SEGUIMOS RETROCEDIENDO | La pérdida de poder adquisitivo superó el 20%
Un informe de una consultora, señaló como responsables de que el salario no deje de caer, a los bonos y distintos manotazos de ahogado por parte del Gobierno Nacional.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La pérdida del poder adquisitivo supera el 20% desde el 2017 al 2022, contra el máximo de noviembre 2017. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es del 22,9% promedio. Ahora bien, en el caso de los trabajadores informales, la caída real alcanza el 33,7%. Así lo aseguró el último informe de la Consultora LCG.
En el mes de febrero, el nivel general de salarios tuvo una caída real del 1,5m/m. En el caso de los trabajadores del sector privado no registrado, experimentaron una caída del 2,4% m/m real y los públicos un 2,2% m/m real. Por su parte, los asalariados registrados sufrieron una caída de sólo el 0,8% m/m real.
En la comparación interanual, los asalariados públicos acumularon una mejora del 3,2% anual por la reapertura de paritaria 2021 y los trabajadores privados una suba del 1,4% anual real promedio, que distan de la caída del 8,2% anual real en los salarios de trabajadores no registrados.
Sin conocer todavía el índice de Salarios de Marzo que publicará el INDEC, la Consultora LCG asegura que con la aceleración de la inflación, los salarios acumulan una retracción del 1,6% real promedio, con caídas del 1,2% en el caso de los registrados y del 3,7% en los no registrados. En ese sentido, con una inflación del 6,7% en el mes de marzo, “será difícil una recomposición del salario real. El aumento por paritarias pactado para gran parte de los privados con convenio fue menor al aumento del IPC en la mayor parte de los casos. Es de esperar que los no registrados se vean más perjudicados”.
“No esperamos que este año los salarios ganen la carrera contra los precios. Aun cuando las paritarias comenzaron a cerrarse y algunas con promesa de revisión, la mayoría incluye aumentos menores a nuestra proyección de precios. En promedio los ajustes pactados toman una inflación proyectada en torno al 40% anual. Aun cuando sectores ya comprometieron una revisión, el rezago en los ajustes terminará reflejando un nuevo año de caída real de los salarios”, remarca la consultora.
Sobre el impacto de las paritarias, Econviews la consultora de Miguel A. Kiguel y Asociados señaló que pese a las paritarias y los bonos, el salario real privado caerá 0.5% este año: “Nuestro índice proxy de salarios, que toma las paritarias ya cerradas, arroja una suba anual de 64% en 2022. Punta a punta, quedarán algo abajo de la inflación de 66%. Por la naturaleza de los acuerdos, los salarios podrán ajustar más rápido a futuros shocks de precios, aunque con riesgo de retroalimentación”.
Para los trabajadores formales, “en los papeles, los arreglos de 45/55% están en línea con, y en algunos casos debajo de, aquellos firmados en 2021. La novedad está en los recursos empleados para cubrirse de otro shock como el de marzo: más revisiones, bonos, y plazos acortados”. “Por ahora se evitó una descomposición total del régimen de paritarias anuales escalonadas, pero exhibe más y más fisuras conforme se acelera la inflación”.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.
El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.
Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.
En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”.
En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.
Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz.
Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.
La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Argentina atraviesa un contexto económico que genera un éxodo de empresas multinacionales. Bajo la política económica del presidente Javier Milei y un entorno desfavorable para la inversión, varias compañías comenzaron a retirarse del país, y se prevé un agravamiento del panorama tras su decisión de profundizar su programa económico pese a la reciente derrota electoral.
Uno de los casos más significativos es el de Raízen, la empresa energética del grupo brasileño Cosan junto a Shell, que inició su proceso de desinversión. Para ello, contrató a J.P. Morgan con el objetivo de vender sus activos en Argentina, lo que pone en riesgo más de 2.500 empleos. Entre sus principales activos se encuentran la refinería de Dock Sud —la más antigua del país— y una red de más de 700 estaciones de servicio Shell, que representan el 18% del mercado de combustibles local.
