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El rubro de la construcción sigue en caída y ya son 10 meses consecutivos en los que se registra una cantidad de despidos masivos, ya son más de 95.000 personas que perdieron su puesto de trabajo.
Un informe publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción remarcó que en el sexto mes del año hubo 348.777 trabajadores registrados en la construcción.
Desde el IERIC comentaron que “la dinámica de junio se mantuvo dentro del sendero de desaceleración del ritmo de caída, mostrando señales de cierta estabilización luego de un periodo de sensible caída en el empleo sectorial”.
En términos interanuales se registró un desplome del 21,2% muy similar a los promedios que se vieron en abril y mayo. Este suceso se registró como el segundo peor mes solo superado en el año 2020 durante la pandemia.
“La cantidad de puestos de trabajo registrados en junio se encuentra entre los registros más bajos de la serie histórica superando solo en 2020 y 2021 cuando sucedió la pandemia del Covid-19“, remarcó la institución.
Debido a todo esto, los salarios también bajaron significativamente y se registró que en el mes de junio el salario promedio era de 1.067.732 pesos con el medio aguinaldo incluido. De este modo la media de la remuneraciones percibidas por los trabajadores presentó una expansión interanual del 246% contra una inflación que era del 271%.
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La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
La deuda soberana arranca el viernes con debilidades, borrando parcialmente el rebote que se había dado en los últimos días. El contexto de tensión global golpea a la renta fija local. En promedio, los bonos muestran mermas de 10% desde los máximos de abril.
IMPACTO GLOBAL
Todos los tramos de la curva argentina muestran una jornada en rojo, con el Global 2029 cayendo 1,04% y el Global 2030 perdiendo 0,92%.
Por su parte, el Global 2035 y el Global 2038 caen 1,4% y 1,3%, mientras que el GD41 y el GD46 caen 1,5% y 1,36% respectivamente.
En medio de temores sobre una recesión y en la que el mercado sospecha que la Reserva Federal deberá bajar la tasa de interés de una manera más acelerada respecto de lo esperado, las acciones caen, así como también los rendimientos de los bonos del tesoro americano.
Es decir, se está dando un contexto de fly to quality, o salto a la calidad, en donde los inversores buscan activos seguros en medio de la mayor volatilidad y temores de recesión. En un escenario en donde los inversores priorizan activos de menor volatilidad y seguros, la renta fija local sufre dicho panorama ya que son instrumentos de alto riesgo.
La volatilidad en la renta fija local proviene del mercado internacional, en donde los inversores comienzan a incorporar riesgos recesivos en EEUU luego de datos económicos débiles.
El mercado laboral evidenció una creación de empleo de 114.000 debajo de lo esperado, a la vez que el desempleo saltó al 4,3%, por encima del 4,1% que esperaban los economistas en EEUU. En base a todo ello, los analistas de PPI afirmaron que los factores internacionales explican casi el 70% de la performance de la caída de los bonos recientemente.
ACCIONES EN ROJO
Las acciones también operan a la baja tanto en la plaza local como en Wall Street.
BBVA lidera las pérdidas, con una caída de 12,1%.
Vista Cae %, 7,3 por Grupo Supervielle que pierde 7,1% e YPF, y Banco Macro, con mermas de 5,9%.
Le siguen YPF, Despegar, Corporación América, TGS y Grupo Financiero Galicia, que caen entre 4% y 5%
El S&P Merval baja 2,9%, mentras que medido en dólares retrocede 4,7%
En cuanto al impacto local, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap, señaló que la volatilidad global puede afectar a los activos argentinos.
Hacia delante, Ruiz Guiñazú remarcó que la Argentina necesita un viento de cola para consolidar la recuperación.
“Las empresas argentinas se mueven con cierta diferencia porque están más afectados por los indicadores macroeconómicos en Argentina. Las empresas argentinas con baja deuda y buenos resultados operativos han tenido caídas. Necesitamos que el contexto pueda ayudar a la macro y las empresas puedan desbloquear su potencial”, sostuvo.
Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, espera que el ajuste actual en Wall Street se mantenga, pudiendo contagiar a los activos locales.
“Creo que la volatilidad actual en Wall Street se va a prolongar y de ocurrir, Argentina podría contagiarse del contexto global. Creo que los bonos podrían ajustar a paridades cercanas a u$s 40 y el S&P Merval a la zona de u$s 1000. Allí podría ser un buen punto para volver a comprar”, indicó.
Además, agregó que las valuaciones de los activos locales estaban muy elevados, por lo que el mercado ajusta también en expectativas.
“Veníamos con un valor en dólares de los activos muy alto basado meramente por expectativas. Ahora el mercado sigue a la espera mientras tanto de conclusiones finales en el plan económico y la salida política que se está acomodando. Pero esto es una buena excusa para acomodar también los activos locales que venían recontra sobre exigidos o sobrevaluados”, afirmó.
