El feudalismo del clan Posse en San Isidro: Casi setenta años perpetuados en la intendencia
Gustavo Posse eligió a su hija Macarena para encabezar la fórmula a la jefatura comunal de la localidad bonaerense, perpetuando así una preocupante historia que comenzó en 1958 con su padre.
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La Edad Media se ha instalado definitivamente en el país. El feudalismo, el sistema económico que atravesó aquel tribulado período de la historia mundial, caracterizado por la perpetuación de los señores feudales en el poder de largas extensiones de tierra, pareciera haber quedado atrás en el resto del mundo. En Argentina, sin embargo, vive una renovada primavera.
A los ya conocidos ejemplos de Gildo Insfrán en Formosa, que recientemente confirmó que irá por su octavo mandato, y la familia Rodríguez Saá en San Luis, que cumplió 34 años ininterrumpidos en el poder, se le suma el extraño caso del clan Posse, que gobierna la localidad bonaerense de San Isidro desde 1958 a la fecha.
El patriarca familiar, Melchor Posse, asumió su primer mandato en el año 1958 representando a la Unión Cívica Radical Intransigente y se perpetuó en la intendencia de San Isidro hasta el año 1999, sólo interrumpido por la dictadura cívico-militar que asoló al país entre 1976 y 1983.
A regañadientes, Melchor soltó la intendencia para integrar la fórmula a la gobernación que encabezó Graciela Fernández Meijide con la tristemente célebre Alianza. Característica esencial del feudalismo, el nepotismo se hizo carne en San Isidro cuando Melchor eligió a su hijo Gustavo como candidato a intendente.
Macarena Posse junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta
Desde entonces, Gustavo Posse se mantuvo ininterrumpidamente en la municipalidad de San Isidro durante los últimos 24 años. A pesar de los continuos reclamos de renovación por parte de las nuevas generaciones, poco o ningún lugar tuvieron los dirigentes jóvenes que buscaron transformarse en una alternativa.
Al igual que su padre, Gustavo Posse sólo se animó a dejar la intendencia para jugar a ser precandidato a vicegobernación bonaerense en Juntos por el Cambio.
Gustavo Posse actual intendente de San Isidro
Perpetuando la tradición familiar, el jefe comunal de San Isidro eligió como sucesora a su propia hija, Macarena Posse. “Voy a ser precandidata a intendente de San Isidro”, anunció la nueva figura del clan Posse. “Hoy me siento preparada para afrontar este desafío junto al equipo de gobierno que hizo y hace que San Isidro sea distinto”, aseguró en las redes sociales.
De resultar ganadora en octubre, Macarena estirará el manejo feudal de la familia en San Isidro por otros cuatro años, alcanzando así los llamativos 69 años ininterrumpidos en el poder del clan Posse. La alternancia democrática, de rodillas ante una ciudad que pareciera retrasar la historia política por varios siglos.
Fuente: REALPOLITIK
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La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.
El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.
– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri
Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático.
– Lucas Figueras
Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.
Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?
Donald Trump asumió como el 47° presidente de los Estados Unidos en una ceremonia histórica celebrada en la Rotonda del Capitolio, donde juró sobre una Biblia que perteneció a su madre. El acto reunió a unos 800 invitados en el recinto y a más de 1.800 en áreas adyacentes, incluyendo expresidentes como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, además de líderes internacionales como el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En su primer discurso oficial, Trump proclamó: “La era dorada de Estados Unidos empieza ahora” y prometió cambios profundos en política exterior, migración y economía.
A las 12:00 (hora de Washington), Trump inició formalmente su segundo mandato tras su primera gestión (2017-2021). El presidente saliente, Joe Biden, lo recibió por la mañana en la Casa Blanca y lo despidió con un mensaje: “Bienvenidos a casa”. Horas después, Kamala Harris, vicepresidenta saliente, y Doug Emhoff, segundo caballero saliente, dejaron un mensaje en la red social X (antes Twitter): “Ha sido el honor de nuestras vidas servir al pueblo estadounidense”.
Entre los presentes destacaron figuras empresariales como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Tim Cook, quienes acompañaron a Trump en el arranque de una administración que apuntó a fortalecer la colaboración con la industria tecnológica. El mandatario anunció la creación de un “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) para optimizar recursos mediante herramientas innovadoras.
Un discurso marcado por el simbolismo y los anuncios contundentes
En su alocución, Trump afirmó: “En cada uno de mis días al frente de gobierno, pondré a Estados Unidos primero”. Sostuvo que “el declive de Estados Unidos ha terminado” y que su “principal prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre”. Al referirse a su regreso al poder tras la administración demócrata, sentenció: “Muchas personas pensaron que era imposible para mí realizar un regreso político tan histórico, pero como ven aquí hoy, aquí estoy”.
El presidente también recordó el atentado que padeció durante la campaña: “Hace unos meses, en un bonito mitin de Pensilvania, un grupo de asesinos me perforó la oreja. Pero mi vida se salvó por algo: Dios me salvó para hacer a EE.UU. grande de nuevo”. Y enfatizó: “Me salvaron la vida por una razón: hacer América grande otra vez”.
