05 julio, 2025

Congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto para sancionar la corrupción de Argentina

La medida apunta contra Cristina Fernández de Kirchner y su círculo íntimo por considerarlos "malversadores de fondos públicos", de acuerdo a lo expresado por la representante republicana María Elvira Salazar.
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Este martes, congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto en la Cámara de Representantes el complemento de la Ley “Corruption in Argentina Stymiel by Enforcing Sanctions” o CASES Act”. Según revelaron los autores, el objetivo es investigar a cinco funcionarios K por corrupción, entre ellos la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa fue presentada por la republicana María Elvira Salazar, y cuenta con el aval de Jenniffer González-Colón (R-PR), Carlos Giménez (R-FL) y Mike Lawler (R-NY). “Cristina Fernández y su círculo íntimo son algunos de los malversadores de fondos públicos más prolíficos de América Latina. Es hora de que los Estados Unidos tomen medidas contra su abuso de poder sin control, que ha dado lugar al robo y la pérdida de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo argentino“, expresó Salazar.

María Elvira Salazar, congresista estadounidense que presentó el proyecto contra Cristina Fernández de Kirchner.
María Elvira Salazar, congresista estadounidense que presentó el proyecto contra Cristina Fernández de Kirchner

De llegar a promulgarse, el gobierno estadounidense investigará a la Vicemandataria argentina; a su hijo, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli, y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Alberto Zannini.

Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. Las pruebas contra ella son públicas, creíbles y están respaldadas por los tribunales argentinos. Más allá de Argentina, ella y sus socios han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña terrorista global de Irán. Y continúan haciéndolo”, aseguró el senador de Texas Ted Cruz quien ya ha tenido disputas políticas con CFK.

Ted Cruz, senador texano.
Ted Cruz, senador texano

Asimismo, consideró que “el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que autoriza al Presidente a sancionar a personas como Fernández de Kirchner y sus socios. Mi “CASES Act” ordena que el presidente Biden utilice esas sanciones para lo que fueron concebidas: proteger los intereses estadounidenses en el extranjero de los políticos corruptos que tratan de socavarlos”.

Cabe resaltar que el proyecto había sido presentado inicialmente por el senador Ted Cruz a finales de marzo. Sin embargo, ya había pedido medidas contra la Vicepresidente argentina en agosto del año pasado, cuando le envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para exigirle sanciones por las acusaciones de corrupción.

De llegar a promulgarse, el gobierno estadounidense investigará a la Vicemandataria argentina; a su hijo, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, entre otros.
De llegar a promulgarse, el gobierno estadounidense investigará a la Vicemandataria argentina; a su hijo, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, entre otros.

En esa ocasión, dijo: “La semana pasada, un fiscal federal argentino implicó oficialmente a Fernández de Kirchner en lo que describió como ‘el mayor esquema de corrupción conocido en el país’, un elaborado esquema de soborno y coimas que defraudó a Argentina por billones de pesos durante su tiempo como presidente”.

En síntesis, Cruz solicitó que se aplique sobre la exmandataria la prohibición de entrada al territorio norteamericano para ella y sus familiares directos.

Redacción

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Dinamarca aprobó elevar la jubilación a los 70 años y eliminó pensiones vitalicias para políticos

En una medida histórica, el Parlamento danés apoyó con 81 votos a favor y 21 en contra una reforma estructural que incrementa la edad de jubilación a los 70 años para aquellos nacidos después del 31 de diciembre de 1970. La decisión se adopta en el marco de un acuerdo que vincula los aumentos de edad jubilatoria a la esperanza de vida —actualmente cercana a los 82 años— y contempla etapas intermedias: 68 años en 2030 y 69 en 2035.

El objetivo del Ejecutivo es reforzar la viabilidad financiera del Estado de bienestar danés, logrando un ahorro estimado de más de 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) para 2040. Según declaraciones del ministro de Empleo, Ane Halsboe‑Jørgensen, futuras reformas tendrán en cuenta la duración de la carrera laboral y el tipo de trabajo.

