Palazzo | 20 años de rock, mafias y oscuro poder

¿Cómo hizo un simple empresario cordobés para convertirse en el "nuevo Chabán"?
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10 Years Experiences

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Días antes de que el primer acorde de Cosquín Rock comenzara a sonar, José Domingo Palazzo estuvo en el ojo del huracán. Fue por la muerte de Ismael Sosa, el pibe de Merlo, provincia de Buenos Aires, de 24 años de edad, que fue a Villa Rumipal en enero a ver La Renga (grupo que Palazzo también produce) y apareció muerto flotando en el lago de Embalse.

“Ya habían pasado el primer control, estaba detrás de su novia, y en un momento, cuando ella miró hacia atrás, asegura que ya no estaba”, relató Nancy Sosa, la madre Ismael, que desde entonces, con manifestaciones en el Obelisco y en Córdoba, clama justicia, mientras pide explicaciones a la policía cordobesa y a Palazzo.

Claro que Nancy, al igual que muchos, no sabe quién es el productor del recital donde murió su hijo. Tampoco de los vínculos de su familia con el ex gobernador de facto Luciano Benjamín Menéndez. Ni mucho menos de las estrechas relaciones de Palazzo con el poder político y empresarial, que le sirvieron para forjar su emporio roquero y ganarse el mote de “el nuevo Chabán”.

José Luis Palazzo

El padre del roquero Palazzo y su persona de confianza se llama José Luis Palazzo. Es un renombrado abogado, dirigente político (UCeDé), profesor universitario, conjuez, y empresario de Córdoba. También es ahijado del polémico Luciano Benjamín Menéndez.

En el 2013, Palazzo padre, socio y hombre de confianza del productor del Cosquín Rock, fue denunciado en el juicio de La Perla de ser un colaboracionista de la última dictadura cívica-militar dentro de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), donde Agustín Tosco reinaba. Allí, Palazzo padre se desempeñó como gerente de personal, cargo desde donde realizó, según la acusación, una limpieza ideológica.

La denuncia fue realizada por Silvia Di Toffino, presidenta de H.I.J.O.S.-Córdoba e hija del desaparecido dirigente gremial de Luz y Fuerza Tomas Di Toffino. La prueba fue una carta, de 1980, firmada por puño y letra de Menéndez, y dirigida al coronel Oscar Joan, por entonces ministro de Gobierno de Córdoba, donde el “Cachorro” aseguraba: “No sólo el doctor (Palazzo) no tiene simpatías ideológicas izquierdistas sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí, en EPEC, desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de (Agustín) Tosco”.

A raíz de esta durísima acusación, el fiscal federal Facundo Trotta solicitó la investigación de Palazzo. Sin embargo, el padre del productor del Cosquín Rock jamás aclaró las gravísimas denuncias en su contra a pesar de ser abogado, conjuez provincial, y profesor titular de la cátedra Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Quien sí habló fue su hijo. “En la historia familiar se dice que las cosas sucedieron al revés: que mi abuelo, su suegro, lo hizo salir de EPEC porque los militares se habían enterado de que había estado protegiendo gente que estaba perseguida, y sacándola de Córdoba. Yo no investigué, pero la historia familiar cuenta eso”, dijo el empresario rockero.

“Además, no me cierra: ¿usted se imagina a un ahijado de Menéndez, como dicen que era, con un hijo de coleta y arito que quería vivir del rock? Siempre fue un tipo muy tolerante con nosotros, mi padre; un tipo que parece una cosa y es otra, que a veces confunde”, añadió.

Menem y rock & roll.

Fue precisamente gracias a su controvertido padre que José Domingo Palazzo terminó como exitoso empresario del espectáculo. Comenzó a mediados de los ’90, como gerente de Programación de Canal 2 de Córdoba, cuyo propietario era su padre.

Este canal, junto a la empresa Video Cable Comunicaciones S.A. y la productora Prointel S.A., habían sido adquiridos por Palazzo padre, luego de su paso como interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) bajo el gobierno de Carlos Menem.

