MAQUINITA | El Gobierno emitirá 1.250 millones de pesos de deuda tras las PASO

Así lo determinaron las secretarías de Finanzas y de Hacienda en la Resolución Conjunta 55/2019 publicada este miércoles en el Boletín Oficial
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Así lo determinaron las secretarías de Finanzas y de Hacienda en la Resolución Conjunta 55/2019 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional oficializó que el próximo miércoles emitirá Letras del Tesoro por unos 1.250 millones de pesos que serán suscriptas por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

Si bien el Gobierno no colocará las Letras en el mercado financiero, será la primera emisión que realizará la gestión de Mauricio Macri tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Así lo determinaron las Secretarías de Finanzas y de Hacienda en la Resolución Conjunta 55/2019 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Las Letras tienen como fecha de emisión el 14 de agosto de 2019 con un plazo de 182 días, por lo que el vencimiento será el 12 de febrero de 2020. La amortización de las Letras será íntegra al vencimiento, señala la Resolución Oficial.

Estas Letras devengarán intereses trimestrales a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de treinta a treinta y cinco días de más de un millón de pesos.

Asimismo, el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de las Letras del Tesoro en forma total o parcial a partir del 11 de octubre de 2019.

Para el ejercicio de esta opción, el suscriptor deberá dar aviso en forma fehaciente a la Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda con una anticipación no menor a quince días corridos.

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Según INDEC, una familia tipo necesita más de $177 mil para no caer en la pobreza

Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), una familia tipo necesita un ingreso mensual de $177,063 para no caer en la pobreza. El informe detalla que esta cifra es necesaria para cubrir los gastos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y vestimenta.

Además, el relevamiento oficial señala que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye los bienes y servicios que necesita una familia para no caer en la línea de la pobreza, aumentó un 4,5% en febrero de 2023. En este sentido, el informe del INDEC refleja la difícil situación económica que atraviesan muchas familias en el país, especialmente en un contexto de inflación creciente y devaluación de la moneda. Además, según cifras oficiales, la tasa de desocupación en el país se mantiene en niveles altos, lo que agrava aún más la situación.

Una eventual inflación del 7% amenaza el plan de Massa para controlar los precios

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció su aspiración de reducir la cifra de inflación a menos del 4% mensual en abril como parte de la renovación del plan Precios Justos.

Sin embargo, la consultora Ecolatina ha estimado que la inflación de marzo podría rondar el 7%, con el mayor impacto en los sectores de indumentaria y educación. Los riesgos de una estanflación, en un contexto en el que la inercia inflacionaria ha ido aumentando a lo largo del tiempo, debido a la falta de políticas monetarias y fiscales que anclen las expectativas hacia el futuro.

Según el economista Santiago Manoukian, la proyección de la inflación en el período de enero a diciembre indica un incremento de al menos el 100%. El licenciado expresó su preocupación por la situación fiscal del gobierno y la falta de espacio para cubrir a la población fuera de las paritarias. “Hay poco espacio fiscal de parte del gobierno para poder cubrir a la población fuera de las paritarias”.

En cuanto a la situación del empleo, Manoukian afirmó que los salarios reales cayeron por quinto año consecutivo, mientras que los salarios registrados, tanto públicos como privados, se han mantenido estables. Los más afectados son los trabajadores informales.

En plena sequía, el Estado se apropia del 80% de la producción del campo

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina publicó un informe sobre la apropiación porcentual que el Estado ejerce sobre diferentes tipos de cultivo. Las alarmantes cifras corresponden a marzo de 2023 y, en palabras del economista Jefe de la entidad, David Miazzo, constituyen “un récord”.

El dato concreto es que por cada $100 que genera una hectárea, $79 corresponden a impuestos. El resultado, que es un promedio entre los cultivos, se agrava si se los analiza individualmente y por provincia.

En el caso de la soja, los impuestos se llevarán casi la totalidad de la renta que genere el cultivo esta campaña. Para los demás granos, tal como puede verse en la imagen, la apropiación supera cómodamente el 50%.

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Según el relevamiento de FADA, del total recaudado por hectárea en promedio, “el 76,4% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que quedan en el Estado Nacional. 16,3% son coparticipables, o sea que una porción regresa a las provincias que lo produjeron. 6,2% corresponden a tributos provinciales y 1,1% municipales“.

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El crédito hipotecario se desplomó más del 60% durante el gobierno del Frente de Todos

El crédito hipotecario es un préstamo a mediano o largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales. Este tipo de créditos permiten a las personas adquirir una vivienda.

