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El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, y en un trabajo conjunto con INTA, la Cámara del Kiwi Mar del Plata y SENASA, convocó a la primera reunión de la Mesa Kiwi Mar del Plata. El objetivo central fue abordar temas clave para potenciar la producción de kiwi en la región.
La jornada contó con más de 50 presentes, entre ellos productores y representantes destacados del sector, como biólogos e ingenieros que trabajan en el fortalecimiento del sector agropecuario, con el objetivo de potenciar las habilidades técnicas de los trabajadores y aumentar la productividad.
Se debatieron aspectos como el monitoreo de la mosca de la fruta, para obtener la certificación de baja prevalencia en la zona y garantizar una mayor competitividad. También se abordó el manejo de fitosanitarios, priorizando las buenas prácticas en línea con la normativa vigente, la actualización de los estándares de calidad y la identificación geográfica del kiwi. La reunión se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico, destacando la importancia del trabajo conjunto para impulsar la producción local.
El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, destacó la importancia de estos espacios de trabajo e integración público privada: “Reconocemos el enorme potencial que tiene la sinergia para impulsar el desarrollo local. Queremos mejorar las prácticas productivas, asegurar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo intensivo de cultivos estratégicos como el kiwi, la palta y la vid”.
La producción de kiwi en el Partido de General Pueyrredon representa el 65% de la cosecha a nivel nacional. En este sentido la dirección general de asuntos agropecuarios continúa brindando ciclos de capacitaciones. Es el caso del curso de injertos en kiwi, que, tras el trabajo de vinculación con empresas productoras de la fruta, se logró generar nuevas fuentes de empleo. Una vez finalizada la capacitación, las empresas contrataron a quienes participaron en ella.
Pablo Nogués, director general de asuntos agropecuarios, remarcó: “La producción de kiwi en nuestro partido es muy importante, con un enorme potencial de crecimiento en los mercados internos e internacionales. Desde la Secretaría venimos acompañando al sector en todo ese proceso y lo vamos a seguir haciendo”.
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El llamado oficial quedó formalizado a través de la resolución 74/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo busca abordar las tarifas aplicadas por los transportistas de energía de alta tensión en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Empresas como Transener, Transba (provincia de Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Distrocuyo, EPEN (Neuquén), Transnea, Transnoa y Transcomahue presentarán sus propuestas y tendrán hasta diez minutos para exponer sus argumentos en busca de incrementos tarifarios y la garantía del servicio. En contraparte, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores contarán con cinco minutos cada uno para expresar sus posturas.
El encuentro se llevará a cabo el 25 de febrero a partir de las 8:30 de manera virtual. Además, contará con una transmisión en streaming a través de YouTube, según el sitio oficial del organismo (el link de acceso se publicará dos horas antes).
La audiencia estará abierta al público. Cualquier persona física o jurídica, de carácter tanto público como privado, deberán acreditar interés o derecho en el tema. La inscripción debe realizarse previamente en el Registro de Participantes a través de la página web del ENRE. El período de inscripción será del 8 al 22 de febrero.
Antecedentes, recortes y tarifas “focalizadas”
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) más reciente fue en 2016, cuando se fijaron las tarifas para el período 2017-2022. Sin embargo, dicho esquema se incumplió producto de la crisis económica de 2018. Ahora, el Gobierno busca definir un nuevo marco tarifario, mientras avanza con la revisión del sector del gas, cuya audiencia pública está programada para el 6 de febrero.
En simultáneo, el Gobierno recortó 38% los subsidios a la energía en 2024. A pesar de esa baja, el Estado todavía cubre más de la mitad del costo de la electricidad. Los datos, aportados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), arrojan que los hogares de ingresos medios (N3) actualmente reciben una bonificación del 59% sobre un bloque de consumo reducido a 250 kWH mensuales, mientras que los de menores ingresos (N2) cuentan con un subsidio del 74% para ese mismo bloque.
En paralelo, la gestión del presidente Javier Milei prevé implementar en mayo una “tarifa focalizada”. La iniciativa contempla cambios en el esquema de subsidios vigente desde 2022, que actualmente se divide en tres niveles: ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). El objetivo de esta reforma sería reforzar la asistencia a los sectores que más lo necesitan.
Los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia el 1° de abril y serán publicados el 31 de marzo. De acuerdo con el cronograma del ENRE, Edesur y Edenor tienen plazo hasta el 27 de enero para presentar sus propuestas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Al día siguiente, el 28 de enero, se oficializará la convocatoria a una audiencia pública, prevista para el 27 de febrero y que se realizará de forma virtual.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.
La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.
La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.
Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.
La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.
En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.
