Caputo: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”
El ministro de Economía realizó un posteo en redes en el que celebró avances en el cambio de régimen monetario tras la recompra de más de $13 billones en PUTS.
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Tras la compra por parte del Banco Central de 13,7 billones en PUTS, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario.
Durante la noche del jueves, el funcionario respondió a una pregunta que le hizo un usuario en la red social X y señaló que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”; la frase llamó la atención en algunos círculos.
“Toto te hago una consulta, si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?”, indagó Victor Ybarra.
Fue entonces que Caputo citó la pregunta y respondió: “Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.
Y agregó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.
Horas antes, había celebrado la “desactivación” de los PUTS.
“Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo!!! Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país por sobre los intereses de sus instituciones”.
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FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral “Composición de precios: carne, pan y leche” y analizó la estructura de valor de la cadena desde la producción hasta el consumidor. El trabajo indicó que uno de cada cuatro pesos del precio final se destinó a impuestos y que, según la cadena, los costos, los tributos y las ganancias presentaron diferentes participaciones.
En carne vacuna, en agosto el kilo promedió $12.141. Sobre ese precio, los costos representaron el 52%, los impuestos el 28% y la ganancia el 20%. Por eslabones, la cría explicó el 26%, el feedlot el 22%, el frigorífico el 3%, la carnicería el 22% y los impuestos el 28%.
Dentro de la carga tributaria, el 77% correspondió a tributos nacionales, el 17% a provinciales y el 7% a municipales; por tipo, se destacaron IVA (34,4%) y Ganancias (32,0%), seguidos por Ingresos Brutos (13,7%). La cadena absorbió $6.320 por kilo en costos, $3.449 en impuestos y obtuvo $2.472 de resultado. En el eslabón frigorífico, el informe indicó una pérdida de $2 por kilo. Los fletes de punta a punta de la cadena representaron el 1,4% del precio (unos $175 por kilo), y el costo laboral totalizó el 11% (equivalente a $1.345 por kilo). Entre febrero y agosto de 2025, el precio al consumidor subió 19% frente a una inflación de 14,2% y los costos perdieron participación, mientras que impuestos y ganancias la ampliaron.
En pan francés, en agosto el kilo promedió $3.199 (con diferencias regionales: $3.760 en GBA y $2.111 en el NEA). La composición del precio se integró por 60% de costos, 24% de impuestos y 16% de ganancias. Por eslabones, el trigo explicó el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%. La carga tributaria se distribuyó 79% nacional, 19% provincial y 2% municipal; por tipo, prevalecieron IVA (44,4%), Ganancias (28,4%) e Ingresos Brutos (18,2%).
La cadena afrontó $1.927 por kilo en costos, $760 en impuestos y obtuvo $513 de resultado. La producción de trigo registró un resultado negativo de -$11 por kilo de pan. Los fletes incidieron 1,7% del precio (unos $53,4 por kilo) y la mano de obra totalizó 34% (unos $1.060 por kilo), con mayor peso en panaderías. El informe señaló que el precio del trigo se multiplicó por 12 entre el campo y la panadería. Entre febrero y agosto de 2025, los costos aumentaron por encima del precio del pan, lo que redujo la participación de las ganancias e impuestos en el precio final.
En leche entera en sachet (1 litro), en agosto el precio promedió $1.653. La estructura se compuso de 71% de costos, 26% de impuestos y 3% de ganancias (unos $56 por litro). Por eslabones, el tambo explicó el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y los impuestos el 26%. La carga impositiva se repartió 79% nacional, 17% provincial y 4% municipal; por tipo, IVA concentró el 67,9% y Ingresos Brutosel 16,3%. La cadena afrontó $1.175 por litro en costos y $422 en impuestos. Los fletes representaron el 6,5% del precio (unos $108 por litro), y la mano de obra totalizó el 18% (unos $299 por litro), con mayor peso en el comercio.
