16 marzo, 2025

“No negociamos el cambio” | Ritondo defendió el veto y criticó a la gestión K

Durante su intervención en el Congreso, el jefe del bloque PRO respaldó el veto presidencial al presupuesto universitario y destacó la necesidad de transparencia en la gestión de los fondos educativos.
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En una encendida intervención, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, justificó el apoyo de su partido al veto presidencial que bloquea la Ley de Financiamiento Universitario. En su discurso, el legislador señaló que la medida era necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y criticó la herencia económica dejada por el gobierno de Alberto Fernández, la cual, aseguró, tuvo un impacto devastador en el sistema educativo.

“Tenemos que entender cómo llegamos hasta acá, por qué las universidades y el resto del sector público están como están hoy en la Argentina”, afirmó Ritondo al inicio de su intervención, apuntando directamente a la gestión económica de la administración anterior, a la que calificó como “el peor gobierno de la historia”. Según Ritondo, las políticas populistas implementadas en ese periodo llevaron al país a una crisis económica sin precedentes, aumentando el gasto público y provocando un déficit récord. “Nos dejaron una bomba que todos sabíamos que había que desactivar”, subrayó.

El veto presidencial, publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 879/24, generó una intensa discusión en la Cámara Baja. La medida fue tomada tras la aprobación de una ley que buscaba ampliar los recursos destinados a las universidades públicas. No obstante, Ritondo y su bloque consideran que, antes de aumentar el financiamiento, es necesario garantizar una mayor rendición de cuentas en cómo se administran estos fondos.

El presidente del bloque también defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “Nosotros somos parte de un partido político que transformó la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires“, afirmó, haciendo referencia a las mejoras en infraestructura y al incremento de la matrícula escolar pública. Además, subrayó el “compromiso” del actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con la continuidad de esta “nueva transformación” en la educación.

En este sentido, el legislador criticó duramente la situación de la educación pública en la provincia de Buenos Aires de Kicillof bajo la influencia del oscuro dirigente sindical, Roberto Baradel. “Si la educación pública es la de Baradel, pobre los argentinos”, exclamó, aludiendo a la falta de avances significativos durante los últimos años y a la complicidad de algunos sectores con la crisis inflacionaria que ha afectado los salarios docentes.

En otro tramo de su discurso, Ritondo criticó al gobierno anterior por la situación en la que dejó al país en diciembre, antes de la asunción de la nueva administración. “La inflación acumulada de más de 1.000% y un Estado con reservas negativas de más de 15.000 millones de dólares es lo que nos dejaron”, acusó, resaltando que esta herencia condiciona las políticas actuales y dificulta las mejoras en el ámbito educativo.

No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos docentes, que exigieron mejores condiciones laborales y salariales. Sin embargo, fue enfático al exigir una mejor gestión del presupuesto educativo por parte del actual gobierno. “A esta altura exigimos una mejor gestión”, afirmó señalando la falta de avances en organismos de control clave como la Auditoría General de la Nación, la cual no fue conformada (pese a su importancia para auditar los gastos en las universidades).

Sobre el final de su discurso, Ritondo hizo un llamado a la responsabilidad política, instando a no repetir los errores del pasado que, según él, llevaron al país a la crisis actual. “No se puede mejorar ni la educación pública ni ninguna política pública si volvemos a quebrar el Estado”, advirtió, refiriéndose al ciclo de déficit y emisión monetaria que destruyeron la economía argentina y profundizado la pobreza.

El jefe del bloque PRO dejó en claro que su partido continuará defendiendo el veto presidencial, destacando la importancia de la coherencia política en tiempos de crisis. “Somos el cambio o no somos nada”, concluyó.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Caputo defendió el nuevo acuerdo con el FMI: “Podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”

El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.

La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.

– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos

“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.

El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.

El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.

No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.

– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional

Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.

Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.

Redacción

info@data24.com.ar

La Justicia embargó más de $2.000 millones a Cristina por las causas Hotesur y Los Sauces

La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras. 

Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.

En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.

El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.

Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.

La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.

La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.

La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.

Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.

Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.

Redacción

info@data24.com.ar

Macri respaldó la honestidad de Milei pero fulminó a su entorno: “Tiene que rodearse mejor”

El expresidente Mauricio Macri se refirió al escándalo del criptogate, que involucró al presidente Javier Milei en la difusión de la memecoin $LIBRA. Calificó como “un hecho grave” la filtración de una escena en la que el asesor presidencial, Santiago Caputo, interrumpió una entrevista televisiva en el canal TN para que Milei repitiera su respuesta. El exmandatario sostuvo: “Hemos visto un presidente muy descuidado. Tiene que rodearse mejor, ha sido una estafa para mucha gente”. Agregó que la situación “amerita una investigación seria” y afirmó: “No dudo de su honestidad”.