Eran tiempos de mucho agite. Por ese entonces, el actual productor del Cosquín además estudiaba abogacía, carrera donde egresó, según él, con promedio de 8. También tenía, con otros “chicos bien” del coqueto barrio Cerro de Las Rosas, la banda Rouge & Roll, donde tocaba el bajo y cuyo mayor éxito fue “Dame lo que quiero”. Burdo plagio del hit “Cherry Pie”, del grupo californiano Warrant, que Palazzo y sus Rouge & Roll no sólo copiaron, sino que la grabaron en un disco de vinilo y lo vendieron como propio.

“Cuando me recibí ya estaba trabajando en un canal de cable que era de mi viejo, era gerente de programación, y eso me gustaba. Además, estaba haciendo lo que quería: había formado mi banda, Rouge and Roll, y en esa época en Córdoba se podía vivir de la música”, rememoró Palazzo, dando cuenta de una realidad que nunca existió en Córdoba.

Palazzo, un ladrón de guante blanco

Tras incursionar en el mundo de la TV, el Derecho y el rock and roll, en el 2000, Palazzo padre e hijo brincaron, con licencias menemistas, al negocio radiofónico, conformando el Grupo FM. Al año siguiente, a raíz de una idea del funcionario menemista Julio Márbiz, animador durante cuarenta años del festival de folklore de Cosquín, en plena crisis económica, arrancaron con el Cosquín Rock.

“Él (Julio Márbiz) me encontró en un aeropuerto y me dijo: -Tenemos que hacer cosas en esa plaza porque invertí mucha plata en el festival de folklore y tengo que recuperarla-“, contó Palazzo.

Lo hicieron mediante la productora Nueva Tribu S.R.L., cuyos únicos socios eran José Luis Palazzo y su hijo homónimo. Como socios intelectuales estaban Héctor Emaides, histórico productor de rock cordobés, hoy peleado a muerte con Palazzo, y Costantino Carrara, un empresario de la noche, ex asesor del intendente radical Ramón Mestre en el Senado de la Nación, e involucrado con la extraña muerte de un pibe que asistió a uno de sus boliches.

El contrato entre los coscoínos y Nueva Tribu S.R.L. duró hasta el 2004, cuando, en medio de un culebrón, el municipio los expulsó de la plaza. Ese año también Ricardo Mollo, líder de Divididos, se despegó de los Palazzo y su Cosquín Rock “por diferencias ideológicas con la organización”.

Tras esa expulsión y baja, que ponía en jaque el Cosquín Rock, los Palazzo, de gran conocimiento en negocios inmobiliarios, no tuvieron mejor idea que usurpar un predio, de cuatro hectáreas, en la localidad de Santa María de Punilla, para que el show pueda continuar.

Con los títulos de propiedad en la mano, esta usurpación fue denunciada ante la Justicia por Luis Rolfi, un vecino dueño del lugar. La misma duró hasta el 2010, cuando la Justicia, en todas las instancias, falló a su favor.

“Después de cuatro años de litigio, la Justicia terminó por darme la razón y logré recuperar el primero de mis terrenos usurpados por Palazzo. Sobre él se montaban siempre el escenario y las carpas vip del festival”, dijo Rolfi, quien no dejó de cuestionar el accionar de la Justicia cordobesa.

Empresarios CHANTAS

Luego de fallo de la Justicia, que obligó a trasladar otra vez el Cosquín Rock a la zona de Santa María de Punilla, donde actualmente se realiza, Palazzo padre e hijo decidieron disolver abruptamente la firma Nueva Tribu S.R.L., previendo quizás alguna secuela por la escandalosa usurpación.

Para ello, el 4 de agosto del 2010, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, vendieron por 20 mil pesos el 90% de Nueva Tribu, una productora por la cual, poco antes, habían ofrecido comprarla en 3 millones de dólares.

Sus afortunados compradores fueron Fernando Rubén Di Bella, DNI 216.743.027 (sic) y Sebastián Alejandro Acuña, quien no presenta ni un solo dato personal. Con lo cual ninguno de los dos existe.

En esa venta, también se acordó modificar el domicilio legal de la empresa y su nombre que pasó a llamarse Entretenimientos Córdoba S.R.L. El problema con Entretenimientos Córdoba S.R.L., ex Nueva Tribu S.R.L., es que ocho meses después de ese traspaso accionario, exactamente el 9 de marzo de 2011, el Juzgado Civil y Comercial de 1ª Nominación aceptó un pedido de quiebra presentado por la propia empresa.