Desde este último viernes, todos los comercios y prestadores de servicios pueden exhibir sus precios, no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra medida extranjera. La Resolución 4/2025 de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial, oficializa esta medida, que está alineada con la normativa del Banco Central que permitirá el pago en dólares con tarjetas de débito a partir del 28 de febrero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Los precios de bienes y servicios deberán figurar en pesos, indicando también el importe total en dólares u otra moneda, siempre especificando el precio final que debe abonar el consumidor”. Además, la normativa elimina la obligación de destacar más los valores en pesos que en otras divisas, por lo que se establece una paridad visual entre ambas. Esta iniciativa busca responder al creciente contexto de dolarización y aportar mayor transparencia en las transacciones comerciales.
El ministro destacó que la reglamentación “también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas”.
La medida modifica puntos clave de la resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la exhibición de precios en moneda extranjera. Específicamente, elimina la obligatoriedad de que los valores en pesos tengan preeminencia visual, y permite que los precios en divisas se muestren con igual relevancia.
El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y empresas adquirentes, que deberán garantizar a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que acepten esta modalidad.
Empresas como Fiserv, Mercado Pago, Payway y Getnet ya avanzan en la incorporación de esta funcionalidad para tarjetas Mastercard y Visa. Además, algunas de estas firmas han iniciado negociaciones con grandes cadenas comerciales para la rápida implementación del sistema.
Aunque la medida podría alterar la forma en que se exhiben los precios y se realizan los pagos en el país, analistas consideran que su éxito dependerá de la receptividad de comerciantes y consumidores. La posibilidad de pagar en dólares podría resultar especialmente atractiva en sectores donde los precios ya están dolarizados, como el inmobiliario o el tecnológico. Sin embargo, su adopción podría ser más gradual en otros ámbitos. “Queremos acompañar a los sectores que ya utilizan al dólar como unidad de cuenta, sin desatender el rol fundamental del peso. Esta medida traerá más claridad en las transacciones y ayudará a fomentar la actividad económica”, aseguró Caputo.
La resolución constituye como principio clave que los consumidores deberán acceder siempre al precio final del producto, ya sea de manera presencial como virtual. Además, aclara que las ofertas y descuentos podrán publicarse por separado, sin necesidad de incluirse en la información presentada en el fleje de góndola.
La opción de elegir el pago en pesos o dólares estará disponible antes de que finalice febrero para tarjetas de débito, mientras que la implementación para códigos QR comenzará a regir a partir del 1.° de abril.
La calificadora de riesgos Moody’s anunció este miércoles un aumento en las calificaciones crediticias de Argentina en moneda local y extranjera, reflejando avances en la previsibilidad y consistencia de la política económica implementada por el gobierno de Javier Milei. La calificación en moneda local pasó de B3 a Caa1, mientras que la correspondiente a moneda extranjera subió de Caa1 a Caa3. Estas mejoras se deben, según Moody’s, a una serie de reformas que redujeron rápidamente los desequilibrios fiscales y monetarios que alimentaban una inflación crónica.
El informe resaltó que las medidas adoptadas por el gobierno de La Libertad Avanza promovieron un “papel reducido del Estado en la economía y políticas menos intervencionistas”, lo que a su vez disminuye los riesgos de transferencia y convertibilidad en caso de un default soberano. Entre estas políticas se incluyen la eliminación de restricciones a los pagos transfronterizos y la convertibilidad del tipo de cambio, que han contribuido a aumentar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera, aunque la cuenta de capital sigue siendo poco abierta.
A pesar de estos avances, Moody’s dejó claro que estas mejoras no implican un cambio en la calificación soberana del país, que permanece en Ca. Esto refleja las limitaciones estructurales que enfrenta Argentina, como la inestabilidad de la balanza de pagos externa y las reservas netas negativas del Banco Central, actualmente estimadas en USD 1.300 millones.
Moody’s también explicó que “los techos país siempre superan la calificación soberana porque representan los límites para emisores privados como empresas y bancos”. Este ajuste permite a emisores locales obtener mejores condiciones de financiamiento, pero no elimina los riesgos asociados a la deuda soberana.
En el mercado financiero, el índice líder S&P Merval alcanzó máximos históricos, aunque cerró con una caída del 1,97% debido a una toma de ganancias. Por otro lado, el Banco Central mantiene el peso mayorista en torno a las 1.036 unidades por dólar, en un contexto de restricciones cambiarias. Javier Milei negó que exista un “atraso cambiario” y atribuyó la apreciación del peso al equilibrio fiscal, aunque economistas como Christian Buteler advirtieron que los costos relativos siguen incentivando la producción en el extranjero.