Macri dio estas declaraciones este martes en Rosario, adonde llegó cerca de las 11 en una camioneta para reunirse con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con empresarios vinculados al sector agropecuario, en la Bolsa de Comercio. Antes de ingresar al edificio, reiteró que el caso resultó “un tema delicado”. Luego insistió en que lo sucedido “tuvo un impacto sobre la imagen pública local e internacional del presidente”.

El exjefe de Estado también descartó iniciar un proceso de juicio político en el Congreso. “Las cosas se generan en base a estudiar los problemas, analizar lo que pasó y buscar dónde están las responsabilidades, no utilizando una herramienta límite como el juicio político”, advirtió. Señaló que Milei “había logrado una buena recepción en el mundo entero” y que lo acontecido “lamentablemente generó un impacto”.

Durante la misma jornada, Pullaro afirmó que “las instituciones tienen que actuar para ver qué sucedió” y calificó como “disparatado” el pedido de juicio político de varios sectores de la oposición. “Tenemos que intentar que no se erosione la figura del presidente”, añadió. En contraste, desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el criptogate “ha generado ruido en el Gobierno”, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “Acá no pasó nada, para nosotros no hay delito. Las operaciones son un clásico en la política argentina. Dicen cualquier cosa, nada de esto modificó su credibilidad, ni en la agenda internacional, ni en el acuerdo con el FMI, ni nada”.

Macri lanzó un fuerte cuestionamiento contra el entorno de Milei, en referencia a Karina, hermana del presidente, y al asesor Santiago Caputo, quienes estuvieron presentes en la entrevista de TN, junto con el vocero Adorni.

Finalmente, reiteró que Milei “quedó en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente” y explicó que no se había comunicado con el mandatario después de que se conoció la presunta implicación en la promoción de $LIBRA. “Es importante que haya decidido ponerse a disposición para que se investigue en profundidad”, concluyó.

Redacción

info@data24.com.ar

Detuvieron a un “empresario” boliviano que vendía terrenos con papeles truchos por Tik ToK

La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.

El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.

La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.

Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.

Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.

En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.

El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.

Redacción

info@data24.com.ar

Diputada de LLA enfrenta una causa por tráfico de cocaína en Estados Unidos

En medio de los incidentes del pasado miércoles dentro y fuera del Congreso, una grave denuncia realizada en el recinto pasó desapercibida. Sobre la última hora de sesión, el diputado de Unión por la Patria y exintendente de General Roca (Río Negro), Martín Soria, expuso una causa que su comprovinciana Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, enfrenta en Estados Unidos por tenencia de drogas.

El diputado kirchnerista se dirigió al presidente de la Cámara, Martín Menem, para mostrarle una “resolución” del estado de Florida y leyó: “Tráfico de cocaína: de 400 gramos a 150 kilogramos. Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde. Fecha de nacimiento, febrero del año 1974. Detalles del caso e identificación: 58-58-2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, artículo 893” y la descripción del delito era “tráfico de cocaína”.

Cuando Soria comenzó a hacer uso de la palabra, la diputada oficialista abandonó rápidamente el recinto y no faltaron las chicanas por parte del bloque K: “¡Se va la droga!”, gritó uno de los legisladores. 

– La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde ingresó al recinto con un busto de Javier Milei en brazos

Hace un mes, el 12 de febrero, el propio Soria utilizó una frase similar para confrontar a Villaverde por interrumpir su discurso: “Yo te dejé hablar, falopa”. En aquella ocasión, el diputado también usó su cuestión de privilegio para confrontar a la libertaria, argumentó que “el ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico”.

Tras las acusaciones, la legisladora rionegrina dijo que llevará a Soria a la Justicia y lo desafió a realizar juntos un análisis de drogas. “No tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. En todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa. Si fuese cierto serían cuestiones que no atienden a mi persona”.

“Con gusto me ofrezco y lo invito (al diputado Soria) a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa”, declaró Villaverde en febrero a CNN Radio Roca.

Previo a la denuncia del pasado miércoles, Villaverde se dirigió al “clan Soria” en referencia al diputado y a su hermana, María Emilia Soria, actual intendente de General Roca a quienes cuestionó por el abandono de las obras de la ruta Nacional 22. La obra se encuentra paralizada hace unos 20 años. Mientras, un informe realizado el año pasado por el Departamento de Tránsito de la Policía de Río Negro reveló que esa ruta encabeza el listado de tramos más peligrosos. 

