“No negociamos el cambio” | Ritondo defendió el veto y criticó a la gestión K

Durante su intervención en el Congreso, el jefe del bloque PRO respaldó el veto presidencial al presupuesto universitario y destacó la necesidad de transparencia en la gestión de los fondos educativos.
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En una encendida intervención, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, justificó el apoyo de su partido al veto presidencial que bloquea la Ley de Financiamiento Universitario. En su discurso, el legislador señaló que la medida era necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y criticó la herencia económica dejada por el gobierno de Alberto Fernández, la cual, aseguró, tuvo un impacto devastador en el sistema educativo.

“Tenemos que entender cómo llegamos hasta acá, por qué las universidades y el resto del sector público están como están hoy en la Argentina”, afirmó Ritondo al inicio de su intervención, apuntando directamente a la gestión económica de la administración anterior, a la que calificó como “el peor gobierno de la historia”. Según Ritondo, las políticas populistas implementadas en ese periodo llevaron al país a una crisis económica sin precedentes, aumentando el gasto público y provocando un déficit récord. “Nos dejaron una bomba que todos sabíamos que había que desactivar”, subrayó.

El veto presidencial, publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 879/24, generó una intensa discusión en la Cámara Baja. La medida fue tomada tras la aprobación de una ley que buscaba ampliar los recursos destinados a las universidades públicas. No obstante, Ritondo y su bloque consideran que, antes de aumentar el financiamiento, es necesario garantizar una mayor rendición de cuentas en cómo se administran estos fondos.

El presidente del bloque también defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “Nosotros somos parte de un partido político que transformó la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires“, afirmó, haciendo referencia a las mejoras en infraestructura y al incremento de la matrícula escolar pública. Además, subrayó el “compromiso” del actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con la continuidad de esta “nueva transformación” en la educación.

En este sentido, el legislador criticó duramente la situación de la educación pública en la provincia de Buenos Aires de Kicillof bajo la influencia del oscuro dirigente sindical, Roberto Baradel. “Si la educación pública es la de Baradel, pobre los argentinos”, exclamó, aludiendo a la falta de avances significativos durante los últimos años y a la complicidad de algunos sectores con la crisis inflacionaria que ha afectado los salarios docentes.

En otro tramo de su discurso, Ritondo criticó al gobierno anterior por la situación en la que dejó al país en diciembre, antes de la asunción de la nueva administración. “La inflación acumulada de más de 1.000% y un Estado con reservas negativas de más de 15.000 millones de dólares es lo que nos dejaron”, acusó, resaltando que esta herencia condiciona las políticas actuales y dificulta las mejoras en el ámbito educativo.

No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos docentes, que exigieron mejores condiciones laborales y salariales. Sin embargo, fue enfático al exigir una mejor gestión del presupuesto educativo por parte del actual gobierno. “A esta altura exigimos una mejor gestión”, afirmó señalando la falta de avances en organismos de control clave como la Auditoría General de la Nación, la cual no fue conformada (pese a su importancia para auditar los gastos en las universidades).

Sobre el final de su discurso, Ritondo hizo un llamado a la responsabilidad política, instando a no repetir los errores del pasado que, según él, llevaron al país a la crisis actual. “No se puede mejorar ni la educación pública ni ninguna política pública si volvemos a quebrar el Estado”, advirtió, refiriéndose al ciclo de déficit y emisión monetaria que destruyeron la economía argentina y profundizado la pobreza.

El jefe del bloque PRO dejó en claro que su partido continuará defendiendo el veto presidencial, destacando la importancia de la coherencia política en tiempos de crisis. “Somos el cambio o no somos nada”, concluyó.

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“YO QUIERO SER PALESTINE” | Militantes de izquierda piden la ciudadanía Palestina para luchar contra “la extrema derecha” de Trump y Milei

La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.

Bajo el lema “Yo quiero ser palestino, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.

Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.

Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.

El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.

En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.

La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”

Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino. 

La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”. 

Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.

Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.

La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias. 

Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.

Bancos de Estados Unidos descartaron un rescate de US$ 20.000 millones y Caputo negó haberlo negociado

Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.

La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.

Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.

Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.

La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.

A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.

Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.

No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

La Justicia confirmó el procesamiento de Alberto en la causa Seguros tras acreditar su “participación directa”

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, en la que se lo acusó de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por haber favorecido a su amigo y broker Héctor Horacio Martínez Sosa en la contratación de pólizas de seguros de organismos estatales a través de Nación Seguros S.A.

La resolución lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral y ratificó también el embargo sobre sus bienes hasta la suma de $ 14.634.220.283, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos dictados anteriormente por el juez federal Sebastián Casanello, en una causa en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, y advirtió que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.” 

El procesamiento de Fernández se vinculó con la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, marido de María Marta Cantero, quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente. 

Para el tribunal, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante el “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en NACIÓN SEGUROS S.A.”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Sobre el exmandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”. Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” El tribunal estimó que estaba corroborada la hipótesis fiscal acerca de que existió un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor de Martínez Sosa, casado con la exsecretaria Cantero.

En la resolución se recordó que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”. Ese nexo, sumado al rol de poder que detentaba el entonces Presidente de la Nación, se consideró clave para explicar el crecimiento de los negocios del broker con el Estado y permitió “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.

El fallo detalló que, desde la asunción de Fernández, la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Los camaristas señalaron que fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el exponencial aumento de los negocios del broker con organismos públicos y se preguntaron: “Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”.

Un indicio considerado clave por el tribunal fueron los mensajes intercambiados en mayo de 2023, cuando María Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en la Cancillería. El 24 de mayo de 2023, la secretaria advirtió esa situación y Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Cinco días después, la designación había sido revertida. 

Además, el fallo indicó que se encontraron pruebas de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la elección de Alberto Carlos Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay. Para los jueces, el entramado descrito se integró por el “ejercicio de influencia” del expresidente en su rol institucional “a través de su secretaria María Cantero”, lo que lo convirtió en un eslabón central de la trama que, según el tribunal, articuló el direccionamiento de negocios hacia el broker.

En el plano jurídico, la Cámara Federal porteña confirmó que Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Con esto, se corroboró que el delito exigía que el funcionario se interesara en el asunto y el Tribunal entendió que ese interés quedó acreditado a partir de los elementos reunidos, entre ellos el esquema de comisiones, la relación personal y económica con Martínez Sosa y los mensajes en los que intervino para sostener contratos a su favor. Así, el expresidente quedó más cerca del juicio oral y público.

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