Paralelamente, la reforma pone fin a las pensiones vitalicias de los parlamentarios y ministros. Hasta ahora, con sólo un año de mandato, los legisladores podían cobrar alrededor de 35.000 coronas (unos 4.700 euros) mensuales de por vida, comenzando su jubilación poco después de los 60 años. Bajo la nueva norma, los políticos aportarán el 18,07 % de su salario al sistema contributivo general y recibirán las prestaciones correspondientes a su cotización como cualquier otro ciudadano.

La reforma es el resultado de un pacto de Estado que incluyó a ocho grupos parlamentarios y sigue las recomendaciones de una comisión experta de 2016, que advertía sobre la insostenibilidad del esquema anterior. No obstante, los términos aprobados solo se aplicarán a los futuros diputados que accedan por primera vez al Folketing tras las próximas elecciones, y se mantiene el privilegio para quienes ya poseen antigüedad.

– Protestas en Dinamarca

La iniciativa provocó protestas desde distintos sectores, especialmente sindicatos como 3F, que advierten el impacto negativo sobre quienes desempeñan tareas manuales o fatigantes. También hay preocupaciones sobre la aplicación automática de la subida, lo que generó pedidos de mayor flexibilidad por parte del Gobierno y representantes políticos.

Organismos como el FMI respaldan la iniciativa, argumen que el aumento de la edad legal es necesario frente al envejecimiento demográfico y a mayores capacidades cognitivas de los mayores, equiparables a personas más jóvenes décadas atrás. En Europa, otros países como Francia, Alemania y Reino Unido ya avanzan hacia incrementos similares, aunque ninguno tan ambicioso como Dinamarca

Redacción

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Milei selló un convenio que habilita jubilaciones y planes sociales para israelíes residentes en Argentina

El Gobierno de Javier Milei reglamentó el 12 de junio de 2025, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Estado de Israel, y habilitó el pago de subsidios y asignaciones para ciudadanos israelíes con residencia legal en el país. El instrumento había sido firmado en Jerusalén el 7 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 1 de mayo de ese mismo año.

El tratado bilateral original fue suscripto en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017 y aprobado por la Ley 27.641. Ambas partes corrigieron posteriormente la fecha de entrada en vigor. Con la reglamentación oficial, las disposiciones dejaron de ser meramente declarativas y pasaron a incorporarse plenamente al sistema jurídico argentino.

ConvenioMileiIsrael

El convenio estableció que cualquier ciudadano israelí con residencia legal accedería a las mismas prestaciones que un ciudadano argentino: jubilaciones ordinarias, pensiones por fallecimiento, asignaciones por maternidad, cobertura por discapacidad y demás beneficios contributivos previstos en la legislación previsional. A cambio, los argentinos que residan en Israel recibirán cobertura equivalente dentro del sistema de seguridad social de ese país, bajo un esquema de plena reciprocidad que abarca tanto aportes ya efectuados como los futuros.

Para garantizar la operatividad, el texto reglamentado precisó que los períodos de aportes realizados en uno u otro territorio podrán sumarse a los fines de completar los requisitos de años de servicio exigidos por cada régimen. También contempló la transferencia de documentos laborales y la coordinación administrativa entre las cajas previsionales de ambos Estados.

La decisión de avanzar con la reglamentación se conoció pocos días después de la visita oficial de Javier Milei a Tel Aviv, donde pronunció un discurso ante el Parlamento israelí junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu. “He dicho, desde el principio de mi gestión, que considero a Israel, junto a los Estados Unidos, nuestro socio estratégico más importante”, afirmó el Presidente. En la misma presentación añadió: “No hemos titubeado en declarar a Hamás como una organización terrorista, y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que, en 2026, haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la Ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos”.

