Mayoristas advierten sobre el brutal aumento de tasas municipales que encarece hasta un 50% los productos de primera necesidad

Con los aumentos de tasas municipales, por cada $100 que paga el consumidor, entre $38 y $49 son impuestos. "Sólo nos queda entre un 3% y un 5% de ganancia", indican los expertos.
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En un contexto de caída del consumo y aumento de la inflación, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió sobre el contundente impacto de las recientes subas en las tasas municipales sobre el precio de los productos de primera necesidad. El estudio realizado por la entidad revela que los impuestos municipales, provinciales y nacionales constituyen hasta un 49,1% del costo total de un producto, trasladando un aumento de entre el 3% y el 5% en el precio final para los consumidores.

La CADAM expresó su preocupación por la creciente carga fiscal sobre los comercios, que actualmente enfrentan una reducción significativa en su margen de ganancia. Con tasas municipales que llegan a impactar entre el 38,1% y el 49,1% del costo de los productos, los mayoristas sostienen que los incrementos en las tasas se trasladarán inevitablemente a los precios de los productos en las góndolas.

“Estamos viendo que el aumento en las tasas municipales está directamente vinculado con el aumento de la inflación. La rentabilidad de los mayoristas, que ya es extremadamente baja, se reduce aún más, lo que obliga a trasladar estos costos adicionales a los consumidores”, señalaron los expertos.

Los recientes aumentos en las tasas municipales generaron una reacción de varios intendentes bonaerenses, quienes defendieron las medidas de aumentos. Entre los nombres que se escucharon pronunciar en contra de las declaraciones del Ministro de Economía, fueron los intendentes bonaerenses de Unión por la Patria, Mayra Mendoza de Quilmes, Francisco Echarren de Castelli, Mario Secco de Ensenada y Julián Álvarez de Lanús.

El ministro Caputo argumenta que las tasas deben reflejar el servicio efectivamente prestado y no deben ser un medio para obtener recaudación adicional sin una justificación clara. La tensión entre los gobiernos locales y el Ministerio de Economía se intensificó mientras los municipios defienden la “necesidad” de estas tasas para financiar los servicios locales.

Frente a esta situación, la CADAM propuso varias medidas para aliviar la presión fiscal. Entre ellas se encuentran la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción del IVA para productos de la canasta básica y la revisión de los Ingresos Brutos provinciales, que, según la Cámara, pueden ser pagados hasta tres veces por los consumidores en el ciclo de comercialización de un mismo producto.

“Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal”, manifestaron. Otro es el “impuesto al Calco”, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas. “Son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes”, señalaron y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras.

En ese sentido, desde CADAM expresaron beneplácito por la eliminación del cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado, dispuesto por el gobierno nacional. “En los locales se solía poner música o la radio para mejorar el clima laboral y la experiencia del cliente, pero también había que pagar por eso”.

Además, la entidad pidió al gobierno de Javier Milei que elimine el aporte obligatorio de los comercios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, este aporte, que asciende a $3961,21 por empleado, no proporciona beneficios significativos a los trabajadores ni a los empleadores y contribuye al aumento de los costos laborales.

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Una auditoría detectó subsidios sin controles ni rendición de cuentas en el Instituto Nacional del Cáncer

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.

El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.

Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.

Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.

– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer

La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.

Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.

– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación

También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.

El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.

Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.

La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.

*Fuente: El Auditor

VACA MUERTA | YPF alcanzó los 200.000 barriles diarios y duplicó su producción en menos de dos años

YPF volvió a mover el tablero en Vaca Muerta y batió un nuevo récord de producción no convencional. La compañía superó los 200.000 barriles diarios de shale oil y marcó un nuevo máximo corporativo que la consolidó como principal impulsora del boom no convencional argentino. El salto fue contundente. Desde diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la presidencia y la producción de no convencionales rondaba los 110.000 barriles diarios, la empresa aumentó su volumen en un 82%.

La propia compañía definió que se trató de uno de los crecimientos más acelerados del sector energético local y lo enmarcó en la hoja de ruta del Plan 4×4, con el que YPF buscó duplicar su valor, escalar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar a nuestro país como un exportador relevante en la región. 

El presidente de YPF destacó además el salto registrado desde su llegada a la compañía: “Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad:, superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil”, confirmó el Marín vía X.

En su mensaje interno, el ejecutivo amplió el concepto al remarcar el cambio de fondo en la operación de la empresa. “Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, destacó el presidente y CEO de la petrolera.

