Ecuador expulsa al embajador argentino por encubrir la fuga de una exministra corrupta
Luego de que el gobierno de Alberto Fernández le brindara asilo político a una exministra ecuatoriana condenada por corrupción y esta se diera a la fuga, el gobierno ecuatoriano tomó una drástica decisión.
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María de los Ángeles Duarte, del 2010 al 2014 fue ministra de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, en el gobierno de Rafael Correa. Terminada su gestión y la del expresidente se comprobó que hacía uso de las arcas políticas para beneficio personal, por ello fue condenada a ocho años de prisión por malversación de fondos públicos ligados al delito de corrupción. Pero, desde agosto de 2020 se encontraba refugiada en la embajada argentina de ecuador, para de esta manera evitar ir a prisión.
Uno de los casos de corrupción más grande, fue la administración de la ruta Collas-Tababela, la cual habría salido USD 142.3 millones más cara de lo esperado. La exministra Duarte es una de las casi 20 personas condenadas por el caso de corrupción, y de no haber sido ayudada por la embajada argentina, hoy Ángeles Duarte estaría cumpliendo 8 años en prisión.
María de los Ángeles Duarte, la exministra ecuatoriana condenada por corrupción que se dio a la fuga
Sin embargo, el pasado lunes la exministra huyó a Venezuela, donde se encuentra resguardada en la embajada argentina en Caracas. Aquí está esperando su pasaporte argentino para escapar de la justicia ecuatoriana.
Ante esta situación, el gobierno de Lasso pidió explicaciones al gobierno argentino de cómo escapo Ángeles Duarte hacia Venezuela, si se encontraba en la embajada argentina de Ecuador. Como respuesta, la cancillería argentina prefirió no dar información y le negó al gobierno de ecuador el acceso a las cámaras de seguridad de la embajada argentina, dificultando de esta manera la captura de la delincuente.
La relación bilateral entre Ecuador y Argentina ha quedado dañada por la negligencia del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero
Debido a esto, el presidente de Ecuador,Guillermo Lasso, declaró persona non grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y le pidió retirarse del país. Esto porque se lo culpa de ayudar a escapar a una convicta perseguida por actos de corrupción.
Como respuesta a este acto, el gobierno de Alberto Fernández hizo lo mismo, y ha ordenado la expulsión del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, con el motivo de que el gobierno de Ecuador expulso al embajador argentino antes. Y así ante los ojos del mundo, se ve como Argentina nuevamente se encarga de refugiar criminales de otros países para que no caigan en la cárcel.
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
El Ejército israelí confirmó en la madrugada del día de ayer que dos de los cuatro cuerpos entregados por Hamas correspondían a los hermanos Ariel (4 años) y Kfir Bibas (10 meses), pero reveló que el tercer féretro –supuestamente con los restos de su madre Shiri Bibas– contenía “un cuerpo anónimo no identificado”, casi sin poseer características humanas.
Tras el análisis exhaustivo que tomó 18 horas, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía, se logró conocer con certeza que los dos menores fueron “brutalmente asesinados” en noviembre del 2023.
– Shiri Bibas fue secuestrada junto con sus dos hijos durante los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023
El cadáver atribuido a la madre de los infantes, mostró discrepancias biométricas a simple vista, siendo de una estatura 12 cm menor, con una estructura ósea incompatible con rezagos de partos y ausencia de cicatriz de apendicectomía documentada en su historial médico.
“Se trata de una violación extrema por parte de la organización terrorista Hamas a la que el acuerdo exige devolver a cuatro rehenes muertos. Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, denunciaron fuentes del Ejército de Israel.
La tragedia de los Bibas se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando militantes de la organización terrorista por el Movimiento de Resistencia Islámico, irrumpieron en la comunidad agrícola de Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza. Shiri Silberman-Bibas (32) de ascendencia argentina y peruana, su esposo Yarden (34) y sus dos hijos fueron secuestrados en lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calificaron como “uno de los casos más emblemáticos por la edad de las víctimas”, volviéndose símbolo internacional de la crisis de rehenes.
Yarden Bibas pudo ser liberado a principios de febrero del corriente año, tras 16 meses de cautiverio, en un acuerdo mediado por Qatar y Egipto. Sin embargo, el destino de Shiri y los niños permaneció en la incertidumbre hasta esta semana.
El cuarto difunto que se conoce haber sido cedido, corresponde al periodista y activista por la paz, Oded Lifshitz (83 años), quien se dedicaba a dar ayuda humanitaria, trasladando pacientes oncológicos palestinos, coordinando con autoridades sanitarias de ambos lados de la frontera entre Israel y Palestina, fue confirmado por su familia mediante identificación visual y pruebas de huellas dactilares.
“Hamas no es movimiento de resistencia, es un culto a la muerte que asesina, tortura y exhibe cadáveres”, declaró en conferencia de prensa el vocero del gobierno israelí, David Mencer.
Esto en referencia a como los difuntos fueron entregados en un descampado de Khan Younis, dispuestos en cuatro ataúdes negros sobre un escenario flanqueado por milicianos encapuchados. Detrás, un cartel de 8×4 metros que mostraba al primer ministro Benjamin Netanyahu caricaturizado como vampiro, con la leyenda: “Criminal de guerra asesina con misiles sionistas”.
Los oradores armados de Hamas describieron a los fallecidos como “mártires caídos bajo bombas sionistas”, pese a que las FDI aseguran tener “evidencia de ejecución sumaria”.
Este mismo acto fue condenado por Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, como “trato cruel e inhumano que viola el Artículo 130 de la Convención de Ginebra” y la Cruz Roja Internacional, presente en la entrega, emitió un comunicado señalando que “el uso de restos humanos como herramienta política de terror compromete los principios de neutralidad humanitaria”.
En Argentina, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) exigieron la “inmediata y urgente liberación de todas las personas que continúan secuestradas”, apoyando al Foro de Familias de Rehenes, que convocan a manifestaciones masivas en Tel Aviv bajo la consigna de que “vivos o muertos, merecen verdad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
