Alberto Fernández se molestó con quienes aseguran que Francisco no es su hijo
El Presidente se mostró emocionado por pasar el Día del Niño junto al pequeño Francisco, pero terminó bloqueando comentarios que mostraban supuestas similitudes del hijo de Fabiola Yáñez con el canciller Santiago Cafiero.
10 Years Experiences
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Este domingo Día del Niño, Alberto aprovechó para desearles un muy feliz “Día de las Infancias” a los niños del país y subió una foto con Francisco, el hijo que tiene junto a Fabiola Yáñez. Este mensaje se llenó de comentarios elogiando al infante por su ternura, pero también, -como siempre- de comentarios negativos contra la labor del mandatario y contra él.
¡Feliz día Francisco! ♥️¡Feliz Día de las Infancias!La infancia es una etapa única que debemos preservar con derechos que garanticen el amor, los cuidados y la felicidad que merecen quienes transitan ese tiempo de la vida. #InfanciasCuidadas pic.twitter.com/snUEU1mp5F
“La infancia es una etapa única que debemos preservar con derechos que garanticen el amor, los cuidados y la felicidad que merecen quienes transitan ese tiempo de la vida”, twitteaba Alberto. Fue allí cuando varios comenzaron a comentar queFrancisco tiene ojos celestes “igual que Cafiero”, fue uno de los mensajes menos agresivos que recibió el jefe de Estado.
Respuesta oculta por Alberto Fernández (Twitter)
Estas comparaciones se vienen dando desde que presentaron públicamente al bebé y varios destacaron que, tanto Alberto como Fabiola tenían ojos marrones y tes morocha cuando eran niños. Sin embargo, esto no prueba nada, porque “podría tener esos destacables genes por parte de sus abuelos, por ejemplo”, comentan quienes defienden la paternidad de Alberto.
Como los comentarios y análisis de este índole se sumaba cada vez más, casi 20 respuestas fueron ocultadas por Alberto Fernández quien parece haberse tomado el tiempo para seleccionar meticulosamente a quienes hicieron estas comparaciones.
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También hubo quienes criticaron la terminología utilizada por el Presidente y lo corrigieron, diciéndole: “se dice Día del Niño” y no faltó quienes apuntaron directamente contra Fabiola Yáñez acusándola de serle infiel a Alberto Fernández durante su relación.
Más allá de los inoportunos o repudiables comentarios -en algunos casos- que han hecho los usuarios, lo cierto es que la pareja presidencial ya no se muestra junta desde hace más de un mes. De esta forma crece el rumor que ya hemos expuesto mediante este portal hace un mes. Fabiola habría dejado a Alberto.
El fundador, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink quedó en el centro del debate tras la viralización de un video que contrapone sus declaraciones actuales con expresiones que había sostenido tiempo atrás sobre diversidad, clima y responsabilidad corporativa.
En una entrevista concedida el pasado 11 de marzo de 2026 a Fox News, con el periodista Bret Baier, Fink reconoció que parte de la agenda asociada al llamado movimiento “woke”, así como a los enfoques ESG y DEI, fue llevada “demasiado lejos”.
Baier formuló la pregunta directamente: “La era woke —un experimento fallido— el ESG, el DEI, el tipo de impulso hacia eso. Cuando hablas de las cosas ahora, lo haces en un sentido práctico. Mirando atrás, ¿cómo lo ves?”
Fink respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “La sociedad se mueve. El péndulo se mueve todo el tiempo. ¿Creo que el péndulo hace cinco años estaba demasiado lejos? Sí. Creo que somos más pragmáticos. Personalmente, yo también soy más pragmático”.
Presionado por Baier sobre si BlackRock empujó a las empresas “un poco más a la izquierda de lo que pensaban”, Fink respondió que “nunca fue su intención” porque su labor es ser fiduciario de todos sus clientes. Sin embargo, como recordaron múltiples medios, esa afirmación contrasta directamente con sus propias palabras de hace nueve años, cuando Fink presumía de imponer estas políticas.
“Los comportamientos van a tener que cambiar y esto es lo que les pedimos a las empresas. Hay que forzar comportamientos, y en BlackRock estamos forzando comportamientos. El 54% de la clase entrante son mujeres. Añadimos cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Si no alcanzas estos niveles de diversidad, tu compensación se verá afectada”, afirmó Fink, en una entrevista concedida al New York Times en 2017.
Las palabras “forzar comportamientos” resultan particularmente reveladoras. Fink no solo describía una aspiración interna de BlackRock, sino que también estaba describiendo una política que aplicaría a las empresas en cuyo capital participaba como inversor. Las compañías que no cumplieran metas de diversidad racial y de género podían ver reducido su acceso al capital más grande del mundo.
