Pablo Echarri y su mensaje a la Justicia: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”
El tweet generó repudio en los cibernautas, quienes lo acusaron de incitación a la violencia e intentar intimidar al Poder Judicial.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El actor K salió a mostrarse apoyo a la vicepresidente, al igual que cientos de militantes y funcionarios del Gobierno. Es de conocimiento público que la causa Vialidad está dejando sin sueño a varios séquitos del kirchnerismo y también a la misma Cristina Fernández. En vista a esto, se inició una campaña de apoyo a la vicepresidente bajo la consigna “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”.
Es por este motivo que Echarri no quiso quedarse afuera y también participó de la campaña en redes sociales:
Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…
El tweet en apoyo a Cristina, emitido por Echarri ya suma más de 8700 likes y más de 9000 comentarios en desacuerdo con sus dichos: “¿Nos vas a pegar? ¿Vas a quemar algo? ¿Le vas a hacer algo feo a los jueces? Decinos dale. Así, si pasa algo grave ya sabemos a quienes denunciar. Comprométete”, comentó la usuaria Sabina Stocco.
“Estimado Pablito Echarri, su comentario genera un quiebre de una República, donde todos soñamos. El Poder Judicial debe ser respetado y no amenazado”, le respondió respetuosamente el cibernauta Ariel Squeff.
Cristina Fernández de Kirchner con “China” Zorrilla, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Soledad Silveira, Jorge Marrale y Nora Cárpena, entre otros.
No obstante, lejos de la amabilidad de unos pocos, también hubo quienes lo chicanearon por el escrache que sufrió hace unas semanas y lo acusaron de no tener valor para llevar sus intimidaciones a la práctica.
Recordemos que Pablo Echarri fue victima de un escrache hace dos semanas, cuando salía del teatro Multitabaris Comafi, fue allí cuando se acercó un hombre y comenzó a recriminarle por su reconocido apoyo al gobierno y la situación económica del país.
“¿Echarri ahora que el dólar está a $300, la Patria no está en peligro?”, comentó desafiante el hombre, a lo que el actor, con la soberbia y negación que ya lo caracteriza, respondió: “Si, la Patria empezó a estar en peligro hace unos años atrás”. Finalmente el “escracheitor”, como lo denominó Echarri, se retiró de la entrada del teatro, tras ser insultado por los presentes y empujado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982.
“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado.
La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.
La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher.
El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.
Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.
“Una lectura funcional a la versión británica”
Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo.
El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.
También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.
En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El fundador, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink quedó en el centro del debate tras la viralización de un video que contrapone sus declaraciones actuales con expresiones que había sostenido tiempo atrás sobre diversidad, clima y responsabilidad corporativa.
En una entrevista concedida el pasado 11 de marzo de 2026 a Fox News, con el periodista Bret Baier, Fink reconoció que parte de la agenda asociada al llamado movimiento “woke”, así como a los enfoques ESG y DEI, fue llevada “demasiado lejos”.
Baier formuló la pregunta directamente: “La era woke —un experimento fallido— el ESG, el DEI, el tipo de impulso hacia eso. Cuando hablas de las cosas ahora, lo haces en un sentido práctico. Mirando atrás, ¿cómo lo ves?”
Fink respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “La sociedad se mueve. El péndulo se mueve todo el tiempo. ¿Creo que el péndulo hace cinco años estaba demasiado lejos? Sí. Creo que somos más pragmáticos. Personalmente, yo también soy más pragmático”.
Presionado por Baier sobre si BlackRock empujó a las empresas “un poco más a la izquierda de lo que pensaban”, Fink respondió que “nunca fue su intención” porque su labor es ser fiduciario de todos sus clientes. Sin embargo, como recordaron múltiples medios, esa afirmación contrasta directamente con sus propias palabras de hace nueve años, cuando Fink presumía de imponer estas políticas.
