11 septiembre, 2024

LOCURA TOTAL | Insumos de la salud aumentaron más de 1.000% en lo que va del año

La crisis en la salud preocupa a los expertos, quienes advierten que "sufrimos el aumento de la inflación más un aumento del precio en dólares" en insumos médicos imprescindibles.
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Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.

Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.

“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.

Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.

“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.

Redacción

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ORO DE LAS RESERVAS | El BCRA admitió giros al exterior, pero no da detalles sobre los envíos

El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.

La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.

En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.

¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?

La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.

Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.

EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO

De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.

“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.

“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.

Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.

El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.


Redacción

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El Banco Central flexibilizó restricciones cambiarias para pequeños pagos al exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior. A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.

Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.

Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo

Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.

Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.

Redacción

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El Gobierno vuelve a aumentar las tarifas de luz y gas: subirán otro 4% en septiembre

El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.

La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.

Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.

Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.


Redacción

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El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.

El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.

El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.

El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.

Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.

Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.

Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.

Redacción

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El Gobierno prohíbe a los municipios incluir tasas en las facturas de servicios públicos

El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios. Desde este miércoles, las comunas ya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.

La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.

Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.

La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.

En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.

En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.

EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO

El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.

La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.

UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K

La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.

Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.

Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.

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Redacción

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Argentina deja de importar gas de Bolivia tras 18 años y podrá exportar a Brasil

La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.

Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.

El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.

La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.

La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.

Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.

Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.

Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.

Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.

De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.

Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.

Redacción

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