“No voy a hablar de eso”: El Canciller argentino, Gerardo Werthein

Los detractores de la medida subrayaron en las redes la contradicción entre la extensión de beneficios a extranjeros y el ajuste aplicado sobre la población local; el oficialismo respondió que el convenio forma parte del acercamiento estratégico con Israel y que las erogaciones estarán compensadas por las prestaciones que el sistema israelí brindará a los argentinos que residen allí.

Además se enfatizó que el convenio opera sobre la base contributiva, por lo que los beneficiarios deberán realizar los aportes correspondientes para acceder a las prestaciones.

El Poder Ejecutivo destacó que la reglamentación garantiza “seguridad jurídica” y brinda un marco claro a trabajadores y empleadores de ambas nacionalidades. Con el texto operativo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y su contraparte israelí iniciarán los trámites de reconocimiento recíproco de períodos de aporte y el intercambio de información previsional.

Redacción

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Diputados K buscan hacerle un juicio político a Milei por jurar “apoyo incondicional” a Israel y EE.UU

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei han marcado un punto de inflexión en la política exterior argentina. Durante una entrevista con LN+, afirmó categóricamente que “Irán es un enemigo de Argentina” y expresó su “apoyo incondicional” a Israel y Estados Unidos en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente.

El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria (UxP), presentó un pedido formal de juicio político contra el mandatario. “No solo dijo que Irán es nuestro enemigo, sino que declaró el apoyo incondicional de Argentina a Israel y Estados Unidos. Queremos ser claros: esto es causal de juicio político”, destacó.

“El intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa”, agregó Toniolli. El legislador argumenta que “es el Congreso el que habilita, o no, al Poder Ejecutivo a la paz y a la guerra”.

– El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria

Dichas declaraciones oficiales, se produjeron en el momento preciso en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Además, el presidente no solo habría respaldado estas acciones militares, sino que las calificó como un “ataque preventivo necesario”, argumentando que “Israel está haciendo el trabajo sucio que otros no hacen”.

A su vez, llegó a reafirmar que Israel “ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007, y ahora lo está haciendo de nuevo. Está salvando la cultura occidental”. Para fundamentar su posición, se apoyó en los trágicos atentados terroristas que sufrió Argentina en los años 90, específicamente los ataques contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos, y el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.

“Acá hubo dos atentados: AMIA y Embajada de Israel. 114 muertos. Irán es un enemigo de Argentina”, declaró el mandatario. La posición ha generado una fuerte reacción en el Congreso Nacional.

Los promotores del juicio político sostienen que estas declaraciones constituyen “una práctica usual del gobierno” de “esquivar al Congreso” en asuntos de política exterior. No es la primera vez que el bloque opositor presenta iniciativas similares: anteriormente habían iniciado un proceso contra la canciller Diana Mondino por un acuerdo con Reino Unido.

Una de las revelaciones más controvertidas ha sido la información trascendida por el comunicador kirchnerista, Pablo Duggan, quien aseguró que el ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe sobre “qué recursos puede poner Argentina para ayudar a Israel” en la guerra con Irán. Esta información ha encendido alarmas adicionales sobre el grado de involucramiento que pretende el gobierno.

El ministro Petri, por su parte, ha intensificado la cooperación militar con Israel mediante múltiples visitas oficiales. En diciembre de 2024, se reunió con su homólogo israelí Israel Katz para discutir acuerdos en ciberdefensa, vehículos aéreos no tripulados, protección fronteriza y comunicaciones satelitales. También se abordaron contratos de gobierno a gobierno relacionados con armas ligeras, municiones y equipos militares.

La nueva posición argentina genera preocupaciones sobre las posibles represalias contra la seguridad nacional. Como señaló el diputado Toniolli, “cualquier beligerante puede tomar esto como una declaración de guerra”. La amenaza iraní contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA, por su supuesta parcialidad en los informes sobre el programa nuclear iraní, ilustra el clima de tensión existente.

Redacción

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