Horacio Marín on X (formerly Twitter): “ALCANZAMOS UN NUEVO HITO EN VACA MUERTA @YPFoficial llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años. Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma… pic.twitter.com/uu3UjTPkT6 / X”

ALCANZAMOS UN NUEVO HITO EN VACA MUERTA @YPFoficial llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años. Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma… pic.twitter.com/uu3UjTPkT6

Según la compañía, el crecimiento no llegó por inercia, sino a partir de una transformación operativa que combinó nuevas tecnologías, optimización de procesos y un cambio cultural orientado a la eficiencia. YPF atravesó una transformación productiva apoyada en el uso de inteligencia artificial, análisis predictivo y herramientas de optimización que agilizaron la toma de decisiones en los pozos y permitieron mejorar la productividad y anticipar fallas o comportamientos del reservorio con mayor precisión.

A este esquema se sumó la adopción del Toyota Well, una aplicación de la metodología TPS (Toyota Production System) al desarrollo de pozos no convencionales. El proyecto Toyota Well permitió acelerar la perforación, reducir tiempos improductivos, bajar costos por pozo y aumentar la eficiencia de las operaciones en Vaca Muerta. Marín resaltó que la alianza con la automotriz japonesa derivó en mejoras para las máquinas y herramientas dispuestas por YPF.

– El centro de monitoreo en tiempo de YPF, donde la inteligencia artificial anticipa fallas y optimiza la producción, fue clave para alcanzar el récord de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta

En paralelo, la actividad no convencional de los hidrocarburos en Vaca Muerta volvió a ganar fuerza en octubre. Según el informe mensual elaborado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, se registraron 2.020 etapas de fractura durante el mes, lo que representó un crecimiento del 10,3% respecto a septiembre (1.831). 

En ese ranking de actividad, la empresa privada de mayoría estatal YPF volvió a encabezar cómodamente la lista, con 1.045 etapas de fractura, equivalente a más del 50% del total mensual. En segundo lugar se ubicó Pluspetrol con 374, seguida por Vista Energy (228) y Tecpetrol (225), que completaron el grupo de las operadoras más activas del mes. Detrás se ubicaron Pampa Energía (135), Phoenix (8) y Shell (4), en un escenario donde la concentración se mantuvo alta, pero con una participación creciente de compañías medianas en áreas emergentes.

– El presidente Marín (tercero de izquierda a derecha) junto a altos directivos de Adnoc y Eni

En paralelo a la expansión del petróleo, Marín se refirió a la evolución de la exportación de gas en el país. El proyecto “Argentina LNG” se planteó exportar gas shale de Vaca Muerta a través de barcos de licuefacción situados en Río Negro. “En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año”, mencionó el presidente de YPF.

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) es la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos y fue situada como la cuarta compañía petrolera más grande del mundo. “No tenemos dimensión de la inversión extranjera que implica este proyecto. Debe ser la más grande de la historia del país” explicó Marín.

El 70% de la provincia de Buenos Aires tiene agua con arsénico: “Podría afectar a 4 millones de habitantes”

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia y prohibió el consumo de agua en diez municipios bonaerenses, tras actualizar su “Mapa de Arsénico” y detectar niveles tóxicos de este químico. 

El estudio se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua y confirmó que los valores de arsénico superaron los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, con una situación que afectó directamente a más de veinte municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.

El informe clasificó las zonas según su nivel de peligrosidad mediante un sistema de colores: el verde indicó agua segura, el amarillo advirtió sobre posibles enfermedades y el rojo marcó el escenario más crítico, donde se prohibió explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar. 

Mapa de Arsénico en Argentina

– Podes acceder al mapa del ITBA haciendo click en esta imagen

Diez localidades quedaron en la “zona roja”, con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encontraron Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Además, el estudio identificó otras diez localidades en “zona amarilla”, donde la población debió permanecer atenta: General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.

Según el trabajo de los expertos, las personas quedaron expuestas al arsénico a través del agua que ingirieron de forma directa o que usaron para cocinar, regar y realizar actividades industriales. La ingesta sostenida en el tiempo de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites fijados por la OMS, incrementó el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología se vinculó con cuadros graves como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga y de riñón, enfermedades cardiovasculares, tos crónica y/o persistente, fibrosis pulmonar y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.