Renombrar el Golfo de México y recuperar el Canal de Panamá
Trump planteó uno de sus anuncios más audaces al declarar su intención de rebautizar el Golfo de México como “Golfo de América”. Según dijo, “América reclamará su lugar legítimo como la nación más grandiosa, más poderosa y más respetada de la Tierra —inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo”.
En el ámbito internacional, adelantó su intención de “recuperar el control del Canal de Panamá”. Aseguró que “a los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera”, y acusó a China de operar el canal. “Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”, declaró.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió de inmediato que “el Canal es y seguirá siendo de Panamá”. Sin embargo, Trump insistió en que estas políticas reafirmarían la supremacía estadounidense.
Políticas migratorias: fin de la “captura y liberación”
Minutos después de jurar el cargo, Trump anunció la “emergencia nacional” en la frontera sur y prometió medidas inmediatas para frenar la inmigración ilegal: “Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”.
El mandatario aseguró que reactivaría la política de “Permanecer en México”, un sello de su primer mandato, y que pondría fin a la práctica de “captura y puesta en libertad”. Además, declaró que designaría a los carteles mexicanos del narcotráfico como “organizaciones terroristas” y advirtió que aplicaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para “eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras”.
“La balanza de la justicia se reequilibrará”
En otro tramo de su discurso, Trump cargó contra el Departamento de Justicia. Anunció que acabaría con lo que llamó un “armamentismo vicioso, violento e injusto” y describió su gobierno como la oportunidad para revertir la “horrible traición” de los poderes contra el pueblo estadounidense. “Nuestra soberanía será restablecida. Se reinstaurará nuestra seguridad. Se reequilibrará la balanza de la justicia”, sentenció.
Economía, combustibles fósiles y Marte
Trump declaró que “habrá solo dos géneros: hombre y mujer” y anticipó una política de enfoque conservador en el ámbito social. En lo económico, prometió aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y aseveró: “Vamos a perforar, baby, a perforar”, en referencia al impulso de los combustibles fósiles. “Volveremos a EE.UU. una nación rica de nuevo”, agregó, señalando que planeaba explotar los “recursos de oro líquido” bajo territorio estadounidense.
El mandatario también adelantó una visión ambiciosa para la exploración espacial: “Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas en el planeta Marte”.
La ceremonia en la Rotonda del Capitolio
La elección de la Rotonda del Capitolio para la toma de posesión rompió con la tradición de ceremonias al aire libre, marcando un acto simbólico en un espacio que conecta el Senado con la Cámara de Representantes. El ambiente apareció dominado por fuertes medidas de seguridad y un inusual frío polar, con temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero que obligaron a trasladar la investidura al interior del edificio.
Entre los mandatarios presentes figuraron el presidente Javier Milei, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el vicepresidente de China, Han Zheng, enviado en representación de Xi Jinping.Meloni, primera ministra de Italia, también se ubicó junto a Milei, con quien dialogó antes de la ceremonia. Al finalizar, Kamala Harris y Doug Emhoff ofrecieron un mensaje de despedida en redes sociales.
Javier Milei, acompañado por su hermana Karina, participó del oficio religioso previo en la iglesia de St. John’s. Al término de la ceremonia, se topó con el flamante mandatario estadounidense, quien lo saludó de manera afectuosa. “Me saludó como un amigo”, relató el presidente argentino. Algunos integrantes de la familia Trump pidieron a Milei una selfie y, según el propio Milei, respondió con “entre 20 y 30 selfies corridas” con la gente presente.
En el Capitolio, Milei y Karina se sentaron detrás de los expresidentes Bush, Clinton y Obama, mientras esperaban el inicio del acto. El presidente argentino comentó que dialogó unos minutos con Giorgia Meloni y tuvo un intercambio protocolar con Han Zheng.
Últimos gestos de Biden y el futuro inmediato
En sus últimas horas al frente de la Casa Blanca, Joe Biden concedió indultos preventivos a Anthony Fauci y a miembros del comité que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero, con el objetivo de protegerlos de posibles acciones legales de la nueva administración. Diversos líderes mundiales, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su deseo de mantener relaciones diplomáticas y comerciales estables con el gobierno entrante.
Tras la ceremonia, Trump recibió una fuerte ovación y cerró su discurso inaugural proclamando: “Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a Estados Unidos”. El mandatario republicano anunció que firmaría un centenar de órdenes ejecutivas en sus primeros días para revertir políticas de su antecesor, en lo que él mismo definió como “la revolución del sentido común”.
Milei, por su parte, abandonó la Rotonda y se dirigió a su hotel en Georgetown, con la expectativa de participar en la gala oficial inaugural Starlight. Posteriormente, planeó viajar a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, mientras el nuevo gobierno de Trump se dispone a iniciar una administración que promete cambios inmediatos y profundos en el escenario político de Estados Unidos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.
“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.
Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.
Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.
Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:
Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).
En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.
Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.
Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.
El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.
Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano CúneoLibarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.
El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.
EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN
Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”.
“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.
En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.
– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)
En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.
Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.
– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz
En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.
En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”.
El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.
– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X
“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.
El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.
Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
