POBREZA RÉCORD | Formosa registró un 72% de pobreza y un 24% de indigencia
Formosa se hunde en la pobreza bajo el mandato del gobernador Gildo Insfrán, con desnutrición infantil y una tasa de pobreza que alcanza el 72%, según el último informe de la UCA.
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En un país que enfrenta profundos desafíos económicos, la provincia de Formosa, comandada por Gildo Insfrán hace casi treinta años, se erige como un símbolo alarmante de la pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la situación es desesperante: el 72% de los formoseños viven en la pobreza y el 20,3% en la indigencia.
Estos números revelan una realidad desgarradora para los habitantes de Formosa, especialmente para los niños: El informe destaca que 7 de cada 10 niños en la provincia viven en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, donde los ingresos no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor asciende a $873.168,77. Esta cifra no solo es un número frío; representa la imposibilidad de miles de familias de acceder a alimentos y bienes esenciales.
La pobreza y la indigencia no son exclusivas de Formosa. El estudio de la UCA, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revela una situación similar en otras regiones del país. En Gran Resistencia, Chaco, la pobreza alcanza un asombroso 79.5% y la indigencia el 38.6%. Santiago del Estero-La Banda también muestra niveles preocupantes, con tasas de pobreza del 72% y de indigencia cercanas al 30%.
Agustín Salvia, director del ODSA, enfatizó la gravedad de estas cifras y las calificó de “récord histórico”. En el Conurbano Bonaerense, las tasas de pobreza e indigencia son del 62% y 25% respectivamente, afectando incluso a los trabajadores formales, de los cuales más del 44% viven en hogares pobres.
“Todo esto ocurre a pesar de las mejoras en la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros meses del año”, señaló Salvia. Estas ayudas, aunque significativas, no han logrado mitigar los efectos devastadores de la inflación y la crisis económica.
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Mientras que el Gobierno acelera su plan para que los ahorristas utilicen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema, una parte de los que compraron billetes verdes en la salida del cepo no solo no los pusieron a funcionar sino que los devolvieron al colchón.
Según Profit Consultores, los depósitos en dólares desde que se lanzó la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos (el 22 de mayo) caen US$ 429 millones. En abril, último dato oficial, 1 millón de personas compraron US$ 2.000 millones por el homebanking, inaugurando la era poscepo.
“Si medimos por gobiernos (los periodos ajustan casi perfecto con las épocas de cepo), entre 2016 y 2019 la demanda por atesoramiento promedió US$ 1.806 millones mensuales. La diferencia es que en ese momento las empresas también podían acceder al mercado”, recuerda Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.
Además de la compra de billetes en abril, algo que fue a contramano de lo que quiere el Gobierno que suceda (se verá qué pasó en mayo, se cree que habría sido menor), destaca la consultora 1816, se aceleró el gasto en turismo y sigue la salida de divisas por Inversión Extranjera Directa, “con algunas matrices aprovechando el momento para concretar decisiones de salida tomadas hace años (este efecto más que compensa el RIGI)”.
Así, todo dependerá de si funciona o no el plan oficial para que entren más dólares y no sean una puerta giratoria. Muchos economistas, como Lucas Llach o Camilo Tiscornia, creen que el efecto será marginal. O sea, que no habrá un aluvión de gente entrando sus billetes de vuelta al sistema.
“Chapeau para el nuevo régimen informativo con cifras más lógicas. Pero eso no tiene nada que ver con sacar los dólares del colchón. En un país donde, como digo, el canuto no se mancha. ¿Por qué el canuto no se mancha? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en la Argentina? Por las dudas”, explicó hace una semana Carlos Melconian, uno de los más escuchados por el Círculo Rojo.
“El canuto lo tengo que tener por las dudas. ¿Por las dudas de qué? De este gran quilombo que es la Argentina. Vos no querés estar sin el canuto”, afirmó “Melco” en una charla privada.