A inicios de este mes, La Libertad Avanza de General Roca publicó un comunicado repudiando las declaraciones de la intendente de la localidad. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la hermana del diputado Soria criticó a Vialidad Nacional por la paralización. Desde el partido libertario local sostienen que “la familia Soria se opuso a la traza elevada de la Ruta 22 y San Juan, donde tenían en carpeta un negocio inmobiliario”.

Lo curioso es que sobre Villaverde —figura central en el esquema político de Karina Milei— también pesan acusaciones de estafas por fraude en un proyecto inmobiliario en Las Grutas, bellísima ciudad costera de la que es oriunda la diputada.

Hace poco menos de un año, la diputada nacional fue denunciada por manejos oscuros en el Club Las Grutas. En la zona de ingreso a la reconocida localidad turística, Villaverde, impulsó un proyecto inmobiliario conocido como Tajamar, que se promocionó como una oportunidad accesible para adquirir terrenos y construir viviendas. 

Sin embargo, los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste revelan que el sector está clasificado como zona rural y no cuenta con la habilitación necesaria para edificar. A pesar de esto, Villaverde vendió terrenos con la promesa de escriturarlos en un plazo de 10 meses, prorrogable por 6 meses más. Cuando estos plazos vencieron y las obras no se concretaron, comenzaron a llegar las primeras denuncias por daños y perjuicios.

A mediados del año 2022, algunos compradores enviaron cartas documento exigiendo la regularización de sus lotes y la entrega formal de escrituras. Sin respuestas favorables, las demandas civiles se multiplicaron. Los damnificados acusaron a la diputada libertaria de no haber aclarado que el municipio nunca había aprobado el uso residencial en esa parcela. Por su parte, el abogado querellante Lucas Cerro, sostuvo que Villaverde “actuó con dolo” al comercializar un emprendimiento que no cumplía con los requisitos legales para transformarse en un barrio habitacional.

– El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la diputada Villaverde y el armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja

La presión judicial obligó a Villaverde a cerrar acuerdos extrajudiciales millonarios. En mayo de 2024, desembolsó diez millones de pesos para frenar una de las demandas, mientras que en noviembre del mismo año acordó otros doce millones para poner fin a otro litigio relacionado con el mismo desarrollo. Aunque estos arreglos evitaron la prolongación de las causas en los tribunales, dejaron en el aire la situación de otros denunciantes, que siguen esperando soluciones a sus reclamos por los plazos incumplidos y la imposibilidad de construir en sus terrenos.

Paralelamente, sobre Villaverde recayó otra controversia en la misma localidad. Cuando presidió el Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas, lanzó una rifa —denominada “Sorteo Millonario”— con el objetivo de obtener fondos para la institución.

– Antes de ser electa diputada, Villaverde ganó popularidad en la presidencia del Club Las Grutas

La iniciativa, lanzada en octubre de 2021, ofrecía como premio principal un terreno perteneciente al patrimonio del club, valorado en decenas de millones de pesos. La fecha de sorteo —anunciada inicialmente para la Pascua de 2022— se pospuso hasta Navidad de ese mismo año. En el momento de la extracción de los números, el premio mayor quedó vacante porque supuestamente no se vendió el cupón ganador.

La nueva comisión normalizadora del club denunció que la rifa había carecido de autorización de Lotería de Río Negro, el organismo encargado de regular este tipo de eventos en la provincia. Además, reveló la existencia de irregularidades en los libros contables, como la falta de balances y el uso de cuentas bancarias o billeteras virtuales personales para recibir pagos vinculados tanto a la rifa como a las cuotas sociales de la institución. 

Ante esta situación, la comisión acudió a la Justicia con una denuncia de “estafa por defraudación”, al advertir que el sorteo implicaba la desafectación de un bien que pertenecía al patrimonio del club y, por lo tanto, requería la aprobación formal de una asamblea de socios.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo de Gustavo Arbués, avanzó en la investigación y formalizó la imputación contra Villaverde y varios integrantes de su antigua comisión directiva. La medida quedó respaldada por el juez de Garantías, Favio Corvalán, quien otorgó un plazo de cuatro meses para profundizar las pesquisas. Entre otros elementos, se solicitó un peritaje contable para revisar la documentación que nunca fue presentada en forma completa durante la gestión de la diputada.

Villaverde se defendió públicamente de ambas acusaciones, alegando que en el caso del loteo Tajamar su intención siempre fue la recalificación de las tierras y que la pandemia de COVID-19 demoró trámites administrativos, imposibilitando la habilitación municipal en los plazos establecidos. Con respecto a la rifa, asegura que no existió mala fe, sino desconocimiento de las normativas de Lotería de Río Negro.

Redacción

info@data24.com.ar

Macri afirmó que la protesta fue un “intento de desestabilización democrática”

El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.

“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.

El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.

Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.

En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.

Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo. Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now