En el tambo, el precio promedio pagado fue de $474 por litro, los costos estimados ascendieron a $479 y los impuestos a $8, por lo que el resultado fue negativo en $13 por litro. El informe consignó que el precio se multiplicó por 3,5 entre el campo y la góndola y recordó que la leche tributó 21% de IVA, a diferencia de carne y pan, que aplicaron 10,5%.
Respecto de los granos,el maíz explicó el 8% del precio final de la carne bovina y el 4% del de la leche; en el pan francés, el trigo explicó el 9% del precio. Con base en los coeficientes oficiales de conversión y los precios de agosto de 2025, FADA estimó que, en promedio, casi el 90% del precio de estos productos respondió a otros componentes (costos diversos, márgenes e impuestos).
“Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”
La economista de FADA Antonella Semadeni explicó la metodología: “Distinguimos entre los costos de producción, los impuestos y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena”.
“En términos generales y en promedio, el 60% del precio que paga un consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”.
Para graficarlo, agregó: “Supongamos, vamos a la carnicería, compramos un kilo de carne, bueno, de ese kilo de carne que yo pago, 250 gramos los estoy pagando en concepto de impuestos. Lo mismo en el caso de la leche, yo compro un sachet de leche de un litro, un vaso que me tomo, de los cuatro que me voy a tomar, uno son impuestos. Y lo mismo en el caso del pan, voy a la panadería, compro cuatro pancitos, uno que estoy pagando son impuestos”.
Al analizar el rol del Estado en la cadena, planteó que “funciona como una especie de eslabón más, que se lleva más que el resto de los eslabones, y no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, por así decirlo, pero cobra el 25% de cada precio final”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.
La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.
Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.
Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.
La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.
A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.
Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.
No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.
YPF volvió a mover el tablero en Vaca Muerta y batió un nuevo récord de producción no convencional. La compañía superó los 200.000 barriles diarios de shale oil y marcó un nuevo máximo corporativo que la consolidó como principal impulsora del boom no convencional argentino. El salto fue contundente. Desde diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la presidencia y la producción de no convencionales rondaba los 110.000 barriles diarios, la empresa aumentó su volumen en un 82%.
La propia compañía definió que se trató de uno de los crecimientos más acelerados del sector energético local y lo enmarcó en la hoja de ruta del Plan 4×4, con el que YPF buscó duplicar su valor, escalar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar a nuestro país como un exportador relevante en la región.
El presidente de YPF destacó además el salto registrado desde su llegada a la compañía: “Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad:, superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil”, confirmó el Marín vía X.
En su mensaje interno, el ejecutivo amplió el concepto al remarcar el cambio de fondo en la operación de la empresa. “Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, destacó el presidente y CEO de la petrolera.
ALCANZAMOS UN NUEVO HITO EN VACA MUERTA @YPFoficial llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años. Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma… pic.twitter.com/uu3UjTPkT6
Según la compañía, el crecimiento no llegó por inercia, sino a partir de una transformación operativa que combinó nuevas tecnologías, optimización de procesos y un cambio cultural orientado a la eficiencia. YPF atravesó una transformación productiva apoyada en el uso de inteligencia artificial, análisis predictivo y herramientas de optimización que agilizaron la toma de decisiones en los pozos y permitieron mejorar la productividad y anticipar fallas o comportamientos del reservorio con mayor precisión.
A este esquema se sumó la adopción del Toyota Well, una aplicación de la metodología TPS (Toyota Production System) al desarrollo de pozos no convencionales. El proyecto Toyota Well permitió acelerar la perforación, reducir tiempos improductivos, bajar costos por pozo y aumentar la eficiencia de las operaciones en Vaca Muerta. Marín resaltó que la alianza con la automotriz japonesa derivó en mejoras para las máquinas y herramientas dispuestas por YPF.
