Una de las empresas más grandes del norte del país está por paralizar la producción por falta de insumos
Como consecuencia de las restricciones a las importaciones, Arauco Argentina, la empresa foresto-industrial más grande del país se encuentra en alerta ante la falta de insumos básicos que no tienen producción local.
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Arauco Argentina, la empresa foresto-industrial más grande del país, que actualmente posee 7 plantas, se encuentra en alerta ante la falta de insumos básicos que no tienen producción local y solo pueden traer del exterior.
La compañía desarrolla productos forestales renovables para la industria del papel, la construcción, el embalaje, la mueblería y la energía, se ve complicada por el Sistema de Control de Importaciones (SIRA) que sólo garantiza el ingreso de “productos indispensables” como insumos médicos, de seguridad y otros pocos, no contempló al sector foresto-industrial y su cadena productiva. Ante esto, advirtieron que analizan parar con la producción.
Arauco Argentina analiza parar su producción por las restricciones
Entre los productos que podrían faltar si continúa la imposibilidad para importar los insumos necesarios para su producción, se encuentran los artículos relacionados con la salud y la higiene personal como pañales, papel higiénico, y toallas absorbentes, así como también de la industria del embalaje, como madera, muebles y papel.
Por otro lado, la industria de tableros atraviesa la misma situación que celulosa, pero el stock de estos productos específicos se está terminando y por ello, advierten su estado de alerta, ya que de no entender el impacto de la medida instrumentada a través del otorgamiento de aprobaciones en tiempo y forma de SIRA la situación se hace “insostenible”.
Si se confirma el parate en la producción, pueden haber faltante de papel higiénico y pañales
“La falta de insumos para los procesos productivos mencionados, puede llegar a ocasionar problemas de abastecimiento de artículos de primera necesidad y, lo que es más grave aún, poner en riesgo miles de puestos de trabajo de toda la cadena de valor”, señalaron desde Arauco en diálogo con ArgentinaForestal.com.
Desde el sector foresto-industrial avanzaron en todos los canales posibles de diálogo con los organismos nacionales correspondientes, pero aún no lograron avances del SIRA.
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Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.
En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.
La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.
El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.
Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.
Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.
En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.
El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.
El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.
En su columna semanal en Clarín, el periodista Marcelo Bonelli asegura que Javier Milei mantiene tensas negociaciones con sectores del PRO para consolidar una alianza electoral, pero enfrenta resistencias internas, especialmente por parte de Jorge Macri y diferencias con referentes como Ritondo y Santilli. Karina Milei limita los lugares en las listas para el PRO, lo que genera malestar. La alianza con el PRO avanza en provincia, pero sigue dividida en CABA.
En paralelo, Wall Street y la Casa Blanca observan con atención la estabilidad política de Milei, preocupados por su estilo confrontativo y la baja calidad institucional. Toto Caputo busca mostrar resultados económicos, como el retorno al crédito internacional y la contención inflacionaria, aunque con medidas que distorsionan el enfoque liberal clásico.
El plan económico incluye frenar obras públicas, contener el dólar, congelar salarios y tarifas hasta octubre, lo que genera tensiones con gobernadores y empresarios. Aunque se logra cierta calma en lo financiero, la economía real sigue débil y el consumo resentido. Mientras tanto, crece el malestar en sectores productivos y se anticipan disputas dentro del oficialismo y la oposición.
Javier Milei afirmó: “Juntos vamos a refundar la Argentina. Como lo hizo Roca en 1880”. Cristian Ritondo abrió los ojos. Estaba cansado, era tarde en Olivos. Milei avanzó y le confió: “Me siento bien con vos”. Ritondo reaccionó: “Para ese sueño, tenemos que vencer juntos al kirchnerismo”.
El Presidente festejó la frase y lo interrumpió incisivo: “¿Por qué metieron a Mauricio en la pelea de la Ciudad?”. La tensión aumentó. Cristian habló de “errores propios en el PRO” y mencionó a Jorge Macri.
Después se sinceró: “Tenemos que hacer un mea culpa por nuestros errores”. Javo arremetió contra su nuevo e increíble archienemigo político. El Presidente ve complot debajo de cada baldosa y tiene un criadero de enemistades: “Jorge maltrató al Jefe, a mi hermana”.
