Una de las empresas más grandes del norte del país está por paralizar la producción por falta de insumos
Como consecuencia de las restricciones a las importaciones, Arauco Argentina, la empresa foresto-industrial más grande del país se encuentra en alerta ante la falta de insumos básicos que no tienen producción local.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Arauco Argentina, la empresa foresto-industrial más grande del país, que actualmente posee 7 plantas, se encuentra en alerta ante la falta de insumos básicos que no tienen producción local y solo pueden traer del exterior.
La compañía desarrolla productos forestales renovables para la industria del papel, la construcción, el embalaje, la mueblería y la energía, se ve complicada por el Sistema de Control de Importaciones (SIRA) que sólo garantiza el ingreso de “productos indispensables” como insumos médicos, de seguridad y otros pocos, no contempló al sector foresto-industrial y su cadena productiva. Ante esto, advirtieron que analizan parar con la producción.
Arauco Argentina analiza parar su producción por las restricciones
Entre los productos que podrían faltar si continúa la imposibilidad para importar los insumos necesarios para su producción, se encuentran los artículos relacionados con la salud y la higiene personal como pañales, papel higiénico, y toallas absorbentes, así como también de la industria del embalaje, como madera, muebles y papel.
Por otro lado, la industria de tableros atraviesa la misma situación que celulosa, pero el stock de estos productos específicos se está terminando y por ello, advierten su estado de alerta, ya que de no entender el impacto de la medida instrumentada a través del otorgamiento de aprobaciones en tiempo y forma de SIRA la situación se hace “insostenible”.
Si se confirma el parate en la producción, pueden haber faltante de papel higiénico y pañales
“La falta de insumos para los procesos productivos mencionados, puede llegar a ocasionar problemas de abastecimiento de artículos de primera necesidad y, lo que es más grave aún, poner en riesgo miles de puestos de trabajo de toda la cadena de valor”, señalaron desde Arauco en diálogo con ArgentinaForestal.com.
Desde el sector foresto-industrial avanzaron en todos los canales posibles de diálogo con los organismos nacionales correspondientes, pero aún no lograron avances del SIRA.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El gobierno de Santa Fe anunció que los padres o adultos responsables de los menores que realicen falsas amenazas en escuelas deberán afrontar multas de entre 5 y 6 millones de pesos por cada operativo de seguridad activado. La desesperada medida busca generar un efecto disuasivo ante la creciente ola de alertas que, en apenas cinco días (entre el 16 y el 21 de abril), acumuló 158 intervenciones en establecimientos educativos de la provincia.
La secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, fue una de las principales voceras del anuncio y advirtió que el fenómeno tiene alcance nacional. En una sola jornada se registraron 78 llamados al 911, “un número altísimo”. Orciani justificó el mecanismo de cobro con énfasis en el origen de los fondos y en el costo que implica cada intervención.
El monto “sin duda es una suma altísima” pero “refleja el aporte que hacemos todos los santafesinos cada vez que pagamos un tributo. No es el dinero del gobernador Maximiliano Pullaro, no es el dinero del Ministerio de Justicia y Seguridad, es el dinero de todos nosotros que vivimos, que elegimos trabajar en esta provincia y aportar. La gravedad, más allá de la intimidación pública que dejan estos mensajes, también es la dispensa de recursos que hace la provincia para atender el capricho de un par de irresponsables que no entienden que estamos en presencia de un delito y que el delito se paga”.
La funcionaria también remarcó que cada amenaza falsa consume recursos millonarios y aparta patrulleros y personal de tareas de prevención en la calle. Advirtió además que lo que algunos menores toman como una broma puede dejar sin cobertura situaciones delictivas reales. Y cerró con una definición tajante: “Como todos los argentinos ya sabemos, cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”.
A pesar de la situación, Orciani remarcó que las clases continúan con normalidad. “La educación no puede estar en juego por un par de irresponsables”.