El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” bajo el nombre de “régimen de inocencia fiscal” y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
“Estas disposiciones, junto con las anunciadas con anterioridad, constituyen el inicio de una reforma integral, que permitirá abandonar el régimen persecutorio en el que vivimos, donde todos son culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio”, destacaron desde la Casa Rosada. La idea es que esos dólares “remoneticen” la economía ya que no se emiten pesos. La duda es qué pasará si la gente no empieza a sacarlos del colchón. Por ahora, hay más dudas y miedos, que dólares entrando.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.
Controles de ARCA sobre compras en el exterior
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.
La información que deberán enviar al organismo de control incluye:
Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país. Número de tarjeta. Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Fecha de la operación. Identificación del país. Identificación de la moneda de origen. Monto de la operación en moneda extranjera. Monto de la operación en pesos. Nombre del comercio. Código de rubro del comercio. Número de identificación del comercio. Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.
Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país
Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales. Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Explosivos, inflamables y estupefacientes. Material arqueológico y cultural. Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos. Límites y excepciones para ingresar compras del exterior A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.
Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:
300 dólares para quienes regresen por vía terrestre. 500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.
Consejos para evitar inconvenientes con ARCA
Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:
Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos. Declarar los productos ante Aduana. Evitar productos prohibidos. Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración. Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales. Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado. Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar. Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes. Empaquetar bien para facilitar inspecciones.
En su columna semanal en Clarín, el periodista Marcelo Bonelli asegura que Javier Milei mantiene tensas negociaciones con sectores del PRO para consolidar una alianza electoral, pero enfrenta resistencias internas, especialmente por parte de Jorge Macri y diferencias con referentes como Ritondo y Santilli. Karina Milei limita los lugares en las listas para el PRO, lo que genera malestar. La alianza con el PRO avanza en provincia, pero sigue dividida en CABA.
En paralelo, Wall Street y la Casa Blanca observan con atención la estabilidad política de Milei, preocupados por su estilo confrontativo y la baja calidad institucional. Toto Caputo busca mostrar resultados económicos, como el retorno al crédito internacional y la contención inflacionaria, aunque con medidas que distorsionan el enfoque liberal clásico.
El plan económico incluye frenar obras públicas, contener el dólar, congelar salarios y tarifas hasta octubre, lo que genera tensiones con gobernadores y empresarios. Aunque se logra cierta calma en lo financiero, la economía real sigue débil y el consumo resentido. Mientras tanto, crece el malestar en sectores productivos y se anticipan disputas dentro del oficialismo y la oposición.
Javier Milei afirmó: “Juntos vamos a refundar la Argentina. Como lo hizo Roca en 1880”. Cristian Ritondo abrió los ojos. Estaba cansado, era tarde en Olivos. Milei avanzó y le confió: “Me siento bien con vos”. Ritondo reaccionó: “Para ese sueño, tenemos que vencer juntos al kirchnerismo”.
El Presidente festejó la frase y lo interrumpió incisivo: “¿Por qué metieron a Mauricio en la pelea de la Ciudad?”. La tensión aumentó. Cristian habló de “errores propios en el PRO” y mencionó a Jorge Macri.
Después se sinceró: “Tenemos que hacer un mea culpa por nuestros errores”. Javo arremetió contra su nuevo e increíble archienemigo político. El Presidente ve complot debajo de cada baldosa y tiene un criadero de enemistades: “Jorge maltrató al Jefe, a mi hermana”.
Karina es intocable para Milei. Se conoce que el Presidente condenó al ostracismo a Victoria Villarruel cuando se enteró de que la vice trataba despectivamente de “tarotista” a la hermanísima.
Milei recitó una serie de remanidas acusaciones contra Jorge Macri: lo culpó de financiar a Ramiro Marra, de no darle lugar al bloque libertario en la Legislatura y enloqueció con Antoni Gutiérrez Rubí: “Es un difamador”. Ritondo mantuvo prudente silencio.
El diputado no quiso complicar la negociación: ambos después pactaron el acuerdo electoral. Fue en la cena a solas en Olivos. Pero esa cordialidad igual ya tuvo tropezones. Hay diferencias y peleas en el armado de la alianza entre La Libertad Avanza y los dialoguistas bonaerenses del PRO.