“Las causas que motivaron su petición fueron que el solicitante precisó que en 2005 se debió cambiar el lugar en donde se llevaba a cabo el mencionado evento, lo cual implicó elevadas inversiones y gastos. Además, se realizaron shows con convocatorias menores que las esperadas y que las citadas circunstancias colocaron la empresa en una situación de endeudamiento que no puedo revertir”, informaron desde la ex empresa de Palazzo.

El nuevo Chabán

Previo a que esta quiebra de Nueva Tribu S.R.L. se concretara, y que muchos sindicaron como fraudulenta, Palazzo había estado en la boca de muchos argentinos cuando en el 2006 produjo el retorno de Callejeros a los escenarios, luego de la tragedia de Cromañón. Para lograrlo, Palazzo, en un hecho inédito, contó con el apoyo de Luis Juez, actual senador de UNEN, por entonces intendente de la ciudad de Córdoba, y del gobernador y precandidato a presidente José Manuel de la Sota, dos acérrimos enemigos políticos que en esto fue en lo único que coincidieron durante su gestión.

Según lo reconoció Palazzo, Juez le otorgó la habilitación, mientras que De la Sota el espacio (Estadio Kempes) y la seguridad.

Omar Chabán

A raíz de ese polémico regreso, al que se oponían los padres de las víctimas de Cromañón, Veintitrés publicó una nota sobre Palazzo titulada “El nuevo Chabán”. “Para hacer la vuelta de Callejeros debía tener el okey del gobernador y el intendente, es una cuestión de sentido común. Pero a la revista (Veintitrés) ese dato le sirvió para armar esa cosa medio fantasiosa”, se limitó a contestar Palazzo. Precisamente, sus vínculos con la política, como los tenía Emir Omar Chabán, fue lo que le permitió a Palazzo no sólo realizar decenas de recitales con habilitaciones provisorias en la ciudad de Córdoba, ante protestas de los vecinos, sino también alzarse con leyes que incrementaron sus ingresos. Fueron las leyes provinciales Nº 10.036 y 10.037, aprobadas por la Legislatura a fines del 2011, controlada por el delasotismo, mediante la cual se eximió del pago de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos a todos aquellos espectáculos que incorporen artistas locales. Cosa que Palazzo hace pero no les paga un peso.

A ello se le añadió, a mediados del 2012, la controvertida concesión del edificio La Plaza de la Música, mediante una iniciativa privada presentada por el propio Palazzo, y donde hoy el empresario, con su nueva productora, Nueva Era Producciones, hace sus recitales y tiene sus radios.

El edificio, propiedad de la provincia de Córdoba, está ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba, frente al río Suquía. En él funcionaba el museo de niños “Barrilete”, que fue soplado por Palazzo y De la Sota mediante una bochornosa concesión por 25 años, a cambio de un canon de 10 mil pesos mensuales. Casi como el alquiler de una oficina.


*Fuente: Striptease del Poder

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BlackRock admitió que la agenda woke fue un “experimento desde las élites que fracasó”

El fundador, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink quedó en el centro del debate tras la viralización de un video que contrapone sus declaraciones actuales con expresiones que había sostenido tiempo atrás sobre diversidad, clima y responsabilidad corporativa.

En una entrevista concedida el pasado 11 de marzo de 2026 a Fox News, con el periodista Bret Baier, Fink reconoció que parte de la agenda asociada al llamado movimiento “woke”, así como a los enfoques ESG y DEI, fue llevada “demasiado lejos”.

Baier formuló la pregunta directamente: “La era woke —un experimento fallido— el ESG, el DEI, el tipo de impulso hacia eso. Cuando hablas de las cosas ahora, lo haces en un sentido práctico. Mirando atrás, ¿cómo lo ves?”

Fink respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “La sociedad se mueve. El péndulo se mueve todo el tiempo. ¿Creo que el péndulo hace cinco años estaba demasiado lejos? Sí. Creo que somos más pragmáticos. Personalmente, yo también soy más pragmático”.

