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De acuerdo al Observatorio Social de la UCA, la pobreza en el país llegó en enero a 57,4%: pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre.
El porcentaje, que engloba a casi 27 millones de compatriotas de los cuales 7 millones son indigentes, es el nivel más alto de la serie, iniciada en el año 2002, año en el que la cifra rozaba el 54%.
El Informe de la UCA explica que las proyecciones de pobreza para diciembre 2023 y enero 2024 se realizaron ajustando los ingresos laborales y no laborales del tercer trimestre 2023, en función de las variaciones reales en los salarios y las modificaciones en los programas de ingresos y transferencias monetarias.
Al considerar solo los hogares que reciben ayudas sociales, el nivel de indigencia en el tercer trimestre de 2023 se ubicaba en el 19,7% de las personas, en diciembre se incrementó al 28,8% y en enero decreció al 23,8%, como consecuencia de las políticas compensatorias. Por ejemplo, el aumento del valor de la AUH y de la tarjeta alimentaria.
En tanto, los que viven en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024.
Mientras tanto, la Universidad Di Tella (Martín Rozados, director de la Maestría en Econometría) proyectó para enero una pobreza de 46,8%, equivalente a a 21,8 millones de personas a nivel nacional.
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Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agroindustriales mostraron un notable crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 24 mil millones de dólares. El avance resalta la importancia del sector agroindustrial, que representa el 63% de las exportaciones totales del país.
Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nuestro país continúa ocupando posiciones destacadas en el mercado global. Argentina se posiciona como el mayor exportador mundial de jugo y aceite de limón, así como de aceite de soja. Además, se consolida en el segundo lugar global en la exportación de maní, porotos y yerba mate, y en el tercer lugar en maíz y harina de soja.
En particular, la yerba mate fue punto “brillante” en el informe. Durante el primer semestre de este año, se alcanzó un récord de exportación con más de 20 millones de kilos, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2023.
A pesar del crecimiento, el sector agroindustrial enfrenta varios obstáculos que podrían limitar su expansión futura. Nicolle Pisani Claro (Economista Jefe de FADA) destacó que la falta de acuerdos internacionales, la excesiva burocracia administrativa, los derechos de exportación y el atraso cambiario son los principales impedimentos.
Argentina solo cuenta con 8 acuerdos comerciales internacionales, una cifra bajaen comparación con los 40 de la Unión Europea, 32 de Chile, 18 de China y 14 de Estados Unidos. Estos acuerdos son cruciales para reducir barreras comerciales y fomentar el comercio internacional. La falta de acuerdos limita el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados, afectando su competitividad.
Otro desafío importante son los derechos de exportación, más conocidas como “retenciones”, que aumentan la carga impositiva sobre el sector. Este impuesto reduce la rentabilidad de las exportaciones y desincentiva la inversión y el empleo en las regiones productoras. Argentina es uno de los pocos países que mantiene este tipo de impuesto, lo que lo convierte en un caso atípico a nivel global.
El atraso cambiario es otro factor crítico: El tipo de cambio oficial no evolucionó al mismo ritmo que la inflación, lo que llevóa una disminución en la competitividad de los productos en el mercado internacional y a un aumento en las importaciones.
El análisis de FADA sugiere que el panorama para el resto del año es mixto. Las perspectivas en términos de demanda internacional son neutras, mientras que la competitividad cambiaria es negativa. Sin embargo, se espera una oferta exportable positiva y precios en descenso. Se proyecta que las exportaciones totales para el año podrían alcanzar entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con los 33 mil millones de dólares del año anterior, afectado por la sequía.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
“Sos un benefactor social”, elogió el presidente Javier Milei a Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, quien hizo de anfitrión en la visita del mandatario a la sede de Saavedra.
El predio fue el escenario por segunda vez de una cumbre entre un jefe de Estado y el empresario argentino más importante. El primero fue durante su inauguración, en 2019, una celebración por los 20 años de la firma en la que estuvo presente Mauricio Macri.
Es inevitable encontrar simbologías. En el predio que solía ser de una empresa “tradicional” (la fábrica de lamparitas de Philips), sigue creciendo una firma de “lo nuevo”.
Pero también ocurrió algo no tan común: un presidente corriéndose del lugar de benefactor y entregando ese rol a una compañía que anunció inversiones millonarias y miles de empleos. Algo que 5 años atrás, generó un inside joke que poca gracia debe hacerle al CEO: “Viva Galperón”.
