13 mayo, 2025

La ekonomía de Alberto | Más de 60.000 pymes están en riesgo de cierre

La situación económica para pymes y grandes empresas es arrolladora... podrían perderse más de 250.000 puestos de trabajo.
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Es dificultoso retratar la crisis argentina en su magnitud total. Sabemos dos cosas (obvias) de antemano: la delicada situación económica es de larga data y, si bien fue profundizada por la cuarentena, gran parte del fracaso económico es gracias al ¿plan? del Gobierno.

Desde el comienzo de la pandemia, Argentina ha sufrido una caída de las exportaciones y del ingreso de divisas. La economía esta paralizada. Sin embargo, la casta política no supo dar aun el gesto: el sector público relacionado a la burocracia, pese también a estar frenado, no vio su presupuesto reducido.

Pymes

Tal como expresó Ámbito Financiero, más de 60.000 empresas del sector industrial están en riesgo de cierre, lo que implican unos 263.000 puestos de trabajo. El dato indica que la proporción de empresas en riesgo de desaparecer creció 2 puntos durante abril, al pasar del 6% al 8% a lo largo del mes entero de cuarentena, lo que implica que se sumaron 26.000 firmas que involucran a 73.000 trabajadores a las que había a final de marzo.

Los datos fueron extraídos del informe de la Fundación Observatorio Pyme. Revelan además que se recortó durante la abril la pérdida diaria del sector por la inactividad pasó de 115 a 82 millones de dólares.

“Entre las empresas no operativas el riesgo de cierre es mucho mayor, alcanzando al 18% de ellas, y algunas regiones, como el NOA, este riesgo sube hasta el 20% del total de las empresas allí localizadas”, advierte el reporte, el cual señala que ”entre las MiPyME no operativas, sólo el 20% de ellas podrá pagar más del 60% de los costos operativos y obligaciones del mes de mayo”.

Para mayo, del total de pequeñas empresas inactivas apenas el 20% pueden cubrir el 60% del salario de sus trabajadores, mientras que el resto se encuentra en serias dificultades para afrontar sus obligaciones.

Más del 80% de estas pyme lograron afrontar esos costos a partir de reservas propias, mientras que un 35% avanzó en acuerdos con sus empleados para aplicar suspensiones o reducir el salario a partir de la implementación de jornadas laborales reducidas.

Estas negociaciones que, en otros niveles, son avaladas por los gremios de los distintos servicios continuarán extendiéndose durante mayo. En el caso de aquellas pyme que no han logrado retomar la actividad, el informe apuntó que el 52% logró cerrar acuerdos de este tipo, es decir, reducción salarial, y se espera que en mayo otro 15% concrete convenios similares.

Entre las pyme industriales, es decir, las dedicadas a manufactura, textil, gas y petróleo, entre otros rubros, el riesgo de cierre se extiende a unas 30.000 empresas, según datos de Industriales Pyme Argentinas (IPA).

Aún está completamente inactivo el 40% de las empresas de la construcción y el 30% de las empresas del sector industrial, indicó el reporte del Observatorio. Se trata de pymes concentradas especialmente en la región AMBA donde permanecen inactivos 600.000 asalariados de todos los sectores de actividad de las MiPyME.

Grandes empresas

Las grandes empresas, ya sea internacionales o nacionales, también se han visto fuertemente afectadas por la crisis económica:

La casa matriz de Walmart en Estados Unidos podría fin a sus operaciones en la Argentina, ya entregó un mandato de venta de su filial local a Citibank. Walmart cuenta con 92 locales, de los cuales 29 operan bajo la marca Walmart, 61 son Changomas y dos son mayoristas con el nombre de Punto Mayorista. La empresa norteamericana llegó al país en 1995 y a lo largo de estos 25 años enfrentó momentos complicados y varias idas y vueltas, incluyendo algunos fracasos como el lanzamiento de su club de compras Sam’s Club, que nunca se pudo adaptar al mercado argentino.

La fábrica de calzados Grimoldi es otra de las empresas cerradas en el país por la crisis económica. En abril anunciaron que “debido al contexto macroeconómico actual de Argentina y del impacto producido en la industria de calzado y en particular en la sociedad por la cuarentena decretada relacionada al Covid-19” no hará efectivo el pago de la cuota correspondiente al onceavo vencimiento de los servicios de intereses de “las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II”.

Las conocidas empresas alimentos Burger King y Starbucks cerrarán 13 locales en el país. Sus 172 empleados serán reubicados, según lo informó el grupo mexicano licenciatario de ambas marcas a nivel local. En el primer trimestre del año, Alsea informó que tuvo una caída en sus ventas netas del 11,5% en comparación con el mismo período de 2019, y atribuyó el desplome, fundamentalmente, al cierre de locales comerciales y los cambios de hábito que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno de Alberto Fernández.

La ayuda del Gobierno no llega

Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca y responsable del sector pyme de la Copal, en dialogó con Cadena 3, indicó que solo el 20% de las pymes argentinas recibieron la ayuda del Gobierno.

“El universo pyme venia mal antes de la pandemia. Es un sector que venia impactado con una tasa de interés del 90% durante los últimos años. Venían endeudadisímas y desfinanciadas. Las perspectivas son difíciles. El Gobierno ha mostrado mucha cintura, ha largado líneas, pero la llegada es bastante difícil”, comentó.

En este contexto, Bestani convocó a una reunión vía web con empresarios cordobeses y analizaron la grave situación que se vive en el sector. Según estimaciones, el 60% de las pymes industriales de Córdoba no pagaron sus impuestos en abril.

“Sobre los impuestos van a tener que tomar una decisión más rápida. Los impuestos no se van a poder pagar, si no tenés actividad. Las pymes son como una bicicleta que no funciona si está parada”, agregó.


Redacción

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Malestar del campo tras el anuncio de Milei sobre el regreso de las retenciones

El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.

La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.

La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.

– Lucas Magnano, presidente de Coninagro

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.

En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.

– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.

En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.

Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.

El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.

– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta

Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.

Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.

Redacción

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Sturzenegger derogó un decreto de 1935 que exigía a productores medir cabezas de ajo

El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.

“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.

El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.

Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.

El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.

Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.

Redacción

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