Escrachan al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet: Faltó a la ultima sesión por irse a pescar a Alaska
El burócrata entrerriano está en el centro de la polémica tras ausentarse en la sesión clave del Congreso en la que se debatió el rechazo al DNU que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE por viajar al exterior.
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En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
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Ayer, Mauricio Macri salió con los “tapones de punta” contra Karina Milei y Santiago Caputo en su vuelta al ruedo público. Después de apuntar al “entorno” de Javier Milei durante el acto en La Boca, el ex presidente confirmó en dos entrevistas que su pelea es con la hermana y el asesor.
El líder del PRO se fue desde La Boca primero a los estudios de TN y luego a La Nación + y puntualizó sus críticas contra Karina y Caputo. “Todo lo que hemos hecho siempre ha sido con la contra de ellos, ha sido con la contra de ellos. No entiendo, si queremos ayudar, hay una experiencia, la podemos aprovechar”, señaló en el programa de Jony Viale. Consultado si se refería a Karina y Caputo, respondió que “esa es la mesa chica” de Milei y agregó que “antes era Posse“.
Después de la entrevista en TN, Macri se fue a LN+ y siguió pegando al entorno de Milei. “Nunca he podido hablar con Karina. No la conozco, no la conozco. Hablé dos veces, pero nunca pude sentarme así a hablar”, dijo cuando le consultaron sobre la secretaria general de la Presidencia.
Con Caputo fue mucho más duro. “Las cosas que hablamos con Santiago no funcionaron. Por eso me sorprendió mucho el mensaje de ayer”, afirmó en relación a la curiosa “entrevista” que el asesor dio a TN para halagar a Macri en la previa del acto, acaso previendo que venían las críticas después que una semana antes lo había amenazado. Por lo visto el intento de contener al ex presidente, no le funcionó a Caputo.
“Dijo muchas cosas maravillosas, la verdad le quiero agradecer porque estuvo generoso por demás”, afirmó Macri con ironía. “Lo descansó”, se burló un asesor del ex presidente, apelando al vocabulario que usan los trolls libertarios en las redes.
“Dice una cosa que es muy verdad que nosotros le hemos dado un apoyo incondicional no solo en la segunda vuelta sino desde que arrancó el gobierno el PRO ha estado trabajando a destajo para sacar la Ley Bases. Ahora me sorprende porque lo que ha venido de parte de ellos durante estos estos meses no ha sido una vocación de coordinar, de sumar, de fortalecer el equipo”, agregó Macri.
“A Javier yo lo veo con una actitud siempre abierta, siempre me dice ‘esto está bueno hay que hacerlo’ y después no sucede. Ojalá que este mensaje de Santiago Caputo ayer sea que comenzarán una nueva etapa”, completó Macri.
La respuesta del “entorno” a Macri fue la esperable: Primero un fuerte ataque de los trolls que maneja Santiago Caputo, y luego una respuesta política directa por parte de Sebastián Pareja, el armador político de Karina, que lo trató de “falso profeta”.
“La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte del Presidente”, escribió Pareja en la red social X. El mensaje fue compartido por Javier Milei.
Desde el primero de este mes, los cadetes de la Policía de la Ciudad y los aspirantes a Bomberos porteños cuentan con cobertura médica integral durante su formación. Este beneficio, impulsado por la gestión del ministro de Seguridad de CABA, WaldoWolff, representa un avance significativo en el respaldo y cuidado de los uniformados.
El anuncio fue realizado esta semana por el titular de esa cartera, quien confirmó la contratación de un servicio médico asistencial para los cadetes y aspirantes que cursan la formación inicial en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). La cobertura, proporcionada por la empresa de medicina prepaga DOCTORED, incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, internaciones, y programas de prevención y promoción de la salud, sin ningún tipo de copagos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia de esta medida: “Como gobierno tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan. Para nosotros, la Policía de la Ciudad es un orgullo y siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”.
El ministro Wolff también subrayó el impacto positivo de esta iniciativa: “Esta medida es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
COBERTURA INTEGRAL
La cobertura médica abarca una amplia gama de servicios y beneficios. Los cadetes y aspirantes tendrán acceso a atención médica integral, que incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y visitas médicas a domicilio. Además, contarán con una línea de atención telefónica exclusiva y acceso a ambulancias disponibles las 24 horas en el ISSP.