Uno de los casos más resonantes se produjo en la Escuela Ovidio Lagos N° 309, ubicada en Barrio Rucci (Rosario) donde se detectaron dos amenazas consecutivas: una el martes en el baño de mujeres y otra el miércoles en el baño de hombres. Los directivos del establecimiento mantuvieron reuniones de urgencia con padres y alumnos sospechosos de redactar los mensajes o viralizar las imágenes. En ese contexto, algunos adultos manifestaron preocupación por antecedentes de violencia en la escuela, incluidas versiones sobre un alumno que habría ingresado previamente con una réplica de arma.
Un episodio similar se vivió en el Colegio Paulo VI, donde la denuncia de una madre por un vehículo sospechoso en las inmediaciones demoró la salida de los alumnos aproximadamente diez minutos. El establecimiento activó de inmediato el protocolo de seguridad hasta que el personal del 911 confirmó que el área estaba resguardada.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad precisó que estas acciones no constituyen “bromas”, sino delitos tipificados en el Código Penal.
La magnitud del conflicto llevó a distintas escuelas de la provincia a tomar decisiones preventivas: en algunas localidades, los alumnos comenzaron a asistir a clases sin mochilas y a trasladar sus útiles en bolsas de nylon transparentes para facilitar el control de ingreso y evitar el porte de elementos peligrosos. Por su parte, centros de estudiantes de la región comenzaron a difundir videos de concientización en los que remarcaron que estas situaciones generan miedo real e instaron a detener la viralización de contenidos violentos.
Las autoridades provinciales vincularon la escalada de amenazas a un “reto” viral de TikTok. El especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander describió el contexto como parte de una escalada regional y advirtió que “estamos reaccionando tarde ante una ‘sopa de violencia’ que ya es estructural”. También señaló la influencia del entorno digital en el comportamiento de los menores: “Hay chicos que consumen contenidos donde se glorifican masacres. Los padres creen que están en redes comunes, pero muchas veces están expuestos a entornos de extrema violencia”.
Para el especialista, las respuestas basadas en controles físicos o medidas aisladas no abordan el problema de fondo: “No podemos seguir reaccionando con parches. Se necesita una política integral de convivencia escolar”. También advirtió sobre el contexto continental: “América Latina tiene la tasa más alta de homicidios de menores del mundo. Es ingenuo pensar que esto no va a impactar en las escuelas”.
El kilo de merluza perforó los mil pesos más IVA en muelle, ante la reducción de la oferta. Para quien no conoce el sector, ese número puede parecer una referencia de mercado más. Para quienes capturan, procesan y exportan pescado fresco desde Mar del Plata, es la constatación de un doble punto de quebranto: al barco no le alcanza para cubrir los gastos de un viaje, y a la planta le resulta imposible siquiera llegar al costo de producción.
Ese es el diagnóstico que la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) plasmó en un contundente informe técnico que recorre, uno por uno, los frentes abiertos que tiene el sector. La estructura de costos de la flota pesquera argentina está sobredimensionada por una acumulación de impuestos y tasas que la convierten en una carga excesiva e insostenible.
Contribuciones patronales y ART, el Derecho Único de Extracción, los cánones que corresponden a la Subsecretaría de Pesca (se incluye las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, los Certificados de Captura Legal y los inspectores de pesca a bordo) los aranceles de SENASA, los Consorcios Portuarios Regionales, la Prefectura Naval Argentina, la Aduana y, como telón de fondo permanente, los derechos de exportación en concepto de retenciones.
Una lista que, leída de corrido, resulta casi kafkiana para un sector que genera divisas genuinas y opera en mercados internacionales donde no tiene ningún poder para fijar precios.
Los expertos del sector ubican, en ese punto, el nudo del problema. Nuestro país no es formador de precios en el mercado pesquero global: los valores los dicta el mercado internacional, y punto. Eso significa que la única palanca real para mejorar la competitividad es reducir los costos operativos y de producción.
La lógica tributaria vigente opera, sin embargo, en sentido exactamente contrario: cada impuesto, cada tasa, cada canon que se agrega a la cadena erosiona un margen que ya de por sí no alcanza. “No pedimos subsidios sino que se eliminen impuestos que asfixian a un sector que no los puede exportar”, sintetizó la cámara en su informe. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de la economía, el sector pesquero no puede trasladar esa presión fiscal al precio final, porque ese precio lo pone el comprador europeo o asiático, no el exportador nacional.
