Congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto para sancionar la corrupción de Argentina
La medida apunta contra Cristina Fernández de Kirchner y su círculo íntimo por considerarlos "malversadores de fondos públicos", de acuerdo a lo expresado por la representante republicana María Elvira Salazar.
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Este martes, congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto en la Cámara de Representantes el complemento de la Ley “Corruption in Argentina Stymiel by Enforcing Sanctions” o CASES Act”. Según revelaron los autores, el objetivo es investigar a cinco funcionarios K por corrupción, entre ellos la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa fue presentada por la republicana María Elvira Salazar, y cuenta con el aval de Jenniffer González-Colón (R-PR), Carlos Giménez (R-FL) y Mike Lawler (R-NY). “Cristina Fernández y su círculo íntimo son algunos de los malversadores de fondos públicos más prolíficos de América Latina. Es hora de que los Estados Unidos tomen medidas contra su abuso de poder sin control, que ha dado lugar al robo y la pérdida de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo argentino“, expresó Salazar.
María Elvira Salazar, congresista estadounidense que presentó el proyecto contra Cristina Fernández de Kirchner
De llegar a promulgarse, el gobierno estadounidense investigará a la Vicemandataria argentina; a su hijo, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli, y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Alberto Zannini.
“Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. Las pruebas contra ella son públicas, creíbles y están respaldadas por los tribunales argentinos. Más allá de Argentina, ella y sus socios han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña terrorista global de Irán. Y continúan haciéndolo”, aseguró el senador de Texas Ted Cruz quien ya ha tenido disputas políticas con CFK.
Ted Cruz, senador texano
Asimismo, consideró que “el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que autoriza al Presidente a sancionar a personas como Fernández de Kirchner y sus socios. Mi “CASES Act” ordena que el presidente Biden utilice esas sanciones para lo que fueron concebidas: proteger los intereses estadounidenses en el extranjero de los políticos corruptos que tratan de socavarlos”.
Cabe resaltar que el proyecto había sido presentado inicialmente por el senador Ted Cruz a finales de marzo. Sin embargo, ya había pedido medidas contra la Vicepresidente argentina en agosto del año pasado, cuando le envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para exigirle sanciones por las acusaciones de corrupción.
De llegar a promulgarse, el gobierno estadounidense investigará a la Vicemandataria argentina; a su hijo, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, entre otros.
En esa ocasión, dijo: “La semana pasada, un fiscal federal argentino implicó oficialmente a Fernández de Kirchner en lo que describió como ‘el mayor esquema de corrupción conocido en el país’, un elaborado esquema de soborno y coimas que defraudó a Argentina por billones de pesos durante su tiempo como presidente”.
En síntesis, Cruz solicitó que se aplique sobre la exmandataria la prohibición de entrada al territorio norteamericano para ella y sus familiares directos.
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.