“Los comportamientos van a tener que cambiar y esto es lo que les pedimos a las empresas. Hay que forzar comportamientos, y en BlackRock estamos forzando comportamientos. El 54% de la clase entrante son mujeres. Añadimos cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Si no alcanzas estos niveles de diversidad, tu compensación se verá afectada”, afirmó Fink, en una entrevista concedida al New York Times en 2017.
Las palabras “forzar comportamientos” resultan particularmente reveladoras. Fink no solo describía una aspiración interna de BlackRock, sino que también estaba describiendo una política que aplicaría a las empresas en cuyo capital participaba como inversor. Las compañías que no cumplieran metas de diversidad racial y de género podían ver reducido su acceso al capital más grande del mundo.
¿Qué son ESG y DEI?
Para comprender mejor es conveniente tener presentes dos siglas que suelen aparecer juntas en el debate público y empresarial. ESG (por sus iniciales en inglés de Environmental, Social and Governance), refiere a un enfoque de inversión que evalúa a las compañías no solo por su rentabilidad, sino también por su impacto ambiental, sus prácticas sociales y la calidad de su gobierno corporativo. Bajo ese esquema se consideran, entre otros factores, la reducción de emisiones, la igualdad salarial y la transparencia en la gestión.
DEI, por su parte, resume las siglas de Diversity, Equity and Inclusion y se trata de políticas corporativas orientadas a ampliar la representación de minorías raciales, de género, sexuales y de otros grupos en los espacios de trabajo. Estas iniciativas cobraron mayor impulso después de las protestas de Black Lives Matter en 2020 y pasaron a formar parte de los estándares adoptados por muchas grandes empresas estadounidenses.
En ese contexto, la expresión “agenda woke” se utiliza de manera coloquial para describir la combinación de estas políticas cuando se las interpreta como una imposición ideológica más que como una práctica auténtica.
BlackRock ejerció una influencia decisiva. Con cerca de 14 billones de dólares bajo gestión, la firma se convirtió en uno de los principales accionistas de buena parte de las mayores empresas del mundo, lo que le otorga poder de voto en las juntas para respaldar o cuestionar a sus directivos.
Desde 2018, Fink envió cartas anuales a los principales CEOs del planeta en las que instaba a adoptar metas vinculadas con ESG y DEI, bajo la advertencia de que el respaldo accionarial de BlackRock podía depender de esos compromisos.
A eso se sumó su participación en Climate Action 100+, un grupo de inversores institucionales coordinado bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a empresas contaminantes a reducir emisiones. A través de esta plataforma, fondos que controlaban decenas de billones de dólares actuaban en bloque, y en Net-Zero Asset Managers Initiative, integró la iniciativa de llevar a cero las emisiones de carbono de sus carteras, que contaba con más de 325 signatarios que gestionaban 57.5 billones de dólares.
Este conjunto de imposiciones constituye lo que muchos llaman una operación de ingeniería social top-down, ya que no surgió de un reclamo verdadero de los consumidores o empleados, sino que fueron condicionadas desde arriba por las élites financieras que controlaban el acceso al capital.
La retirada progresiva
La marcha atrás de BlackRock no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, impulsado tanto por la resistencia política y social como por las consecuencias financieras.
Entre 2018 y 2022, Fink consolidó desde sus cartas anuales una línea de coacción sobre los conglomerados de la firma para que adoptaran criterios ESG y políticas DEI. Sin embargo, en febrero de 2024 BlackRock retiró su rama norteamericana del grupo Climate Action 100+, alegando preocupaciones legales y sobre su independencia.
A partir de 2023, un grupo de 21 fiscales generales de estados republicanos enviaron una carta amenazando con acciones constitucionales contra BlackRock y otros 52 grandes gestores de activos, acusándolos de violar sus deberes fiduciarios al priorizar objetivos ESG sobre el rendimiento financiero. Argumentaban que BlackRock estaba usando el dinero de los jubilados para avanzar una agenda política, no para maximizar su rentabilidad.
Una encuesta de la consultora Gallup en mayo de 2023 reveló que el 40% de los estadounidenses ni siquiera conocía el término ESG, y el 48% opinaba que las consideraciones ESG debían excluirse de las decisiones de inversión en favor de factores exclusivamente financieros. Los propios usuarios e inversores de BlackRock comenzaron a cuestionar si el activismo social era compatible con el mandato de maximizar retornos.