Karina le niega al PRO el primer lugar en la lista de octubre. La hermanísima – vía Pareja– está amarreta y solo le ofreció al PRO dos lugares entre los primeros doce de la lista. El trío Ritondo-Santilli-Guillermo Montenegro explotó. Pareja contragolpeó: Diego Santilli no va a liderar en octubre la lista bonaerense.
Para esa elección, la Casa Rosada le reserva al PRO solo el tercer puesto en la nómina. A Santilli –una forma de desgastarlo– ahora le ofrecen el primer lugar para septiembre en la primera sección electoral.
La cuestión recién comienza. Karina tiene una coincidencia con Ritondo. En eso trabajan con “el Pibe” Caputo: ambos no lo quieren a José Luis Espert al tope. Pero el trío conoce una cuestión: Milei lo banca y no quiere escuchar nada en contra del Profe.
WALL STREET VIGILA:
La cuestión se monitorea en Wall Street. Los “lobos” quieren conocer si Milei puede ganar en octubre y consolidar su poder para hacer la reforma laboral y en jubilaciones. En Manhattan nadie entiende una decisión: cómo LLA y el PRO irán unidos en Buenos Aires y separados en CABA. Patricia Bullrich no quiere compartir lista y destronar a Mauricio. Pato dice, suelta de cuerpo: “El PRO es el 15 % en CABA y el 5 % en provincia. ¿Qué quieren?”.
Encima, este jueves, un intendente aliado del PRO salió a patear el tablero. Santiago Passaglia desconoce la negociación de Ritondo y el líder de San Nicolás ya arma su propio partido: “Yo no voy a agachar la cabeza”.
Los dueños del dinero creen que se trataría de un disparate político. Pero husmean una cuestión: un desliz electoral complicaría mucho la política económica. En Manhattan preanuncian y apuestan a un triunfo. La Casa Blanca otorgó el “puente” –vía FMI– para favorecer a Milei.
En Wall Street, igual, están inquietos por los exabruptos e insólitas peleas de Javo. Dicen que esa baja calidad institucional aleja a la Argentina del crédito internacional.
El capo del JP Morgan ya lo dijo. Facundo Gómez Minujin afirmó: “Sin institucionalidad, no hay país que prospere”.
Por eso, Toto Caputo tuvo que armar un artilugio para promocionar que había vuelto al crédito mundial. Los bonos internacionales se suscriben en dólares y su sede judicial debe ser Nueva York. Ambos requisitos no se cumplieron en esta ambiciosa colocación.
Dicen que el JP Morgan y Goldman Sachs lo ayudaron para recolectar los US$ 1.000 millones. Existe una renta astronómica y Caputo se quedó con los billetes para el FMI.
Los Totoboys están obsesionados con mostrar “buenas noticias”. La reunión por zoom con los gobernadores tuvo un saldo agridulce. El jubileo de dólares no tiene aún el boom deseado por una cuestión: son beneficios tributarios, pero no incluyen ningún incentivo para usar los dólares.
Toto sobreactúa para satisfacer a Milei y por eso le tiró un Exocet al exitoso Darín. Atacó despectivamente al actor más codiciado del momento y Guillermo Francos tuvo que salir a ayudarlo.
Ahora el ministro dio un portazo a la Cámara de la Construcción: no irá a su convención anual. Gustavo Weiss invitó a Milei y Caputo. La Casa Rosada rechazó –vía ceremonial– la invitación. Pero Toto fue más allá y argumentó que no iría porque el año pasado recibió criticas a su programa de obra cero.
Ya dejó plantada a fin de año a la UIA y, hace poco, al poderoso Cicyp . En privado, Caputo masculla bronca y descalifica a lo empresarios: “No saben nada y no se juegan por nosotros”.
