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El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cumple este jueves 3 de agosto su primer año de gestión al frente del Ministerio de Economía. Asimismo, lo que ha sorprendido a propios y extraños son los números al rojo vivo tras dejar atrás las gestiones de Martín Guzmán y Silvina Batakis, (quien hoy preside el Banco Nación).
Cuando se operaron las idas de Batakis y Guzmán, la inflación estaba en el 64 por ciento, pero actualmente se deposita en un 115,6. Asimismo, Massa aún se mantiene firme en campaña electoral para mantener al oficialismo en la Casa Rosada.
La tasa de variación anual del IPC en Argentina en junio de 2023 ha sido del 115,6 por ciento, 1,3 puntos superior a la del mes anterior. La variación mensual del Índice de Precios al Consumo ha sido del 6, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 50,7.
Por otro lado, el dólar blue subió este martes 10 pesos, se ubicó en 560 para la venta y así cortó con las 2 bajas consecutivas. Con este incremento marcó un nuevo récord nominal. La brecha con el tipo de cambio oficial superó el 100 por ciento.
El billete paralelo aumentó por varios motivos. El primero de ellos es que, faltan pocos días para las PASO, existe una demanda precautoria de dólares frente a la incertidumbre sobre el resultado electoral y sobre las consecuencias sobre la economía.
Por su parte, Sergio Massa por presión del Fondo implementó una devaluación encubierta con la nueva versión del dólar agro y el impuesto PAIS para las importaciones. Esto presiona sobre el dólar paralelo porque es más restringido el acceso al tipo de cambio oficial.
Finalmente, otra manera de seguir midiendo la catástrofe económica del precandidato presidencial Massa es cómo llevó la pobreza del 36,2 por ciento al 39,2. Y, a la vez, las reservas del Banco Central que se han disminuido drásticamente de 37.818 millones de dólares, a solamente unos 8 mil millones.
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La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
