El Gobierno anunció un dólar más alto para el agro como medida de estímulo a las exportaciones y para intentar alimentar con 2 mil millones de dólares a las alicaídas reservas del Banco Central, en el marco de una serie de medidas que diseña el Ministerio de Economía mientras intenta cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
La prioridad del equipo económico será sumar la mayor cantidad de divisas posible al BCRA, ante una caída pronunciada en el volumen de las arcas internacionales, que según Portfolio Personal Inversiones ya es de 1136 millones de dólares solo en julio. En ese plano, el menú de medidas también incluye un encarecimiento de las importaciones de algunos sectores, que hoy se realizan a dólar oficial.
En paralelo, entonces, habrá un nuevo impuesto a las importaciones, el impuesto PAIS que se aplica a los consumos en dólares, pero para los productos y servicios que se pagan al exterior. Así, una porción de las importaciones dejarán de pagarse al dólar oficial.
Otras importaciones, como aquellas ligadas a la producción de bienes que formen parte de la canasta básica y a la producción de energía, no tendrán ningún componente impositivo y seguirán con dólar a precio oficial. “Y quienes paguen sus importaciones con sus exportaciones sin usar el MULC, no pagarán ni PAIS ni IVA”, sentenciaron en Economía.
El encarecimiento de algunas importaciones, así, perseguirá un doble objetivo. Por un lado, que las compras al exterior sean más caras y que el BCRA no tenga que desprenderse de parte de sus reservas con un tipo de cambio considerado por el mercado y el FMI como muy atrasado, como expresa la alta brecha cambiaria. Y, por otra parte, reforzar los ingresos fiscales tras el desplome de recaudación que tuvo lugar como efecto de la sequía.
En un informe publicado, el Fondo Monetario aseguró que la economía argentina necesita eliminar controles cambiarios y hacer un ajuste fiscal y monetario. En su reporte External Sector Report, denominado External Rebalancing in Turbulent Times, en el que analiza la situación de la cuenta corriente de sus países.
Sobre la Argentina, indicó que “las posibles respuestas políticas son una consolidación fiscal favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado, sigue siendo esencial para moderar el crecimiento de la demanda interna, reforzar la balanza comercial, reconstituir las reservas internacionales, recuperar el acceso a los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda fiscal y externa”.
Sergio Massa volvió a comunicarse directamente con la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva. En ese diálogo, algunas de las medidas que alista el Ministerio de Economía estuvieron en conversación. Si las negociaciones avanzaran según lo planeado, el propio jefe del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial podría viajar a Washington para el apretón de manos final.
Dos elementos asomaban, en este tramo final del tira y afloje, como los que mostraban costuras por cerrar entre Economía y el staff técnico que encabeza Luis Cubeddu como jefe de misión y Rodrigo Valdés como director del Departamento del Hemisferio Occidental. Por un lado, cuánto debería ser el ajuste fiscal para este año incluido en las metas trimestrales a rediseñar. El Gobierno buscaba una cifra de déficit primario habilitado que ronde el 1,9 por ciento del PBI, es decir la meta anual de 2023 sin cambios. El FMI prefiere un recorte mayor.
Y, por otro lado, la cuestión del tipo de cambio. El FMI pulsea por una devaluación del peso que en Hacienda juzgan inviable políticamente en campaña. Medidas como el encarecimiento de algunas importaciones buscarían, así, cumplir de manera parcial con ese reclamo del organismo.
