo adeudado y que esos fondos se imputan primero a intereses, por lo que el capital sigue casi intacto. Son más de $8.278 millones acumulados desde 2017 que crecen con cada nuevo paciente atendido.
Trabajadores de la repartición provincial que da de baja la flota estatal apuntan a un mercado paralelo de autopartes, manipulación en el pesaje de chatarra y la desaparición de un Peugeot restaurado.
La morosidad de las familias se cuadruplicó en un año y entre los jóvenes de 18 a 21 ya alcanza al 40%. El golpe es más fuerte en el Conurbano y entre los que menos ganan.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
