Caputo: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”
El ministro de Economía realizó un posteo en redes en el que celebró avances en el cambio de régimen monetario tras la recompra de más de $13 billones en PUTS.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tras la compra por parte del Banco Central de 13,7 billones en PUTS, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario.
Durante la noche del jueves, el funcionario respondió a una pregunta que le hizo un usuario en la red social X y señaló que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”; la frase llamó la atención en algunos círculos.
“Toto te hago una consulta, si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?”, indagó Victor Ybarra.
Fue entonces que Caputo citó la pregunta y respondió: “Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.
Y agregó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.
Horas antes, había celebrado la “desactivación” de los PUTS.
“Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo!!! Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país por sobre los intereses de sus instituciones”.
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.
La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.
Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.
La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.
En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.
Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.
También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.
Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.
Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La reciente baja transitoria de los Derechos de Exportación establecida por el Decreto 38/2025 generó un aumento en las operaciones de granos, especialmente soja, aunque el ritmo de liquidación de divisas no mostró una suba marcada. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las agroexportaciones ingresaron USD 2.181 millones durante febrero, lo que significó un incremento del 45% en comparación con el mismo mes de 2024 y un alza mensual de 5,2% respecto de enero. Con este aporte, el acumulado de divisas en lo que iba del año ascendió a USD 4.254.787.089.
Las entidades explicaron que “el ingreso de divisas del mes de febrero es el resultado del inicio del Decreto 38/25 que implica una baja transitoria de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso y que recién empezó a tener efectos a mediados de mes cuando se finalizó con las reglamentaciones del mencionado Decreto”. También señalaron que “el crecimiento de las compras de soja a precio y a fijar durante el mes de febrero marcaron el ritmo de ventas del productor”. El precio pizarra de la oleaginosa alcanzó los $331.000 por tonelada.
La reducción en las alícuotas de exportación se aplicó de forma diferenciada. El poroto de soja pasó de un 33% a un 26%, mientras que sus derivados retrocedieron del 31% al 24,5%. El maíz, el trigo, el sorgo y la cebada se redujeron del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, la semilla y el aceite bajaron del 7% al 5,5%; para los pellets, la tasa cayó del 5% al 4%.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que, desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial el 27 de enero, el volumen promedio semanal negociado de trigo, soja y maíz pasó de 1,82 a 1,98 millones de toneladas, lo que implicó una suba del 8,5% en comparación con las 10 semanas previas. El crecimiento se evidenció de manera dispar: en el caso del trigo, el volumen semanal descendió cerca de un 30%, con alrededor de 320.000 toneladas frente a las 460.000 anteriores. “La medida fue anunciada cuando ya se habían trillado casi la totalidad de los lotes y el arribo masivo de granos al mercado ya había cesado su presión. Además, el mercado internacional del trigo se enfrentó a una demanda poco dinámica”, explicaron.
– REUNIÓN, 27 de febrero: el Canciller, Gerardo Werthein junto al presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins.
Por su parte, el maíz registró un alza del 13,6% en su volumen semanal, al pasar de 795.000 a 905.000 toneladas. Este incremento respondió al buen desempeño exportador, que dominó destinos en Sudamérica, norte de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, además del comienzo anticipado de la cosecha del maíz temprano. La soja, en tanto, mostró un crecimiento del 32% en el volumen semanal, con más de 185.000 toneladas adicionales en las últimas diez semanas.
A pesar de este repunte en las ventas, un estudio de Portfolio Personal Inversiones observó que “pese a que la baja de retenciones al agro entró en vigor el 27 de enero, la buena performance del BCRA no se explicó por una aceleración en la liquidación del sector. Por el contrario, la media móvil de cinco días de la liquidación del agro recortó de USD 117 millones la semana previa a anunciarse la medida a USD 107 millones en la última semana”. Según este reporte, la reducción del plazo de 365 a 15 días para acogerse a las menores alícuotas “habría trabado en cierta medida la liquidación del sector, ya que evitó la liquidación anticipada de la cosecha gruesa”.
CIARA y CEC aclararon que no existieron retrasos en la liquidación de divisas y remarcaron que el complejo oleaginoso-cerealero aportó el 45% del total de las exportaciones argentinas. “El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz”, precisaron los exportadores. También recordaron que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta 90 días para aceites y harinas proteicas”.