El plan “obra cero” inquieta a los gobernadores. Alberto Weretilneck lo dijo: “En Economía no se preocupan por el interior”. Los mandatarios denuncian que Economía frenó obras con financiación internacional girada del BID, CAF y Banco Mundial. Parte de esos recursos, Caputo los desvió y destinó a reforzar las escuálidas reservas del BCRA. Siguen en rojo en US$ 3.400 millones.
Estos bancos advirtieron: caerían los préstamos si persiste la actitud de Economía y no van a destino los fondos. Federico Sturzenegger tampoco irá a CAMARCO: hay un complot ordenado por Milei, para vaciar el encuentro.
El Coloso sufre embates: le adjudican mucha espectacularidad en sus anuncios y pocas concreciones. También hay críticas al ministro de Salud. A Mario Lugones no se le conoce la voz: el reconocido internacionalmente Hospital Garrahan está que arde por falta de dinero.
Ya se admite que la reanimación económica está floja y no termina de calentarse. Influye una orden del propio Javo al rockstar. La instrucción a Toto fue la siguiente: “Tenemos que llegar a octubre con un 1 % de inflación”.
Para eso, el ministro aplica medidas que desvirtúan las creencias monetaristas de Milei. En la UIA, en broma, dicen que Toto instrumenta la doctrina del “massismo austriaco”. La decisión anti-inflacionaria es encorsetar los costos y, para eso, planchar precios claves de la macroeconomía.
El primero es el dólar. Toto está obsesionado con bajarlo a 1.000 pesos y Santiago Bausili hace todo para mantenerlo pisado. Ya el BCRA vendió US$ 400 millones en abril y por lo menos US$ 1.200 en mayo para bajar expectativas del dólar futuro. Las reservas no se reaniman y la decisión provoca consecuencias: escuálida balanza comercial, déficit en la cuenta corriente y de turismo.
El segundo son los salarios. Trabajo no autoriza aumentos -pactados libremente- superiores al 1%. También se incluyen las tarifas: la decisión es plancharlas hasta octubre. Se trata de una estrategia coyuntural que varias veces se usó en Argentina: un corset sobre los precios.
Su efecto fue diverso y solo funciona en el corto plazo. Pero tiene costos fuertes: la pasa mal el campo, la industria y, al final, el consumo de los asalariados. El plan está en plena vigencia. Cristina lo sabe. También, que podría recibir un golpe fatal: Axel Kicillof prepara su matricidio político.
La medición de junio de 2025 del ÍndiceFADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.
Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.
La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.
Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.
El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.
El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.
La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.
El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.
Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.
FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.
El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
En la plaza local, el Merval aumentó +4,3% en pesos a 2.202.667,32 puntos, mientras que se incrementó 4,7% en dólares, a 1.845,01 puntos. Entre los papeles líderes, las subas fueron lideradas por YPF (+6,8%), Transener (+6,0%), Telecom (+6,0%), Transportadora Gas del Norte (+5,9%) y Banco Galicia (+5,3%).
En Wall Street, los ADRs que más subieron fueron los de YPF (+7,7%), Telecom Argentina (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,1%), Banco Supervielle (+5,0%) y Edenor (+4,7%).
Por su parte, los bonos en dólares cotizaron en alzas encabezadas por Bonar 2041 (+1,5%), Global 2030 (+1,3%) y Bonar 2038 (+1,3%). En este contexto, el riesgo país se ubicó en 666 puntos básicos, marcando una caída de 3,2% con respecto a la jornada anterior.
Los mercados reaccionaron positivamente a las medidas anunciadas por el Banco Central, que avanzará en la eliminación de puts sobre títulos públicos en manos de bancos y volverá a ofrecer BOPREAL(Serie 4) para cubrir deudas comerciales y dividendos pendientes previos a 2025.
A esto se suma la decisión de dejar de emitir LEFI a partir del 10 de julio y canjear su stock por instrumentos líquidos y negociables como LECAPs. “Esta decisión marca un cambio hacia un sistema monetario más convencional, donde las tasas de interés son determinadas por el mercado en lugar de ser fijadas como instrumento de política”, señalaron desde el CEPEC.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
