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De cara a las próximas elecciones legislativas, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al fenómeno de devaluación del peso: “Llegando al momento electoral, en general hay incertidumbre, que provoca inestabilidad financiera. Pero, además, hay permanentemente intentos de forzar movidas cambiaras y devaluaciones, identificables con determinados sectores”.
Lavándose las manos, aseguró además que “Hay intereses muy poderosos que buscan la devaluación”.
Lo curioso de las declaraciones del burócrata es que, en 2017, su postura era completamente distinta. En ese momento, tal cual puede verse en el twitt adjuntado debajo, Kicillof denunciaba que “el tipo de cambio no es libre” y que “devaluar es una decisión política”.
Yendo aún más lejos, argumentó que “El valor del dólar lo maneja el gobierno. Lo manejan mal, como todo. Y sólo pensando en los que más tienen”.
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El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
En un contexto de caída del consumo y aumento de la inflación, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió sobre el contundente impacto de las recientes subas en las tasas municipales sobre el precio de los productos de primera necesidad. El estudio realizado por la entidad revela que los impuestos municipales, provinciales y nacionales constituyen hasta un 49,1% del costo total de un producto, trasladando un aumento de entre el 3% y el 5% en el precio final para los consumidores.
La CADAM expresó su preocupación por la creciente carga fiscal sobre los comercios, que actualmente enfrentan una reducción significativa en su margen de ganancia. Con tasas municipales que llegan a impactar entre el 38,1% y el 49,1% del costo de los productos, los mayoristas sostienen que los incrementos en las tasas se trasladarán inevitablemente a los precios de los productos en las góndolas.
“Estamos viendo que el aumento en las tasas municipales está directamente vinculado con el aumento de la inflación. La rentabilidad de los mayoristas, que ya es extremadamente baja, se reduce aún más, lo que obliga a trasladar estos costos adicionales a los consumidores”, señalaron los expertos.
Los recientes aumentos en las tasas municipales generaron una reacción de varios intendentes bonaerenses, quienes defendieron las medidas de aumentos. Entre los nombres que se escucharon pronunciar en contra de las declaraciones del Ministro de Economía, fueron los intendentes bonaerenses de Unión por la Patria, Mayra Mendoza de Quilmes, Francisco Echarren de Castelli, Mario Secco de Ensenada y Julián Álvarez de Lanús.
El ministro Caputo argumenta que las tasas deben reflejar el servicio efectivamente prestado y no deben ser un medio para obtener recaudación adicional sin una justificación clara. La tensión entre los gobiernos locales y el Ministerio de Economía se intensificó mientras los municipios defienden la “necesidad” de estas tasas para financiar los servicios locales.
Frente a esta situación, la CADAM propuso varias medidas para aliviar la presión fiscal. Entre ellas se encuentran la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción del IVA para productos de la canasta básica y la revisión de los Ingresos Brutos provinciales, que, según la Cámara, pueden ser pagados hasta tres veces por los consumidores en el ciclo de comercialización de un mismo producto.
“Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal”, manifestaron. Otro es el “impuesto al Calco”, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas. “Son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes”, señalaron y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras.
En ese sentido, desde CADAM expresaron beneplácito por la eliminación del cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado, dispuesto por el gobierno nacional. “En los locales se solía poner música o la radio para mejorar el clima laboral y la experiencia del cliente, pero también había que pagar por eso”.
Además, la entidad pidió al gobierno de Javier Milei que elimine el aporte obligatorio de los comercios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, este aporte, que asciende a $3961,21 por empleado, no proporciona beneficios significativos a los trabajadores ni a los empleadores y contribuye al aumento de los costos laborales.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
