Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El presidente de España, Pedro Sánchez, autorizó la entrega de 800.000 euros, suma equivalente a $786.000 dólares, a la productora Elástica Films para la realización de una película sobre “niños trans o no binaries”.
El dinero, que será desembolsado mediante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España, que forma parte del Ministerio de Cultura, financiará “La mitad de Ana”, la propuesta audiovisual de la actriz y directora de cine Marta Nieto, cuyo objetivo sería exponer el “tema de lo trans en la infancia, a través de una madre y un hijo en el proceso de cambio”, según lo publicado por Ok Diario.
Marta Nieto estará a la cabeza del film que financiará el gobierno español.
Con los fondos ya otorgados, la compañía Velo Casting, aliada a la productora, inició una campaña por redes sociales donde busca reclutar “niños trans o niñes no binaries” para “el primer largometraje de Marta Nieto”.
El ministro de la Cultura de Sánchez, Miquel Icet, admitió que la asignación de los recursos estatales fue “selectiva”, argumentando que su despacho consideró a “los proyectos de las empresas productoras independientes que poseen un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental o incorporen nuevos realizadores”.
El ministro de Cultura, Miquel Icet, admitió que la asignación de recursos estatales fue “selectiva”.
Asimismo, señaló que 400.000 euros irán para Elástica Films y otros 400.000 euros para Avalon, las dos productoras responsables del proyecto. De esa forma, Sánchez financia una película trans infantil.
La búsqueda de “niños trans o niñes no binaries” genera controversia al coincidir con la discusión de la polémica ley trans de Irene Montero en el parlamento que no logra un acuerdo por establecer el reconocimiento de la “libre determinación de género” sin informes médicos ni tratamiento a partir de los 14 años; así como sin consentimiento de los padres, ni limitación alguna, a partir de los 16; y los menores de 12 años podrán cambiar de sexo en el registro.
La búsqueda de “niños trans o niñes no binaries” genera controversia al coincidir con la discusión de la polémica ley trans de Irene Montero en el parlamento.
En un intento de apartarse de la polémica, los responsables del casting aseguran que la película retratará “la realidad de la infancia trans desde el respeto a la libertad de exploración de género, al igual que desde el cuidado que se merece”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Alemania prohibirá el uso de lenguaje inclusivo en documentos oficiales, discursos y comunicaciones internas del área cultural, así como en la Cancillería. La decisión del ministro de Estado de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, de prohibir su utilización en documentos oficiales representa un punto de inflexión significativo.
La medida, que afecta a aproximadamente 470 empleados bajo su jurisdicción, prohíbe específicamente el uso de asteriscos (*), símbolos como “@”, desdoblamientos de género y otros signos destinados a marcar la neutralidad de género en comunicados oficiales.
Weimer fundamenta su decisión en la adherencia al alemán normativo según las directrices del Consejo de Ortografía Alemana, argumentando que “el lenguaje debe unir, no dividir” y que “el género forzado de ninguna manera refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país”. Su posición va más allá de su departamento, ya que ha instado a los 15 ministerios federales, fundaciones, medios públicos, el sistema educativo y las instituciones culturales a adoptar la misma política.
Esta decisión no surge en el vacío. Alemania ha experimentado un movimiento progresivo de restricción del lenguaje inclusivo desde 2024, cuando el estado de Baviera se convirtió en pionero al prohibir esta terminología tanto en el ámbito educativo como en las administraciones públicas. La medida bávara fue seguida por otros estados federados, incluyendo Sajonia, Hesse, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia y Bremen.
En julio de 2025, el Ministerio de Educación y Familia, bajo la dirección de la ministra Karin Prien del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), amplió estas restricciones a nivel nacional, ordenando el respeto a las “reglas tradicionales de la ortografía alemana”y eliminando el uso del Gender-Sternchen (asterisco de género) y el Binnen-I (mayúscula interna).
Weimer defiende que las intervenciones lingüísticas deliberadas son “no solo innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje” y amenazan “nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Esta retórica apela a una concepción tradicional de la identidad cultural alemana que privilegia la preservación del idioma sobre la inclusividad.
