26 diciembre, 2024

Kicillof sigue discriminando con el Presupuesto 2023 y Juntos se le planta con condiciones

El Gobernador de PBA regatea los presupuestos de las intendencias opositoras y aumenta el de sus pares.
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Comenzó el último mes del 2022 y para el oficialismo bonaerense será más cuesta arriba que lo normal, teniendo en cuenta que todavía no llegaron a un acuerdo con la oposición para la aprobación del Presupuesto 2023. A través de los intendentes, desde Juntos por el Cambio (JxC), habían puesto una serie de condiciones para acompañar el proyecto, pero todavía los puntos de vista están lejos.

Cabe recordar que, durante un encuentro realizado en la capital de la provincia, los jefes comunales de JxC le acercaron los números al Gobierno que pretendían para alzar la mano en el recinto. Como respuesta obtuvieron una contraoferta por parte de Axel Kicillof que no logró satisfacer sus deseos y el pacto entre ambos bandos quedó trunco.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no quiere otorgarle las exigencias presupuestarias a diversos territorios de Juntos en PBA, es por ello que la oposición denuncia "discriminación".
El gobernador bonaerense Axel Kicillof

Entre los requerimientos de los alcaldes amarillos, pretendían el desembolso de casi 82 mil millones de pesos, destinados a obras y a mejorar la seguridad en sus respectivos distritos. La contestación de Kicillof era bastante por debajo del borrador que le habían acercado y ofrecía una suma que rondaba los 34 millones, menos de la mitad.

Sin embargo, la situación parece haber tenido un giro favorable al Frente de Todos (FdT). Resulta que desde el Ejecutivo les acercaron una nueva propuesta que contó con un incremento del orden del 47 por ciento respecto de la anterior y si bien todavía no conformó por completo a la oposición, se supo que el acuerdo estaba mucho más cerca que hace una semana.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde

De esta forma, para que las negociaciones lleguen finalmente a buen puerto, esperan que se ajusten algunos detalles en cuanto al desembolso de fondos. Por lo pronto, la oposición también cedió a sus demandas y ahora piden 70 mil millones de pesos, unos 12 mil millones menos que los 82 reclamados en el primer encuentro desarrollado tiempo atrás.

Sin embargo, el punto que todavía sigue poniéndole un freno al acuerdo es el momento en el cual la Provincia girará el dinero a los Municipios. Los intendentes insisten en que el 50 por ciento del total sea bajado durante los primeros tres meses del 2023, para asegurarse un buen colchón que les permita resistir los embates de la escalada inflacionaria que golpea al país.

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López.
El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López

Del último encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Martín Insaurralde junto el ministro de Economía, Pablo López, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y los jefes de bancada del FdT, César Valicenti y Teresa García, los alcaldes se llevaron la contrapropuesta para analizarla puertas adentro.

Esta vez, la oferta puesta sobre la mesa es de 50 mil millones de pesos a repartir entre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, números bastante más elevados a los 32 mil millones que habían elevado en el cónclave celebrado la semana pasada. Y, si bien calmaron las pretensiones opositoras, todavía sigue el tironeo para la aprobación de la Ley de Leyes.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires

De esta forma, ahora la pelota quedó nuevamente en manos de quiénes representaron a la oposición. Ellos fueron los presidentes del bloque de Juntos en Diputados, Maximiliano Abad, y del Senado, Christian Gribaudo, el vicepresidente segundo de la Cámara baja, Adrián Urreli, y los intendentes Julio Garro de La Plata y el radical Roberto Suescún de Rauch.

Por lo pronto, hay un cuarto intermedio hasta el martes, donde volverán a verse las caras para intentar acercar las posturas de unos y otros. Con la confianza depositada en un acuerdo, se espera que en los próximos días se convoque a la sesión en ambas cámaras para tratar el Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva, y finalmente lograr la aprobación de ambos proyectos.

Ulises Catriel Cuenca

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El campo exportó 86,5 millones de toneladas en diez meses, generando casi USD 40.000 millones

En los primeros diez meses de 2024, la agroindustria alcanzó un desempeño exportador destacado, según un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre enero y octubre, el país exportó 86,48 millones de toneladas de productos agroindustriales, lo que representa un aumento del 51% en volumen respecto al mismo período de 2023. 

Este comercio generó ingresos por U$S 39.813 millones, un incremento del 23% en valor, limitado por la retracción de los precios internacionales de productos clave como la soja, el maíz y el trigo.

– Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

La Secretaría atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Entre ellos, destacó “la mejora en las condiciones climáticas y las medidas gubernamentales para simplificar y facilitar el comercio exterior”, así como la apertura de 70 nuevos mercados internacionales, un hito que amplió las oportunidades para los productos argentinos. Además, se mencionó el impacto de las políticas de desburocratización implementadas durante el año, que facilitaron la logística y redujeron los costos asociados al comercio exterior.