Según los datos empresariales, el volumen de ventas de soja, acompañado por la baja transitoria de retenciones, impulsó la comercialización de los productores. Aun así, CIARA y CEC destacaron que la Argentina continuó estancada en su producción y en su crecimiento exportador, dependiendo de las fluctuaciones de los valores internacionales para modificar su estructura de ventas al exterior.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.
Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.
Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.
La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.
Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.
En una entrevista reciente con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, cuestionó la relación entre la industria farmacéutica y el Estado, denunciando un entramado de intereses que impacta en el precio y el aumento a los medicamentos.
“Cuando a vos te financia un laboratorio, después ya perdés autonomía. No podés legislar para bajar el precio y eso es lo que le pasa a este gobierno; en honor a la verdad, no solo a este”, destacó el candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la conversación, el especialista y dirigente político expresó su preocupación por la “connivencia” entre ambos sectores y el “acuerdo” que, según este, beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la población. Peretta explicó que los laboratorios financian campañas políticas con “millones de dólares” y, en consecuencia, “se aseguran de que el Ministro de Salud de turno, que el Director de PAMI, que el Titular de la ANMAD, sean ellos”.
“El PAMI tiene una fórmula especial para que no aumente tanto como la inflación, pero tampoco se cumple”, enfatizó Peretta, añadiendo: “El Precio de Venta al Público (PVP) tiene una evolución determinada, pero en el caso del PAMI, ese valor no se aplica directamente. En su lugar, se utiliza una fórmula especial cuya lógica es difícil de comprender, ya que es establecida por la propia industria farmacéutica, es decir, los laboratorios y las empresas de publicidad”.
Para el sindicalista, este vínculo entre los sectores impide la toma de decisiones que frenen el encarecimiento de los medicamentos, un mercado “totalmente concentrado” y “oligopólico”. Peretta reveló que de los 300 laboratorios existentes en el país, solo 60, es decir, el 20%, controlan el 80% o 85% del mercado.
“De los 8 mil millones de dólares que factura la industria farmacéutica argentina por año, los 60, o sea, este 20%, tienen el 85%… Es una locura”, declaró de forma contundente.
Como doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Peretta también se refirió al aumento de los medicamentos durante la gestión de Javier Milei. En este sentido, denunció que “durante el primer año de gestión aumentaron un 220%, mientras que la inflación fue de 117,8%”.
“Vos no podés sacar hoy en el 2025 una fórmula que no se condice con la verdad”, cuestionó Peretta, agregando: “Hablando de medicamentos, decís que aumentaron 2,8% y el que menos aumentó fue de casi 6,2% y nosotros tenemos que poner la cara en la farmacia. Estás mintiendo”.
En su análisis, aprovechó para destacar su visión de que el sindicalismo ha estado históricamente “muy atado a los gobiernos y muy alejado de los trabajadores”, lo que ha devenido en problemas estructurales como los antes mencionados y la alta informalidad laboral actual. Como ejemplo, mencionó la existencia de “9 millones de trabajadores en negro en la República Argentina”, de los cuales “500.000 (son) trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Hay poca competencia, hay 18 prepagas nada más, cuando da para mucho ser un mercado. Especialmente ahora que vos podes segmentar los planes en diferentes niveles: básico, intermedio y full. Pero el Estado tiene que estar para no olvidarse del paciente”, remarcó Peretta.
El aumento de las cuotas de las prepagas también es otro factor crítico, con muchos afiliados que terminan recurriendo al sistema público de salud, lo que genera una “saturación” en el sistema de salud público de CABA, que solo cuenta con 35 hospitales.
“Las guardias están colapsadas y los trabajadores de la salud no reciben una remuneración adecuada. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, totalmente ausente”, puso de relieve Peretta.
Durante el año pasado, las empresas de medicina privada subieron sus tarifas en un 124%, casi el doble de la suba registrada. A pesar de las denuncias y sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), las subas continúan sin regulación efectiva. En este sentido, se critica la falta de intervención del Ministerio de Salud, cuyo titular, Mário Antonio Russo, está vinculado a una empresa de medicina prepaga.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