En los últimos días, el centro de estudios Libertad y Progreso publicó un informe que revela que durante el gobierno de Alberto Fernández, el crédito hipotecario en Argentina ha caído un 62%.

El relevamiento indica que, a pesar de que la inflación ha sido alta en los últimos años, el costo de construcción de viviendas no se ha incrementado en la misma proporción, lo que debería haber permitido una mayor accesibilidad al crédito hipotecario. Sin embargo, la realidad ha sido otra: la oferta de préstamos hipotecarios ha disminuido considerablemente y los requisitos para acceder a ellos se han vuelto cada vez más exigentes.

Esta situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que la vivienda es uno de los bienes más importantes para las familias. La falta de acceso a crédito hipotecario implica que muchas personas no pueden acceder a una vivienda propia, o bien deben resignarse a vivir en una situación precaria.

Es importante destacar que este problema no es exclusivo del gobierno actual, sino que se trata de una tendencia que se ha venido manifestando desde hace varios años en Argentina. Resulta, sin embargo, preocupante que durante la gestión de Alberto Fernández no se hayan tomado medidas para revertir esta situación.

¡ARRIBA LAS MANOS! | En plena sequía, el Estado se apropia del 60% de la renta de soja

En un contexto de rendimientos bajos para la cosecha de soja 2022/23, un informe privado alerta que el Estado está obteniendo el 60% de la renta generada por este cultivo, una situación que impacta particularmente a quienes alquilan tierras para sembrar.

Estos datos se conocen luego del último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que dio cuenta de un panorama desolador para los cultivos de gruesa, con una proyección de cosecha de 25 millones de toneladas para la soja y 36 millones para el maíz.

El productor agropecuario, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y ex secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, elaboró un informe basado en dos escenarios. Por un lado, aquellos que realizaron la siembra de soja en campos arrendados, con un costo de arrendamiento que oscila entre 6 a 18 quintales por hectárea.

“Esto representa en el país el 60% de la superficie cultivada de soja”, señaló Roulet. El cálculo se basa en un campo alquilado, con un rendimiento promedio de 20 qq/ha, que es el estimado para este ciclo por las bolsas de cereales. Con este nivel de productividad y a los valores actuales, el ingreso bruto de estos productos es de USD 1.100.

De esa cifra, el Estado retiene U$S 363 en concepto de derechos de exportación. Sumando los demás tributos, como Impuestos al Cheque, Ingresos Brutos y Ganancias, el Gobierno se lleva el 64,9% de la renta generada por el agricultor, lo que se traduce en USD 713,8 por hectárea. La cuenta es cruda: por cada hectárea, el productor pierde USD 360,1.

“El resultado final es que el Estado retiene casi el 65% de los dólares que ingresan por una hectárea de soja, mientras que el productor que invierte, alquila campo y siembra pierde el 32% de su inversión”, alertó Roulet.

En el caso de los campos propios, el Gobierno retendrá (sobre el ingreso de U$S 1.100 por hectárea) unos U$S 563,7. Esta cifra representa el 51,2% de la rentabilidad. “El productor invirtió en su campo USD 558,87/ha, de los cuales recupera USD 525,29/ha, lo que significa una pérdida de USD 33,48/ha”, agregó.

SEQUÍA | El costo económico ya supera los USD 14.000 millones y amenaza el mercado de granos

La sequía ha afectado principalmente a la producción de soja, maíz y trigo, los principales cultivos de exportación. Según el informe del BCRA, la producción de soja se verá reducida en un 10%, mientras que la producción de maíz y trigo se reducirá en un 15%. Estas reducciones en la producción tendrán un impacto directo en las exportaciones del país, ya que estos cultivos representan el 70% de las exportaciones agrícolas.

Además de la reducción en la producción, la sequía también ha llevado a un aumento en los precios de los granos en el mercado internacional. La demanda de granos ha aumentado en todo el mundo debido a la creciente población y a la mayor demanda de alimentos para animales. La reducción en la producción de Argentina ha llevado a una menor oferta de granos en el mercado internacional, lo que ha llevado a un aumento en los precios.

El relevamiento del BCRA también señala que la sequía ha tenido un impacto negativo en la economía de las regiones afectadas. La reducción en la producción ha llevado a una disminución en los ingresos de los agricultores y a una disminución en el empleo en el sector agrícola. Además, la sequía ha llevado a un aumento en los costos de producción, ya que los agricultores han tenido que gastar más en riego y otros métodos para intentar salvar sus cultivos.

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