El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay

Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.

En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley. Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.

Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.

Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.

Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.

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Reino Unido aprobó una prohibición del tabaco para todos los nacidos desde 2009

El Reino Unido acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más ambiciosas de la historia moderna. El Parlamento británico dio luz verde al Tobacco and Vapes Bill, una legislación generacional que prohíbe de forma permanente la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Solo queda pendiente la firma del rey Carlos III para que sea ley oficial, con entrada en vigor prevista para 2027.

“Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos toda una vida de adicción y daño”, aseguró el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, y agregó que se trata de un momento “histórico” para el país.

— El presidente británico, Keir Starmer

La edad legal para comprar tabaco (actualmente 18 años) aumentará un año por cada año calendario que pase. Esto significa que quienes nacieron en 2009 nunca llegarán a una edad en que puedan comprarlo legalmente, sin importar cuántos años tengan en el futuro.

La lógica es simple, ya que la barra siempre estará un año por delante de ellos. Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad. En 2027, si la edad mínima subiera a 19 años, quienes nacieron en 2009 tendrían 18 y no podrían comprar. En 2030, con un piso de 22 años, esos mismos nacidos en 2009 tendrían 21 y seguirían sin poder hacerlo. Y en 2060, cuando la edad mínima llegara a 52 años, tendrían 51, por lo que tampoco estarían habilitados para comprar.

La ley alcanza a todas las personas nacidas el 1 de enero de 2009 o después, es decir, a quienes hoy tienen 17 años o menos. Se aplicará en todo el territorio del Reino Unido, incluidos Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sanción recae sobre comercios y empresas, no sobre los individuos que intenten comprar. Es el vendedor el que comete una infracción legal.

“Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación”, destacó Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK.

La ley no se limita al cigarrillo tradicional. La medida incorpora además un conjunto de restricciones específicas sobre el vapeo, entre ellas la prohibición de vender vapeadores a menores de 18 años y de comercializarlos en máquinas expendedoras, la veda a su distribución gratuita y la facultad del gobierno para regular sabores especialmente atractivos para adolescentes, como los de frutas o dulces, así como el diseño de envases llamativos. También establece límites para su uso, al prohibir vapear dentro de vehículos en los que viajen menores, en parques infantiles y en los alrededores de hospitales y escuelas.

Sin embargo, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en una columna de opinión que, si su fuerza gana las elecciones generales de 2029, derogará la norma, a la que calificó de “idiota”.

“¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?”, preguntó Farage en The Telegraph. “Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo”, argumentó.

Según Daily Mail, se permitirá la excepción de vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar.

Motivaciones de la prohibición

Esta iniciativa fue lanzada originalmente por el gobierno conservador de Rishi Sunak y continuada por el actual gobierno laborista de Keir Starmer, un dato que refleja un consenso político inusual en el Reino Unido.

El Reino Unido se inspira en Nueva Zelanda, que intentó una medida similar aunque luego la revirtió. Si esta ley se sostiene, el Reino Unido se convertiría en el primer país de gran escala del mundo en avanzar de forma real hacia una generación no adicta de tabaco.

Desde Cancer Research UK también señalaron que la ley representa un logro histórico y que, además, podría contribuir a poner fin a los cánceres provocados por el tabaquismo.

Solo en Inglaterra, fumar causa aproximadamente 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año. De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.

El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.

Persecución a cristianos en el Congo | Una filial del Estado Islámico asesinó a más de 36 civiles en dos días

Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) —filial oficial del Estado Islámico (ISIS) en África Central— perpetraron una nueva ola de ataques mortales en aldeas del este de la República Democrática del Congo (RDC), matando al menos a 24 civiles en la noche del 5 al 6 de mayo en el territorio de Beni, mientras que el 8 de mayo los ataques se extendieron a Biakato (Ituri), donde se recuperaron al menos 15 cuerpos más.

El balance total preliminar de esa ola de ataques de dos días supera las 36 víctimas confirmadas, con decenas de desaparecidos.

“Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en referencia a los crímenes de la ADF.

