El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.
“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.
El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.
Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.
El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.
Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.
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