Durante los 12 años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la Nación, el uso discrecional de los aviones presidenciales, que iban desde Buenos Aires a Río Gallegos o El Calafate se vieron incrementados y generaron polémica, incluso causas judiciales.
De la misma forma, estos cuatro años de gestión de Alberto Fernández y su vicepresidente marcaron un regreso a esa dinámica tan cuestionable. Apartando las actividades diplomáticas del Jefe de Estado, la polémica salpica puntualmente a su pareja, Fabiola Yáñez, a su vice y también al ministro de Economía que utilizaron el avión presidencial para uso personal. Es decir, sin tener una agenda gubernamental que respalde tales viajes.
En el caso de la vicepresidente, durante este último período de cuatro años hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justifique. De acuerdo a una investigación del medio LA NACIÓN, estos viajes realizados por lo general de jueves a domingos y feriados tenían como finalidad el descanso de la funcionaria en alguna de sus residencias en Río Gallegos o de El Calafate.
Todos ellos fueron financiados con dólares del Estado y significaron unos 5.250.000 USD, de acuerdo a los cálculos de algunos especialistas en aeronavegación. Solo a inicios del mandato de Alberto Fernández, en 2019, la exmandataria se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para enero del año siguiente dejó de utilizar la aerolínea nacional y alquilaba aviones privados.
Estos últimos a un costo de 12 mil dólares por tramo que fueron debitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Incluyendo en cuarentena por covid-19, CFK realizaba viajes de placer al ser considerada “trabajadora esencial” y, de nuevo, sin ningún tipo de agenda gubernamental utilizó fondos del Estado para costearse.
Además de los viajes, los costos también se vieron incrementados por las reparaciones que necesitaron las aeronaves durante estos cuatro años, los seguros, los trabajadores que deben acompañar a los funcionarios en cada viaje y el sofisticado servicio de catering que no baja de los 15 millones de pesos.
En síntesis, la vicepresidente vio como su billetera personal a la caja estatal y ahora, con su partida, posiblemente se genere otra causa judicial por ello. Teniendo en cuenta que hay varias denuncias previas que señalan estas irregularidades.
