Los nuevos sueldos de las FF.AA: ¿Cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea?
El Gobierno anunció un aumento del 9% en los sueldos del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida coincide con el pago del medio aguinaldo y busca reconocer la responsabilidad y dedicación de estos trabajadores.
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El Gobierno oficializó las nuevas escalas salarialespara el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. Esta actualización de haberes, que incluye un incremento del 9% en los sueldos, se refleja a partir de este mes y coincide con el pago del medio aguinaldo.
La Resolución Conjunta 33/2024, firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, establece un aumento del 9% en los salarios del personal militar. Esta medida se hizo pública el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la actividad”. Junto con este aumento, las Fuerzas Armadas recibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mayor remuneración mensual percibida durante este período.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2024
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC)en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.
El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.
Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.
Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.
– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer
La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.
Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.
– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación
También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.
El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.
Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.
La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia y prohibió el consumo de agua en diez municipios bonaerenses, tras actualizar su “Mapa de Arsénico” y detectar niveles tóxicos de este químico.
El estudio se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua y confirmó que los valores de arsénico superaron los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, con una situación que afectó directamente a más de veinte municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
El informe clasificó las zonas según su nivel de peligrosidad mediante un sistema de colores: el verde indicó agua segura, el amarillo advirtió sobre posibles enfermedades y el rojo marcó el escenario más crítico, donde se prohibió explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar.
Mapa de Arsénico en Argentina
– Podes acceder al mapa del ITBA haciendo click en esta imagen
Diez localidades quedaron en la “zona roja”, con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encontraron Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Además, el estudio identificó otras diez localidades en “zona amarilla”, donde la población debió permanecer atenta: General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.
Según el trabajo de los expertos, las personas quedaron expuestas al arsénico a través del agua que ingirieron de forma directa o que usaron para cocinar, regar y realizar actividades industriales. La ingesta sostenida en el tiempo de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites fijados por la OMS, incrementó el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología se vinculó con cuadros graves como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga y de riñón, enfermedades cardiovasculares, tos crónica y/o persistente, fibrosis pulmonar y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.
Un aspecto que el informe consideró preocupante fue que el arsénico careció de olor y sabor, de modo que el agua contaminada pudo verse cristalina y parecer segura. Para detectar la presencia del químico y definir si era necesario instalar sistemas de potabilización, el ITBA subrayó que resultó fundamental analizar periódicamente el agua que salió por la canilla, aun cuando cumpliera con otros parámetros de potabilidad vigentes.
El “Mapa de Arsénico” del ITBA se presentó como una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo del país. El Instituto anunció el relanzamiento del mapa, que ofreció una visión detallada de la distribución de arsénico y se consolidó como referencia tanto para investigadores como para la población en general, al brindar datos accesibles y confiables sobre un problema de salud pública de alta relevancia. La actualización mejoró la interfaz y la accesibilidad del recurso gracias al trabajo de la alumna Lucía Digón, de la carrera de Ingeniería Informática.
El proyecto quedó bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, y contó con la colaboración del Dr. Jhon Alejandro Ávila, docente de la institución y Responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA). Ávila llevó a cabo todas las mediciones, su actualización y la comunicación de los resultados. Durante la pandemia, la recepción de nuevas muestras disminuyó drásticamente y, en ese contexto, el ITBA relanzó un llamado a la comunidad para que se sumara nuevamente a la iniciativa y permitiera seguir actualizando el mapa con datos precisos.
“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y con este tipo de proyectos buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura”, comentó Stripeikis.
El estudio advirtió que la presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina, en niveles superiores a los recomendados por la OMS, podía afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes. El ITBA destacó que esta exposición se registró principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y en zonas andinas de Cuyo y del NOA, aun cuando el agua cumpliera con otros parámetros establecidos para considerarse potable.
Stripeikis detalló el origen mayoritariamente natural del problema: “La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.
Tras el estudio del ITBA, estas regiones quedaron bajo una alerta por la gran cantidad de arsénico presente en el agua, en especial en áreas donde la población accedió casi exclusivamente a aguas subterráneas. El relevamiento señaló como zonas afectadas a casi el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires —sobre todo el corredor de la ruta 5 (9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen) y áreas cercanas a Mar del Plata—, al sur de Córdoba y Santa Fe, a gran parte de La Pampa y Mendoza y a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Los bancosSantander y BBVA aplicaron un fuerte freno al crédito en Argentina en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y la caída en las expectativas de crecimiento. Ambas entidades españolas admitieron que tomaron medidas “drásticas” para reducir costos, como limitar la concesión de préstamos y recortar coberturas sobre el capital.