Karina es intocable para Milei. Se conoce que el Presidente condenó al ostracismo a Victoria Villarruel cuando se enteró de que la vice trataba despectivamente de “tarotista” a la hermanísima.
Milei recitó una serie de remanidas acusaciones contra Jorge Macri: lo culpó de financiar a Ramiro Marra, de no darle lugar al bloque libertario en la Legislatura y enloqueció con Antoni Gutiérrez Rubí: “Es un difamador”. Ritondo mantuvo prudente silencio.
El diputado no quiso complicar la negociación: ambos después pactaron el acuerdo electoral. Fue en la cena a solas en Olivos. Pero esa cordialidad igual ya tuvo tropezones. Hay diferencias y peleas en el armado de la alianza entre La Libertad Avanza y los dialoguistas bonaerenses del PRO.
Karina le niega al PRO el primer lugar en la lista de octubre. La hermanísima – vía Pareja– está amarreta y solo le ofreció al PRO dos lugares entre los primeros doce de la lista. El trío Ritondo-Santilli-Guillermo Montenegro explotó. Pareja contragolpeó: Diego Santilli no va a liderar en octubre la lista bonaerense.
Para esa elección, la Casa Rosada le reserva al PRO solo el tercer puesto en la nómina. A Santilli –una forma de desgastarlo– ahora le ofrecen el primer lugar para septiembre en la primera sección electoral.
La cuestión recién comienza. Karina tiene una coincidencia con Ritondo. En eso trabajan con “el Pibe” Caputo: ambos no lo quieren a José Luis Espert al tope. Pero el trío conoce una cuestión: Milei lo banca y no quiere escuchar nada en contra del Profe.
WALL STREET VIGILA:
La cuestión se monitorea en Wall Street. Los “lobos” quieren conocer si Milei puede ganar en octubre y consolidar su poder para hacer la reforma laboral y en jubilaciones. En Manhattan nadie entiende una decisión: cómo LLA y el PRO irán unidos en Buenos Aires y separados en CABA. Patricia Bullrich no quiere compartir lista y destronar a Mauricio. Pato dice, suelta de cuerpo: “El PRO es el 15 % en CABA y el 5 % en provincia. ¿Qué quieren?”.
Encima, este jueves, un intendente aliado del PRO salió a patear el tablero. Santiago Passaglia desconoce la negociación de Ritondo y el líder de San Nicolás ya arma su propio partido: “Yo no voy a agachar la cabeza”.
Los dueños del dinero creen que se trataría de un disparate político. Pero husmean una cuestión: un desliz electoral complicaría mucho la política económica. En Manhattan preanuncian y apuestan a un triunfo. La Casa Blanca otorgó el “puente” –vía FMI– para favorecer a Milei.
En Wall Street, igual, están inquietos por los exabruptos e insólitas peleas de Javo. Dicen que esa baja calidad institucional aleja a la Argentina del crédito internacional.
El capo del JP Morgan ya lo dijo. Facundo Gómez Minujin afirmó: “Sin institucionalidad, no hay país que prospere”.
Por eso, Toto Caputo tuvo que armar un artilugio para promocionar que había vuelto al crédito mundial. Los bonos internacionales se suscriben en dólares y su sede judicial debe ser Nueva York. Ambos requisitos no se cumplieron en esta ambiciosa colocación.
Dicen que el JP Morgan y Goldman Sachs lo ayudaron para recolectar los US$ 1.000 millones. Existe una renta astronómica y Caputo se quedó con los billetes para el FMI.
Los Totoboys están obsesionados con mostrar “buenas noticias”. La reunión por zoom con los gobernadores tuvo un saldo agridulce. El jubileo de dólares no tiene aún el boom deseado por una cuestión: son beneficios tributarios, pero no incluyen ningún incentivo para usar los dólares.
Toto sobreactúa para satisfacer a Milei y por eso le tiró un Exocet al exitoso Darín. Atacó despectivamente al actor más codiciado del momento y Guillermo Francos tuvo que salir a ayudarlo.
Ahora el ministro dio un portazo a la Cámara de la Construcción: no irá a su convención anual. Gustavo Weiss invitó a Milei y Caputo. La Casa Rosada rechazó –vía ceremonial– la invitación. Pero Toto fue más allá y argumentó que no iría porque el año pasado recibió criticas a su programa de obra cero.
