Tensión y amenaza: Pablo Moyano consideró una “ridiculez” el aumento a camioneros
Kelly Olmos no se mostró de acuerdo con el reclamo de aumento del 130% que exige el gremio que conduce Pablo Moyano y confirmó que realizará la convocatoria al Consejo del Salario en noviembre para volver a discutir el mínimo. Sin embargo, no fue suficiente para complacer a el dirigente sindical.
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El Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron nuevamente este miércoles en las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, por lo cual, Pablo Moyano, advirtió que si en el próximo encuentro no hay acuerdo habrá medidas de fuerza en todo el país.
Asimismo, la ministra comentó que “los trabajadores y empresarios tienen que negociar, el bloqueo de las empresas. El bloqueo no puede ser una dinámica” propinando contra la cabeza del gremio y sus dichos.
Después de una audiencia de pocos minutos, Moyano indicó a la prensa que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año, lo que consideró una “ridiculez”, y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono como salario mínimo.
Por otro lado, la ministra de trabajo dijo que “no podemos generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida”. Además, señaló que aunque “los reclamos pueden ser justos para los trabajadores de ese sector”, la implementación de esa suma “puede tener un impacto negativo en los sectores que quedan más atrás”.
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El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.
El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.
La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.
El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.
La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.
NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk
Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.
No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.
El miércoles pasado, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con varios gobernadores provinciales a fin de llevar tranquilidad con algunos fondos, entre ellos los aguinaldos y pagos municipales. De acuerdo a lo expresado por los mandatarios, el principal temor es que, ante la asunción del presidente electo Javier Milei, Nación no derive los fondos con los que aún cuentan.
En ese sentido, Massa respondió los llamados y cedió una importante reunión donde se confirmó un giro total de 230 mil millones de pesos que saldrán de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para este año, ya se recaudaron 176.095 millones de fondo ATN, pero a las provincias se les transfirieron 50.661 millones, entonces queda un saldo de 125.434 millones sin utilizar que van a pasar al año siguiente.
Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7
Además, el ministro intentó llevar calma a los gobernadores asegurando que dejó 930 mil millones de pesos “en caja” a Milei para que el año próximo se los distribuya a cada provincia. Esto se habría anunciado con el fin de acusar al libertario en caso de que no quiera ceder “los fondos que ya están”, alegaron fuentes cercanas a Massa.
Por último, el funcionario explicó vía redes que esta transferencia no impactará de forma negativa en el Presupuesto 2024, dado que los fondos pertenecen a ciclos anteriores: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024“, dijo.
La inflación proyectada para el cierre de este diciembre de 180%, casi tres veces más que la estimada en el Presupuesto 2023, lo que generó que desde Nación solicitaran una ampliación presupuestaria para poder cubrir los gastos, pagos y demandas de cada cartera. Así lo hicieron saber en el Decreto publicado este viernes que exige una ampliación por $1.87 billones.
La medida fue elevada este jueves, pero publicada finalmente este viernes 1ro de diciembre, a 9 días de finalizar la gestión del presidente Alberto Fernández y sus respectivos ministros que también acompañaron el Decreto de Necesidad y Urgencia con su firma.
En los “considerandos”, el documento fundamenta que el aumento de la autorización de gastos a ejecutar en lo que resta de este año en que “corresponde adecuar el Presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.
Las modificaciones con variaciones incrementales del gasto elevaron la partida inicial de $28,95 billones a $40,1 billones. En tanto, la de recursos pasó de $26,96 billones a $28,26 billones. Lo que generará, en consecuencia, un incremento del déficit total que ahora se ubicó de casi $2 billones a $11,8 billones.
Las áreas que resultaron más favorecidas con este DNU, con montos mayores a los 10 mil millones de pesos, son:
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $392.745 millones
Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Ministerio de Economía $208.598 millones
Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $190.839 millones
Asistencia en Servicios Económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro $188.931 millones
Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Ministerio del Interior $120.220 millones;
Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $96.268 millones
Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $84.203 millones;
Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $74.699 millones
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $63.261 millones
Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional, Ministerio de Seguridad $47.607 millones
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $42.449 millones
Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $37.644 millones, entre otros.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
Agradezco al Presidente Electo @JMilei por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo Ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras las Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país.… https://t.co/C6Uc1A2WLV