Los beneficios en farmacias también son destacados, con descuentos del 40% sobre cualquier receta, un 70% en medicamentos para enfermedades crónicas y un 100% de cobertura en caso de internación. Este paquete integral asegura que los futuros oficiales y bomberos puedan centrarse en su formación y preparación sin preocuparse por su salud.
La implementación de la cobertura médica, detallaron los funcionarios, es resultado del trabajo conjunto entre la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (OSPESE), liderada por María Georgina Ricciardi, y el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta. Ambos destacaron la importancia de esta medida para el bienestar de los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho histórico refleja el compromiso, la firmeza y la decisión política de respaldar el trabajo de los policías y bomberos porteños. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”, agregó Macri sobre la medida, que se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad.
Como parte del plan de formación trazado por las autoridades, los cadetes deberán cumplir dos años de formación policial, que incluye seis meses de clases regulares, un año de internación en el Instituto y seis meses de práctica profesional. Durante su preparación, los efectivos realizan prácticas de tiro, entrenamiento físico, y reciben asesoramiento nutricional y seguimiento médico. También aprenden en laboratorios de informática y mediante simuladores de autos y motos policiales.
En palabras de Wolff, esta medida “es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
El PRO se encuentra en plena ebullición política en la provincia de Buenos Aires. Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de 2025, el partido busca fortalecer su estructura territorial en el distrito más grande del país. Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en Buenos Aires, recibió respaldo directo de Mauricio Macri para liderar este proceso, en un momento en que la formación política enfrenta desafíos internos y externos.
La estrategia del PRO en Provincia de Buenos Aires
Desde abril, Macri retomó un papel activo en la conducción del PRO, apuntalando su liderazgo en un escenario político en permanente fluctuación. Sobre principios del corriente mes, en un acto en La Boca, el ex presidente criticó duramente al gobierno de Javier Milei y enfatizó la necesidad de reforzar la identidad partidaria. Este mensaje se reflejó también en las órdenes dadas a Jorge Macri (en la Ciudad de Buenos Aires) y a María Eugenia Vidal (con la Fundación Pensar). Ahora, Macri delegó a Ritondo la misión de consolidar al PRO en Buenos Aires, una tarea que requiere no solo de liderazgo sino de una estrategia clara para enfrentar las próximas elecciones.
Ritondo junto a Macri en el lanzamiento del “Nuevo PRO”
La provincia de Buenos Aires, con su enorme peso electoral, es vista como “la madre de todas las batallas”. No solo es el distrito más poblado del país, sino que históricamente fue un bastión del peronismo K. En este contexto, el PRO necesita fortalecer su presencia y evitar fugas hacia La Libertad Avanza (LLA).
El diputado Ritondo —con el apoyo de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez— está organizando un acto clave para finales de agosto o principios de septiembre. La excusa formal será la presentación de las nuevas autoridades del PRO en mencionada provincia, pero el objetivo real es mostrar el músculo político del partido y enviar un mensaje tanto a los militantes como a sus rivales.
Además, el acto buscará marcar una diferencia clara con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y líder de una facción interna del PRO que mostró una inclinación hacia una fusión con LLA. Ritondo, en cambio, apoya la idea de una colaboración puntual con los libertarios, pero rechaza una fusión total, en línea con la visión de Macri.
Desafío electoral y el factor “Colo” Santilli
El panorama electoral será determinante para el partido que lidera Macri. En Provincia se pondrá en juego seis bancas de la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por figuras como DiegoSantilli, Alejandro Finocchiaro y Hernán Lombardi. En la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán tres escaños, incluidos los de María Eugenia Vidal y Fernando Iglesias.
Diego Santilli, conocido por su alta exposición y experiencia en campañas electorales, es visto como una figura clave para mantener la cohesión dentro del PRO y atraer a los votantes que podrían sentirse tentados por la oferta de La Libertad Avanza. Santilli, triunfante en la interna versus Facundo Manes del 2021 y precandidato a Gobernador en 2023, es considerado por Macri y Ritondo como el candidato ideal para liderar una convergencia que permita al PRO enfrentar con éxito al peronismo y a los libertarios.
En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.
Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante.Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.
La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.
Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.
El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.
Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
Florencia De Sensi, diputada nacional del Pro, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la presentación de un proyecto que le quitaría a ex presidentes su pensión de privilegio en caso de cometer delitos de índole sexual, de corrupción, en el ejercicio de la función.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