Raízen había adquirido estos activos en 2018 por 950 millones de dólares, pero su operación ha enfrentado cuestionamientos, como denuncias por presuntas irregularidades en comercio exterior. Su salida se suma a una lista creciente de empresas como HSBC, Mercedes Benz, ExxonMobil, y otras que están reestructurando o evaluando su permanencia en el país, como Equinor. Las principales razones de este fenómeno incluyen la imposibilidad de girar utilidades al exterior debido al cepo cambiario, y una percepción generalizada de inviabilidad del negocio local, incluso en sectores estratégicos como Vaca Muerta. Esta ola de retiros empresariales evidencia un deterioro profundo en el clima económico argentino
En Viamonte (Córdoba), un histórico hospital que estaba en ruinas volvió a funcionar gracias al trabajo conjunto del municipio, los vecinos y distintas entidades locales. La inauguración se realizó este miércoles.
El intendente del pequeño poblado, Facundo Manzoni, uno de los políticos más jóvenes de la provincia, lideró la reconstrucción y donó su sueldo para financiar las obras. Durante la ceremonia destacó que la reapertura del hospital garantizó acceso a la salud para los habitantes del interior y cuestionó la ausencia de autoridades provinciales: “Es lamentable que no haya venido ningún funcionario del gobierno, mientras que nuestro compromiso con la gente fue total”.
Según informó la gestión local, la obra demandó 298 millones de pesos, cifra que representó casi el 20% del presupuesto anual de la intendencia (1.500 millones de pesos). Pese a estar invitados con varias semanas de anticipación, no asistieron al acto funcionarios provinciales ni ninguno de los legisladores del departamento Unión, y el jefe municipal pronunció un discurso en el que resaltó la obra y criticó a la Provincia de Córdoba por no participar de la ceremonia.
En diálogo con medios locales, Manzoni recordó los inicios de su gestión y detalló el esquema de financiamiento:“debí instalar un hospital de campaña en la Casa de la Cultura ya que el existente se caía a pedazos. De inmediato pusimos manos a la obra para construir un nuevo centro de salud. Iniciamos una campaña de donaciones y obtuvimos 20 millones. La Provincia nos envió un FOCOM por 70 millones y el municipio aportó 210 millones. De esta forma reunimos el dinero y edificamos un nuevo hospital que es un orgullo para Viamonte”.
El nuevo establecimiento cuenta con 600 metros cuadrados, cuatro habitaciones de internación, guardia, vacunatorio y seis consultorios, incluyendo odontología, lo que lo convirtió en uno de los centros de salud mejor equipados de la región.
Al ser consultado por la ausencia de representantes provinciales, el intendente aseguró que “en el gobierno están enojados porque rechacé el ofrecimiento de integrar la lista de diputados nacionales. También lo hice con la Libertad Avanza. No apoyo a nadie. Sólo me preocupa trabajar por mi pueblo. Me molesta mucho que inventen cosas sobre mí, noticias falsas y hagan operaciones políticas. Viamonte pertenece a la Provincia de Córdoba y sus habitantes merecen el respeto de la Provincia”.
Manzoni es productor agropecuario y vive de esos ingresos. Trabaja gratis, ya que todos los meses dona su salario a una institución de bien público de la localidad. Todos los recibos de sueldos donados pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, en la que detalla el monto y los organismos beneficiados. Sobre cuestionamientos a su trayectoria, el jefe comunal concluyó: “Me trataron de ñoqui porque trabajé 3 años en la Legislatura en el bloque del PRO antes de asumir como intendente. Todos los días cumplí con mis obligaciones como ahora lo hago en el municipio. Es muy triste lo que pasa ya que por castigarme a mí afectan a mi pueblo”.
La evidencia de una deuda cercana a los 4.100 millones de pesos entre el IOMA y el Hospital Garrahan se vuelve central en el cruce entre jurisdicciones. La información oficial del consejo administrativo del Garrahan detalla ese pasivo, señalando que constituye un 40% de los más de 10 mil millones adeudados por obras sociales provinciales.Parte de ese monto—unos 2.500 millones—estaría judicializado.
En ese escenario, voces del gobierno nacional apuntan a que se trata de una deuda histórica. El Garrahan aseguró que solo una parte mínima fue abonada, mientras que Nación insiste en la acumulación que afecta la gestión hospitalaria.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ofreció una mirada restrictiva: indicó que en 2025 el hospital facturó 1.268 millones y que ya cobró 1.006 millones.
La Legislatura bonaerense, por su parte, registró acciones formales. La senadora Yamila Alonso presentó un pedido de informes que requiera desglose detallado, montos judicializados, diferencias entre deuda histórica y reciente, y un plan claro para su resolución.