– El centro de monitoreo en tiempo de YPF, donde la inteligencia artificial anticipa fallas y optimiza la producción, fue clave para alcanzar el récord de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta
En paralelo, la actividad no convencional de los hidrocarburos en Vaca Muerta volvió a ganar fuerza en octubre. Según el informe mensual elaborado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, se registraron 2.020 etapas de fractura durante el mes, lo que representó un crecimiento del 10,3% respecto a septiembre (1.831).
En ese ranking de actividad, la empresa privada de mayoría estatal YPF volvió a encabezar cómodamente la lista, con 1.045 etapas de fractura, equivalente a más del 50% del total mensual. En segundo lugar se ubicó Pluspetrol con 374, seguida por Vista Energy (228) y Tecpetrol (225), que completaron el grupo de las operadoras más activas del mes. Detrás se ubicaron Pampa Energía (135), Phoenix (8) y Shell (4), en un escenario donde la concentración se mantuvo alta, pero con una participación creciente de compañías medianas en áreas emergentes.
– El presidente Marín (tercero de izquierda a derecha) junto a altos directivos de Adnoc y Eni
En paralelo a la expansión del petróleo, Marín se refirió a la evolución de la exportación de gas en el país. El proyecto “Argentina LNG” se planteó exportar gas shale de Vaca Muerta a través de barcos de licuefacción situados en Río Negro. “En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año”, mencionó el presidente de YPF.
Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) es la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos y fue situada como la cuarta compañía petrolera más grande del mundo. “No tenemos dimensión de la inversión extranjera que implica este proyecto. Debe ser la más grande de la historia del país” explicó Marín.
El desempeño electoral del peronismo en todo el país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires, reavivó la interna peronista y la hizo estallar por los aires. La misma noche del domingo comenzaron los reclamos cruzados y los pases de factura. En tierras bonaerenses, La Cámpora apuntó contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de la elección y contra los intendentes, a quienes acusó de no movilizar lo suficiente la campaña. Inmediatamente, el kicillofismo defendió la decisión de separar las elecciones y los jefes comunales salieron al cruce del cristinismo. En ese contexto, aparecieron unos afiches en la sede del Partido Justicialista bonaerense en La Plata con frases que cuestionaron directamente la conducción de Máximo Kirchner.
“El Partido Justicialista no es tu monarquía”, “Basta de herederos y bendecidos”, “Devuelvan el PJ de PBA a los peronistas”, son algunas de las frases que se leían en los carteles.
Esos mismos afiches aparecieron pegados también en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires.
Los cuestionamientos entonces no se limitaron a la conducción de Máximo Kirchner en la provincia, sino que apuntaron también contra la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. “Apertura ya del PJ nacional a los peronistas”, rezaba uno de los afiches.
Los carteles aparecieron el lunes por la noche. Este martes por la mañana ya no estaban, pero el mensaje llegó.
Los afiches eran negros y blancos y no contaban con ninguna firma. Su autoría es aún una incógnita, pero no así el destinatario.
Sin la presión de las elecciones, el peronismo no tiene ninguna obligación de mantener las apariencias, y las internas que hasta hace dos días estaban contenidas ahora salieron nuevamente a flote y recargadas.
El primer proyecto argentino de cobre en entrar en producción se ubicó en Mendoza. PSJ Cobre Mendocino presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial y anunció una inversión inicial de US$ 560 millones para el proyecto San Jorge, con inicio de obras previsto para 2026.
Según su CEO, Fabián Gregorio, la escala de producción prevista podría aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, estimadas en poco menos de US$ 2.000 millones.
“El envío de la DIA a la Legislatura provincial es un hito importante, condición necesaria, pero no suficiente, para acercarnos a nuestra licencia operativa”, señaló Gregorio en diálogo con Forbes. “Estamos contentos, la verdad estamos con mucha satisfacción por la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que ha hecho el gobierno y sobre todo que lo ha enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento que va a ser, supongo, en forma inminente”.
