Intendente K aumentó 3.900% una tasa de traslado de ganado y los productores pagan $12.000 por cada animal

En las islas del municipio de Victoria, provincia de Entre Ríos, los ganaderos iniciaron 2024 pagando apenas $300 para trasladar su hacienda.
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Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.

La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.

El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.

El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.

– La ordenanza del municipio de Victoria

En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.

El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.

La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.

En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal. “¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

– El pago de la tasa de un productor

Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.

La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.

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Una auditoría detectó subsidios sin controles ni rendición de cuentas en el Instituto Nacional del Cáncer

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.

El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.

Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.

Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.

– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer

La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.

Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.

– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación

También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.

El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.

Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.

La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.

*Fuente: El Auditor

La sede del peronismo bonaerense amaneció con carteles contra Máximo Kirchner: “El PJ no es tu monarquía”

El desempeño electoral del peronismo en todo el país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires, reavivó la interna peronista y la hizo estallar por los aires. La misma noche del domingo comenzaron los reclamos cruzados y los pases de factura. En tierras bonaerenses, La Cámpora apuntó contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de la elección y contra los intendentes, a quienes acusó de no movilizar lo suficiente la campaña. Inmediatamente, el kicillofismo defendió la decisión de separar las elecciones y los jefes comunales salieron al cruce del cristinismo. En ese contexto, aparecieron unos afiches en la sede del Partido Justicialista bonaerense en La Plata con frases que cuestionaron directamente la conducción de Máximo Kirchner.

“El Partido Justicialista no es tu monarquía”, “Basta de herederos y bendecidos”, “Devuelvan el PJ de PBA a los peronistas”, son algunas de las frases que se leían en los carteles.

Esos mismos afiches aparecieron pegados también en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires.

Los cuestionamientos entonces no se limitaron a la conducción de Máximo Kirchner en la provincia, sino que apuntaron también contra la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. “Apertura ya del PJ nacional a los peronistas”, rezaba uno de los afiches.

Los carteles aparecieron el lunes por la noche. Este martes por la mañana ya no estaban, pero el mensaje llegó.

Los afiches eran negros y blancos y no contaban con ninguna firma. Su autoría es aún una incógnita, pero no así el destinatario.

Sin la presión de las elecciones, el peronismo no tiene ninguna obligación de mantener las apariencias, y las internas que hasta hace dos días estaban contenidas ahora salieron nuevamente a flote y recargadas.

Productores repudiaron a Kicillof por aumentar impuestos en medio de las inundaciones: “Nos tira un salvavidas de plomo”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.

CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.

La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.

Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.

En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.

La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.

De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.

La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.

“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.

La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.

El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.

En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno de Milei le cedió un inmueble del Estado a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la cesión en uso de un inmueble a Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA). El edificio tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados y pertenece al patrimonio del Estado Nacional.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 67/2025 y establece que la casa de altos estudios podrá utilizar el primer piso del edificio ubicado en la calle Tinogasta 5268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la resolución firmada por el presidente de la AABE, Nicolás Alberto Pakgojz, la medida se enmarca en la política de “racionalización y mejor aprovechamiento del espacio físico estatal”, con el objetivo de destinar bienes públicos a la ejecución de políticas educativas y de gestión universitaria.

Beto Valdez on X (formerly Twitter): “Nicolás Pakgojz, titular del AABE, acaba de otorgarle un predio estatal a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Pese a que responde al vice del Banco Nación, Darío Waisman, esposo de Pilar Ramirez, siempre interesado en el Real Estate, pero esta vez debe haber privado su… pic.twitter.com/DwCMSRgX6B / X”

Nicolás Pakgojz, titular del AABE, acaba de otorgarle un predio estatal a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Pese a que responde al vice del Banco Nación, Darío Waisman, esposo de Pilar Ramirez, siempre interesado en el Real Estate, pero esta vez debe haber privado su… pic.twitter.com/DwCMSRgX6B


El inmueble se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que fue notificada del traspaso y “no formuló observaciones” al respecto, de acuerdo con la documentación oficial. En los relevamientos técnicos se verificó que el primer piso del edificio está “desocupado y limpio”, mientras que el resto de las plantas se encuentran en proceso de desocupación y presentan un “estado de mantenimiento regular”.

La UNMA había solicitado la cesión para destinar el lugar al almacenamiento y resguardo de mobiliario institucional. En ese espacio también funcionarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio. Estas áreas se encargarán de centralizar tareas de conservación y logística interna que actualmente se realizan en distintas sedes.

Sil®.  on X (formerly Twitter): “A ver, amigos libertarios, por favor pasen a leer esta maravillosa Resolución 67/25 de la AABE, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO, sin observaciones por parte de Capital Humano. “Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de… pic.twitter.com/wFwdxhhICj / X”

A ver, amigos libertarios, por favor pasen a leer esta maravillosa Resolución 67/25 de la AABE, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO, sin observaciones por parte de Capital Humano. “Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de… pic.twitter.com/wFwdxhhICj


El documento también precisa que la medida fue evaluada por las distintas áreas competentes de la AABE y que contó con la intervención del Servicio Jurídico Permanente del organismo. La reasignación fue registrada en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, y la Dirección de Despliegue Territorial será la encargada de realizar la entrega formal del inmueble y suscribir las actas correspondientes.

El documento publicado en el Boletín Oficial también indica que la universidad presentó una solicitud complementaria para acceder, en una segunda etapa, a la totalidad del inmueble. En caso de que esa ampliación sea aprobada, la institución se comprometió a entregar a la AABE otro edificio que le fue asignado anteriormente, ubicado en la Avenida Rivadavia 4615, en el barrio de Caballito.

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