El margen que debería traducirse en ganancia se convierte en mera subsistencia. Las consecuencias concretas de la presión fiscal ya son visibles. Eso se traduce en menores inversiones tecnológicas y, en una mirada que abarca el tiempo, en la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrado, tanto para tripulantes como para personal en tierra.
Aunque ocupen un lugar central en el reclamo, el informe de CAPEAR ALFA elaboró una radiografía que va mucho más allá de las retenciones.
El impuesto a las ganancias, por ejemplo, no solo afecta los márgenes de las empresas sino que impacta directamente en la remuneración de las tripulaciones, un sector sometido a ciclos de alta volatilidad en el que los ingresos variables por marea y los premios a la producción son parte esencial de la ecuación salarial. Cuando esos ingresos quedan atrapados en lo que el propio documento llama una “doble pinza” (ganancias + contribuciones elevadas), el resultado es un sistema que desalienta la productividad y complica las paritarias.
Precisamente en ese terreno, la cámara reconoció una dificultad estructural: “Conformar a los sindicatos en paritarias por inflación en pesos es imposible. Aumentar en pesos equivale a aumentar en dólares, lo que profundiza el desequilibrio.” En la flota fresquera, las paritarias todavía no se cerraron al momento del informe, con las partes convocadas a una audiencia y la flota retenida por una asamblea de los oficiales de máquinas. En los frigoríficos que exportan la producción, la situación es idéntica con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que sigue negociando bajo los mismos parámetros.
A este escenario se sumó el impacto del precio del barril de petróleo, que golpeó a toda la cadena sin distinción. El combustible y los lubricantes para la flota, el transporte, los cajones, las bachas y las cunitas en las plantas, los paños de red, los cabos y los sunchos. Ningún insumo crítico de la industria escapó al efecto multiplicador del crudo: “Cada variación en el precio internacional del petróleo repercute en toda la cadena productiva, multiplicando los costos y erosionando la rentabilidad” subrayó el documento.
A eso se añadió la demora en la zarpada que el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (nuclea a los oficiales de máquinas de los buques) aplica desde hace cinco días y el proyecto gubernamental de permitir la transferencia de cuota de captura fresquera a la flota congeladora, lo que amenaza con profundizar aún más la presión sobre un segmento ya al límite.
Tampoco ayudaron los plazos que el Estado demora en devolver el IVA a las empresas exportadoras. Según el informe, esos plazos superaron los seis meses, un período que ahoga financieramente a compañías que no pueden sostener operaciones mientras esperan que el fisco les devuelva lo que por derecho les corresponde. La cámara también reclamó la eliminación del IVA al combustible como medida de alivio inmediata.
Pero la presión fiscal no es el único ancla que carga el sector. Citado relevamiento dedicó un capítulo entero a la maraña regulatoria que lo enreda. La normativa REFOCAPEMM (Decreto 572/94) junto con la norma N° 1-2024 (publicada en la Ordenanza N° 3-09 del DPSN Tomo 5) exige dotaciones a bordo que ya no se corresponden con los avances tecnológicos en la construcción de buques modernos, que permiten operar con tripulaciones más reducidas sin afectar ni la seguridad ni el rendimiento.
Prefectura Naval Argentina, lejos de adaptarse a esa realidad, advierten voces autorizadas, intensificó sus requerimientos de personal embarcado y negó las excepciones operativas incluso en casos de buques de baja potencia o tonelaje. El resultado es una contradicción que el propio documento califica de incoherente ya que se termina promoviendo la incorporación de tecnología sin ajustar las normativas, lo que genera una doble carga operativa y financiera para el armador.