Gregorio precisó que San Jorge “es un proyecto mediano muy interesante, tiene una escala importante de tratamiento de minerales y pretende producir cuarenta mil toneladas de anuales de cobre fino, asociado con cuarenta mil onzas de hora como subproducto. Esto se va a prolongar inicialmente a lo largo de dieciséis años, pero estimamos que puede tener una vida útil hasta inclusive a los veintisiete años, dependiendo de las condiciones de mercado y geológica, pero es una posibilidad importante”.
El proyecto se presentó como el primer desarrollo de cobre en producción en el país y se asentó en Uspallata. La propuesta productiva se enfocó en un mineral estratégico y en un esquema de operación que contempló costos anuales definidos y una vida útil extendida, con potencial de ampliación sujeta a condiciones geológicas y de mercado.
El proyecto perteneció a Zonda Metals, de capitales suizos, que se asoció con el Grupo Alberdi, de capitales argentinos, para su desarrollo en Mendoza. “Existía una mirada importante sobre la Argentina, primero por su potencial geológico, por su marco normativo que siempre fue bueno, pero hoy se va consolidando con medidas de promoción como el RIGI y por el contexto macroeconómico que viene ofreciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, las expectativas se fueron incrementando claramente en estos últimos años y hoy estamos seguramente en esos bloques de empresa que están creyendo en la Argentina y apostando cada vez más fuerte”.
Consultado por el proceso político reciente, el CEO indicó que “independientemente de la relevancia que puede tener para la macroeconomía local, nos hemos mantenido al margen de eso. Recuerden que estamos en una en una provincia, la forma que se maneja la minería en la Argentina también es muy regionalizada, es muy federal. No digo que haya sido irrelevante, pero no ha estado en nuestra agenda condicionando”.
Respecto de los próximos pasos, Gregorio afirmó: “Estamos trabajando con un equipo intensamente para aplicar al RIGI. En las próximas semanas vamos a tener definiciones y vamos a estar haciendo algún anuncio al respecto. Y cuando esté ratificado por la Legislatura, vamos a acelerar los procesos de factibilización definitiva de la mina, vamos a cerrar la ingeniería detalle y estamos trabajando ya sobre el cierre del financiamiento. Tenemos todas las pretensiones que en algún tramo del 2026 estemos en condiciones de iniciar la construcción de la mina, que va a demandar entre dieciocho a veinticuatro meses”.
Entrevistado por Radio Post, Gregorio describió: “Es una ejecución de alto impacto y rápida implementación. Para que una mina de este tipo funcione, hay que invertir mucho dinero”. Precisó que son 120 millones de dólares anuales en gastos operativos, y remarcó que el emprendimiento tuvo “una mirada muy enfocada en Mendoza”.
Sobre la extracción aclaró que “se aplicará un método de flotación, que consiste en moler la roca, tratarla con agua en un circuito cerrado y filtrarla para obtener un concentrado de cobre. Es un proceso limpio, sin filtraciones ni sustancias contaminantes: todos los reactivos son biodegradables”.
En materia de empleo, Gregorio sostuvo que durante la construcción se generarían unos 3.900 puestos entre directos e indirectos, con alrededor de 600 empleos permanentes en operación: “Por cada trabajador directo, se replican tres más en distintos sectores de Mendoza. En algunos casos, ese número puede ser aún mayor”.
En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, enviada por el Poder Ejecutivo para su ratificación. Por videoconferencia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico” y buscó garantizar que los legisladores conocieran “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”. Añadió que “este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”.
Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”. Recordó además que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”.
Según los fundamentos de la elevación, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó participación ciudadana efectiva mediante consultas públicas, talleres y visitas técnicas. Se convocó y celebró una audiencia pública, se admitieron observaciones por escrito, y se dispuso la compulsa pública de las actuaciones en formato físico y digital. En paralelo, se tramitaron procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