El deterioro del contexto quedó reflejado en los balances. Según BBVA, las perspectivas de crecimiento económico se deterioraron en el tercer trimestre por la inestabilidad política, las presiones cambiarias y el alto costo del dinero. Santander, por su parte, calificó la situación como “complicada” y reconoció mayores dificultades de los clientes para repagar los préstamos, lo que obligó a incrementar provisiones.
Como consecuencia, el crédito se desplomó. BBVA habló de una desaceleración “significativa” y reveló que la producción de préstamos cayó 9% entre julio y septiembre, mientras que el crecimiento del tercer trimestre fue mucho menor al del período anterior. En Santander, el financiamiento quedó prácticamente limitado a empresas exportadoras y del sector energético.
El contexto de tasas explica gran parte del freno. Los tipos de interés llegaron a tocar el 60% en octubre, lo que disparó el costo del riesgo: 4,91% para BBVA y 7% para Santander. “Con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero”, advirtió Héctor Grisi, consejero delegado del Santander. El impacto también golpeó los resultados: Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, y BBVA redujo sus ganancias un 25% en el trimestre.
Aun así, ambos bancos mantienen expectativas moderadas de mejora. BBVA sostuvo que un enfoque persistente en la reducción de la inflación y la baja de tasas podría favorecer el entorno financiero. Santander, en cambio, se mantiene a la espera del impacto de la asistencia financiera de Estados Unidos y actúa con máxima prudencia hasta que haya señales más claras.
El primer proyecto argentino de cobre en entrar en producción se ubicó en Mendoza. PSJ Cobre Mendocino presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial y anunció una inversión inicial de US$ 560 millones para el proyecto San Jorge, con inicio de obras previsto para 2026.
Según su CEO, Fabián Gregorio, la escala de producción prevista podría aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, estimadas en poco menos de US$ 2.000 millones.
“El envío de la DIA a la Legislatura provincial es un hito importante, condición necesaria, pero no suficiente, para acercarnos a nuestra licencia operativa”, señaló Gregorio en diálogo con Forbes. “Estamos contentos, la verdad estamos con mucha satisfacción por la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que ha hecho el gobierno y sobre todo que lo ha enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento que va a ser, supongo, en forma inminente”.
Gregorio precisó que San Jorge “es un proyecto mediano muy interesante, tiene una escala importante de tratamiento de minerales y pretende producir cuarenta mil toneladas de anuales de cobre fino, asociado con cuarenta mil onzas de hora como subproducto. Esto se va a prolongar inicialmente a lo largo de dieciséis años, pero estimamos que puede tener una vida útil hasta inclusive a los veintisiete años, dependiendo de las condiciones de mercado y geológica, pero es una posibilidad importante”.
El proyecto se presentó como el primer desarrollo de cobre en producción en el país y se asentó en Uspallata. La propuesta productiva se enfocó en un mineral estratégico y en un esquema de operación que contempló costos anuales definidos y una vida útil extendida, con potencial de ampliación sujeta a condiciones geológicas y de mercado.
El proyecto perteneció a Zonda Metals, de capitales suizos, que se asoció con el Grupo Alberdi, de capitales argentinos, para su desarrollo en Mendoza. “Existía una mirada importante sobre la Argentina, primero por su potencial geológico, por su marco normativo que siempre fue bueno, pero hoy se va consolidando con medidas de promoción como el RIGI y por el contexto macroeconómico que viene ofreciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, las expectativas se fueron incrementando claramente en estos últimos años y hoy estamos seguramente en esos bloques de empresa que están creyendo en la Argentina y apostando cada vez más fuerte”.
Consultado por el proceso político reciente, el CEO indicó que “independientemente de la relevancia que puede tener para la macroeconomía local, nos hemos mantenido al margen de eso. Recuerden que estamos en una en una provincia, la forma que se maneja la minería en la Argentina también es muy regionalizada, es muy federal. No digo que haya sido irrelevante, pero no ha estado en nuestra agenda condicionando”.