Esta ola de ataques es el último eslabón de una cadena sistemática de agresiones perpetradas en la región. En febrero de 2025, en Kasanga y Mayba, en North Kivu, 70 civiles fueron asesinados mediante decapitaciones con machetes dentro de una iglesia protestante. Meses después, en julio de 2025, la localidad de Komanda, en Ituri, fue escenario de otra matanza en la que murieron 43 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas tras la irrupción nocturna de hombres armados en un templo, con machetes y armas de fuego.

De acuerdo con datos de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solo en 2025 la ADF fue responsable de 465 ataques que dejaron 1.749 víctimas, incluyendo 344 mujeres y 129 niños, en las provincias de North Kivu, Ituri y Tshopo.

La violencia continuó en enero de 2026 con el asesinato de 22 civiles en una aldea de Ituri, y se agravó en marzo, cuando en Basidio fueron ultimadas 15 personas en un ataque con ametralladora e incendio de viviendas. Ese mismo mes, Bafwakoa registró otro episodio fatal con 19 muertos, seguido en abril por una nueva ofensiva en la misma zona que dejó 43 víctimas y destruyó casas tras un ataque nocturno con armas y machetes. Finalmente, en mayo de 2026, los ataques alcanzaron la frontera entre Beni e Ituri, donde más de 36 personas fueron asesinadas en una serie de incursiones contra múltiples aldeas.

El patrón es invariable: ataques nocturnos con armas de fuego y machetes, huida antes de la llegada del ejército e impunidad total.

La respuesta es compleja, pero no ambigua. Existen elementos suficientes para sostener la dimensión religiosa de la violencia. La ADF ha declarado de manera explícita su intención de erradicar la presencia cristiana en las zonas que controla y de “establecer un califato islámico mundial”. Además, el propio ISIS ha reivindicado ataques en su canal de Telegram, mencionando de forma directa a los cristianos como objetivo.

En ese mismo sentido, la selección de blancos refuerza esa lectura, ya que los ataques se concentran en iglesias, vigilias religiosas y celebraciones litúrgicas, como ocurrió en la masacre de Komanda durante el Jubileo de Plata de una parroquia. A ello se suman las denuncias formales elevadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por organizaciones como Aid to the Church in Need y el European Centre for Law and Justice, que documentan una persecución religiosa deliberada. También Open Doors ubicó a la República Democrática del Congo en el puesto 29 de su Lista Mundial de Persecución 2026, con la puntuación más alta registrada hasta ahora.

Sin embargo, el cuadro de sucesos admite un matiz importante. La ADF también atacan a comunidades no cristianas y operan en un país donde cerca del 95% de la población es cristiana, por lo que gran parte de las víctimas pertenecen necesariamente a ese grupo. La ONU y otros organismos de verificación señalan, además, que la violencia contra civiles es masiva y que no siempre responde de manera exclusiva a la pertenencia religiosa, aunque tampoco descartan la motivación inicial. En esa línea, la BBC y algunos especialistas advierten que, en contextos como los del Congo o Nigeria, los factores étnicos, territoriales y religiosos se entrecruzan de forma tan estrecha que rara vez pueden separarse por completo.

En conclusión, la dimensión religiosa es real e intencional en el caso de la ADF, pero forma parte de una “operación de exterminio” más amplia contra cualquiera que no profese la religión islámica, que incluye el control territorial, el saqueo de recursos naturales y el terror como instrumento de dominación.

La situación en el Congo no constituye una excepción, sino que se inscribe en una tendencia continental cada vez más alarmante. De acuerdo con el Índice Mundial de Persecución 2026 elaborado por Open Doors, más de 388 millones de cristianos en el mundo viven hoy bajo persecución o discriminación grave, y en África subsahariana el deterioro es evidente. Entre los 14 países incluidos en la lista, el nivel combinado de violencia escaló del 49% del máximo posible hace una década al 88% en 2026.