El Gobierno enfrentó este jueves un vencimiento de deuda por USD 4.341 millones, correspondiente a bonos reestructurados en 2020. Aunque las reservas netas están en terreno negativo, el mercado confía en que el Tesoro cumplirá con esta obligación gracias a la reciente obtención de un crédito Repo por USD 1.000 millones. Este instrumento financiero, diseñado para mejorar las expectativas de financiamiento, contribuyó a que el riesgo país bajara por debajo de los 600 puntos, un nivel no visto desde agosto de 2018.
Finalmente, Moody’s destacó que, aunque las políticas económicas actuales han mejorado la previsibilidad y reducido ciertos riesgos, persisten importantes desafíos estructurales. Recomponer las reservas internacionales y mantener una política fiscal estricta será crucial para avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario en 2025 y evitar posibles inestabilidades cambiarias. Estos esfuerzos serán determinantes para consolidar los avances logrados y garantizar la sostenibilidad de las reformas a largo plazo.
El riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos básicos por primera vez desde agosto de 2018, cerrando en 571 unidades este lunes, según datos de JP Morgan. Este indicador, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó su nivel más bajo en siete años gracias al optimismo en los mercados financieros sobre la recuperación macroeconómica del país.
Los bonos soberanos Globales y Bonares experimentaron alzas significativas, con precios promedio cercanos a los USD 73, su máximo desde su salida al mercado. Esta revalorización refleja la confianza en las políticas del gobierno orientadas a estabilizar la macroeconomía.
Un factor clave en este panorama fue el anuncio del Banco Central de un repo por USD 1.000 millones con bancos internacionales. Un repo, o acuerdo de recompra, es un tipo de préstamo financiero en el que el Banco Central vende bonos soberanos como garantía para obtener efectivo, con el compromiso de recomprarlos a un precio previamente acordado en una fecha futura. Este mecanismo permite al país obtener liquidez inmediata para afrontar necesidades financieras a corto plazo.
En este caso, el repo ofrece una tasa anual del 8,8% y mejora la posición de liquidez del país, lo que contribuyó a fortalecer las reservas internacionales, que cerraron la semana pasada en USD 32.774 millones, cerca del máximo histórico de USD 32.886 millones alcanzado en diciembre de 2024.
Según el Banco Central, esta operación permite mitigar desbalances en el mercado de cambios, facilitando la eliminación progresiva de restricciones cambiarias y reforzando la credibilidad en las metas de política monetaria. Además, este tipo de operaciones genera un efecto simbólico positivo, mostrando un respaldo internacional a las políticas implementadas.
El Tesoro también mostró su capacidad de pago al acumular USD 5.698 millones en sus arcas, garantizando los vencimientos de deuda previstos para enero y julio. A esto se suma un incremento del 205,6% en la recaudación fiscal de 2024 en términos interanuales, superando ampliamente la inflación.
Un informe de la consultora Suramericana Visióndestacó que“aún sin acceso pleno a los mercados internacionales, Argentina podrá afrontar los vencimientos de deuda en 2025”. Este año, el Estado Nacional, el Banco Central, las provincias y las empresas deben saldar compromisos por casi USD 25.000 millones. Este escenario demuestra una combinación de estrategias efectivas de gestión de deuda y una mejora en la capacidad recaudatoria.
El optimismo de los inversores se refleja en la pendiente positiva de la curva de rendimientos de los bonos argentinos, que vuelve a registrar una estructura saludable tras años de tensión crediticia. Analistas de Max Capital destacaron que la tasa del repo indica que Argentina está cerca de recuperar acceso pleno a los mercados internacionales de deuda, lo que podría concretarse en el segundo semestre de 2025. Este regreso sería clave para refinanciar vencimientos y generar nuevas inversiones.
Según Facimex Valores, los bonos GD35 y GD41 presentan un potencial alcista del 13% al 33%, dependiendo de la calificación crediticia que logre el país. Por su parte, JP Morgan proyecta que el gobierno de Milei avanzará hacia la liberación del cepo cambiario y consolidará la estabilidad financiera mediante un robusto sistema macroeconómico.
A pesar de la mejora, todavía queda camino por recorrer: el riesgo país de Argentina (571 puntos) se mantiene apenas por encima del promedio regional (427 puntos).Comparativamente, Brasil registra 248 puntos, Perú 156, Chile 120 y Uruguay 89. Sin embargo, las políticas económicas actuales apuntan a cerrar esta brecha. Las reformas estructurales en curso y el foco en reducir la dependencia del financiamiento externo son elementos que podrían contribuir a una compresión adicional del riesgo país.
