El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay
Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
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Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.
El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.
Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.
La estafa al pasajero
Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.
Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados.La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.
Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.
Inacción gubernamental y causas de la crisis
El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.
El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresasque operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.
La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.
Una naviera chilena, Easter Island Line (EIL) —también conocida como Naviera Isla de Pascua, la empresa que normalmente transporta carga a Rapa Nui—, inició conversaciones con la Falkland Islands Development Corporation (organismo británico de promoción económica del archipiélago) para establecer una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El objetivo es transportar alimentos, repuestos, equipamiento e insumos logísticos destinados al proyecto petrolero inglés conocido como Sea Lion, uno de los desarrollos hidrocarburíferos más grandes proyectados en el Atlántico Sur. Según trascendió, ya hubo una reunión oficial entre las partes y ambas manifestaron interés en avanzar, aunque todavía no existe contrato firmado ni acuerdo definitivo.
El desarrollo petrolero de Chile en Malvinas requeriría una inversión de US$1.800 millones hasta la primera producción y treparía a US$2.100 millones al finalizar la explotación. En su primera fase, la estimación prevé una producción de 50.000 barriles diarios, con un pico similar, mientras que el primer petróleo se espera para el primer semestre de 2028. El yacimiento tendría unos 170 millones de barriles de crudo técnicamente recuperable y un valor bruto estimado superior a US$10.000 millones. Para el gobierno de Malvinas, las regalías representarían el 9% de lo producido.
Para explicar la medida, hay que entender el plan de Sea Lion, un yacimiento petrolero offshore ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte, descubierto en 2010. La inversión principal está a cargo de Navitas Petroleum (compañía israelí, con 65% de participación y rol de operador) y Rockhopper Exploration (empresa británica, con el 35% restante). La iniciativa tomó su Decisión Final de Inversión (FID) recién el 10 de diciembre de 2025, después de 15 años de demoras, rediseños y escepticismo desde su descubrimiento.
La operación se organizará por fases. La Fase 1 contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a un buque FPSO (de almacenamiento y procesamiento flotante) reacondicionado, apuntando a extraer 170 millones de barriles con un pico de producción de 50.000 barriles diarios. La Fase 2, prevista unos tres años después del primer petróleo, sumaría 12 pozos adicionales y unos 149 millones de barriles más. En total, el yacimiento tiene recursos brutos estimados en 917 millones de barriles, y hay planes a futuro de expandir hasta cinco fases con 64 pozos en total.
El financiamiento post-FID incluye US$1.000 millones de deuda senior (de los cuales US$350 millones corresponden a Rockhopper) y el resto se cubre con capital conjunto y flujo de caja posterior al inicio de producción. De acuerdo a varios medios británicos, los impuestos y regalías esperadas equivaldrían a unas £80.000 anuales por cada uno de los aproximadamente 3.500 habitantes de las islas, lo que podría triplicar el PBI de Malvinas.
— La producción proyectada de petróleo en miles de barriles diarios en base a datos de Sea Lion entre 2028 y 2052
Chile aparece en esta historia por una razón geográfica. Punta Arenas, en la Patagonia chilena, es el punto continental más cercano y logísticamente más viable para abastecer a las Malvinas, dado que Argentina —por el reclamo de soberanía— no ofrece esa vía. Easter Island Line ya tiene experiencia operando rutas marítimas complejas de abastecimiento (el servicio a Isla de Pascua), lo que la posiciona como candidata natural para este tipo de logística de “última milla” hacia un territorio insular remoto.
Si el acuerdo avanza, Punta Arenas podría convertirse en un nodo logístico estratégico para todo el desarrollo petrolero del Atlántico Sur durante las próximas décadas, ya que contaría con una licencia de extracción de 35 años, prorrogable.
Dimensión geopolítica
Argentina considera que la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Malvinas es ilegal, ya que las islas forman parte de su reclamo de soberanía y la Cancillería argentina repudió formalmente estas actividades en 2023 por considerarlas realizadas sin autorización de la autoridad competente.
Que una empresa chilena participe —aunque sea en un rol de proveedor logístico privado— ha generado reacciones críticas, con analistas que interpretan el movimiento como una señal de que Chile prioriza sus intereses comerciales por sobre una postura de respaldo diplomático explícito al reclamo soberano argentino.
Expertos en política exterior sostienen que el avance de Sea Lion sin autorización argentina refuerza el control de facto del Reino Unido sobre el territorio en disputa, en momentos en que la política exterior argentina hacia la “cuestión Malvinas” atraviesa cambios de enfoque.
— La plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu de Bluewater tendrá el primer petróleo del yacimiento Sea Lion en 2028
La Cámara de Diputados de la Nación habría elevado una resolución que propone expresar un enérgico rechazo al avance de las operaciones de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa también solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre las acciones diplomáticas, administrativas y jurídicas impulsadas para intentar frenar a Sea Lion, destinado a la extracción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Licencias y pesca
La administración de las islas también consolidó uno de los principales pilares económicos del archipiélago al prorrogar por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales. La resolución, vigente desde 2023, garantiza la continuidad del régimen de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) hasta 2047.
En ese contexto, al paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas, rumbo al estrecho de Magallanes hace algunas semanas, se sumó la detección de otras embarcaciones con bandera de España, Corea del Sur, Taiwán, Vanuatu y China operando en las inmediaciones de Malvinas.
La pesca ilegal se mantiene desde hace décadas como el principal sostén financiero de los isleños, en especial por los ingresos derivados de licencias y cuotas sobre la caza indiscriminada del calamar Loligo, el Illex argentinus, la merluza y la merluza negra.
La adjudicación unilateral de esas licencias no solo vulnera las resoluciones de la ONU, sino además la ley argentina 26.659, que regula la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental. La norma prohíbe realizar esas actividades sin autorización de la Cancillería y prevé sanciones que incluyen la inhabilitación de entre 5 y 20 años para operar en el país.
El doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha dejado un saldo devastador y cifras que continúan en ascenso. Según los últimos reportes oficiales, la tragedia registra 4.333 fallecidos y 16.740 heridos tras el hallazgo de nuevas víctimas durante los operativos de rescate.
El impacto sobre la infraestructura y la vida cotidiana ha sido total. El sistema sanitario venezolano atendió a más de 31.000 personas desde el inicio de la emergencia, mientras que las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran actualmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los movimientos telúricos.
Ante la magnitud del colapso, el gobierno venezolano ha anunciado la implementación de un censo biométrico para asistir a los miles de ciudadanos que perdieron sus viviendas y hoy permanecen en campamentos transitorios. En tanto, continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros de edificios derrumbados.
Varios miles de muertos y heridos ante la catástrofe en Venezuela.
La asistencia de la Fundación FIFA
Frente a este escenario, la Fundación FIFA, bajo la presidencia ejecutiva de Mauricio Macri, anunció el envío de 1 millón de dólares provenientes de su fondo humanitario. La entidad deportiva busca colaborar con organizaciones humanitarias y socios locales que operan en el terreno para la ejecución de las tareas de socorro y reconstrucción.
“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia”, afirmó Macri a través de su cuenta en la red X. El exmandatario destacó el rol del deporte ante la crisis y sostuvo que la ayuda debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia.
El anuncio cuenta con el respaldo explícito de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también se refirió a la situación: “el pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil”, expresó el dirigente en apoyo a la iniciativa.
Mauricio Macri en un evento de Fundación FIFA en Mauritania, África.
El rol político del deporte
La tragedia en Venezuela coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol, el evento global que ocupa el centro de la agenda de la FIFA. En este marco, la entidad ha utilizado los estadios como plataformas de visibilidad para la situación humanitaria en el país sudamericano.
En diversos partidos se han realizado minutos de silencio en memoria de los fallecidos. Además, durante el encuentro de octavos de final entre México y Ecuador, disputado el 30 de junio en el Estadio Azteca, los espectadores y el propio Gianni Infantino corearon “no están solos”, en un mensaje de acompañamiento dirigido al pueblo venezolano.
Estas acciones buscan poner la fuerza de convocatoria del fútbol al servicio de la respuesta ante el desastre, buscando no sólo el aporte económico, sino también una tracción simbólica en el ámbito internacional.
Gianni Infantino en el lanzamiento de la Fundación FIFA de Estados Unidos.
Ejecución de los fondos
Aunque la donación ya fue comunicada, los detalles operativos sobreel destino específico del dinero aún no fueron informados en su totalidad. Según trascendió, las autoridades comunicarán mayores precisiones sobre la implementación financiera y los proyectos respaldados conforme avancen las evaluaciones en el lugar.
La intención es que la ayuda se instrumente mediante acuerdos operativos sólidos para garantizar que el aporte llegue a las zonas prioritarias. Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha intervenido en diversas crisis globales, movilizando recursos y kits de emergencia a través de su red de aliados estratégicos.
En esta ocasión, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda, articulando sus recursos con la comunidad futbolística local para coordinar la respuesta ante el desastre.
Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.
La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.
— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai
El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.
Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.
— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT
Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.
Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.
Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.
— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California
“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.
Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.
Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.
— Mariano Goñi
Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.
El marco legal argentino
Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.
— Margarita Trovato
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.
El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.
Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.
— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino
Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.
“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.
Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.
Las dudas crecen ante la expansión de contratos con hiperescaladores y la ausencia de mapeo oficial que permita saber qué información circula por servidores extranjeros, bajo qué jurisdicción queda y qué ocurre ante filtraciones.
El reclamo fue presentado por Juan Carlos Valiente, quien asegura haber entregado el dinero como préstamo con la promesa de devolución de dos meses durante la campaña política de 2024.
La firma Unity Marine prevé producir 50.000 toneladas anuales de salmón alrededor de la isla Soledad, en aguas que la Argentina reclama como propias y donde el negocio podría equivaler al 11% del PBI isleño.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