— El líder de ISIS-RDC Seka Musa Baluku y a la derecha su director de redes, Meddie Nkalubo, alias Benjamin “Punisher”

Nigeria continúa siendo el epicentro del fenómeno, con 3.490 de los 4.849 cristianos asesinados por su fe en el último período analizado, mientras que Sudán, Nigeria y Malí alcanzan la puntuación máxima de violencia. El patrón se repite en Burkina Faso, Malí, Mozambique, la República Centroafricana y Somalia, donde la debilidad estatal de estos Estados abre espacio a grupos islamistas armados que actúan con la ausencia de ley.

Hay varias razones que explicarían porque existe poca o casi nula visibilidad mediática de este tipo de hechos. Por un lado, el Congo compite con otras crisis que dominan la agenda internacional, como el avance del M23 con respaldo ruandés, la crisis de Goma, que dejó más de 2.900 muertos, y las tensiones geopolíticas entre Kinshasa y Kigali, que concentran buena parte de la atención que sí logra llegar a otros países. A eso se suma la escasa presencia de corresponsales en zonas remotas como Ituri y North Kivu, regiones de selva densa y con infraestructura limitada, donde el acceso de periodistas resulta especialmente difícil.

Asimismo, influye una cierta fatiga informativa. Se trata de un conflicto prolongado, con más de tres décadas de duración y múltiples actores armados, lo que suele alimentar la percepción de que se trata de una crisis sin salida y reduce su atractivo a las masas. En paralelo, algunos especialistas afirman la existencia de un sesgo de agenda, según el cual ciertos medios de corte progresistas tienden a prestar menos atención a la violencia islamista contra minorías religiosas en el Sur Global.

El fracaso de la comunidad internacional

La Misión de Estabilización de la ONU en el Congo, conocida como MONUSCO, lleva más de 25 años desplegada en el país y se ha convertido en la operación de mantenimiento de la paz más prolongada en la historia de Naciones Unidas. No obstante, su balance es ampliamente cuestionado y el descontento entre la población congoleña es profundo, en particular por su incapacidad para brindar protección efectiva frente a la violencia armada.

En la región de Beni, epicentro de los ataques de la ADF, incluso se registraron protestas violentas contra los cascos azules. Diversos informes académicos sostienen que “la misión ha fracasado de manera sistemática en su objetivo de resguardar a los civiles” y que, además, “no impulsó los cambios políticos estructurales necesarios para construir una paz duradera.” A ello se suma un episodio especialmente doloroso, cuando la propia MONUSCO colaboró en la excavación de la fosa común donde fueron enterradas las víctimas de la masacre de Komanda, ocurrida en julio de 2025.

A fines de 2024, el gobierno congoleño pidió la retirada de la misión al considerar que ya no cumple su cometido, aunque la fragilidad del ejército nacional deja en evidencia un vacío que podría agravar aún más la crisis humanitaria que afecta a unos 7 millones de desplazados internos. En mayo de 2026, Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la tragedia con el informe titulado “Nunca había visto tantos cadáveres”, en el que destacó que los crímenes cometidos por la ADF constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y reclamó una respuesta urgente de la comunidad internacional, responsabilizando la situación producto del “desinterés de la política internacional y los círculos de donantes” respecto a las amenazas de la ADF.

Es necesario entender que la ADF no es simplemente un grupo rebelde más entre los más de 120 que operan en el Congo. Su lógica responde a una ideología transnacional que no disputa territorio étnico ni el control de recursos, sino que busca instaurar un califato islámico. Su lealtad no se orienta ni al Congo ni a Uganda, sino al proyecto terrorista mundial del Estado Islámico.

A ello se suma el reconocimiento formal que recibió por parte de ISIS, que la legitimó públicamente e incorporó como una de sus provincias. Incluso reproduce métodos asociados al accionar del grupo en Siria e Iraq, como decapitaciones, quema de aldeas, esclavitud sexual de menores y reclutamiento forzado de personas. En ese marco, sus víctimas son seleccionadas en parte por su religión, ya que el objetivo declarado es eliminar de la faz de la tierra la presencia cristiana.

Un juicio por usurpación destapó que 20 mil hectáreas protegidas de la Patagonia fueron compradas ilegalmente con dinero de Emiratos Árabes

Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucci admitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.

El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.

Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.

El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.

Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche. El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.

El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.

– Hugo Alberto Barabucci

El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.