LAS INCREÍBLES CRIFRAS DE MERCADO LIBRE:
El gran anuncio del unicornio estuvo relacionado con la ampliación del su centro de distribución en la zona del Mercado Central, en el partido de La Matanza, que cuenta con tecnología de clase mundial. En los próximos meses, el unicornio invertirá u$s75 millones para ampliarlo:
57.000 metros cuadrados (equivalente a nueve estadios, según la firma)
2.300 nuevos empleos
El plan tiene un timing perfecto. En primer lugar, las cifras de ampliación superan al supermercado más grande del país que Coto abrirá en Mar del Plata a fin de año: con 30.000 metros cuadrados y 700 trabajadores.
Además, el comercio electrónico crece pese a todo: según la cámara del sector (CACE), 18% de las ventas minoristas pertenecen al ecommerce, tres puntos porcentuales más que hace un año.
En cuarto lugar, la participación del marketplace es sensiblemente menor que la de su billetera virtual, una rareza que no coincide con sus otras plazas de importancia:
Brasil sigue al tope de la tabla con u$s2.786 millones, entre su negocio de comercio electrońico (u$s1.701 millones) y financiero (u$s1.085 millones)
México: u$s1.201 millones, repartidos entre ecommerce (u$s799 millones) y fintech (u$s402 millones)
Argentina: u$s863 millones, con mayor participación de la billetera (u$s556 millones) que del marketplace (u$307 millones)
Las cifras hacen presumir que ampliando su capacidad de procesamiento de paquetes en 200.000 productos diarios en el AMBA puede lograr que ambas puntas se acerquen. Pero también le marcan la cancha en suelo natal a varios gigantes de la venta online que se asomen en el país.
LOS COMPETIDORES DE MERCADO LIBRE:
Existe un mito que asegura que el marketplace de Amazon no entró a Argentina por una política activa de los últimos gobiernos para proteger al unicornio.“Competimos contra ellos en Brasil y México y les ganamos en ambos países”, suele defenderse Galperin. Las cifras lo acompañan.
Pero en el sector ecommerce aseguran que el gigante global no tiene al país en el radar por un error “no forzado”. “No viene por el mismo motivo por el que se fueron Falabella o Dafiti: el dólar. Bezos no va a entrar en un lugar del que no puede salir”, dispara un emprendedor del ecommerce que tropezó veces con la misma piedra.
En efecto, Amazon no hubiese podido girar divisas al exterior, importar productos ni contar con un stock confiable como sucedió con Dafiti, que muchas veces tenía quiebres de stock de zapatillas ante fábricas que no podían traer insumos de afuera.
La misma maraña regulatoria del mercado cambiario hace que, por ejemplo, empresas de servicios digitales como Netlfix o Amazon Prime Video ni piensen en abrir una oficina en Argentina y utilicen pasarelas de pago locales, en su mayoría, Dlocal o PayU.
La política de apertura de Milei, con fuertes señales a los importadores ni bien asumió, puede renovar las intenciones de Amazonpara un pie en el país, como el depósito que tiene en Chile para tener una suerte de “reserva” de productos más vendidos.
Lo mismo se habla de Shein, el “Zara online” chino que, según se rumorea, planea aumentar su presencia en suelo albiceleste con alguna ubicación portuaria que agilice la entrega de prendas de fast-fashion.
El “rayo libertario” del Gobierno también aceleró el “operativo retorno” de Falabella en Mendoza, un rumor que suena cada vez más fuerte. Esa vuelta puede tener su réplica en el mercado online, con Linio, su propio marketplace que nunca terminó de despegar en la Argentina.
Pero el anuncio del unicornio puede anticipar otra posibilidad en sintonía con una mayor apertura de las importaciones: que habilite el comercio crossborder con EEUU (como ya lo hace en Brasil y México) o bien entre países de la región.
El Gobierno ya dio varios pasos en la agilización de la Aduana. El último de ellos, la certificación de calidad para ciertos productos, que según Federico Sturzenegger sólo servían para engrosar gastos públicos al enviar inspectores “a la fábrica de Lego en Suecia“.
Sin embargo, en el sector logístico advierten que el gran problema hoy es que “todo paga impuestos”. En Brasil, por ejemplo, se eximen las compras menores a 500 dólares. Pero el enfrentamiento entre Brasil y Elon Musk, más la buena sintonía del magnate con el libertario y la gira al Silicon Valley de Milei, pueden lograr que Argentina suba su perfil.
Queda por ver si este plan del unicornio forma parte de otro mayor, que signifique un mayor diseño y prueba de servicios del conocimiento. Según el propio Galperin, en los últimos años se trasladaron varios de estos empleos a otros países del vecindario.
De cambiar la tendencia, la compañía más valiosa de la región podrá sacarle todo el jugo a la combinación de talento argentino e ingenio criollo, base de gran parte de su expansión y relevancia en la región.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
