Intendente K aumentó 3.900% una tasa de traslado de ganado y los productores pagan $12.000 por cada animal

En las islas del municipio de Victoria, provincia de Entre Ríos, los ganaderos iniciaron 2024 pagando apenas $300 para trasladar su hacienda.
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Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.

La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.

El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.

El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.

– La ordenanza del municipio de Victoria

En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.

El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.

La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.

En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal. “¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

– El pago de la tasa de un productor

Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.

La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.

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El Ejército descontó más de $1.000 millones del sueldo de los soldados para financiar revistas que casi no se imprimen

Cada soldado que entra al Ejército Argentino empieza a pagar una revista que casi nunca recibe. El descuento aparece en el recibo de sueldo bajo el concepto “Periódico Soldados” y hoy es de $2.060 por mes. En lo que va del año, esa publicación se imprimió una sola vez. 

Según fuentes castrenses, la fuerza ya retuvo al menos mil millones de pesos de los haberes de su personal, mientras que el costo de esa edición no superaría los $100 millones. Hasta ahora nadie explicó dónde está la diferencia.

La sospecha aparece poco después del escándalo de la Armada, que denunció ante la Justicia Federal 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. En esa causa, el juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y dispositivos resguardados en el edificio Libertad, y el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ordenó formalizar la denuncia.

Las publicaciones del Ejército bajo la lupa son dos, Soldados y El Soldado Argentino, y ambas las edita la Fundación Soldados (FUNDASOL). En los papeles es una entidad civil, pero su consejo de administración está integrado por militares y su estatuto establece que el presidente lo designa el Estado Mayor General del Ejército. Tiene sede en avenida Santa Fe 4815, maneja la FM Soldados y figura como responsable de la Revista del Suboficial, un portal digital y el programa televisivo Nuestro Ejército.

El descuento es automático. También lo pagan los voluntarios que pasan pocos meses en la fuerza y se van sin haber tenido un ejemplar en la mano. El recibo de un soldado voluntario de segunda, fechado el 30 de agosto de 2026, muestra dos retenciones a favor de FUNDASOL, una de $2.060,51 por Soldados y otra de $1.236,30 por El Soldado Argentino. Un coronel y un cabo registraron en agosto el mismo monto por la primera. Un año antes, un cabo primero pagaba $1.638,60.

“Nadie la conoce”, dijo un jefe militar sobre El Soldado Argentino. Sobre Soldados, admitió que dejó de llegar hace meses. “Te descuentan por un servicio que no se da”, resumió. Cualquier uniformado puede darse de baja de la suscripción, aunque en la práctica nadie lo hace porque desconoce el trámite.

Los números muestran la caída. En sus 29 años, Soldados promedió unas diez ediciones anuales. En 2025 salieron cinco, y en 2026 solo la n.º 289, con una tirada de 57 mil ejemplares de 44 páginas. Una fuente castrense señaló otro detalle: “Adrede, las ediciones no indican en qué mes fueron impresas, para no levantar sospechas”. El período, agregó, solo puede reconstruirse a partir de las noticias que publica cada número.

El Ejército rechaza cualquier irregularidad. Su vocería sostiene que Soldados no tiene una periodicidad fija y que sale según las actividades principales de la fuerza, que El Soldado Argentino difunde contenidos de instrucción técnica y que a fin de año se enviará en papel un calendario 2027 dedicado a los 45 años de Malvinas. La demora del número actual, según esa explicación, se debe a que esperan incluir la entrega del segundo escuadrón de tanques modernizados TAM 2C A2 y un ejercicio anfibio en Rosario.

La fuente castrense no aceptó esa explicación. “¿Qué tiene que ver el ejercicio militar del fin de semana en Rosario? Acaso no hubo otras actividades antes o es que solo se imprime cuando hay algo”, respondió. También negó que la versión digital se envíe por mail a los uniformados, como sostiene la fuerza.

*Con información de Clarín (Emiliano Russo)

Seis de cada diez argentinos se endeudaron en el último semestre y la mayoría usó la plata para comer y pagar remedios

Con la promesa de “señales de mejora en el clima social” estampada en la tapa, Zentrix difundió su Monitor de Opinión Pública de agosto. La consultora sostiene que se mantiene firme la base que respalda el modelo económico de cara a 2027, aunque los datos que eligió hacer públicos dibujan un país que llega a fin de mes a fuerza de préstamos. El 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.

Lo que se compra con esa plata dice más que el porcentaje. El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, otro 20,4% para pagar tarifas y servicios, y apenas el 10,7% para adquirir bienes durables, la clase de deuda que suele leerse como apuesta al futuro y que acá empata con las situaciones imprevistas (10,3%). Entre los menores de 40 la proporción de endeudados trepa al 67,1%, baja al 63,5% en la franja de 40 a 59 y se ubica en el 54% entre los mayores de 60.

Al día 5 ya se quedó sin ingresos el 12,2%. Al 10, uno de cada cuatro. Al 20, el 65%. Solo el 22,9% llega a fin de mes con lo justo y un 10,7% logra además guardar algo.

Si en la clase alta el 39,4% termina el mes ahorrando y otro 53,3% llega sin sobresaltos, en la clase baja nadie ahorra y el 87,6% agota su dinero antes del día 20, con más de un tercio (35,5%) en rojo antes del 10. En la clase media, el 51,4% se queda sin plata antes del 20 y solo un 16,3% consigue reservar algo.

Mientras la desaceleración de los precios se presenta como el gran activo del Gobierno, el 81,2% de los consultados siente que su salario pierde contra la inflación y apenas el 14,3% cree que le gana. Tampoco el termómetro oficial convence: para el 65,8%, el índice del INDEC no refleja lo que paga en el supermercado, contra un 31,6% que le da crédito.

Tal vez por eso la inflación, que durante años encabezó cualquier sondeo, cayó al último lugar del ranking de preocupaciones con el 12,7%. El miedo se mudó al recibo de sueldo. Ingresos y salario lideran con el 50,1%, pegados a la incertidumbre económica (49,8%), y detrás se ordenan el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%).

Puertas adentro, el 29,8% califica su situación económica como buena o muy buena, un 32,4% la considera regular y el 37,6% la ve mala o muy mala. Cuando la pregunta se corre al país, el juicio se endurece y el 59,4% responde mal o muy mal, con un 43,3% que elige directamente la peor opción.

Incertidumbre, angustia, miedo, tristeza. Esas fueron las palabras que más se repitieron cuando la encuesta pidió resumir en una sola lo que despiertan los próximos doce meses. “Esperanza” aparece como el término positivo con más peso, aunque rodeada de “bronca”, “preocupación” y “desesperanza”.

Sin retenciones, el campo podría crear casi 860.000 empleos y darles trabajo a la mitad de los desocupados

El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.

La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).

Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.

El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.

La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”. La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.

El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.

El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.

Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.

“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.

El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.

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