En noviembre de 2024, Texas y 10 estados republicanos más presentaron una demanda antimonopolio contra BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolos de coordinar la reducción de producción de carbón para crear artificialmente precios más altos. En mayo de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) apoyaron formalmente ese reclamo.
A principios de enero del 2025, la firma abandonó la iniciativa Net-Zero Asset Managers, aludiendo a la confusión generada en torno a sus esfuerzos climáticos y a nuevas presiones jurídicas. En ese mismo giro, en febrero de 2025 eliminó sus objetivos de representación laboral ligados a DEI, fusionó esos equipos en una nueva estructura de “Talento y Cultura” y suprimió todas las referencias a DEI de su informe anual corporativo. La llegada de Donald Trump a la presidencia aceleró dramáticamente el desmontaje del aparato ESG-DEI corporativo. Con ejecutivas órdenes anti-DEI y el apoyo de la FTC y el DOJ a las demandas contra los grandes fondos, el riesgo legal de mantener estas políticas se volvió inaceptable para muchas corporaciones.
Durante marzo de 2025, la carta anual a los inversores dejó por completo las menciones a ESG, DEI y cambio climático. Ya en marzo de 2026, Fink reconoció públicamente en Fox News que el “péndulo fue demasiado lejos hace cinco años”.
La salida de BlackRock del NZAM tuvo un efecto cascada. Días después, el propio grupo NZAM suspendió sus actividades y comenzó una revisión interna, señalando que “los recientes desarrollos en EE.UU. y las diferentes expectativas regulatorias” hacían necesario repensar la iniciativa.
“El comentario de Larry de que el péndulo simplemente se fue demasiado a la izquierda es revelador, porque ÉL ES QUIEN LO EMPUJÓ ALLÍ. Solo ahora es ‘más pragmático’ porque él y el cártel Woke fueron atrapados y ahora sienten el calor de las investigaciones antimonopolio, demandas, etc”, destacó Will Hild, director ejecutivo de Consumers Research.
Las millones de personas que fueron canceladas, despedidas o señaladas como “fascistas” por cuestionar estas políticas mientras eran dominantes quedan sin reparación alguna. Fink no pidió disculpas, no reconoció daños concretos, ni tampoco asumió responsabilidad. Simplemente reencuadró el debate llamándose “pragmático” —como si el problema fuera solo el exceso de entusiasmo.
Efecto dominó
BlackRock no fue un caso aislado. La retirada del ESG y del DEI corporativo se convirtió en una tendencia extendida dentro de las grandes entidades de Estados Unidos. Meta eliminó sus programas de DEI vinculados a contratación, capacitación y selección de proveedores, y desmanteló su equipo específico en esa área.
Amazon suprimió referencias a DEI en su informe anual de 2024 y recortó secciones dedicadas a la equidad racial. Ford, por su parte, dejó de participar en el Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign y anunció que no aplicaría cuotas para sus concesionarios. Harley-Davidson desarmó su estructura de DEI en agosto de 2024, tras una campaña de presión impulsada por el activista conservador Robby Starbuck.
A su vez, compañías como John Deere, Caterpillar, Tractor Supply, Molson Coors, Stanley y Black & Decker redujeron o directamente eliminaron sus programas de diversidad. En la misma línea, Goldman Sachs y Citigroup adoptaron medidas similares, mientras que General Motors, Intel y Disney ajustaron o retiraron sus metas DEI de los informes anuales.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
El organismo antilavado retiró del buscador principal las resoluciones de multas firmes con más de cinco años de antigüedad. La decisión fue justificada como una forma de evitar futuros reclamos por “derecho al olvido”.
Las contrataciones incluyeron panificados para la Casa Rosada y Olivos, cortes premium para la residencia presidencial y servicios de catering y cafetería para la Cámara de Diputados, pese al discurso oficial de austeridad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
