Mientras el año va llegando a su fin, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires afronta uno de los desafíos más importantes en lo que va del 2022 y con el cual intentará salir lo más indemne posible. Se trata del debate por el Presupuesto 2023 que, tras ser presentado oficialmente días atrás en la Legislatura, dió inicio a la “rosca política” para su aprobación en el recinto.
En este sentido, para que los diputados y senadores de la oposición levanten la mano acompañando el proyecto, será necesario que Axel Kicillof les cumpla alguno de sus pedidos. Conscientes de la presión que pueden ejercer, los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) ya elevaron una lista con sus requerimientos y ahora la pelota quedó del lado del Frente de Todos (FdT).
Junto al Presupuesto 2023 también se va a tratar la Ley Impositiva y, atentos a estas cuestiones, los jefes comunales de JxC solicitaron una enorme cifra con el desembolso de casi 87 mil millones de pesos, destinados a obras y a mejorar la seguridad en sus distritos.
Pero, además, también incluyen en sus reclamos la cancelación de deudas y una compensación por inflación. Para escuchar dichos pedidos y empezar el “tire y afloje”, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, recibieron a los alcaldes de la oposición de Propuesta Republicana (PRO) y de la Unión Cívica Radical (UCR).
Estos últimos les acercaron un largo listado antes de que sus representantes se sienten en las bancas a discutir ambos proyectos. Al salir de ese primer encuentro, los intendentes dejaron en claro que hasta que no estén cumplimentadas sus solicitudes no se sentarán a puntear con sus legisladores el acompañamiento al Presupuesto.
Del cónclave participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, con los jefes de las bancadas de Juntos, Maximiliano Abad y Cristian Gribaudo; los mandatarios locales de La Plata, Julio Garro, y Trenque Lauquen, Miguel Fernández. Además, por el FdT estuvieron presentes los titulares del bloque en ambas Cámaras, Teresa García y César Valicenti.
En ese marco, otra de las críticas que elevó la oposición fue un desacuerdo con un punto clave en el Presupuesto, en el que se planea el pase a planta permanente de unos 15 mil trabajadores del Estado. Principalmente se mostraron en contra de la creación de los 7 mil nuevos cargos que se prevé para el Servicio Penitenciario Bonaerense y lo pusieron como uno de los condicionamientos a revisar por el Ejecutivo.
Por lo pronto, desde ambos lados del mostrador señalaron que, al menos hasta ahora, hay buen diálogo y con las negociaciones abiertas es posible que se llegue a buen puerto.
