Moody’s eleva la calificación crediticia de Argentina tras las reformas económicas del Gobierno

La calificadora destacó la mayor previsibilidad y consistencia de las políticas económicas, mientras subrayó los desafíos estructurales que persisten.
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La calificadora de riesgos Moody’s anunció este miércoles un aumento en las calificaciones crediticias de Argentina en moneda local y extranjera, reflejando avances en la previsibilidad y consistencia de la política económica implementada por el gobierno de Javier Milei. La calificación en moneda local pasó de B3 a Caa1, mientras que la correspondiente a moneda extranjera subió de Caa1 a Caa3. Estas mejoras se deben, según Moody’s, a una serie de reformas que redujeron rápidamente los desequilibrios fiscales y monetarios que alimentaban una inflación crónica.

El informe resaltó que las medidas adoptadas por el gobierno de La Libertad Avanza promovieron un “papel reducido del Estado en la economía y políticas menos intervencionistas”, lo que a su vez disminuye los riesgos de transferencia y convertibilidad en caso de un default soberano. Entre estas políticas se incluyen la eliminación de restricciones a los pagos transfronterizos y la convertibilidad del tipo de cambio, que han contribuido a aumentar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera, aunque la cuenta de capital sigue siendo poco abierta.

A pesar de estos avances, Moody’s dejó claro que estas mejoras no implican un cambio en la calificación soberana del país, que permanece en Ca. Esto refleja las limitaciones estructurales que enfrenta Argentina, como la inestabilidad de la balanza de pagos externa y las reservas netas negativas del Banco Central, actualmente estimadas en USD 1.300 millones.

Moody’s también explicó que “los techos país siempre superan la calificación soberana porque representan los límites para emisores privados como empresas y bancos”. Este ajuste permite a emisores locales obtener mejores condiciones de financiamiento, pero no elimina los riesgos asociados a la deuda soberana.

En el mercado financiero, el índice líder S&P Merval alcanzó máximos históricos, aunque cerró con una caída del 1,97% debido a una toma de ganancias. Por otro lado, el Banco Central mantiene el peso mayorista en torno a las 1.036 unidades por dólar, en un contexto de restricciones cambiarias. Javier Milei negó que exista un “atraso cambiario” y atribuyó la apreciación del peso al equilibrio fiscal, aunque economistas como Christian Buteler advirtieron que los costos relativos siguen incentivando la producción en el extranjero.

El Gobierno enfrentó este jueves un vencimiento de deuda por USD 4.341 millones, correspondiente a bonos reestructurados en 2020. Aunque las reservas netas están en terreno negativo, el mercado confía en que el Tesoro cumplirá con esta obligación gracias a la reciente obtención de un crédito Repo por USD 1.000 millones. Este instrumento financiero, diseñado para mejorar las expectativas de financiamiento, contribuyó a que el riesgo país bajara por debajo de los 600 puntos, un nivel no visto desde agosto de 2018.

Finalmente, Moody’s destacó que, aunque las políticas económicas actuales han mejorado la previsibilidad y reducido ciertos riesgos, persisten importantes desafíos estructurales. Recomponer las reservas internacionales y mantener una política fiscal estricta será crucial para avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario en 2025 y evitar posibles inestabilidades cambiarias. Estos esfuerzos serán determinantes para consolidar los avances logrados y garantizar la sostenibilidad de las reformas a largo plazo.

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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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