Las prepagas aumentaron un 215% por encima de lo que reciben los prestadores de salud ambulatorios
Un informe del sector afirma que los afiliados pagan un 435% más que hace 2 años, pero los aranceles a los prestadores de servicios tercerizados solo se actualizaron un 224%.
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La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.
Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.
Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.
Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.
*Fuente: Agencias –
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.
Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.
Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”.
– Los policías protestando en Ituzaingó
Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.
– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof
Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.
En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:
Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
Aumento del 100% del sueldo básico (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
Obra social IOMA (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
Correcta atención por parte de Provincia ART (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
Horas Co.Re.S (horas extra) (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
Readecuación de destino (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021 (por la convocatoria de septiembre de 2020).
Creación de planes de vivienda (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).
Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.
Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: “Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.
– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato
Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados.
El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de enero se ubicó en 2,2%: una cifra que marcó la suba mensual más baja desde julio de 2020 y llevó la variación interanual al 84,5%. El índice desaceleró frente al 2,7% de diciembre y continuó la tendencia descendente de los últimos meses, un proceso que el Gobierno de Milei vinculó con su política fiscal, monetaria y cambiaria.
La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (5,3%), impulsada por subas estacionales en servicios de hotelería. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,0%), principalmente por ajustes en alquileres. En contrapartida, los menores incrementos se registraron en Educación (0,5%) y en Prendas de vestir y calzado, rubro que mostró una deflación de -0,7%. A nivel de categorías, “los precios regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (2,4%), mientras que los Estacionales aumentaron 0,6%”, detalló el organismo. Además, se mantuvo la brecha entre la inflación de bienes (1,5%) y la de servicios (3,8%).
Desde el Ministerio de Economía destacaron que “este sendero de reducción en la inflación se dio en un contexto de crecimiento del nivel de actividad (+6,4% acumulado entre abril y noviembre según el EMAE desestacionalizado) y suba en los ingresos de la población, destacándose los incrementos en términos reales en diciembre de 18% i.a. en el salario promedio del sector privado registrado (SIPA), 12,8% i.a. en el haber jubilatorio y 107% i.a. en la Asignación Universal por Hijo”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y escribió en su cuenta de X: “El 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años. Bienes 1,5%. Canasta Básica 0,9%. El proceso de desinflación continúa”. Además, el funcionario había adelantado días atrás la posibilidad de perforar la línea del 2% en febrero y afirmó: “Ojalá empiece en febrero con 1, el proceso de desinflación va a continuar, el orden macro va a continuar. El proceso es inevitable y esperamos que siga sorprendiendo”.
La expectativa oficial se basó en la modificación del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que en enero aún avanzó al 2% mensual, pero que pasó al 1% desde febrero. El Gobierno buscó que los bienes, que representan alrededor del 65% de la canasta del INDEC, convergieran a ese ritmo de incremento.
– Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Ojalá empiece en febrero con 1, el proceso de desinflación va a continuar, el orden macro va a continuar. El proceso es inevitable y esperamos que siga sorprendiendo”
No obstante, dos consultoras privadas que relevaron precios en la primera semana de febrero detectaron incrementos más pronunciados en alimentos y bebidas, especialmente por la suba de la carne. LCG sostuvo que “a comparación de la semana pasada, la primera semana de febrero presentó un fuerte incremento en el porcentaje de productos con aumentos de precios: 10 puntos porcentuales, abarcando al 21% de la canasta relevada”, con una variación semanal de 2,3%, “el número más alto para esta serie desde la segunda semana de marzo”. La firma aseguró: “Febrero comienza con una inflación semanal de 2,3% en nuestro Relevamiento de Precios de Alimentos y Bebidas. Se sostuvo la estacionalidad de las primeras semanas de cada mes con subas por encima de las semanas previas”.
Por su parte, Equilibra registró en el mismo período un incremento semanal de 1,1% tras la suba de 2,6% en “Carnes y otros derivados” (3,7% en carne vacuna). “La suba estacional de la carne vacuna ya se sintió en el mercado minorista”, precisó el informe, y proyectó que la inflación de febrero podría ubicarse cerca del 2%, en línea con lo estimado previamente para enero.
El relevamiento mensual del INDEC mostró además que la inflación núcleo de enero fue de 2,4%, con bienes y servicios en un sendero de desaceleración sostenida. “La profundización del sendero de desinflación puede apreciarse también en el análisis de medias móviles de la variación del IPC, que permitió extraer tendencias más allá de la volatilidad de muy corto plazo”, indicaron desde la cartera económica. Según la misma fuente, la media móvil de tres meses se ubicó en 2,4% mensual, el menor registro desde agosto de 2020, mientras que la de seis meses se colocó en 2,9%, el menor nivel desde noviembre de ese mismo año.
Las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) habían calculado para enero un 2,3%. Para febrero y marzo, los analistas también estimaron un número cercano al 2%, con la posibilidad de reducirlo al 1,5% hacia mediados de año. De acuerdo con las proyecciones oficiales y privadas, la estabilidad cambiaria resultó clave para sostener el proceso de desinflación, que acumuló cuatro meses consecutivos con registros por debajo de 3%.
La variación de precios de enero también fue la más baja desde que Javier Milei asumió la Presidencia: en noviembre se había registrado 2,4% y en diciembre 2,7%. En términos interanuales, la cifra alcanzó 84,5%, la menor desde 2022 y muy por debajo del 211,4% que se observó al cierre del último año de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de Milei finalizó con un acumulado de 117,8%.
El índice porteño, que sirvió de termómetro anticipado, arrojó una baja de 3,3% en diciembre a 3,1% en enero, mientras que su inflación núcleo recortó de 3,7% a 2,7%. “En enero de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, excepto en Gran Buenos Aires y Cuyo, donde lideró Restaurantes y hoteles”, aclaró el Indec en su informe.
Entre los desafíos inmediatos para febrero, analistas y funcionarios coincidieron en la importancia del comportamiento de la carne, que incidió en el alza de los precios por su elevado peso en la canasta total. Para el Gran Buenos Aires, ese rubro explicó casi un 7% del total, mientras que en el Noreste y Noroeste escaló al 13,2% y 12,5%, respectivamente.
La desaceleración inflacionaria se convirtió en una de las principales banderas del Gobierno en un año marcado por las elecciones legislativas. Aun con el debate en torno a la paridad cambiaria, el Banco Central continuó con su esquema de microdevaluaciones reducidas y el Ministerio de Economía reiteró su objetivo de llevar la inflación por debajo del 2% mensual en el corto plazo, apuntalado por el crecimiento de la actividad y la recuperación de los ingresos reales, según sus propias cifras.
“La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en enero de 2025 fue del 2,2%, la más baja desde el inicio de la administración del Presidente Javier Milei y la menor desde julio de 2020”, resumió un comunicado oficial. El Gobierno apostó así a sostener la desinflación y confió en que el recorte del ritmo devaluatorio a 1% mensual consolidara la tendencia en los próximos registros.
Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.
Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.
Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.
La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.
Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