De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.

El pedido de instrucción

Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.

“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.

El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.

Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.

El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.

– Soledad Cayunao junto a sus abogados

Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.

El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.

En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.

El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.

Fideicomisos y personas involucradas

Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.

Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.

La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.

El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.

La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.

Evo Morales huyó de un juicio por trata agravada contra una menor de edad y la Justicia ratificó su orden de captura

La Justicia boliviana dio un paso en el proceso judicial más resonante de los últimos años. Hoy lunes, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el presunto delito de trata agravada de personas. Como consecuencia directa el juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó una orden de aprehensión y arraigo en su contra que le impide salir del país.

La audiencia se instaló a las 8:30 de la hora local en la ciudad sureña de Tarija. Morales no asistió. Tampoco lo hicieron sus abogados. 

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados” fue la categórica respuesta de Luis Gutiérrez, el fiscal del caso. Gutiérrez también aclaró que la ejecución de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía Boliviana y “no es una atribución” del Ministerio Público. 

Desde la Fiscalía Departamental de Tarija se precisó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, subrayó el peso del expediente acumulado por la acusación: más de 170 pruebas de cargo y 39 testigos.

La causa tiene su origen en la presunta vinculación del exmandatario con una adolescente durante su presidencia. Según la acusación formal Morales mantuvo una relación con la menor de edad en 2016. Ese año tuvo con ella una hija y habría otorgado beneficios a la familia de la joven.

La mujer (ya es mayor de edad) declaró ante algunos medios locales que reside actualmente en Argentina junto a la niña.

La defensa de Morales respondió con una lectura completamente distinta. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, sostuvo en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para concurrir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que, a su juicio, constituye un “vicio causal de fondo”. Chávez también calificó el proceso como un asunto político, al señalar que el juicio fue “desempolvado” en un momento en el que existen varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el abogado Nelson Cox había adelantado la semana pasada que Morales no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó.

No es la primera vez que Morales desafía una convocatoria judicial. La acusación formal fue presentada en octubre de 2024. Durante la fase preliminar de investigación, a principios de 2025, el juez Nelson Rocabado ya lo había declarado en rebeldía luego de que no compareciera en dos oportunidades a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, con el argumento de problemas de salud. En esa misma instancia se le dictó arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.

La orden de aprehensión emitida hoy es la segunda que pesa sobre el exgobernante. La primera nunca se ejecutó. Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (región cocalera del centro del país considerada su bastión político y sindical) bajo la custodia permanente de cientos de sus seguidores.

– Lauca Ñ, el lugar en el que se refugia Evo Morales

En los alrededores de su domicilio, esos militantes montaron una guardia que lo vigila las 24 horas del día y levantaron barricadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. En octubre y noviembre de 2024, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días consecutivos para impedir el ingreso de agentes policiales a la zona.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del trabajo del Ministerio Público, que, según el fiscal Mogro, “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso”, al cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos por la norma.

Morales denunció en múltiples oportunidades que el proceso judicial en su contra buscaba impedir su candidatura en las elecciones de noviembre de 2025, comicios a los que pretendía presentarse por primera vez después de romper con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró durante casi treinta años. Sin embargo, y pese a sus alegatos de persecución política, nunca negó la vinculación con la menor. 

“Me mintieron” | El dardo de Ritondo al Gobierno tras la designación de Pareja al frente del organismo que controla a la SIDE

El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza de haber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.

“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.

Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.

La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra). 

Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.

La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general. 

Un soldado israelí destruyó a mazazos una escultura de Jesús frente a un santuario cristiano

Una fotografía que se viralizó muestra a un soldado israelí armado con un hacha o mazo destruyendo el rostro de una escultura de Jesucristo crucificado en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano.

“Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, lo describió así el cura de la aldea, Fadi Falfel.

Tras una investigación interna, el Ejército israelí confirmó que el soldado pertenece a sus filas y prometió aplicar “la máxima severidad” en las medidas que correspondan. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó estar “sorprendido y entristecido”, condenó el hecho “en los términos más enérgicos” y lo calificó como contrario a los “valores judíos de tolerancia”.

