Intendente K aumentó 3.900% una tasa de traslado de ganado y los productores pagan $12.000 por cada animal

En las islas del municipio de Victoria, provincia de Entre Ríos, los ganaderos iniciaron 2024 pagando apenas $300 para trasladar su hacienda.
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Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.

La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.

El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.

El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.

– La ordenanza del municipio de Victoria

En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.

El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.

La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.

En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal. “¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

– El pago de la tasa de un productor

Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.

La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.

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El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles​

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