De los 54 complejos agroindustriales analizados, 16 alcanzaron sus mayores valores de exportación en los últimos cinco años, mientras que 28 registraron incrementos superiores al 10% en valor respecto a 2023. Entre los complejos con variaciones más significativas en valor se encuentran:

  • Azúcar: +512%
  • Algodón: +221%
  • Bebidas alcohólicas: +139%
  • Trigo: +135%

Además de estos complejos, también se destacaron el maní y la vitivinicultura, que lograron consolidar su presencia en mercados tradicionales y abrir nuevos destinos. Esto fue posible gracias a estrategias de promoción internacional y acuerdos bilaterales que incentivaron la demanda en países como Estados Unidos y China.

Diez complejos concentraron el 86,4% del valor total exportado, destacándose los de soja, maíz, bovinos, trigo, pesca y acuicultura, girasol, cebada, lácteos, maní y vitivinicultura. Este grupo de productos fue el pilar de la economía exportadora del sector, generando ingresos clave para el equilibrio de la balanza comercial.

– Javier Milei junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas durante este período fueron China, la Unión Europea, Brasil, Vietnam, India, Chile, Estados Unidos, Perú, Indonesia y Malasia. Estos mercados se consolidaron como socios clave para la colocación de los productos nacionales. En particular, China y Brasil continuaron liderando como los mayores compradores, con una creciente demanda de soja y maíz, mientras que la Unión Europea se posicionó como un importante receptor de productos lácteos y vitivinícolas.

Según analistas del sector, el desafío ahora radica en sostener este crecimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental continuar con políticas que impulsen la innovación tecnológica, mejoren la productividad y fomenten la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. En este sentido, iniciativas como la incorporación de energías renovables y la digitalización de procesos productivos podrían marcar la diferencia en la proyección futura del sector agroindustrial argentino.

Redacción

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Luis Caputo confirmó la primera inversión a través del RIGI por 211 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.

El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.

Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.

En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.

El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Las prepagas aumentaron un 215% por encima de lo que reciben los prestadores de salud ambulatorios

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.

Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.

Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.

*Fuente: Agencias

Redacción

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La pobreza cayó al 38,9% en el tercer trimestre de 2024, según datos del INDEC y de la UCA

En el tercer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina registró una notable disminución, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La incidencia de la pobreza cayó del 52,9% al 38,9%, mientras que la indigencia también mostró un descenso significativo, del 18,1% al 8,5%. Estos datos fueron respaldados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y corroborados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El informe del INDEC señaló que la mejora en los indicadores sociales respondió, principalmente, a la desaceleración de la inflación y al incremento en los ingresos familiares, que superaron las líneas de pobreza e indigencia. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento interanual del 351,5%, pasando de $20.661 en diciembre de 2023 a $93.281 en diciembre de 2024, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder adquisitivo en los hogares más vulnerables.

“La población en situación de pobreza se ubicó en niveles similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. Según este organismo, la caída en la indigencia fue incluso más marcada, alcanzando valores significativamente inferiores a los del primer trimestre de 2024, cuando había llegado al 20,2%. La estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de las transferencias sociales fueron señalados como factores determinantes en esta evolución.

Por otro lado, el informe también reveló una ligera reducción en la desigualdad. La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 19 veces en 2023 a 18 veces en 2024. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, permaneció en 0,435, evidenciando que persisten inequidades estructurales en el sistema económico.

En cuanto al mercado laboral, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron altas, pero con un aumento en la precarización y el subempleo. El CNCPS destacó la relevancia de las políticas de desintermediación implementadas por el Ministerio de Capital Humano, que permitieron que el 93,5% de los recursos llegaran directamente a las familias necesitadas, comparado con el 50% que se transfería de forma directa al inicio de la gestión. Este cambio mejoró la eficiencia y el impacto de los programas sociales.

El Observatorio de la UCA también advirtió que, sin las ayudas sociales, los indicadores serían mucho más alarmantes: la pobreza habría alcanzado el 55,4% y la indigencia, el 23,2%. “Este descenso se explicó por dos factores clave: las políticas económicas que lograron estabilizar la macroeconomía y las transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables”, señaló el informe.

Entre las medidas destacadas, se subrayó el aumento acumulado del 137,5% en la Prestación Alimentar, que amplió su cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas intervenciones han sido fundamentales para mitigar el impacto de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos. “Sin estas iniciativas, los resultados habrían sido considerablemente peores”, concluyó el CNCPS.

A pesar de los avances, las autoridades y especialistas advirtieron que la recuperación es frágil. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, reconoció que “aún queda mucho por hacer”, aunque destacó los progresos logrados. “Somos optimistas porque las políticas implementadas están dando resultados, pero debemos consolidar esta tendencia”, afirmó.

Por su parte, Agustín Salvia alertó sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado laboral y fortalecer las políticas sociales para garantizar un impacto sostenible. “La mejora en los ingresos no debe ser temporal; se requiere una estrategia de largo plazo que contemple a las clases populares”, subrayó.

En última instancia, el Gobierno destacó que las políticas de contención social han sido fundamentales para evitar un deterioro mayor. “Estos resultados nos muestran que estamos en el camino correcto, pero también nos desafían a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó Pettovello. Según los especialistas, el mantenimiento de esta tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de los ingresos de seguir superando a la inflación.

Redacción

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