Por no tener Presupuesto, el Gobierno no podrá subir las retenciones durante 2022

No tener aprobado el Presupuesto 2022, le hará perder al Gobierno la posibilidad de aumentar las alícuotas hasta el tope dispuesto por la Ley de Emergencia.
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Frente a la negativa que obtuvo el Presupuesto 2022, Alberto Fernández no podrá subir retenciones al agro durante el año que viene. El límite para las alícuotas es el dispuesto por la Ley de Emergencia de 2019 (hasta un 33% en el caso de la soja y hasta un 15% en trigo, maíz y carnes). Según expertos consultado por La Política Online, cualquier intento por subir las retenciones podría ser judicializado.

El Presupuesto de Guzmán, vetado en el Congreso el pasado viernes, preveía una recaudación por retenciones del orden de $1.134.621 millones, aportando 4,1% al crecimiento de la recaudación total que representarán 1,9% del PBI el año próximo.

Durante la gestión del Frente de Todos se utilizó citada Ley como instrumento de negociación con la Mesa de Enlace, aumentando a 30% la soja, a 12$ el trigo y el maíz y a un 9% la carne.

El sector productivo especula que el Gobierno podría aumentar unos 3 puntos las retenciones antes de fin de año. No tener el Presupuesto impediría esta suba. En este marco, cualquier judicialización obtendría una respuesta favorable para los que hagan las presentaciones.

*Con información de LPO


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El recorte del Estado fue el mayor de los últimos 30 años

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló acerca del recorte interanual de gasto público que lleva adelante el gobierno de Javier Milei: fue el mayor de los últimos 30 años. El gasto primario (suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos en concepto de intereses de la deuda pública) se redujo un 39,4% interanual real.

El informe de IARAF

24-02-25-En-enero-se-ejecuto-uno-de-los-menores-gastos-de-inversion-publica-de-los-ultimos-31-anos

Los sectores que aportaron a la reducción del gasto primario, que tuvieron la mayor caída real, fueron:

  • Transferencias de capital a provincias (- 98,3%).
  • Subsidios a otras funciones (-92,2%).
  • Inversión real directa (-81,2%).
  • Subsidios a la energía (-77,2%).
  • Transferencias corrientes a provincias (-72%).

Las jubilaciones y pensiones contributivas con el 33% de participación (unos -$885.074 millones), fueron el sector que más aportó a la reducción del gasto.

Si se suman esos recortes se llega a que la cifra ahorrada es de $1.883.000 millones a moneda de enero de 2024. Las cuentas públicas terminaron, entonces, con un superávit fiscal de $518.400 millones. En el mismo mes del 2023, se había registrado un déficit de $537.970 millones.

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Milei entregó el control de los fondos fiduciarios a Caputo: Se realizará una “auditoría integral de gestión”

A través del Decreto 215/2024, y en medio de la convocatoria a los gobernadores para ser parte del “Pacto del 25 de Mayo”, Javier Milei entregó el control de los fondos fiduciarios al titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El documento del Boletín Oficial —que cuenta con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse— designa a Caputo como “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.

El Ministerio de Economía contará con la asistencia del la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el plazo estipulado, de 60 días, “deberá realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.

“Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, indicó el Gobierno.

Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes, contemplados en el Presupuesto 2023 —el cual fue extendido por el Ejecutivo para 2024— “hay números que no cierran”, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones: aproximadamente dos puntos porcentuales del PBI.

La idea del Ejecutivo es la de reducir y —sobre todo— controlar los fondos destinados a los privilegios de la política. Fuentes oficiales explicaron a La Nación que “la idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la SIGEN, para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”.

Redacción

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El Gobierno reemplazó el Potenciar Trabajo por el plan Volver al Trabajo y eliminó la intermediación piquetera

El Gobierno reemplazó el Potenciar Trabajo por el plan Volver al Trabajo y eliminó la intermediación piquetera

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó el plan conocido como Potenciar Trabajo y creó, para continuar con la asistencia social, otros dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social.

Quienes necesiten la asistencia accederán de manera directa, sin el intermediario de los piqueteros. Para evitar que los Bellibonis manejen las cajas el Ministerio de Capital Humano fue explícito: “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.

Para el programa Volver al Trabajo, el objetivo es “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. Mientras tanto, el Programa de Acompañamiento Social tiene “la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social”.

El Ministerio de Capital Humano considera que el Plan Potenciar Trabajo está “mal diseñado” ya que tan solo el 1,3% de los 1,4 millones de beneficiarios terminó consiguiendo empleo. El nuevo programa permite compatibilizar ingresos de hasta tres salarios mínimos ($540 mil); mientras tanto, el viejo plan, permitía solamente declarar un salario, “desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal”.

Durante éstos primeros meses de gestión, el Gobierno suspendió unos 22.500 planes a quienes, según determinó la Justicia, realizaron viajes al exterior.

Redacción

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