INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
La Franja de Gaza atraviesa un prolongado conflicto bélico desencadenado tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra territorio israelí. En medio de las operaciones militares y la creciente tensión humanitaria en el enclave palestino, las posturas de los sectores más radicalizados del espectro político israelí intensifican la presión sobre el gabinete de gobierno.
Dentro de este escenario, las declaraciones de figuras de peso en el Ejecutivo suelen generar ondas expansivas tanto en la política interna de Israel como en el tablero diplomático internacional, donde los aliados occidentales vigilan de cerca el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario.
Escena cotidiana en Gaza.
Llamado a la matanza
Itamar Ben Gvir, el ultra-sionista ministro de Seguridad Nacional de Israel, desató una fuerte controversia tras asegurar en el podcast “8 de octubre” que las fuerzas de seguridad deberían ejecutar a entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. En su intervención, el funcionario no se limitó a quienes representan una amenaza inmediata, sino que profundizó en una postura extrema al afirmar: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.
Tras la difusión de estos dichos, la Comisión Europea evitó comentar la declaración específica, pero la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, recordó que la Unión Europea mantiene pendiente una propuesta para sancionar al ministro. Hipper reiteró que el bloque espera que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y garantice la protección de los civiles, recordando que las deliberaciones sobre medidas restrictivas contra individuos son confidenciales y requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros.
Mientras el debate interno en el Consejo de la UE sobre estas sanciones continúa, la retórica del ministro vuelve a poner en tensión la relación entre las posturas del Ejecutivo israelí y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gravedad de las declaraciones ha reavivado la presión diplomática sobre el gabinete, exponiendo la distancia entre el discurso de Ben Gvir y el marco de actuación que los organismos internacionales demandan a Israelen medio del conflicto contra el terrorismo de Hamás.
Itamar Ben Gvir.
El historial del funcionario
Itamar Ben Gvir ha construido su trayectoria política sobre posturas ultra-sionistas y discursos de confrontación en Cisjordania y Gaza. Su carrera incluye antecedentes de inhabilitación porincitación al racismo en su juventud y su constante reivindicación del papel de colono, marcando una línea de acción pública caracterizada por la radicalización.
La reiteración de este tipo de declaraciones expone una brecha persistente entre la retórica del titular de Seguridad Nacional y las directrices que el derecho internacional exige al Estado de Israel, alimentando la presión de los aliados occidentales y de los organismos multilaterales sobre el gobierno israelí.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.
La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.
— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai
El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.
Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.
— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT
Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.
Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.
Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.
— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California
“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.
Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.
Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.
— Mariano Goñi
Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.
El marco legal argentino
Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.
— Margarita Trovato
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.
El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.
Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.
— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino
Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.
“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.
Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.
Un creyente musulmán identificado como Ousman Ceesay asesinó a Cameron Davis Capara y a Vincent Anthony Siqueiros en el estacionamiento de Venture-N, un bar gay de Tucson, Arizona. La Policía de Tucson concluyó que fue un ataque selectivo motivado por “odio contra la comunidad LGBTQIA+”.
El ataque sucedió alrededor de las 00:30 en el estacionamiento de Venture-N, un histórico bar gay de Tucson. Según la reconstrucción policial, Ceesay abordó a Capara y Siqueiros, con quienes no tenía una conexión conocida, y les disparó.
Ceesay se provocó después una herida de bala y murió poco después en un hospital. La Policía informó que los casquillos recuperados provenían de una pistola de 9 mm. hallada en la escena y que las imágenes de seguridad mostraban. Diversos familiares dijeron que Ceesay llegó a Estados Unidos con visa de estudiante hacia 2010 y posteriormente se naturalizó ciudadano estadounidense.
— Cameron Davis Capara y Vincent Anthony Siqueiros
Ceesay no conocía aparentemente a las víctimas, actuó solo y murió tras suicidarse con su propia pistola de 9 mm. Su familia lo describió como un musulmán practicante— con una relación causal que la investigación policial no ha establecido.
El lugar elegido estaba públicamente asociado con la comunidad gay y Ceesay llevaba consigo una lista de establecimientos vinculados con la comunidad homosexual. Además, en su vivienda fue hallada otra nota que, de acuerdo a fuentes policiales, señalaba que había actuado individualmente y que el ataque estaba motivado por el odio hacia esa comunidad.
— Ousman Ceesay, el asesino
“Me entristece profundamente que se haya producido otra pérdida de vidas sin sentido en nuestra comunidad. Los crímenes motivados por prejuicios son especialmente atroces y no tienen cabida en nuestra comunidad”, declaró la jefa de policía Monica Prieto en un comunicado.
La legislación federal también contempla delitos violentos motivados por la orientación sexual real o percibida, mediante la Ley Matthew Shepard y James Byrd Jr. Para una acusación federal hacen falta, además, los requisitos jurisdiccionales correspondientes. En este caso esa discusión queda sin efecto práctico respecto del atacante fallecido.
— Memorial con flores, velas y fotografías en el exterior del bar Venture-N
El motivo religioso
Que Ceesay fuera musulmán practicante está respaldado por el testimonio de su primo Muhammad Sylva, quien dijo que rezaba cinco veces al día y participaba de los ayunos. Pero el mismo familiar afirmó que su fe no era “extrema” y que nunca lo había oído expresar odio contra las personas homosexuales.
Una de las víctimas, Cameron Davis Capara, era fotógrafo y participaba activamente en distintas causas progresistas. Durante los últimos años había documentado manifestaciones contra las guerras en Gaza e Irán, protestas pro-Palestina y operativos migratorios de ICE en Arizona. Su familia lo describió como una persona particularmente comprometida con cuestiones de “justicia social”.
“Una de las cosas que más admiraba de él era que no juzgaba a la gente. Creía que cada persona tenía su propia historia, sus propias luchas y sus propias razones para ser quien era”, destacó su padre, Jeff Capara. “Él quería que la gente tuviera la libertad de ser ellos mismos sin ser juzgados por ello. Y de la misma manera, él tampoco quería ser juzgado. Quería ser aceptado por quien era”, añadió.
La evidencia disponible permite afirmar con seguridad que fotografiaba protestas por Gaza y que se involucraba en redes locales de documentación de movimientos sociales, pero no prueba que su postura sobre Palestina tuviera relación alguna con el homicidio.
El representante estatal republicano de Arizona, John Gillette, criticó a los miembros demócratas de la delegación del Congreso de Arizona tras el homenaje de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a las dos victimas, describiendo el tiroteo como un acto de “terrorismo islámico radical” y acusó a los demócratas de tener “alianzas con el enemigo”,
La prensa local informó antecedentes de dificultades financieras y una declaración de bancarrota de Ceesay y su esposa. Esos elementos pueden formar parte del contexto biográfico, pero no explican por sí mismos el blanco elegido, la lista de establecimientos ni el contenido encontrado por los investigadores.
Los peritos detectaron que los mails habían sido cargados a mano en los discos secuestrados en la AFI y que nadie documentó dónde ni cómo aparecieron. Sin esa prueba, resolvió el tribunal, la acusación se quedaba sin sustento.
El pionero del humor irreverente condenó el conflicto en la Franja de Gaza, cuestionó el modelo económico argentino actual y reabrió una acalorada discusión sobre el trasfondo histórico del Medio Oriente.
El jefe del Ejecutivo provincial, Rogelio Frigerio, y su segunda, Alicia Aluani, serán los primeros mandatarios que dejarán el cargo sin derecho al beneficio, que equivalía al 75% del sueldo.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