¿Qué son ESG y DEI?
Para comprender mejor es conveniente tener presentes dos siglas que suelen aparecer juntas en el debate público y empresarial. ESG (por sus iniciales en inglés de Environmental, Social and Governance), refiere a un enfoque de inversión que evalúa a las compañías no solo por su rentabilidad, sino también por su impacto ambiental, sus prácticas sociales y la calidad de su gobierno corporativo. Bajo ese esquema se consideran, entre otros factores, la reducción de emisiones, la igualdad salarial y la transparencia en la gestión.
DEI, por su parte, resume las siglas de Diversity, Equity and Inclusion y se trata de políticas corporativas orientadas a ampliar la representación de minorías raciales, de género, sexuales y de otros grupos en los espacios de trabajo. Estas iniciativas cobraron mayor impulso después de las protestas de Black Lives Matter en 2020 y pasaron a formar parte de los estándares adoptados por muchas grandes empresas estadounidenses.
En ese contexto, la expresión “agenda woke” se utiliza de manera coloquial para describir la combinación de estas políticas cuando se las interpreta como una imposición ideológica más que como una práctica auténtica.
BlackRock ejerció una influencia decisiva. Con cerca de 14 billones de dólares bajo gestión, la firma se convirtió en uno de los principales accionistas de buena parte de las mayores empresas del mundo, lo que le otorga poder de voto en las juntas para respaldar o cuestionar a sus directivos.
Desde 2018, Fink envió cartas anuales a los principales CEOs del planeta en las que instaba a adoptar metas vinculadas con ESG y DEI, bajo la advertencia de que el respaldo accionarial de BlackRock podía depender de esos compromisos.
A eso se sumó su participación en Climate Action 100+, un grupo de inversores institucionales coordinado bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a empresas contaminantes a reducir emisiones. A través de esta plataforma, fondos que controlaban decenas de billones de dólares actuaban en bloque, y en Net-Zero Asset Managers Initiative, integró la iniciativa de llevar a cero las emisiones de carbono de sus carteras, que contaba con más de 325 signatarios que gestionaban 57.5 billones de dólares.
Este conjunto de imposiciones constituye lo que muchos llaman una operación de ingeniería social top-down, ya que no surgió de un reclamo verdadero de los consumidores o empleados, sino que fueron condicionadas desde arriba por las élites financieras que controlaban el acceso al capital.
La retirada progresiva
La marcha atrás de BlackRock no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, impulsado tanto por la resistencia política y social como por las consecuencias financieras.
Entre 2018 y 2022, Fink consolidó desde sus cartas anuales una línea de coacción sobre los conglomerados de la firma para que adoptaran criterios ESG y políticas DEI. Sin embargo, en febrero de 2024 BlackRock retiró su rama norteamericana del grupo Climate Action 100+, alegando preocupaciones legales y sobre su independencia.
A partir de 2023, un grupo de 21 fiscales generales de estados republicanos enviaron una carta amenazando con acciones constitucionales contra BlackRock y otros 52 grandes gestores de activos, acusándolos de violar sus deberes fiduciarios al priorizar objetivos ESG sobre el rendimiento financiero. Argumentaban que BlackRock estaba usando el dinero de los jubilados para avanzar una agenda política, no para maximizar su rentabilidad.
Una encuesta de la consultora Gallup en mayo de 2023 reveló que el 40% de los estadounidenses ni siquiera conocía el término ESG, y el 48% opinaba que las consideraciones ESG debían excluirse de las decisiones de inversión en favor de factores exclusivamente financieros. Los propios usuarios e inversores de BlackRock comenzaron a cuestionar si el activismo social era compatible con el mandato de maximizar retornos.
En noviembre de 2024, Texas y 10 estados republicanos más presentaron una demanda antimonopolio contra BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolos de coordinar la reducción de producción de carbón para crear artificialmente precios más altos. En mayo de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) apoyaron formalmente ese reclamo.
A principios de enero del 2025, la firma abandonó la iniciativa Net-Zero Asset Managers, aludiendo a la confusión generada en torno a sus esfuerzos climáticos y a nuevas presiones jurídicas. En ese mismo giro, en febrero de 2025 eliminó sus objetivos de representación laboral ligados a DEI, fusionó esos equipos en una nueva estructura de “Talento y Cultura” y suprimió todas las referencias a DEI de su informe anual corporativo. La llegada de Donald Trump a la presidencia aceleró dramáticamente el desmontaje del aparato ESG-DEI corporativo. Con ejecutivas órdenes anti-DEI y el apoyo de la FTC y el DOJ a las demandas contra los grandes fondos, el riesgo legal de mantener estas políticas se volvió inaceptable para muchas corporaciones.