El año 2025 comenzó con resultados alentadores en el mercado financiero local. El índice MERVAL marcó un nuevo récord histórico en términos reales, alcanzando los USD 2.362. En Wall Street, las acciones argentinas también destacaron, con alzas del 4,5% en promedio. Estos avances posicionan al mercado argentino entre los de mejor rendimiento global, con ganancias acumuladas desde 2024 que superan el 100% en dólares.
El panorama optimista se refuerza con las expectativas de un nuevo acuerdo con el FMI y una economía en recuperación. Los inversores mantienen su confianza en las estrategias implementadas, lo que augura un año de consolidación para los activos argentinos y su posicionamiento en los mercados internacionales. A su vez, las proyecciones indican que las políticas económicas podrían impulsar un mayor crecimiento de las exportaciones, fortaleciendo el superávit comercial y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio.
YPF firmó hoy un memorándum de entendimiento con las empresas estatales de India Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) para venderles gas natural licuado. El objetivo contempló exportar hasta 10 millones de toneladas al año, equivalentes a 47 millones de metros cúbicos diarios de gas (30% de la producción nacional actual), una vez que la Argentina avanzara con sus proyectos de licuefacción.
El acuerdo incluyó cooperación en litio y otros minerales críticos, y también abarcó la exploración y producción de hidrocarburos, según informó la petrolera estatal. Esta firma concluyó la gira que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, inició a comienzo de año por Israel, Corea y Japón para promover el gas de Vaca Muerta en nuevos mercados. El ministro de Petróleo y Gas Natural de India, Hardeep Sinh Puri, el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain, y directivos de OIL, GAIL y OVL participaron del acto en Nueva Delhi.
“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por US$30.000 millones en los próximos 10 años”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. “Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del embajador argentino en la India (Mariano Caucino) y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo”, agregó.
GAIL tiene la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona los contratos de compra de GNL en la India, mientras que OVL y OIL representan la segunda y la tercera petroleras más grandes del país, con más del 15% de la producción total. En la información difundida, YPF destacó que el MOU es una declaración de intenciones y no implicó compromisos de inversión inmediatos.
La petrolera estatal buscó demandantes de gas equivalentes a 47 millones de m³/d para dar viabilidad a su proyecto de GNL y acceder a financiamiento a tasas razonables. En diciembre pasado, YPF anunció una asociación con la angloholandesa Shell, la segunda mayor operadora de GNL del mundo, para la primera fase del proyecto Argentina LNG, que contempló una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas al año. El plan completo estimó una inversión de US$30.000 millones para construir gasoductos de 580 kilómetros y levantar una terminal de procesamiento en Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Al mismo tiempo, Pan American Energy (PAE) contrató un buque de licuefacción junto con la empresa noruega Golar. El buque FLNG Hilli Episeyo, con una capacidad de 2,45 MTPA (aproximadamente 11,5 millones de m³/d), llegará a la Argentina en 2027. Entre las socias del proyecto figuran Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%), YPF (15%), PAE (40%) y Golar (10%). La compañía noruega construyó además otro buque con capacidad de 3,45 MTPA, que podría estar disponible a fines de 2027, lo que permitiría ampliar la exportación a 27 millones de m³/d, equivalente al 20% de la producción nacional actual.
En proyecciones de YPF, la Argentina podría exportar el equivalente a US$30.000 millones en 2031 por sus ventas de petróleo y GNL, un monto cercano al valor de las exportaciones de granos (US$23.125 millones en 2024). De ese total, la petrolera estatal previó exportaciones de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones. El reciente escenario energético internacional también incluyó una posible aceleración de los proyectos de GNL en Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, que el gobierno de Joe Biden había pausado por temas ambientales. Según la información oficial, esta situación podría motivar a YPF a agilizar la llegada de buques de licuefacción y postergar la construcción de una planta en tierra, proceso que demandaría un plazo mayor.
Desde la empresa señalaron que habrá que esperar para conocer el impacto de los anuncios de Trump en materia energética. YPF, por su parte, continuó con la iniciativa de “Argentina LNG”, dividida en tres etapas de 10 MTPA cada una. En esa línea, la compañía consideró que uno de los barcos podría destinarse a las demandas de la India y que la ventana de oportunidad ofrecida por la transición energética urgió a acelerar las exportaciones de gas proveniente de Vaca Muerta.
La firma malaya Petronas salió oficialmente del proyecto, mientras que Shell ingresó como productor y comprador (offtaker) del GNL que genere uno de los buques. El otro podría abastecer a la India u otras grandes petroleras. La llegada del primer buque Hilli Episeyo a las costas de Río Negro representó la fase inicial de un plan de expansión que se complementaría con un segundo buque de Golar. También aparecieron perspectivas de colocaciones en Europa, Israel, Japón, Corea del Sur y China.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz