El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay
Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
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Rusia suspendió hasta fin de año los derechos de exportación sobre sus principales cereales. El gobierno de Vladimir Putin fijó en 0 rublos por tonelada el tributo que pagan el trigo y el meslin (mezcla de diferentes tipos de granos, tradicionalmente trigo y centeno), la cebada y el maíz en los embarques con destino a países que no integran la Unión Económica Euroasiática (UEE), con el propósito de evitar una descapitalización profunda de los productores, golpeados por la caída de los precios internos y por las dificultades para colocar la cosecha en el exterior.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 1194 del Gobierno de la Federación Rusa, firmada el 19 de septiembre por el primer ministro Mijaíl Mishustin. La norma comenzó a regir días después, aunque su texto establece de manera expresa que las disposiciones alcanzan a las operaciones realizadas desde el 1° de este mes. Con ese efecto retroactivo, la retención cero cubrirá cuatro meses completos, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las autoridades de Moscú justificaron la decisión en la “necesidad de reestructurar la logística” de las exportaciones. Detrás de esa fórmula oficial aparece un cuadro más crudo, que describió en diálogo con el diario La Nación (Belkis Martínez)Alexander Belov, productor de la región de Moscú. “Esto se dio debido al derrumbe de precios internos y problemas logísticos para las exportaciones. En el transcurso del año 2026 el trigo ha perdido un tercio de su valor y el girasol más de 40% internamente. Año muy difícil a pesar de una buena cosecha”, explicó.
El trigo, principal producto de exportación del agro ruso, es el gran destinatario del alivio.
La decisión no tomó por sorpresa al sector. Dos semanas antes de la firma, la subcomisión de regulación aduanera, arancelaria y no arancelaria de la comisión gubernamental de Desarrollo Económico e Integración había aprobado una iniciativa conjunta de los ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura para suspender en forma temporal el llamado mecanismo de amortiguación, conocido como “damper”, que determina el derecho móvil sobre las exportaciones de granos. Según informaron entonces los medios rusos, el proyecto iba a ser elevado luego al Gobierno para su formalización, paso que se concretó con el decreto antes mencionado.
Rusia no desarmó el esquema de derechos móviles que aplica a los granos, sino que introdujo una excepción temporal que deja sin efecto, durante esos cuatro meses, el monto que surgiría del cálculo habitual. Ese monto nunca fue fijo: el Ministerio de Agricultura publicaba periódicamente la tasa resultante del mecanismo, y los registros oficiales de 2026 muestran sus oscilaciones. Para la semana correspondiente a comienzos de septiembre, por ejemplo, la cartera informó una tasa de 787,5 rublos (US$9,34) por tonelada para el trigo y de 406,5 rublos (US$4,82) para el maíz, mientras que la cebada ya tributaba cero. En su punto más alto del año, el derecho calculado para el trigo llegó a superar los 1100 rublos (US$13) por tonelada.
Con esos números sobre la mesa, Belov valoró la eliminación como un respiro modesto. “Para el productor es un poco de aire fresco, pero no mucho. Algo es algo”, describió. El productor también cuestionó los tiempos del Gobierno, ya que la medida llegó cuando buena parte de la cosecha había avanzado en el circuito comercial. “Para mí es tardío. Habría que hacerlo a partir de julio con la nueva cosecha. El trigo básicamente ya está en acopio. Queda algo de trigo de verano en cosecha en la zona de Siberia, muy poco”, agregó.
El telón de fondo de la crisis es el “apagón logístico” que afecta al Mar Negro, la salida natural de los granos rusos y ucranianos. Desde su inicio, los precios FOB (el valor de la mercadería ya cargada en el barco) de los productos agroindustriales de ambos países cayeron de manera significativa: es la única forma de compensar los elevados costos de exportar por rutas alternativas menos eficientes. Esa baja se trasladó en forma directa a los productores rusos y ucranianos, que reciben valores dramáticamente más bajos por su mercadería y, además, enfrentan dificultades para comercializar los cereales que cosechan en estos días.
— El trigo ruso se despegó a la baja del resto de los exportadores desde julio. Fuente: Consejo Internacional de Cereales
Las cifras de embarques confirman el golpe. La consultora rusa SovEcon prevé que los envíos conjuntos de trigo de Rusia y Ucrania entre julio y septiembre de este año sumen unos 8,0 millones de toneladas, el volumen más bajo para el primer trimestre de una campaña desde la temporada 2010/11. En el mismo período de 2025, ambos países habían exportado 16,2 millones de toneladas, y el promedio de los últimos cinco años se ubica en 18,2 millones de toneladas. Lo que se traduce en que los despachos cayeron a menos de la mitad.
Para los derivados del girasol la historia fue distinta. El decreto también los alcanza, pero en lugar de suspender sus derechos de exportación, el Gobierno les puso un techo hasta fin de año. En el caso del aceite se aplicará el menor valor entre el monto que arroje la fórmula vigente y un máximo de 7748 rublos (US$91,91) por tonelada. Para la harina o torta de girasol, el tope quedó en 312 rublos (US$3,70) por tonelada, con el mismo criterio de comparación.
El productor sumó otro frente de preocupación para las empresas agrícolas rusas, el financiero. “La carga crediticia pesa muchísimo también. Es otro punto que hay que renegociar para evitar quiebras masivas”, advirtió.
— Alexander Belov, productor agropecuario ruso
La relación de Rusia con las retenciones a los granos está por cumplir dos décadas. En 2007 el Gobierno fijó de manera temporal un arancel del 10% para el trigo y el meslin y del 30% para la cebada, con el objetivo de contener los precios internos. A comienzos de 2008, el derecho sobre el trigo trepó al 40% y se mantuvo en ese nivel hasta fines de junio de ese año.
“El mecanismo vigente —recordó Belov— rige a partir de 2021, coincidiendo con el auge exportador del trigo ruso”. Desde el 2 de junio de ese año, Rusia aplicó un derecho móvil a las exportaciones de trigo, cebada y maíz, calculado cada semana a partir de la comparación entre precios indicativos y precios base. En su diseño original, el tributo para el trigo equivalía al 70% de la diferencia entre ambos valores una vez que el precio indicativo superaba el umbral. Para 2026, el Ministerio de Agricultura trabajó con precios base de 18.000 rublos (US$213,52) por tonelada para el trigo y de 17.875 rublos (US$212,04) para la cebada y el maíz, y sobre esa estructura calculó las tasas que publicaba periódicamente.
— Primer ministro Mijaíl Mishustin
Mientras tanto, la guerra continúa sobre la misma geografía que asfixia al comercio de granos. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la última noche sus fuerzas alcanzaron tres centros logísticos en la ciudad portuaria de Odesa, “utilizados para almacenar y distribuir carga militar y de doble uso destinada a las fuerzas armadas ucranianas”. Las tropas rusas también atacaron un almacén de componentes para drones en la localidad de Mirnoye y un buque de carga “que transportaba suministros militares con destino al puerto de Odesa”.
Del otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que su ejército golpeó dos refinerías de petróleo rusas, una en Bashkortostán y otra en la región de Samara, y reportó además ataques en el Mar Negro. “Estamos llevando la guerra de vuelta a donde vino.Estamos acercando la paz para Ucrania“, sostuvo la cartera en un comunicado.
Con la promesa de “señales de mejora en el clima social” estampada en la tapa, Zentrix difundió su Monitor de Opinión Pública de agosto. La consultora sostiene que se mantiene firme la base que respalda el modelo económico de cara a 2027, aunque los datos que eligió hacer públicos dibujan un país que llega a fin de mes a fuerza de préstamos. El 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.
Lo que se compra con esa plata dice más que el porcentaje. El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, otro 20,4% para pagar tarifas y servicios, y apenas el 10,7% para adquirir bienes durables, la clase de deuda que suele leerse como apuesta al futuro y que acá empata con las situaciones imprevistas (10,3%). Entre los menores de 40 la proporción de endeudados trepa al 67,1%, baja al 63,5% en la franja de 40 a 59 y se ubica en el 54% entre los mayores de 60.
Al día 5 ya se quedó sin ingresos el 12,2%. Al 10, uno de cada cuatro. Al 20, el 65%. Solo el 22,9% llega a fin de mes con lo justo y un 10,7% logra además guardar algo.
Si en la clase alta el 39,4% termina el mes ahorrando y otro 53,3% llega sin sobresaltos, en la clase baja nadie ahorra y el 87,6% agota su dinero antes del día 20, con más de un tercio (35,5%) en rojo antes del 10. En la clase media, el 51,4% se queda sin plata antes del 20 y solo un 16,3% consigue reservar algo.
Mientras la desaceleración de los precios se presenta como el gran activo del Gobierno, el 81,2% de los consultados siente que su salario pierde contra la inflación y apenas el 14,3% cree que le gana. Tampoco el termómetro oficial convence: para el 65,8%, el índice del INDEC no refleja lo que paga en el supermercado, contra un 31,6% que le da crédito.
Tal vez por eso la inflación, que durante años encabezó cualquier sondeo, cayó al último lugar del ranking de preocupaciones con el 12,7%. El miedo se mudó al recibo de sueldo. Ingresos y salario lideran con el 50,1%, pegados a la incertidumbre económica (49,8%), y detrás se ordenan el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%).
Puertas adentro, el 29,8% califica su situación económica como buena o muy buena, un 32,4% la considera regular y el 37,6% la ve mala o muy mala. Cuando la pregunta se corre al país, el juicio se endurece y el 59,4% responde mal o muy mal, con un 43,3% que elige directamente la peor opción.
Incertidumbre, angustia, miedo, tristeza. Esas fueron las palabras que más se repitieron cuando la encuesta pidió resumir en una sola lo que despiertan los próximos doce meses. “Esperanza” aparece como el término positivo con más peso, aunque rodeada de “bronca”, “preocupación” y “desesperanza”.
Las ventas de los comercios minoristas pyme cerraron agosto con una caída del 0,2% frente al mismo mes de 2025. El número parece inofensivo pero descansa sobre una base ya deprimida: el índice quedó en 82,7 puntos, más de diecisiete por debajo de los 100 que marcó diciembre de 2022, mes que citada entidad toma como referencia.
La comparación contra julio es más dura. En la medición desestacionalizada, que descuenta el peso propio de cada mes del calendario, la actividad retrocedió 2,7%. Con ese arrastre, el acumulado del año trepó a -2,4% y agosto se convirtió en la segunda baja interanual consecutiva.
De los ocho meses y contando solo junio dio positivo, con un magro 0,9% que quedó sepultado en julio por un derrumbe del 3,8%.
Cuatro rubros en verde y un índice en rojo
Cuatro de los siete sectores relevados terminaron agosto por encima del año pasado, y aun así el promedio general cayó. La explicación está en qué rubros crecieron y por qué.
El salto lo dio Perfumería, con un alza interanual del 12,8%. Los comerciantes atribuyen el movimiento al Día del Niño, que ubican entre las tres o cuatro jornadas de mayor facturación del año para el sector, y a la irrupción formal de dos categorías que traccionaron con fuerza durante el mes: la perfumería árabe y las líneas de cuidado facial coreanas. Textil e indumentaria avanzó 6,4%, empujado por ropa infantil y deportiva, mientras la vestimenta formal siguió planchada. Calzado y marroquinería subió 1,2% con zapatillas urbanas, calzado escolar y carteras económicas; los zapatos de vestir y las líneas de cuero para adultos quedaron paralizados, limitados a la reposición por desgaste. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción arañó un 0,3% a fuerza de reparaciones domésticas menores y tickets de bajo valor unitario, con la obra nueva y las remodelaciones integrales postergadas.
Del otro lado del tablero está el rubro que más pesa en la góndola cotidiana. Alimentos y bebidas cayó 2,5% interanual y 3,6% contra julio, condicionado por la absorción del ingreso familiar en tarifas de servicios y por un endeudamiento de los hogares que no cede. El reinicio del ciclo lectivo y el Día del Niño empujaron panificados y repostería durante unos días, pero el volumen físico total se mantuvo pegado a la reposición de primera necesidad. Factores climáticos recortaron la disponibilidad de verduras de hoja y papa, con alzas que retrajeron el consumo de frescos, y la brecha de precios frente a las grandes superficies se llevó las compras de mayor escala fuera del barrio. Los almacenes respondieron con ofertas combinadas y fraccionamiento de productos básicos para mover inventario.
El peor desempeño del mes fue para Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, con una baja del 4,8% interanual que estira el acumulado anual a -9,7%. El gasto decorativo quedó postergado y la demanda se limitó a la reposición indispensable de vajilla y material de cocina, después de comparaciones de precios exhaustivas. Farmacia, en tanto, retrocedió 0,5% interanual y 4,5% contra julio, la caída mensual más pronunciada de la medición: la dispensa se concentró en tratamientos crónicos, la dermocosmética profundizó su contracción y los pacientes se volcaron de manera sistemática a genéricos, al fraccionamiento de tratamientos y a llevar únicamente lo que tiene cobertura total de obra social o PAMI.
El humor del mostrador: complicado
El balance cualitativo agrega la temperatura que los porcentajes esconden. El 46,5% de los dueños consultados dijo que su negocio está peor que hace un año, dos puntos por encima del 44,5% de julio. Otro 47,4% respondió que se mantuvo igual y apenas el 6,1% reportó una mejora en su desempeño operativo.
Hacia adelante, el 43,9% espera que su situación económica siga sin cambios y el 42,8% proyecta un escenario mejor dentro de doce meses, prácticamente lo mismo que en julio. El 13,3% restante anticipa un deterioro.
La pregunta que más define el momento es la de las decisiones de fondos: el 57,9% considera que no es momento de invertir en su firma, el 28,6% no fijó postura y solo el 13,5% respondió que sí.
Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, científicos de Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur se sentaron en Vigo junto a representantes del gobierno de ocupación de las Islas Malvinaspara evaluar el estado del calamar Illex argentinus. La Argentina, principal país ribereño de esa pesquería, quedó afuera del IV Taller Científico Internacional sobre la especie, que sostiene el mayor volumen de desembarques del Atlántico Sur y que lleva en su nombre científico al país ausente.
La reacción más dura llegó desde Panamá. Allí, en la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tres gremios marítimos argentinos presentaron una nota formal contra el encuentro: el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, señalaron los dirigentes durante su exposición.
— El comunicado de la organización de armadores gallegos que convocó al encuentro de Vigo: en la lista de invitados figuran las Islas Malvinas y la Argentina no aparece
El taller fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), la entidad que agrupa a buena parte de la flota congeladora gallega, con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización que promueve mejoras en las pesquerías y que en este caso colaboró en la coordinación y en la búsqueda de recursos. En el comunicado que difundió el 25 de septiembre, la OPPC-3 explicó que el objetivo era avanzar en una base de datos regional y en la evaluación de la abundancia, la productividad y el estado de explotación del calamar, con información de las flotas que lo capturan desde el sur de Brasil hasta la Patagonia y en aguas internacionales. También asistieron expertos independientes que acompañan el proceso desde su origen.
Sobre el motivo de la silla vacía circulan dos versiones. Los gremios hablaron de exclusión y pusieron el acento en que sí fueron convocadas las autoridades que administran de hecho las islas. Fuentes del ámbito científico consultadas por Revista Puerto atribuyeron la ausencia a una posición de principio: “Argentina no participa porque no reconoce el derecho del pretendido e ilegítimo gobierno de las Islas sobre el manejo del recurso calamar del Atlántico Sudoccidental”. Los trascendidos desembocan en el mismo punto, porque mientras el gobierno de ocupación integre estos talleres la Argentina no tendrá lugar en ellos, y el diseño de la convocatoria garantiza de antemano ese resultado.
Una silla para la administración colonial; ninguna para el dueño del recurso
Para los sindicatos, ninguna evaluación del Illex puede considerarse válida sin la Argentina y sin el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el organismo que reúne la serie científica más completa sobre la especie. El planteo se apoyó en la Ley N° 24.922, que regula la pesca en el país, y en la posición argentina sobre los recursos del Atlántico Sur. Los gremios recordaron además que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.
El rechazo a la presencia isleña sumó otros fundamentos: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La advertencia de fondo fue que incorporar a esas autoridades a una instancia internacional sobre la gestión del calamar puede contribuir a legitimar un sistema de licencias de pesca otorgado de manera unilateral.
Los representantes argentinos remarcaron que las decisiones sobre el calamar impactan de forma directa en los trabajadores del sector y formularon cuatro pedidos. A la conducción de la ITF le solicitaron un pronunciamiento en rechazo al taller y que lo comunique a todas sus organizaciones afiliadas. Reclamaron que las conclusiones de Vigo no se presenten como un consenso científico regional y que las autoridades de las Islas Malvinas no sean convocadas en futuras instancias. Exigieron, por último, que cualquier ámbito internacional sobre la gestión del recurso incluya a la República Argentina, a su ciencia y a los representantes de sus trabajadores.
La milla 201, el borde donde las vedas argentinas dejan de valer
El Illex es un recurso migratorio y su distribución excede los límites jurisdiccionales. Nuestro país administra la pesquería con planes de manejo, avanza en un proceso de certificación y aplica un sistema de alerta temprana orientado a garantizar el escape de reproductores. En la milla 201, la franja de aguas internacionales que empieza donde termina la Zona Económica Exclusiva y donde opera la flota potera extranjera, esos cierres no rigen. La presión pesquera en ese sector diezma los esfuerzos de conservación que se hacen puertas adentro.
Esa falta de reglas en alta mar ya tuvo costo. Durante la feria Conxemar 2025 se advirtió que el calamar sigue sin consenso científico regional y sin medidas de gestión internacionales, lo que complica su certificación pese a la buena administración de los stocks en aguas argentinas.
Los promotores presentaron el taller como una respuesta a ese vacío. Edelmiro Ulloa, director gerente de la OPPC-3, planteó que ante la ausencia de un marco regional de gobernanza plenamente operativo la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento, mediante el intercambio de información agregada y con las garantías de confidencialidad que acuerden las partes. “Reducir la incertidumbre beneficia a todos”, sostuvo, en una idea que también expuso ante el medio español Industrias Pesqueras, y agregó que la colaboración científica “no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota”.
— El afiche oficial del taller de Vigo: seis banderas para debatir el calamar argentino, entre ellas la del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, y ninguna de la Argentina
La conducción científica estuvo a cargo de Rubén Roa-Ureta, experto en modelización estadística y evaluación de poblaciones pesqueras, quien se definió como un científico independiente “que no pertenece ni representa a ninguna de las naciones que participan en esta pesquería”. A su juicio, la responsabilidad de generar el mejor conocimiento posible sobre el calamar “debe mantenerse al margen de los conflictos políticos o jurisdiccionales que puedan existir entre los países que comparten el ecosistema”. El grupo que presidió se propuso consolidar una base técnica común para futuras evaluaciones, comprender mejor la dinámica de la población e identificar las principales incertidumbres pendientes.
Desde SFP, su director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida, Pedro Ferreiro, valoró que la iniciativa “no pretende sustituir a los Estados ni interferir en sus competencias, responsabilidades o derechos conforme al marco jurídico internacional”, y admitió que cualquier avance hacia una gestión regional “deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. Los organizadores convocaron además a armadores, empresas transformadoras y comercializadoras, trabajadores y demás actores de la cadena de valor, que abarca actividades portuarias, logísticas e industriales, a involucrarse de forma activa y continuada.
La de Vigo fue la cuarta reunión de un proceso que empezó con talleres en Chile y Panamá y siguió en Bangkok. Aun no trascendieron documentos, resultados ni conclusiones de ninguna de esas ediciones. Tampoco se identificaron medidas de manejo que den continuidad a las normas que aplica la Argentina para cuidar la especie.
Los propios organizadores definieron la meta como “convertir el conocimiento científico compartido en un punto de encuentro entre flotas que compiten por el mismo recurso” y “garantizar la conservación de Illex argentinus y la continuidad económica y social de una de las principales pesquerías del Atlántico Sur”.
La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Cada soldado que entra al Ejército Argentino empieza a pagar una revista que casi nunca recibe. El descuento aparece en el recibo de sueldo bajo el concepto “Periódico Soldados” y hoy es de $2.060 por mes. En lo que va del año, esa publicación se imprimió una sola vez.
Según fuentes castrenses, la fuerza ya retuvo al menos mil millones de pesos de los haberes de su personal, mientras que el costo de esa edición no superaría los $100 millones. Hasta ahora nadie explicó dónde está la diferencia.
La sospecha aparece poco después del escándalo de la Armada, que denunció ante la Justicia Federal 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. En esa causa, el juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y dispositivos resguardados en el edificio Libertad, y el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ordenó formalizar la denuncia.
Las publicaciones del Ejército bajo la lupa son dos, Soldados y El Soldado Argentino, y ambas las edita la Fundación Soldados (FUNDASOL). En los papeles es una entidad civil, pero su consejo de administración está integrado por militares y su estatuto establece que el presidente lo designa el Estado Mayor General del Ejército. Tiene sede en avenida Santa Fe 4815, maneja la FM Soldados y figura como responsable de la Revista del Suboficial, un portal digital y el programa televisivo Nuestro Ejército.
El descuento es automático. También lo pagan los voluntarios que pasan pocos meses en la fuerza y se van sin haber tenido un ejemplar en la mano. El recibo de un soldado voluntario de segunda, fechado el 30 de agosto de 2026, muestra dos retenciones a favor de FUNDASOL, una de $2.060,51 por Soldados y otra de $1.236,30 por El Soldado Argentino. Un coronel y un cabo registraron en agosto el mismo monto por la primera. Un año antes, un cabo primero pagaba $1.638,60.
“Nadie la conoce”, dijo un jefe militar sobre El Soldado Argentino. Sobre Soldados, admitió que dejó de llegar hace meses. “Te descuentan por un servicio que no se da”, resumió. Cualquier uniformado puede darse de baja de la suscripción, aunque en la práctica nadie lo hace porque desconoce el trámite.
Los números muestran la caída. En sus 29 años, Soldados promedió unas diez ediciones anuales. En 2025 salieron cinco, y en 2026 solo la n.º 289, con una tirada de 57 mil ejemplares de 44 páginas. Una fuente castrense señaló otro detalle: “Adrede, las ediciones no indican en qué mes fueron impresas, para no levantar sospechas”. El período, agregó, solo puede reconstruirse a partir de las noticias que publica cada número.
El Ejército rechaza cualquier irregularidad. Su vocería sostiene que Soldados no tiene una periodicidad fija y que sale según las actividades principales de la fuerza, que El Soldado Argentino difunde contenidos de instrucción técnica y que a fin de año se enviará en papel un calendario 2027 dedicado a los 45 años de Malvinas. La demora del número actual, según esa explicación, se debe a que esperan incluir la entrega del segundo escuadrón de tanques modernizados TAM 2C A2 y un ejercicio anfibio en Rosario.
La fuente castrense no aceptó esa explicación. “¿Qué tiene que ver el ejercicio militar del fin de semana en Rosario? Acaso no hubo otras actividades antes o es que solo se imprime cuando hay algo”, respondió. También negó que la versión digital se envíe por mail a los uniformados, como sostiene la fuerza.
La low cost presentó ante la Justicia el detalle de su pasivo y la lista de proveedores que le reclaman pagos. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial N° 24, que todavía debe resolver si abre el proceso.
La Justicia federal investiga si Emiliano Estrada aprovechó los servicios de dos empleados públicos para difundir contenidos contra sus adversarios políticos. Los asesores reconocieron su participación en las maniobras y fueron condenados en Salta.
Gilad Somjen firmó los contratos de patrocinio y la entidad de Chiqui Tapia ordenó que los pagos se giraran a sociedades de Estados Unidos ligadas a Javier Faroni y a una firma de Dubái creada dos meses antes de cobrar.
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