Un aspecto que el informe consideró preocupante fue que el arsénico careció de olor y sabor, de modo que el agua contaminada pudo verse cristalina y parecer segura. Para detectar la presencia del químico y definir si era necesario instalar sistemas de potabilización, el ITBA subrayó que resultó fundamental analizar periódicamente el agua que salió por la canilla, aun cuando cumpliera con otros parámetros de potabilidad vigentes.

El “Mapa de Arsénico” del ITBA se presentó como una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo del país. El Instituto anunció el relanzamiento del mapa, que ofreció una visión detallada de la distribución de arsénico y se consolidó como referencia tanto para investigadores como para la población en general, al brindar datos accesibles y confiables sobre un problema de salud pública de alta relevancia. La actualización mejoró la interfaz y la accesibilidad del recurso gracias al trabajo de la alumna Lucía Digón, de la carrera de Ingeniería Informática.

El proyecto quedó bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, y contó con la colaboración del Dr. Jhon Alejandro Ávila, docente de la institución y Responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA). Ávila llevó a cabo todas las mediciones, su actualización y la comunicación de los resultados. Durante la pandemia, la recepción de nuevas muestras disminuyó drásticamente y, en ese contexto, el ITBA relanzó un llamado a la comunidad para que se sumara nuevamente a la iniciativa y permitiera seguir actualizando el mapa con datos precisos.

“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y con este tipo de proyectos buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura”, comentó Stripeikis.

El estudio advirtió que la presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina, en niveles superiores a los recomendados por la OMS, podía afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes. El ITBA destacó que esta exposición se registró principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y en zonas andinas de Cuyo y del NOA, aun cuando el agua cumpliera con otros parámetros establecidos para considerarse potable.

Stripeikis detalló el origen mayoritariamente natural del problema: “La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.

Tras el estudio del ITBA, estas regiones quedaron bajo una alerta por la gran cantidad de arsénico presente en el agua, en especial en áreas donde la población accedió casi exclusivamente a aguas subterráneas. El relevamiento señaló como zonas afectadas a casi el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires —sobre todo el corredor de la ruta 5 (9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen) y áreas cercanas a Mar del Plata—, al sur de Córdoba y Santa Fe, a gran parte de La Pampa y Mendoza y a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Productores repudiaron a Kicillof por aumentar impuestos en medio de las inundaciones: “Nos tira un salvavidas de plomo”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.

CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.

La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.

Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.

En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.

La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.

De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.

La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.

“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.

La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.

El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.

En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.

Bancos de Estados Unidos descartaron un rescate de US$ 20.000 millones y Caputo negó haberlo negociado

Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.

La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.

Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.

Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.

La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.

A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.

Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.

No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.

Los bancos BBVA y Santander recortan operaciones y congelan los créditos en Argentina debido a las bajas perspectivas de crecimiento

Los bancos Santander y BBVA aplicaron un fuerte freno al crédito en Argentina en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y la caída en las expectativas de crecimiento. Ambas entidades españolas admitieron que tomaron medidas “drásticas” para reducir costos, como limitar la concesión de préstamos y recortar coberturas sobre el capital.

El deterioro del contexto quedó reflejado en los balances. Según BBVA, las perspectivas de crecimiento económico se deterioraron en el tercer trimestre por la inestabilidad política, las presiones cambiarias y el alto costo del dinero. Santander, por su parte, calificó la situación como “complicada” y reconoció mayores dificultades de los clientes para repagar los préstamos, lo que obligó a incrementar provisiones.

Como consecuencia, el crédito se desplomó. BBVA habló de una desaceleración “significativa” y reveló que la producción de préstamos cayó 9% entre julio y septiembre, mientras que el crecimiento del tercer trimestre fue mucho menor al del período anterior. En Santander, el financiamiento quedó prácticamente limitado a empresas exportadoras y del sector energético.

El contexto de tasas explica gran parte del freno. Los tipos de interés llegaron a tocar el 60% en octubre, lo que disparó el costo del riesgo: 4,91% para BBVA y 7% para Santander. “Con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero”, advirtió Héctor Grisi, consejero delegado del Santander. El impacto también golpeó los resultados: Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, y BBVA redujo sus ganancias un 25% en el trimestre.

Aun así, ambos bancos mantienen expectativas moderadas de mejora. BBVA sostuvo que un enfoque persistente en la reducción de la inflación y la baja de tasas podría favorecer el entorno financiero. Santander, en cambio, se mantiene a la espera del impacto de la asistencia financiera de Estados Unidos y actúa con máxima prudencia hasta que haya señales más claras.

*Fuente: Agencias

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