Durante marzo de 2025, la carta anual a los inversores dejó por completo las menciones a ESG, DEI y cambio climático. Ya en marzo de 2026, Fink reconoció públicamente en Fox News que el “péndulo fue demasiado lejos hace cinco años”.
La salida de BlackRock del NZAM tuvo un efecto cascada. Días después, el propio grupo NZAM suspendió sus actividades y comenzó una revisión interna, señalando que “los recientes desarrollos en EE.UU. y las diferentes expectativas regulatorias” hacían necesario repensar la iniciativa.
“El comentario de Larry de que el péndulo simplemente se fue demasiado a la izquierda es revelador, porque ÉL ES QUIEN LO EMPUJÓ ALLÍ. Solo ahora es ‘más pragmático’ porque él y el cártel Woke fueron atrapados y ahora sienten el calor de las investigaciones antimonopolio, demandas, etc”, destacó Will Hild, director ejecutivo de Consumers Research.
Las millones de personas que fueron canceladas, despedidas o señaladas como “fascistas” por cuestionar estas políticas mientras eran dominantes quedan sin reparación alguna. Fink no pidió disculpas, no reconoció daños concretos, ni tampoco asumió responsabilidad. Simplemente reencuadró el debate llamándose “pragmático” —como si el problema fuera solo el exceso de entusiasmo.
Efecto dominó
BlackRock no fue un caso aislado. La retirada del ESG y del DEI corporativo se convirtió en una tendencia extendida dentro de las grandes entidades de Estados Unidos. Meta eliminó sus programas de DEI vinculados a contratación, capacitación y selección de proveedores, y desmanteló su equipo específico en esa área.
Amazon suprimió referencias a DEI en su informe anual de 2024 y recortó secciones dedicadas a la equidad racial. Ford, por su parte, dejó de participar en el Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign y anunció que no aplicaría cuotas para sus concesionarios. Harley-Davidson desarmó su estructura de DEI en agosto de 2024, tras una campaña de presión impulsada por el activista conservador Robby Starbuck.
A su vez, compañías como John Deere, Caterpillar, Tractor Supply, Molson Coors, Stanley y Black & Decker redujeron o directamente eliminaron sus programas de diversidad. En la misma línea, Goldman Sachs y Citigroup adoptaron medidas similares, mientras que General Motors, Intel y Disney ajustaron o retiraron sus metas DEI de los informes anuales.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
El afamado economista Juan Carlos de Pablo advirtió, delante del mandatario nacional, que una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar severamente a la Argentina. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith realizado el último miércoles donde ambos compartieron una disertación sobre La riqueza de las naciones.
De Pablo hizo una pausa en su exposición para referirse a las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre en Norteamérica: “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”. La sala atravesó un incómodo silencio.
En esos comicios, los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y también una parte del Senado, en una elección que pondrá a prueba el respaldo al oficialismo republicano frente a la oposición demócrata.
¿Qué pasa si pierda y se convierte en un pato rengo?
Antes de esa frase, había planteado el vínculo entre la Casa Rosada y Washington. “Ustedes saben que el presidente de la nación anda en muy buena relación con su par de Estados Unidos”. Milei interrumpió esa afirmación entre risas con un irónico “ponele”. La intervención generó risas simpáticas y efusivos aplausos en el auditorio del Palacio Libertad.
De Pablo completó luego su planteo con una referencia al costo político de esa estrategia internacional. “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.
Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.
La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.
Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.
Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.
Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.
Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.
Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.
Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.
El rol de Bornoroni
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.
Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.
“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.
Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.
La deuda
Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.
Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.
“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.
Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
El conductor arremetió con dureza contra el exintendente de Comodoro Rivadavia y actual diputado nacional, Juan Pablo Luque, a quien responsabilizó por el nombramiento de la profesional que recomendó la revinculación del menor con su familia materna.
La Legislatura provincial aprobó por mayoría el proyecto de ley impulsado por el gobernador Torres. La norma prohíbe el ingreso, tenencia y uso de dispositivos móviles en todos los centros de detención y crea un régimen de comunicaciones institucionales controladas.
La Corte Suprema dejó firme en marzo de 2024 la sentencia favorable a Eduardo Menem, luego de que la ANSES no lograra revertir el fallo. El expediente también habilitó un retroactivo de $1.500 millones por el reajuste previsional del exsenador.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
