Por no tener Presupuesto, el Gobierno no podrá subir las retenciones durante 2022
No tener aprobado el Presupuesto 2022, le hará perder al Gobierno la posibilidad de aumentar las alícuotas hasta el tope dispuesto por la Ley de Emergencia.
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Frente a la negativa que obtuvo el Presupuesto 2022, Alberto Fernández no podrá subir retenciones al agro durante el año que viene. El límite para las alícuotas es el dispuesto por la Ley de Emergencia de 2019 (hasta un 33% en el caso de la soja y hasta un 15% en trigo, maíz y carnes). Según expertos consultado por La Política Online, cualquier intento por subir las retenciones podría ser judicializado.
El Presupuesto de Guzmán, vetado en el Congreso el pasado viernes, preveía una recaudación por retenciones del orden de $1.134.621 millones, aportando 4,1% al crecimiento de la recaudación total que representarán 1,9% del PBI el año próximo.
Durante la gestión del Frente de Todos se utilizó citada Ley como instrumento de negociación con la Mesa de Enlace, aumentando a 30% la soja, a 12$ el trigo y el maíz y a un 9% la carne.
El sector productivo especula que el Gobierno podría aumentar unos 3 puntos las retenciones antes de fin de año. No tener el Presupuesto impediría esta suba. En este marco, cualquier judicialización obtendría una respuesta favorable para los que hagan las presentaciones.
*Con información de LPO
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Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.
Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.
“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.
Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.
“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
La reconocida cooperativa láctea debió tirar 100.000 litros de leche la semana pasada que no pudo ser procesada por un bloqueo sindical que limita la capacidad de los trabajos en las plantas. El presidente de Sancor, Abel Sánchez, cruzó al Gobierno, al Banco Nación y a la Asociación de Trabajadores Lecheros de la República Argentina. “Si hubiéramos tenido en la lechería, un dólar pyme, o dólar vaca muerta, o dólar soja, creo que podríamos haber peleado, no digo de llegar a los costos de producción, pero sí pelearlo para que el productor esté un poco más cómodo”, comentó en diálogo con los medios.
“Hoy en las plantas se está trabajando, estamos tratando de reubicar toda la leche. No fueron asambleas, fueron paros. No nos permitieron trabajar los procesos de queso y demás. Y veníamos de un fin de semana largo, en el que había mucha leche acumulada en los silos. A raíz de eso, hubo que tirar parte de esa leche porque ya estaba ácida”, detalló Sánchez.
“Estamos hipotecando la lechería del futuro, matando vacas, seleccionando toda aquella vaca que no tiene futuro o que le falta mucho para volver a producir o la vaca que el año pasado se mataba con 12 litros hoy se mata con 15 o 20 litros”, sostuvo el titular de Sancor. Según la firma, tres millones de litros de leche están en riesgo por el freno a la producción.
El empresario comentó que se venía “trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años atrás, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.
Tras el fallecimiento de Cafiero el asunto quedó en manos del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “no atendía el teléfono” y “en noviembre de 2021 informó que había tres inversores interesados en la restructuración”: José Urbubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, quienes “iban a armar un fideicomiso con Sancor, prometiendo que el Banco Nación realizaría un préstamo de $60 millones”. Sin embargo, Sánchez manifestó que el Nación nunca aprobó los préstamos y que, mientras tanto, “había presiones del gremio” para que se tomaran “decisiones rápidas”.
El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.
El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.
La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.
El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.
La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.
NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk
Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.
No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