Los defensores de la prohibición argumentan desde múltiples perspectivas. Partiendo del punto de vista técnico, sostienen que el uso de símbolos especiales “perjudica la inteligibilidad, legibilidad y traducibilidad automática, así como en muchos casos la singularidad y seguridad jurídica de los términos y textos”. Esta posición ha sido respaldada por el Consejo de Ortografía Alemana, que en marzo de 2021 rechazó formalmente la inclusión de estos símbolos en las reglas ortográficas oficiales.
La decisión debe entenderse dentro del contexto político más amplio del ascenso de Friedrich Merz y el giro conservador de la CDU. Como señalan algunos análisis, sectores de la CDU en torno a Merz abogan por un “renacimiento burgués” y han declarado la guerra al “capitalismo woke” y al “neoliberalismo progresista” con sus medidas de igualdad y antidiscriminación.
Los partidos progresistas, especialmente los Verdes, han caracterizado la medida como un “retroceso simbólico” que “invisibiliza a personas no binarias y trans”. El diputado verde Erik Lehmann ha calificado a Weimer de “activista misionero cultural”, cuestionando si actúa como ministro de Cultura o “para su política cultural, de predicar libertad y dictar prohibiciones”.
La Asociación de Periodistas Alemanes (DJV) ha denunciado lo que considera una “grave extralimitación de competencias”, argumentando que las decisiones sobre lenguaje en medios de comunicación públicos no deberían estar sujetas a imposiciones ministeriales. Su presidente, según ha trascendido, ha enfatizado que “la propia idea de independencia de la radiodifusión pública respecto al Estado y de libertad artística implica que estas instituciones sean esencialmente independientes”.
El régimen iraní presentó un informe oficial ante las Naciones Unidas (ONU) donde incluye por primera vez a Argentina entre los países enemigos por su apoyo a las acciones militares israelíes contra Irán.
El documento, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”, fue distribuido por la misión iraní en Nueva York a varias representaciones diplomáticas la semana pasada, a pocos días antes del 31° aniversario del atentado a la AMIA.
“El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel”, redactado explícitamente en el boletín iraní, referenciando las declaraciones públicas que el mandamás realizó durante su gestión, donde afirmó categóricamente que “Irán es enemigo de Argentina”.
– El presidente encabezó el acto
Este acta constituye la primera vez en la historia que Irán incluye oficialmente a Argentina en su lista de “países enemigos”. En el párrafo 92 del documento, se específica que a la par “algunos otros países han declarado su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay”.
Las acusaciones iraníes se enmarcan en el contexto de lo que se conoció como la “Guerra de los 12 días” entre Israel e Irán, que tuvo lugar entre el 13 y 25 de junio de 2025. Este conflicto se inició cuando Israel lanzó la “Operación León Ascendente” contra instalaciones nucleares iraníes, considerando el programa nuclear de Irán como una amenaza existencial.
“Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente”, afirmó Milei anteriormente, en referencia a Israel.
Durante este conflicto, más de 627 personas murieron en Irán y al menos 28 en Israel. Israel atacó 27 puntos estratégicos y eliminó a 14 generales iraníes de alto rango, mientras que Irán respondió con la “Operación Promesa Verdadera III”, lanzando más de 150 misiles balísticos y 100 drones contra territorio israelí.
El parte oficial iraní es una represalia ante el alineamiento incondicional del gobierno de Milei con Israel y Estados Unidos. Durante su visita a Israel en junio de 2025, reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y expresó su “apoyo incondicional” a las políticas bélicas israelíes.
– El ayatolá Ali Jamenei
El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, advirtió sobre “la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”. Esta advertencia cobra especial relevancia considerando los antecedentes de los atentados de los años 90 y la presencia de células operativas iraníes en la región.
Un informe del Ministerio de la Diáspora israelí destapó vínculos operativos entre el régimen iraní y células en Buenos Aires, incluyendo conexiones con la mezquita At-Tauhid y figuras vinculadas al terrorista Mohsen Rabbani, quien participó en el ataque a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 22 muertos y 242 heridos. Posteriormente, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos.
La justicia argentina determinó que Irán fue el autor intelectual de ambos atentados, ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. En 2006, se acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y se ordenó la captura de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. En abril de 2024, la Cámara de Casación Penal confirmó definitivamente que “Irán organizó la masacre y la calificó como un delito de lesa humanidad”.
El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.
En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.
La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.
Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.
La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.
En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.
La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V