Presionado por Baier sobre si BlackRock empujó a las empresas “un poco más a la izquierda de lo que pensaban”, Fink respondió que “nunca fue su intención” porque su labor es ser fiduciario de todos sus clientes. Sin embargo, como recordaron múltiples medios, esa afirmación contrasta directamente con sus propias palabras de hace nueve años, cuando Fink presumía de imponer estas políticas.

“Los comportamientos van a tener que cambiar y esto es lo que les pedimos a las empresas. Hay que forzar comportamientos, y en BlackRock estamos forzando comportamientos. El 54% de la clase entrante son mujeres. Añadimos cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Si no alcanzas estos niveles de diversidad, tu compensación se verá afectada”, afirmó Fink, en una entrevista concedida al New York Times en 2017.

Las palabras “forzar comportamientos” resultan particularmente reveladoras. Fink no solo describía una aspiración interna de BlackRock, sino que también estaba describiendo una política que aplicaría a las empresas en cuyo capital participaba como inversor. Las compañías que no cumplieran metas de diversidad racial y de género podían ver reducido su acceso al capital más grande del mundo.

¿Qué son ESG y DEI?

Para comprender mejor es conveniente tener presentes dos siglas que suelen aparecer juntas en el debate público y empresarial. ESG (por sus iniciales en inglés de Environmental, Social and Governance), refiere a un enfoque de inversión que evalúa a las compañías no solo por su rentabilidad, sino también por su impacto ambiental, sus prácticas sociales y la calidad de su gobierno corporativo. Bajo ese esquema se consideran, entre otros factores, la reducción de emisiones, la igualdad salarial y la transparencia en la gestión.

DEI, por su parte, resume las siglas de Diversity, Equity and Inclusion y se trata de políticas corporativas orientadas a ampliar la representación de minorías raciales, de género, sexuales y de otros grupos en los espacios de trabajo. Estas iniciativas cobraron mayor impulso después de las protestas de Black Lives Matter en 2020 y pasaron a formar parte de los estándares adoptados por muchas grandes empresas estadounidenses.

En ese contexto, la expresión “agenda woke” se utiliza de manera coloquial para describir la combinación de estas políticas cuando se las interpreta como una imposición ideológica más que como una práctica auténtica.

BlackRock ejerció una influencia decisiva. Con cerca de 14 billones de dólares bajo gestión, la firma se convirtió en uno de los principales accionistas de buena parte de las mayores empresas del mundo, lo que le otorga poder de voto en las juntas para respaldar o cuestionar a sus directivos.

Desde 2018, Fink envió cartas anuales a los principales CEOs del planeta en las que instaba a adoptar metas vinculadas con ESG y DEI, bajo la advertencia de que el respaldo accionarial de BlackRock podía depender de esos compromisos.

A eso se sumó su participación en Climate Action 100+, un grupo de inversores institucionales coordinado bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a empresas contaminantes a reducir emisiones. A través de esta plataforma, fondos que controlaban decenas de billones de dólares actuaban en bloque, y en Net-Zero Asset Managers Initiative, integró la iniciativa de llevar a cero las emisiones de carbono de sus carteras, que contaba con más de 325 signatarios que gestionaban 57.5 billones de dólares.

Este conjunto de imposiciones constituye lo que muchos llaman una operación de ingeniería social top-down, ya que no surgió de un reclamo verdadero de los consumidores o empleados, sino que fueron condicionadas desde arriba por las élites financieras que controlaban el acceso al capital.

La retirada progresiva

La marcha atrás de BlackRock no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, impulsado tanto por la resistencia política y social como por las consecuencias financieras.

Entre 2018 y 2022, Fink consolidó desde sus cartas anuales una línea de coacción sobre los conglomerados de la firma para que adoptaran criterios ESG y políticas DEI. Sin embargo, en febrero de 2024 BlackRock retiró su rama norteamericana del grupo Climate Action 100+, alegando preocupaciones legales y sobre su independencia.

A partir de 2023, un grupo de 21 fiscales generales de estados republicanos enviaron una carta amenazando con acciones constitucionales contra BlackRock y otros 52 grandes gestores de activos, acusándolos de violar sus deberes fiduciarios al priorizar objetivos ESG sobre el rendimiento financiero. Argumentaban que BlackRock estaba usando el dinero de los jubilados para avanzar una agenda política, no para maximizar su rentabilidad.