“Ayer, como la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano”,  afirmó Netanyahu, añadiendo que “como Estado judío, aprecia los valores basados en la tolerancia y el respeto mutuo entre los seguidores de todas las religiones”.

En la misma línea, el canciller Gideon Sa’ar lo destacó como un acto “grave y vergonzoso” y pidió disculpas a todos los cristianos que se hayan sentido ofendidos. Además, Israel prometió reparar el santuario y colaborar con la comunidad para recolocar la estatua de Cristo.

El viceprimer ministro polaco Radosław Sikorski elogió a Sa’ar por disculparse, lo que desató un intercambio tenso en X entre funcionarios israelíes y el gobierno polaco.

“Los propios soldados de las FDI admiten haber cometido crímenes de guerra. No solo mataron a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes”, expresó Sikorski, agregando que “Israel debería de aprender del incidente”, en aparente referencia a la extensa ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 70.000 palestinos muertos, además de rehenes israelíes, como resultado de ataques aéreos y terrestres.

La campaña, que se prolongó durante dos años, fue lanzada en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sa’ar replicó acusando a Sikorski de difundir “declaraciones difamatorias” contra las FDI.

El hecho ocurre en un momento geopolíticamente delicado. El alto el fuego entre Israel y el Líbano —mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump— entró en vigor en abril de 2026, pero Israel ha mantenido tropas desplegadas en el sur del país, y el ejército libanés ya denunció violaciones del acuerdo. Israel justificó su presencia en posiciones clave incluso después del cese al fuego, lo que mantiene a comunidades como Debel bajo ocupación de facto mientras se negocia la paz.

Esto significa que la profanación ocurrió en territorio libanés que Israel sigue controlando militarmente, no en el fragor de un combate activo, lo que agrava la percepción del acto como un comportamiento deliberado e innecesario.

Patrón sistemático 

El diario libanés L’Orient-Le Jour y la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (que incluye al cardenal Pierbattista Pizzaballa) señalaron que no se trata de un caso aislado.

Entre los antecedentes documentados figura la profanación, en el otoño de 2024, de un monasterio y de una estatua de San Jorge en el sur del Líbano por parte de soldados israelíes, según fotografías difundidas como evidencia.

En octubre de ese mismo año, un ataque aéreo destruyó la iglesia greco-católica de Derdghaya, construida en 1911 y considerada patrimonio histórico, y provocó la muerte de ocho personas. Meses antes, en noviembre de 2023, la Fuerza Aérea israelí había dañado parcialmente la iglesia greco-católica de San Jorge, en Yaroun. Según el medio libanés, “mezquitas e iglesias son blancos frecuente de ataques israelíes”.

La Asamblea Católica de Tierra Santa fue contundente al señalar que el acto “revela una preocupante falla en la formación moral y humana” del Ejército israelí y exigió “acción disciplinaria inmediata y determinante”.

La BBC calificó el caso como uno que “desató indignación” a nivel mundial, mientras que organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada recordaron que “ninguna circunstancia puede justificar actos que hieren la dignidad religiosa de las comunidades”.

En otro caso polémico en el que se vio implicada la Iglesia Católica, el padre Pierre al Rahi murió el 9 de marzo cuando un tanque israelí disparó contra una casa situada en el pueblo de Qlayaa, en la frontera sur del Líbano. El papa León XIV reaccionó expresando su “profundo dolor por todas las víctimas de los atentados de los últimos días en Oriente Próximo”, incluido “el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa”.

Se estima que alrededor del 30% de la población libanesa es cristiana, en un país que además constituye el único de Oriente Próximo donde el poder se reparte formalmente entre musulmanes chiíes y suníes, por un lado, y cristianos, por el otro, en el marco del llamado Pacto Nacional.

Líbano reúne diversas minorías cristianas, entre ellas los católicos maronitas, que alguna vez fueron mayoría y hoy son minoría, los greco-ortodoxos, los greco-católicos melquitas y los armenios apostólicos. Como ocurre con otras comunidades religiosas del país, muchos cristianos han quedado atrapados en medio del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá.

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