El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay
Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
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La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.
Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismologró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.
El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.
Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal. Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.
Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.
Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es unórgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.
La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título “sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.
Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó unadenuncia judicialpara declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país tras una operación militar que incluyó ataques aéreos sobre distintos puntos estratégicos de Caracas y sus alrededores. El anuncio desató una jornada de máxima tensión en la región, con repercusiones inmediatas dentro y fuera del país caribeño.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”y aseguró que el dictadorvenezolano fue detenido y trasladado en avión fuera del territorio nacional junto a su esposa, Cilia Flores.
Según adelantó el mandatario, los detalles de la operación serían brindados en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.
En declaraciones posteriores al diario The New York Times, Trump calificó la acción como “una operación brillante” y destacó el trabajo de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses. “Hubo mucha planificación y gente muy capacitada involucrada”, señaló el jefe de la Casa Blanca, en un mensaje que reforzó la magnitud del operativo.
El anuncio llegó luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones en Caracas. Cerca de las 2 de la mañana, residentes de la capital venezolana comenzaron a reportar detonaciones, sobrevuelos de aviones y helicópteros, además de extensos cortes de energía eléctrica. En redes sociales circularon decenas de videos que mostraban columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad.
Según relataron testigos y medios internacionales, los ataques se concentraron en zonas sensibles como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna, el mayor bastión de las Fuerzas Armadas venezolanas. También se registraron explosiones en La Guaira, mientras cientos de autos intentaban abandonar las áreas afectadas en medio del caos y la incertidumbre.
“Las ventanas retumbaron y me tuve que esconder en una habitación sin ventanas”, relató una jubilada que vive cerca de Fuerte Tiuna, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. Otros vecinos describieron el sonido de ametralladoras y disparos antiaéreos, en lo que aparentaba ser un intento de defensa frente a los bombarderos que sobrevolaban la ciudad.
En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.Se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/8ZAJ926OZa
El contexto previo ya anticipaba una escalada. En los últimos días, Trump había endurecido su discurso contra el régimen chavista y advertido que los días de Maduro en el poder “estaban contados”. Incluso, el lunes anterior, Estados Unidos confirmó la destrucción de una zona utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que marcó el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.
Desde el gobierno de Caracas, la reacción no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, el régimen denunció una “gravísima agresión militar” por parte del Gobierno norteamericano y anunció la declaración del estado de excepción en todo el país. En el mensaje oficial, las autoridades chavistas acusaron a Washington de violar la Carta de las Naciones Unidas y llamaron a la movilización popular en rechazo al ataque.
El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.
La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.
Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.
Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.
Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.
La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.
Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.
Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.
El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.
En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.
No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.
La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.
El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
El presidente estadounidense aseguró que el líder chavista fue detenido y trasladado fuera del país, luego de un ataque “a gran escala” sobre Caracas. Explosiones, apagones y máxima tensión regional marcan una escalada sin precedentes en el conflicto.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