Respecto de los próximos pasos, Gregorio afirmó: “Estamos trabajando con un equipo intensamente para aplicar al RIGI. En las próximas semanas vamos a tener definiciones y vamos a estar haciendo algún anuncio al respecto. Y cuando esté ratificado por la Legislatura, vamos a acelerar los procesos de factibilización definitiva de la mina, vamos a cerrar la ingeniería detalle y estamos trabajando ya sobre el cierre del financiamiento. Tenemos todas las pretensiones que en algún tramo del 2026 estemos en condiciones de iniciar la construcción de la mina, que va a demandar entre dieciocho a veinticuatro meses”.
Entrevistado por Radio Post, Gregorio describió: “Es una ejecución de alto impacto y rápida implementación. Para que una mina de este tipo funcione, hay que invertir mucho dinero”. Precisó que son 120 millones de dólares anuales en gastos operativos, y remarcó que el emprendimiento tuvo “una mirada muy enfocada en Mendoza”.
Sobre la extracción aclaró que “se aplicará un método de flotación, que consiste en moler la roca, tratarla con agua en un circuito cerrado y filtrarla para obtener un concentrado de cobre. Es un proceso limpio, sin filtraciones ni sustancias contaminantes: todos los reactivos son biodegradables”.
En materia de empleo, Gregorio sostuvo que durante la construcción se generarían unos 3.900 puestos entre directos e indirectos, con alrededor de 600 empleos permanentes en operación: “Por cada trabajador directo, se replican tres más en distintos sectores de Mendoza. En algunos casos, ese número puede ser aún mayor”.
En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, enviada por el Poder Ejecutivo para su ratificación. Por videoconferencia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico” y buscó garantizar que los legisladores conocieran “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”. Añadió que “este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”.
Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”. Recordó además que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”.
Según los fundamentos de la elevación, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó participación ciudadana efectiva mediante consultas públicas, talleres y visitas técnicas. Se convocó y celebró una audiencia pública, se admitieron observaciones por escrito, y se dispuso la compulsa pública de las actuaciones en formato físico y digital. En paralelo, se tramitaron procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la cesión en uso de un inmueble a Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA). El edificio tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados y pertenece al patrimonio del Estado Nacional.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 67/2025 y establece que la casa de altos estudios podrá utilizar el primer piso del edificio ubicado en la calle Tinogasta 5268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la resolución firmada por el presidente de la AABE, Nicolás Alberto Pakgojz, la medida se enmarca en la política de “racionalización y mejor aprovechamiento del espacio físico estatal”, con el objetivo de destinar bienes públicos a la ejecución de políticas educativas y de gestión universitaria.
Nicolás Pakgojz, titular del AABE, acaba de otorgarle un predio estatal a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Pese a que responde al vice del Banco Nación, Darío Waisman, esposo de Pilar Ramirez, siempre interesado en el Real Estate, pero esta vez debe haber privado su… pic.twitter.com/DwCMSRgX6B
El inmueble se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que fue notificada del traspaso y “no formuló observaciones” al respecto, de acuerdo con la documentación oficial. En los relevamientos técnicos se verificó que el primer piso del edificio está “desocupado y limpio”, mientras que el resto de las plantas se encuentran en proceso de desocupación y presentan un “estado de mantenimiento regular”.
La UNMA había solicitado la cesión para destinar el lugar al almacenamiento y resguardo de mobiliario institucional. En ese espacio también funcionarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio. Estas áreas se encargarán de centralizar tareas de conservación y logística interna que actualmente se realizan en distintas sedes.
A ver, amigos libertarios, por favor pasen a leer esta maravillosa Resolución 67/25 de la AABE, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO, sin observaciones por parte de Capital Humano. “Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de… pic.twitter.com/wFwdxhhICj
El documento también precisa que la medida fue evaluada por las distintas áreas competentes de la AABE y que contó con la intervención del Servicio Jurídico Permanente del organismo. La reasignación fue registrada en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, y la Dirección de Despliegue Territorial será la encargada de realizar la entrega formal del inmueble y suscribir las actas correspondientes.
El documento publicado en el Boletín Oficial también indica que la universidad presentó una solicitud complementaria para acceder, en una segunda etapa, a la totalidad del inmueble. En caso de que esa ampliación sea aprobada, la institución se comprometió a entregar a la AABE otro edificio que le fue asignado anteriormente, ubicado en la Avenida Rivadavia 4615, en el barrio de Caballito.
Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.
La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.
Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.
Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.
La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.
A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.
Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.
No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