A eso se suman las ART. Los valores actuales son elevados en función del riesgo real: no tienen correlato con la siniestralidad efectiva ni contemplan una prevención financiada, y engloban en una única nómina a todo el personal de las empresas sin considerar las particularidades de cada función. Como si fuera poco, organismos como la PNA, SENASA, FONAPE y los distintos Consorcios Regionales Portuarios se convirtieron en múltiples ventanillas que multiplican las demoras y la carga administrativa diaria, con funciones que muchas veces se superponen y costos de cumplimiento que se acumulan sin generar valor.
Frente a este diagnóstico, CAPEAR ALFA presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un conjunto de propuestas concretas. En materia tributaria, la cámara pidió la exención o tasa cero de los derechos de exportación para los productos pesqueros, la suspensión y revisión de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de las tripulaciones, la reducción transitoria de las contribuciones patronales para sostener el empleo formal, y la implementación de un crédito fiscal acelerado para inversiones en seguridad, electrónica y eficiencia energética. Se insistió también en la liberación de la importación de insumos y maquinarias, y en la posibilidad de contratar seguros internacionales con un esquema de ART competitivos.
En el plano regulatorio, la propuesta central es la creación de una Ventanilla Única Pesquera que integre a la PNA, SENASA, FONAPE y los Consorcios Regionales Portuarios en una plataforma digital unificada, con un arancel único consolidado, un calendario previsible y trazabilidad documental. A eso se suma la consolidación de inspecciones y la unificación de los certificados por marea o campaña, con el objetivo de reducir la duplicidad de controles.
La cámara propuso además un calendario regulatorio anual que publique aranceles y requisitos con doce meses de anticipación y una cláusula de estabilidad, junto con la implementación de un expediente digital compartido que evite a los armadores la duplicidad de trámites. En cuanto a las dotaciones, reclamó una revisión urgente de la normativa REFOCAPEMM para adecuarla a las capacidades tecnológicas actuales de los buques.
La entidad pesquera proyectó el impacto esperado de estas medidas si llegaran a implementarse. En un plazo de doce meses podrían lograrse aumentos de entre el 10% y el 15% en la estabilidad de las dotaciones y la formalización de tripulantes. La reducción de imposiciones permitiría recuperar entre cinco y ocho puntos de margen, mejorando la oferta argentina en los mercados internacionales. En dieciocho meses, el sector podría incrementar un 20% su inversión en capital y reducir un 15% la siniestralidad reportada. Por su parte, la implementación de la ventanilla única y el expediente digital podría recortar un 40% los plazos burocráticos y un 30% los costos administrativos.
La cámara propuso que todos estos indicadores sean auditados trimestralmente y reportados a las autoridades competentes, con trazabilidad pública.
En ese marco el sector solicitó integrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca y los diversos organismos técnicos involucrados. La cámara encuadró su pedido dentro del contexto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, basada en el DNU 70/2023 y en los textos derivados del Pacto de Mayo.
La conclusión del documento no deja margen para la ambigüedad. Tanto la flota como las plantas de procesamiento en tierra no son inviables por naturaleza. Son inviables por exceso de impuestos, regulaciones y costos artificiales que distorsionan la actividad. “Si queremos que la pesca argentina sea un motor de divisas, debemos quitarle el peso muerto del Estado. No pedimos que nos den, pedimos que nos dejen producir”.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un informe que proyectó el impacto productivo, exportador y fiscal de una eliminación gradual de los derechos de exportación sobre el agro argentino. Según el trabajo de los expertos, el campo podría sumar 2,2 millones de hectáreas sembradas hacia 2036, elevar la producción total a 182,6 millones de toneladas y alcanzar exportaciones por US$50.500 millones anuales.
El estudio, titulado “¿Qué efectos tendría la eliminación de los derechos de exportación sobre la producción, las exportaciones y la recaudación fiscal en Argentina?”, fue publicado el 24 de abril y elaborado por Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada.
El análisis se basó en el modelo AGMEMOD, una herramienta de proyección adaptada al caso argentino
El informe comparó dos escenarios hasta la campaña 2035/36. El primero mantuvo constantes las condiciones vigentes para la producción, con el esquema actual de derechos de exportación. El segundo evaluó una reducción gradual de retenciones en dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.