Una encuesta de la consultora Gallup en mayo de 2023 reveló que el 40% de los estadounidenses ni siquiera conocía el término ESG, y el 48% opinaba que las consideraciones ESG debían excluirse de las decisiones de inversión en favor de factores exclusivamente financieros. Los propios usuarios e inversores de BlackRock comenzaron a cuestionar si el activismo social era compatible con el mandato de maximizar retornos.

En noviembre de 2024, Texas y 10 estados republicanos más presentaron una demanda antimonopolio contra BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolos de coordinar la reducción de producción de carbón para crear artificialmente precios más altos. En mayo de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) apoyaron formalmente ese reclamo.

A principios de enero del 2025, la firma abandonó la iniciativa Net-Zero Asset Managers, aludiendo a la confusión generada en torno a sus esfuerzos climáticos y a nuevas presiones jurídicas. En ese mismo giro, en febrero de 2025 eliminó sus objetivos de representación laboral ligados a DEI, fusionó esos equipos en una nueva estructura de “Talento y Cultura” y suprimió todas las referencias a DEI de su informe anual corporativo. La llegada de Donald Trump a la presidencia aceleró dramáticamente el desmontaje del aparato ESG-DEI corporativo. Con ejecutivas órdenes anti-DEI y el apoyo de la FTC y el DOJ a las demandas contra los grandes fondos, el riesgo legal de mantener estas políticas se volvió inaceptable para muchas corporaciones.

Durante marzo de 2025, la carta anual a los inversores dejó por completo las menciones a ESG, DEI y cambio climático. Ya en marzo de 2026, Fink reconoció públicamente en Fox News que el “péndulo fue demasiado lejos hace cinco años”.

La salida de BlackRock del NZAM tuvo un efecto cascada. Días después, el propio grupo NZAM suspendió sus actividades y comenzó una revisión interna, señalando que “los recientes desarrollos en EE.UU. y las diferentes expectativas regulatorias” hacían necesario repensar la iniciativa.

“El comentario de Larry de que el péndulo simplemente se fue demasiado a la izquierda es revelador, porque ÉL ES QUIEN LO EMPUJÓ ALLÍ. Solo ahora es ‘más pragmático’ porque él y el cártel Woke fueron atrapados y ahora sienten el calor de las investigaciones antimonopolio, demandas, etc”, destacó Will Hild, director ejecutivo de Consumers Research.

Las millones de personas que fueron canceladas, despedidas o señaladas como “fascistas” por cuestionar estas políticas mientras eran dominantes quedan sin reparación alguna. Fink no pidió disculpas, no reconoció daños concretos, ni tampoco asumió responsabilidad. Simplemente reencuadró el debate llamándose “pragmático” —como si el problema fuera solo el exceso de entusiasmo.

Efecto dominó

BlackRock no fue un caso aislado. La retirada del ESG y del DEI corporativo se convirtió en una tendencia extendida dentro de las grandes entidades de Estados Unidos. Meta eliminó sus programas de DEI vinculados a contratación, capacitación y selección de proveedores, y desmanteló su equipo específico en esa área.

Amazon suprimió referencias a DEI en su informe anual de 2024 y recortó secciones dedicadas a la equidad racial. Ford, por su parte, dejó de participar en el Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign y anunció que no aplicaría cuotas para sus concesionarios. Harley-Davidson desarmó su estructura de DEI en agosto de 2024, tras una campaña de presión impulsada por el activista conservador Robby Starbuck.

A su vez, compañías como John Deere, Caterpillar, Tractor Supply, Molson Coors, Stanley y Black & Decker redujeron o directamente eliminaron sus programas de diversidad. En la misma línea, Goldman Sachs y Citigroup adoptaron medidas similares, mientras que General Motors, Intel y Disney ajustaron o retiraron sus metas DEI de los informes anuales.