Ya dejó plantada a fin de año a la UIA y, hace poco, al poderoso Cicyp . En privado, Caputo masculla bronca y descalifica a lo empresarios: “No saben nada y no se juegan por nosotros”.
El plan “obra cero” inquieta a los gobernadores. Alberto Weretilneck lo dijo: “En Economía no se preocupan por el interior”. Los mandatarios denuncian que Economía frenó obras con financiación internacional girada del BID, CAF y Banco Mundial. Parte de esos recursos, Caputo los desvió y destinó a reforzar las escuálidas reservas del BCRA. Siguen en rojo en US$ 3.400 millones.
Estos bancos advirtieron: caerían los préstamos si persiste la actitud de Economía y no van a destino los fondos. Federico Sturzenegger tampoco irá a CAMARCO: hay un complot ordenado por Milei, para vaciar el encuentro.
El Coloso sufre embates: le adjudican mucha espectacularidad en sus anuncios y pocas concreciones. También hay críticas al ministro de Salud. A Mario Lugones no se le conoce la voz: el reconocido internacionalmente Hospital Garrahan está que arde por falta de dinero.
Ya se admite que la reanimación económica está floja y no termina de calentarse. Influye una orden del propio Javo al rockstar. La instrucción a Toto fue la siguiente: “Tenemos que llegar a octubre con un 1 % de inflación”.
Para eso, el ministro aplica medidas que desvirtúan las creencias monetaristas de Milei. En la UIA, en broma, dicen que Toto instrumenta la doctrina del “massismo austriaco”. La decisión anti-inflacionaria es encorsetar los costos y, para eso, planchar precios claves de la macroeconomía.
El primero es el dólar. Toto está obsesionado con bajarlo a 1.000 pesos y Santiago Bausili hace todo para mantenerlo pisado. Ya el BCRA vendió US$ 400 millones en abril y por lo menos US$ 1.200 en mayo para bajar expectativas del dólar futuro. Las reservas no se reaniman y la decisión provoca consecuencias: escuálida balanza comercial, déficit en la cuenta corriente y de turismo.
El segundo son los salarios. Trabajo no autoriza aumentos -pactados libremente- superiores al 1%. También se incluyen las tarifas: la decisión es plancharlas hasta octubre. Se trata de una estrategia coyuntural que varias veces se usó en Argentina: un corset sobre los precios.
Su efecto fue diverso y solo funciona en el corto plazo. Pero tiene costos fuertes: la pasa mal el campo, la industria y, al final, el consumo de los asalariados. El plan está en plena vigencia. Cristina lo sabe. También, que podría recibir un golpe fatal: Axel Kicillof prepara su matricidio político.
El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
En la plaza local, el Merval aumentó +4,3% en pesos a 2.202.667,32 puntos, mientras que se incrementó 4,7% en dólares, a 1.845,01 puntos. Entre los papeles líderes, las subas fueron lideradas por YPF (+6,8%), Transener (+6,0%), Telecom (+6,0%), Transportadora Gas del Norte (+5,9%) y Banco Galicia (+5,3%).
En Wall Street, los ADRs que más subieron fueron los de YPF (+7,7%), Telecom Argentina (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,1%), Banco Supervielle (+5,0%) y Edenor (+4,7%).
Por su parte, los bonos en dólares cotizaron en alzas encabezadas por Bonar 2041 (+1,5%), Global 2030 (+1,3%) y Bonar 2038 (+1,3%). En este contexto, el riesgo país se ubicó en 666 puntos básicos, marcando una caída de 3,2% con respecto a la jornada anterior.
Los mercados reaccionaron positivamente a las medidas anunciadas por el Banco Central, que avanzará en la eliminación de puts sobre títulos públicos en manos de bancos y volverá a ofrecer BOPREAL(Serie 4) para cubrir deudas comerciales y dividendos pendientes previos a 2025.
A esto se suma la decisión de dejar de emitir LEFI a partir del 10 de julio y canjear su stock por instrumentos líquidos y negociables como LECAPs. “Esta decisión marca un cambio hacia un sistema monetario más convencional, donde las tasas de interés son determinadas por el mercado en lugar de ser fijadas como instrumento de política”, señalaron desde el CEPEC.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