Rodríguez Zurro explicó que AGMEMOD es “un modelo de equilibrio parcial para proyectar las principales variables del agro en distintos países”. Se trata de una metodología utilizada por la Comisión Europea para evaluar su política agraria común, que la BCR adaptó a las particularidades de nuestro país. “Pensemos en el doble cultivo, en las cepos o limitaciones cuantitativas a las exportaciones, las retenciones, la brecha cambiaria. Todas esas particularidades los incluimos al modelo para básicamente proyectar a 10 años cómo podría evolucionar la producción argentina bajo distintos escenarios”.
En el escenario constante, el área sembrada crecería de 39,9 millones de hectáreas a 41,1 millones entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasaría de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones. En cambio, con eliminación de derechos de exportación, el área alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implicaría 2,2 millones de hectáreas adicionales y una mejora del 5,4% frente al escenario base.
En materia exportadora, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales en 2036 bajo el escenario sin retenciones. El valor anual de las exportaciones pasaría de US$44.100 millones con derechos de exportación constantes a US$50.500 millones sin retenciones, una diferencia de US$6.400 millones.
El análisis fiscal planteó una pérdida inicial para el Estado nacional por la eliminación de los derechos de exportación, pero también proyectó una compensación posterior por dos vías. La primera sería directa, a partir de una mayor base imponible del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. La segunda sería indirecta, por la expansión de la producción, la inversión y la actividad económica.
El Estado nacional obtendría un resultado neto positivo desde el cuarto año de la eliminación. A partir del ciclo 2029/30, la recaudación nacional total sería superior en el escenario sin retenciones que en el escenario base. Hacia 2036, la Nación recaudaría US$296 millones adicionales frente al esquema con alícuotas constantes.
Rodríguez Zurro explicó que el aumento de la recaudación nacional tendría como uno de sus canales principales el Impuesto a las Ganancias. “Más o menos, para tener un número de referencia en la cabeza, hacia el 2036, si todo continúa igual, o sea, en el escenario base, la recaudación por impuesto a las ganancias rondaría los 3.500 millones de dólares en todos los productos en su conjunto, mientras que ante una eliminación, ganancias aportarían más de 8.000 millones de dólares por el aumento en la base imponible”.
El especialista también mencionó el impacto del impuesto al cheque. Según sostuvo, el productor tendría un ingreso bruto mayor y también costos de explotación más altos por el incentivo a invertir y mejorar rindes, lo que elevaría la recaudación por ese tributo.
El informe incorporó además el efecto sobre las provincias. La BCR sostuvo que resultarían beneficiarias desde el inicio, ya que los derechos de exportación no son coparticipables y su eliminación no les quitaría una fuente directa de ingresos. A la vez, la mayor actividad económica ampliaría la base imponible de Ingresos Brutos y Sellos, además de elevar la recaudación por vía indirecta.
En 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales en el escenario de eliminación de derechos de exportación respecto del escenario base. Con la recaudación nacional y provincial consolidada, el punto de quiebre fiscal se alcanzaría en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma.
El único año con pérdida neta consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de US$153 millones. Desde 2028, año de la eliminación total, la mayor recaudación por Ganancias, Débitos y Créditos, Ingresos Brutos, Sellos y otros tributos derivados de la actividad económica superaría la pérdida por derechos de exportación.
Para 2036, la recaudación consolidada de Nación y provincias superaría al escenario con retenciones constantes en US$1.286 millones anuales.
Rodríguez Zurro señaló que la eliminación de retenciones también tendría efectos sobre la compra de insumos, la contratación de servicios, la renovación de maquinaria, la inversión en construcción, otros negocios y la actividad portuaria.
El informe de la BCR cerró con una definición sobre el costo fiscal de la transición. “El único año con pérdida neta de recaudación consolidada es 2027”, indicó el trabajo, antes de señalar que, hacia el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en el escenario sin derechos de exportación. “El costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”, concluyó el trabajo de la BCR.
La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.
“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.
El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.
Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.
Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.
La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.
El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.
Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10.Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.
“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.
Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.
Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.
Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.
La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.
El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.
Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.
El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