Del otro lado, senadores del PRO, desde la Legislatura, levantaron la alerta institucional y sanitaria. Advertían que esa situación podría comprometer la atención pediátrica en el principal centro especializado del país. En ese contexto, el Hospital Garrahan, en conjunto con gremios y pacientes, realizó una bicicleteada solidaria y medidas de fuerza, en demanda de respuestas urgentes.
– Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y Homero Giles (titular IOMA)
En paralelo, una investigación de El Disenso expuso desembolsos en pauta oficial que llegaron a los 28 mil millones de pesos por parte de Axel Kicillof durante los primeros seis meses de 2025.
Lo llamativo es el aumento exponencial de la pauta en los meses previos a una elección. El año pasado, la provincia de Buenos Aires había superado los 26 mil millones de pesos en pauta. En menos de seis meses, el monto ya se igualó.
De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva citado medio, el gobierno de Kicillof proyecta gastar más de $56.000 millones para fin del ejercicio.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street experimentaron fuertes caídas de hasta un 14% en el mercado previo a la apertura de este lunes, como reacción inmediata a la contundente derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, afirmó públicamente el mandamás.
Esto sucede luego de que el bloque peronista y kirchnerista, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria, lograra un amargo triunfo con el 46,93% de los votos en los comicios provinciales, mientras que La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, obtuvo apenas el 33,85%, una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, perdiendo en 6 de las 8 secciones bonaerenses. Este resultado representa un revés significativo para el oficialismo en el distrito más poblado del país, que concentra el 38,6% del electorado nacional.
El premarket de New York, que funciona mientras los mercados regulares aún están cerrados, reflejó de manera inmediata el impacto del resultado electoral. Las acciones argentinas que se negocian como Recibos de Depósito Estadounidenses (ADRs) registraron pérdidas generalizadas. En el sector bancario los más golpeados fueron Grupo Financiero Galicia (GGAL), que cayó entre 14% y 15,21%; Banco Supervielle (SUPV), cuyo descenso se ubicó entre 11,36% y 12,11%; Banco Macro (BMA), que retrocedió entre 8,28% y 10,03%; y BBVA Argentina, que bajó 7,54%. En el sector energético, YPF sufrió una caída de entre 9,67% y 11,29%, Vista Energy (VIST) retrocedió entre 5,9% y 8,09%, y Pampa Energía registró descensos de entre 5,25% y 8,43%.
Los bonos argentinos tampoco lograron evitar la presión vendedora. Los títulos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York mostraron bajas de entre 5% y 6,7%, con el Global 2030 cayendo 5,26%, el Global 2035 descendiendo 6,77% y el Global 2041 retrocediendo 6,08%.
Los resultados de esta acción fueron interpretadas por analistas y medios internacionales como una prueba de fuego para la gestión de Milei, especialmente considerando que él mismo había calificado estos comicios como “cruciales” para su proyecto político. Previo a las elecciones, el riesgo país ya había mostrado señales de tensión, escalando hasta 898 puntos básicos a principios de septiembre, su mayor nivel en cinco meses. Este incremento del 8,32% reflejaba la incertidumbre política y las dudas de los inversores sobre el devenir económico del país. Durante agosto, las acciones cayeron hasta 25% y los bonos en dólares emitidos bajo ley de Nueva York retrocedieron hasta 4,5%. El S&P Merval acumulaba en 2025 un retroceso superior al 30% medido en dólares.
La consultora 1816 señaló que el resultado electoral ajustará a la baja la probabilidad de que Milei sea reelecto en 2027, generando especulación sobre si surgirá una tercera alternativa política o se abrirán las puertas a un regreso del “peronismo de izquierda”. Esta incertidumbre explica la reacción negativa inmediata de los activos financieros.
Aunque Milei ratificó que “no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno” y que el rumbo se “va a acelerar y profundizar más”, los mercados interpretaron la derrota como un debilitamiento de su respaldo político, lo que podría complicar la implementación de reformas estructurales en un Congreso fragmentado, especialmente considerando que las elecciones nacionales de octubre definirán la composición del Estado para el final de su mandato en 2027.
A pesar de los esfuerzos por controlar la inflación y mantener el superávit fiscal, la actividad económica mostró signos de estancamiento, con caídas del consumo y la producción, sobre todo durante el trimestre hasta junio. El gobierno implementó intervenciones en el mercado cambiario para contener las presiones sobre el dólar, alejándose de la libre flotación cambiaria que había pregonado inicialmente Milei.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