“El último gigante” | La última película de Marcos Carnevale, estrenada en Netflix y filmada en las Cataratas, inyectó 3 millones de dólares en Misiones

El rodaje de “El último gigante”, la película de Netflix filmada casi en su totalidad en escenarios naturales de Misiones, dejó cerca de US$3 millones en la provincia. Así lo estimó Sergio Acosta, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim). “Nosotros por el despliegue, la cantidad de gente que se quedó y todo, más o menos estimamos 3 millones de dólares que dejó esa película en la provincia, en sueldos, en servicios, en todo lo que gastó. Plata que entró a la provincia y fue directamente a los privados”, declaró el funcionario al medio Misiones Online.

La producción, dirigida por el prestigioso Marcos Carnevale, fue rodada en el Parque Nacional Iguazú, las Cataratas del Iguazú y la localidad de Puerto Libertad. El trabajo comenzó el 17 de mayo del año pasado y demandó un importante despliegue técnico, logístico y humano, con participación activa de trabajadores audiovisuales de la región, convocados a través de Misiones Casting y con articulación de la Comisión de Filmaciones del Iaavim. 

Desde el 1 de abril, la película está disponible en Netflix en más de 190 países.

El elenco estuvo encabezado por Oscar Martínez y Matías Mayer, junto a Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y Luis Luque. La historia gira en torno a Boris, un guía turístico que se reencuentra con su padre después de más de veinte años, en un viaje atravesado por el duelo, las heridas abiertas y la posibilidad del perdón.

Acosta subrayó que el Iaavim cumple un rol central como nexo entre el sector privado y las instituciones públicas para atraer grandes producciones. El organismo es “el pivot entre el privado que viene de afuera y todas las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, si nos dicen que necesitan una escuela en el monte que se vea un río, nosotros logramos los permisos con el Consejo General de Educación”, ejemplificó.

“Nos da la impronta de generar trabajo a través del audiovisual, con la atracción de estas producciones que podrían irse a la Patagonia o a Jujuy. Son historias que pueden adaptarse a los entornos naturales y logramos que elijan Misiones”, precisó Acosta.

Voces de la producción y de Netflix

El productor Ignacio Rey, de Leyenda Films, valoró la experiencia de trabajar en la provincia. “La experiencia de haber filmado en Misiones fue espectacular. Era un desafío adentrarnos por el río hasta las cataratas e incluso filmar debajo de ellas. Contamos con un apoyo total de la provincia, de Parques Nacionales y del sector privado”. 

Rey también destacó la capacidad humana encontrada: “Encontramos una mano de obra espectacular y gente sumamente amable. Fue un placer y esperamos haber hecho honor a la majestuosidad de la provincia con esta película”.

Juanjo Méndez, líder de políticas públicas para América del Sur de Netflix, remarcó el valor de este tipo de producciones para los territorios donde se desarrollan. “Es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo maravillosas que son las Cataratas del Iguazú. Esta producción utilizó una gran cantidad de recursos locales: hoteles, gastronomía, logística y talento. Es importantísimo todo lo que hay detrás de una producción audiovisual”.

Durante la premiere oficial, realizada en el complejo Cinemark Hoyts DOT de la Ciudad de Buenos Aires (con presencia del director, el elenco y referentes de la industria), Carnevale agradeció a quienes hicieron posible el film: “Lo mío son todos gracias. Gracias a Netflix por hacer posible la película, al elenco maravilloso y a mi equipo técnico, que es mi segunda familia. Sin ellos nada sería posible”.

Turismo cinematográfico: una industria consolidada

Acosta destacó el concepto de “turismo cinematográfico” como una consecuencia directa de la exposición que obtiene Misiones en las plataformas de streaming. “Llegar a la plataforma significa que Misiones está en la vitrina del mundo. 190 y pico de países van a poder ver la película subtitulada o doblada en su idioma, que van a ver las Cataratas del Iguazú”.

El funcionario también atribuyó el presente del sector audiovisual misionero a un proceso de largo aliento. “Tiene que ver con un desarrollo de 20 o 25 años del sector audiovisual que nace un poco con Oberá en Cortos y se consolida con las carreras de audiovisual que tenemos en la provincia. Un poco todo ese ecosistema hace que hoy día podamos estar hablando de industria, más allá del audiovisual como cultura y como derecho. Estamos hablando ya de una instancia más industrial en la cual la provincia está invirtiendo y atrayendo grandes producciones, porque genera muchísimo laburo”, sostuvo.

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