Los gastos de Tolosa Paz: frazadas con sobreprecios y útiles de oficina por más de $20 millones

Con poco tiempo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la ministra intensifica las compras. Algunas con alarmantes sobreprecios.
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La ministra de Desarrollo Social de la Nación y candidata a diputada nacional por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quedó en el centro de la polémica por 2 licitaciones recientes en las que gastó una fortuna de los impuestos de los argentinos.

Por un lado, gastó 1069 millones de pesos en frazadas para asistencia social. Los valores llegan hasta 177 por ciento por encima del valor en el mercado. Por el otro, gastará más de 20 millones en útiles de oficina, entre lapiceras y folios.

Cuadro comparativo de ofertas
Cuadro comparativo de ofertas.

La primera licitación salió publicada en el Boletín Oficial del 4 de septiembre, precisamente en la decisión administrativa 732/2023, que lleva las firmas de Tolosa Paz y del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi. “Apruébase la licitación pública 95-0042-LPU23 con el objeto de lograr la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”, dice el documento.

La compra se realizó por 140 mil frazadas de una plaza y 20 mil de 2 plazas y fue autorizada por una resolución del 20 de abril de 2023. La Secretaría de Articulación de Política Social es una oficina manejada por uno de los principales colaboradores de Tolosa Paz, Leonardo Moyano. Las frazadas se pidieron en otoño, se adjudicaron con un enorme sobreprecio en invierno y llegarán en primavera.

Expediente
El expediente filtrado.

Las ganadoras fueron dos Grupo Sala, que se llevó la confección de las 140 mil de una plaza. Cotizó dos marcas. Por las GS le cobró al Estado 6330 cada una, y por las otras (Blancomar), 6180 pesos. En total, la firma se llevará un cheque de 875,7 millones.

La otra, la que se quedó con las 20 mil de 2 plazas, es la Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses. La organización social pasó 9680 cada pieza, con lo que accedió a una compra de 193,6 millones de pesos. En total, el trío Rossi, Tolosa Paz y Moyano adjudicaron 1069,3 millones de pesos.

Más documentación
Más documentación presente.

Las dos firmas ganadoras tienen estrecha relación con el kirchnerismo. Manos Berissenses fue la ganadora hace poco tiempo, exactamente en julio, de una adjudicación directa para proveer al Ministerio de juguetes para el “Día del las niñeces”. Entonces, sin competir, se llevó una orden de compra de 350,24 millones de pesos y otra por 122,58 que se firmaron el 8 y 9 de agosto. Los valores de las frazadas están entre 147 y hasta 177 por ciento por encima de lo visto en el mercado.

Útiles para un Gobierno de inútiles

La última licitación que está lista para ser adjudicada es para la compra de útiles de oficina. Entre los objetos solicitados se encuentran 400 bolígrafos, folios, bandas elásticas, sobres blancos y carpetas.

Por esta compulsa, la empresa beneficiada fue VISAPEL SRL, a quien el Gobierno le pagará un total de 22.292.800 por estos útiles para abastecer las oficinas del organismo de Tolosa Paz, en medio de una crisis económica y cuando la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes.

Esta licitación todavía no fue publicada en el boletín oficial porque resta terminar los documentos de adjudicación, por lo que se estará abonando en los próximos días.

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El riesgo país superó los 1.200 puntos y los bonos cayeron hasta 7%

Las acciones y bonos argentinos registraron fuertes retrocesos en la jornada financiera de hoy martes, en un contexto de incertidumbre política y cambiaria, a solo 17 ruedas operativas (días hábiles de actividad bursátil) de las elecciones legislativas que marcarán el rumbo del gobierno de Javier Milei durante los próximos dos años.

Sobre las 14:40 horas, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas generalizadas. Mercado Libre se desplomó 6,6%, mientras que Banco Supervielle y Banco Francés retrocedieron 6,6% y 6,5%, respectivamente. Banco Macro perdió 6,3%, YPF 4% y Grupo Galicia 5,6%, estos últimos entre los papeles con mayor volumen de negocios.

Las caídas acumularon ya cuatro ruedas consecutivas, lo que borró gran parte del rebote que los papeles habían registrado la semana anterior tras el anuncio de apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) promediaron un retroceso del 1,7% en otra jornada negativa. El índice de riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 88 unidades y se ubicó en 1.203 puntos básicos, al medir la diferencia entre la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las emisiones emergentes.

En la plaza local, el S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 1,7% en pesos. Medido en dólares, el panel líder acumuló una baja del 13% desde el 25 de septiembre, aunque aún mantuvo una mejora del 7% respecto del 19 de ese mes, antes de los anuncios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El dólar oficial cerró el mes con nuevas alzas. En las pantallas del Banco Nación, por ejemplo, se vendió a $1.400, mientras que en el segmento mayorista se ubicó en $1.360. En el mercado paralelo, el dólar blue cotizó a $1.435. El MEP se negoció a $1.473,93 (+1,3%) y el contado con liquidación a $1.516,11 (+1,2%).

Las últimas disposiciones del Banco Central establecieron que quienes compren dólar oficial no podrán venderlo en el mercado MEP o contado con liquidación durante 90 días, con el objetivo de frenar el “rulo” que aprovechaba la diferencia entre cotizaciones para obtener ganancias.

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo que “el ojo del mercado en estos días pasa, en el frente macro financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio”.

Franco precisó que “el Tesoro habría comprado el 43,8% de lo liquidado por el agro bajo retenciones cero”, y advirtió que “la brecha se ubica en torno al 10% y creemos que las restricciones dispuestas deberían tener la menor duración posible dado que a la larga estas medidas terminan impactando negativamente sobre reservas”.

Un informe de MegaQM alertó que “en las últimas semanas se vio un proceso de corrida cambiaria o de eventual overshooting. En esos ciclos la oferta se corre por completo y la demanda aparece con fuerza buscando tomar coberturas”.

Según la consultora, “el problema de esos ciclos es que no sirven como referencia para entender cuál es el equilibrio real del mercado cambiario. Son ciclos en los cuales el nivel de demanda alcanza valores que no se pueden sostener en el tiempo, como los últimos datos de atesoramiento, donde en agosto se demandaron USD 3.200 millones. Eso implica que en los últimos 4 meses el ritmo anualizado de ahorro en dólares ha sido de 48.000 millones. Probablemente en septiembre ese ritmo puede haber aumentado nuevamente”.

“La caída en la demanda de atesoramiento puede ser una señal de vinculación entre el ritmo de liquidación de dólares y las compras de individuos en el mercado cambiario. En paralelo la oferta empieza a correrse, esperando a que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio y maximizar así sus ingresos”, concluyó MegaQM.

LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

Hugo Moyano echó a cuatro sindicalistas de Camioneros en medio de versiones de fraude

El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.

Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.

El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.

– Claudio Balazic

Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.

Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.

También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación. 

El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.

A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.

En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.

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