La revista The Economist destrozó la gestión de Alberto

The Economist ubica a Argentina luego de Venezuela, Haití y Cuba en el ranking sobre riesgo de inversores.
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Un informe de la prestigiosa revista The Economist que advierte sobre el avance de alternativas populistas en distintos países de América Latina y situó a la Argentina en los primeros lugares en materia de riesgo para los inversores. Sólo Venezuela, Haití y Cuba tienen niveles de riesgo superiores. El rubro en el que peor nota obtiene el país es en el de riesgo económico, y los expertos previenen respecto a que “si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos se producirá un fuerte ajuste monetario y inflacionario”.

“En un año de grandes elecciones para América Latina, los riesgos políticos ya son evidentes. El riesgo político es alto, ya que los votantes se oponen a los titulares de los cargos y exigen un cambio de política, lo que da lugar a que prosperen las propuestas populistas”.

Martín Siracusa on Twitter: “Es casi tan riesgoso poner un negocio en la Argentina actual que en Haití, donde hay huracanes. En el ranking de @TheEconomist Argentina está en el puesto 57 y Haití en el 63.Seguí creyendo que el populismo no trae pobreza. / Twitter”

Es casi tan riesgoso poner un negocio en la Argentina actual que en Haití, donde hay huracanes. En el ranking de @TheEconomist Argentina está en el puesto 57 y Haití en el 63.Seguí creyendo que el populismo no trae pobreza.

El riesgo político fue examinado en tres áreas principales: seguridad, estabilidad y eficacia políticas. De acuerdo con lo indicado por la unidad de inteligencia, la pandemia de coronavirus presenta serios riesgos tanto para el entorno de seguridad, como para la estabilidad política en la región. Asimismo, la falta de eficacia política “dificultará la capacidad de los gobiernos para hacer frente a estos desafíos”.

Argentina viene afrontando desde hace años altos niveles de riesgo para su seguridad como consecuencia del crimen organizado, los elevados índices de delincuencia violenta, y la frecuente influencia del narcotráfico.  En esa línea, a medida que la revolución tecnológica progresa a pasos agigantados, los expertos conciben un mayor impacto de la “ciberdelincuencia”

Por su parte, el informe hizo hincapié en las protestas sociales que se desataron a fines de 2019 en varios países de la región, como Chile, Bolivia y Ecuador, entre otros. Si bien esas movilizaciones mermaron en 2020 a raíz de las restricciones a la circulación por el coronavirus, según The Economist el riesgo de nuevos disturbios sociales sigue latente: “En su mayor parte, ninguno de los problemas que han impulsado el profundo descontento con el desempeño de los gobiernos de la región -incluyendo la seguridad, la corrupción y el malestar económico-, ha sido abordado”.

Sumado a esto, otro riesgo que afrontan los actuales gobiernos de América Latina es “que los grupos de la oposición puedan llegar al poder y causar deterioro significativo de las condiciones de funcionamiento de las empresas. “2021 es otro año electoral importante para América Latina, con elecciones presidenciales en varias economías grandes como Ecuador, Perú y Chile, y elecciones de mitad de período en mercados regionales clave como México y Argentina.

Ante este contexto, el país latinoamericano que registró el peor índice en términos de riesgo de seguridad, estabilidad política y eficacia gubernamental es Venezuela. Entre los peores, le siguen Guatemala, México y Ecuador.

El segundo eje estudiado por la unidad de inteligencia de The Economist: el riesgo económico. De acuerdo con lo expuesto por el informe, uno de los principales inconvenientes que enfrentan los líderes de la región “es la falta de margen de maniobra política para seguir reforzando las medidas de apoyo fiscal sin crear preocupaciones sobre la solvencia que luego se conviertan en inestabilidad macroeconómica”.

A la hora de analizar el riesgo económico, los especialistas evaluaron el riesgo macroeconómico, el riesgo financiero y el riesgo de comercio exterior y de pagos, midiendo si las condiciones económicas son estables y predecibles, si los inversores pueden introducir y sacar dinero del país, y si el sistema financiero es adecuado para las necesidades de las empresas: “En todas estas áreas los riesgos están creciendo, derivados no sólo del fuerte colapso de la actividad económica del año pasado, sino de la gran carga fiscal que sigue suponiendo la pandemia”.

De cara a 2021, la publicación inglesa sostiene que “habrá ‘cicatrices económicas’ debido a las pérdidas de inversión y de capital humano, y a los grandes cambios sectoriales, ya que algunos sectores avanzan a toda velocidad mientras otros tienen dificultades”.

Venezuela y Argentina presentan el peor panorama en los estudios de riesgo macroeconómico y de comercio exterior. En el caso argentino, The Economist advierte que “si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos se producirá un fuerte ajuste monetario y inflacionario”.

Con relación al riesgo político en las inversiones, los especialistas señalaron que “la creciente presión fiscal, las demandas post pandémicas de un mayor papel del Estado en muchos sectores clave y el aumento de los actores y las propuestas políticos populistas sugieren que existen riesgos políticos para las empresas, además de los riesgos macroeconómicos destacados anteriormente”.

En las cuatro áreas clave evaluadas por The Economist (riesgo legal y regulatorio, riesgo de la política fiscal, riesgo del mercado laboral y riesgo de la infraestructura), está claro que en Argentina hay nuevos riesgos en el horizonte inducidos por las malas políticas del kirchnerismo.


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El recorte del Estado fue el mayor de los últimos 30 años

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló acerca del recorte interanual de gasto público que lleva adelante el gobierno de Javier Milei: fue el mayor de los últimos 30 años. El gasto primario (suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos en concepto de intereses de la deuda pública) se redujo un 39,4% interanual real.

El informe de IARAF

24-02-25-En-enero-se-ejecuto-uno-de-los-menores-gastos-de-inversion-publica-de-los-ultimos-31-anos

Los sectores que aportaron a la reducción del gasto primario, que tuvieron la mayor caída real, fueron:

  • Transferencias de capital a provincias (- 98,3%).
  • Subsidios a otras funciones (-92,2%).
  • Inversión real directa (-81,2%).
  • Subsidios a la energía (-77,2%).
  • Transferencias corrientes a provincias (-72%).

Las jubilaciones y pensiones contributivas con el 33% de participación (unos -$885.074 millones), fueron el sector que más aportó a la reducción del gasto.

Si se suman esos recortes se llega a que la cifra ahorrada es de $1.883.000 millones a moneda de enero de 2024. Las cuentas públicas terminaron, entonces, con un superávit fiscal de $518.400 millones. En el mismo mes del 2023, se había registrado un déficit de $537.970 millones.

Redacción

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Milei entregó el control de los fondos fiduciarios a Caputo: Se realizará una “auditoría integral de gestión”

A través del Decreto 215/2024, y en medio de la convocatoria a los gobernadores para ser parte del “Pacto del 25 de Mayo”, Javier Milei entregó el control de los fondos fiduciarios al titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El documento del Boletín Oficial —que cuenta con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse— designa a Caputo como “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.

El Ministerio de Economía contará con la asistencia del la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el plazo estipulado, de 60 días, “deberá realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.

“Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, indicó el Gobierno.

Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes, contemplados en el Presupuesto 2023 —el cual fue extendido por el Ejecutivo para 2024— “hay números que no cierran”, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones: aproximadamente dos puntos porcentuales del PBI.

La idea del Ejecutivo es la de reducir y —sobre todo— controlar los fondos destinados a los privilegios de la política. Fuentes oficiales explicaron a La Nación que “la idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la SIGEN, para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”.

Redacción

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