PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO: En septiembre volvió a caer el consumo y los precios no paran de escalar

Los elevados niveles de inflación que se registraron en los últimos meses impactan de lleno en el poder adquisitivo de los argentinos.
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Entre los manotazos de ahogado del Gobierno para intentar llegar al 2023 con alguna mínima chance de ganar las elecciones, que no hacen más que acelerar el hundimiento del país en la miseria y la pobreza, la inflación no da tregua al bolsillo del pueblo, y la única salida que le queda a la gente es achicar los gastos de la forma que sea.

Los elevados niveles de inflación que se registraron en los últimos meses impactan de lleno en el poder adquisitivo de los argentinos. Es que luego del fuerte salto del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de julio del 7,4 por ciento y 7 en agosto, se estima que en septiembre volvería a rondar esas cifras. Y eso, lógicamente se traduce en un menor consumo.

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Publicación de los datos del INdEC en las redes sociales

Se trata de una contracción que impacta, también, en los artículos de consumo masivo. Así se desprende de distintos informes privados y es lo que perciben los comerciantes. “Cerramos septiembre con una retracción del consumo de entre 4 y 5 por ciento en unidades vendidas en la comparación interanual”, explicó Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados (FASA).

El principal motivo de este escenario es, claro está, la suba de los precios. “Sin duda, en escenarios inflacionarios como el que estamos viviendo, esto le pega de lleno al bolsillo del consumidor y el consumo se contrae. Esa es la preocupación que tenemos”, remarcó Palpacelli.

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El incremento de precios expuesto por el INdEC

Justamente, al referirse a los aumentos de los precios, el titular de FASA destacó que septiembre “fue un mes similar a agosto”. Y explicó: “Tuvimos modificaciones de precios en todas las categorías, prácticamente todas las empresas pasaron modificaciones de precios”.

“En cuanto al porcentaje de las subas, se vio una leve desaceleración. Se destacaron con aumentos por encima del promedio los productos que estaban contenidos bajo los fideicomisos harineros, de aceite y de fideos. Estos productos y sus derivados, hicieron que los alimentos suban en forma importante, al quedar afuera del fideicomiso. Entendemos que la Secretaría de Comercio está trabajando para reconstituirlos”, subrayó.

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Datos expuestos por el INdEC sobre los números de septiembre

Esta merma en el consumo masivo ya se había percibido en agosto. Es que de acuerdo al relevamiento que realiza la consultora Focus Market, se registró una contracción de 7,3 por ciento interanual, para acumular una contracción de 2,6 en los primeros ocho meses del año.

Los alimentos subieron en septiembre

Durante el mes pasado, los alimentos y bebidas volvieron a aumentar con fuerza. Y se ubicaron, de acuerdo a relevamientos privados, por encima de la inflación general. “En septiembre los alimentos marcan un alza del 7,6 por ciento, por encima del indicador general de variación de precios que es del 6,8 para el mismo período“, sostuvo Damián Di Pace, director de Focus Market.

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El Twitter del INdEC sobre lo acontecido en septiembre

Estos incrementos golpean de lleno en el poder adquisitivo de los consumidores. Algo que se vio reflejado en el Índice de Nivel de Vida de los Trabajadores (INVT) elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, que en julio registró un deterioro del 1,9 por ciento.

“El INVT mide la evolución del poder adquisitivo de los salarios privados (registrados y no registrados) en términos de acceso a la Canasta Básica Total informada por el INdEC, que a su vez se utiliza para medir la línea de pobreza en Argentina. Si el indicador baja es que están cada vez más cerca de ser pobres y que más de ellos lo son. Lo contrario sucede cuando el índice muestra una suba”, señalaron desde la firma.

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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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