En ese sentido,Bagilet entiende que, de corto plazo la recomendación es quedarse fuera, aunque de mediano plazo sigue apostando a la Argentina.
“Con paridades más cercanas a 40 e índice Merval cercano a los u$s 1000 dólares, es una caída aproximada de 10% a 11% en dólares”, detalló.
Con una visión similar, los analistas de Don Capital, advierten que la volatilidad en el mercado puede perdurar.
“Dada la volatilidad observada en las últimas sesiones, impulsada por las decisiones de la Fed y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, es probable que este escenario persista en el futuro cercano”, afirmaron.
Sin embargo, también entienden que los drivers locales son preponderantes en la deuda local.
“Al comparar bonos representativos, como el GD30 con el EMB, vemos que en el último año existe una correlación del 85%, lo que evidencia la estrecha relación de Argentina con sus pares de mercados emergentes. Creemos que, a pesar de la volatilidad futura, si la política económica local sigue siendo efectiva y el escenario externo se orienta hacia una reducción de tasas, los bonos argentinos podrían recuperar atractivo para los inversores”, dijeron desde Don Capital.
LOS BONOS EN MODO AJUSTE
El contexto de mayor volatilidad en los mercados globales se da en un escenario negativo para la renta fija argentina.
En promedio, los bonos muestran mermas de 10%.
Tomando desde el pico de abril, el GD29 cae 6,5%, mientras que el GD30 cae 11%.
En el tramo medio, las debilidades son de 13% y 12% para el GD35 y el Global 2038 desde los picos de abril.
Finalmente, en el extremo más largo, los títulos caen 14% y 12% en el GD41 y en el GD46 desde sus máximos previos.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que la volatilidad de Wall Street no afecta de manera significativa a los activos locales.
“Si en septiembre hay una baja de tasa por parte de la FED, ayudaría a que los bonos argentinos a mejorar su performance como los del resto del mundo”, estimó.
En cuanto a la dinámica de los activos locales, Lazzati aclaró que los bonos y las acciones argentinas están en un período de stand by durante 60 días, esperando los resultados del blanqueo a ver si se juntan entre u$s 2000 y u$s 3000 millones, algo que ayudaría a fortalecer la reserva.
“Creemos que estamos en un periodo stand by en donde bonos y acciones van a fluctuar positivamente ante una demanda futura”, comentó Lazzati.
A su vez, el ajuste actual se dio en un contexto en donde el diferencial por legislación se achicó, generando posibilidades de arbitraje entre legislaciones, es decir, pasar de ley local a internacional y ganar la cobertura legal sin costo.
Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, considera que ante bajos spreads por legislación, luce lógico pasarse de bonos local a ley extranjera.
“No creo que vaya a ocurrir algun evento crediticio. Pero ante spreads tan bajos, si un día se estresa la deuda, el inversor con bonos de ley NY está mejor parado que el que posee ley local“, comentó Helou.
Los riesgos sobre la deuda local no se eliminaron, y si bien el Gobierno muestra voluntad y capacidad de pago al remarcar que tiene (o va a tener) los dólares disponibles para pagar la deuda en 2025, el mercado aun desconfía.
“Creo que es conveniente pasarse de bonos ley local a NY, por una cuestión, de ´por las dudas´. Si el inversor tiene ciertos miedos sobre el tema reservas, que vienen vendiendo, esa estrategia no está mal. En algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo con acreedores. Dado el stock de deuda y flujo de dólares, este no alcanza para pagar el perfil que tiene hoy la Argentina”, advirtió Helou.
Lucas Decoud, analista Renta Fija en Grupo IEB, detalló que si bien el spread de GD30/AL30 pasó de 2,65% a 5,1% actualmente, este se ubica en niveles cercanos al spread promedio entre 2020 y 2021 que fue de 5,78% luego del canje de Guzmán.
Además, recordó que en el periodo que va desde 2022 hasta antes de las elecciones primarias del 2023 el spread promedio se ubica en 16%.
“Creemos que el premio que brinda el pasarse de legislación extranjera a local todavía no es significativo o compensa adecuadamente la mayor robustez legal de los bonos globales sobre los Bonares”, dijo.
En cuanto a la estrategia, el especialista de Grupo IEB agregó que sigue prefiriendo posicionarnos en GD35 y GD41.
“Estos bonos operan con paridades más bajas que el tramo corto, lo que los vuelve defensivos en escenarios adversos y si la curva comprime a niveles de créditos emergentes presentan un upside potencial superior”, comentó Decoud.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
En un país que enfrenta profundos desafíos económicos, la provincia de Formosa, comandada por Gildo Insfrán hace casi treinta años, se erige como un símbolo alarmante de la pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la situación es desesperante: el 72% de los formoseños viven en la pobreza y el 20,3% en la indigencia.
Estos números revelan una realidad desgarradora para los habitantes de Formosa, especialmente para los niños: El informe destaca que 7 de cada 10 niños en la provincia viven en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, donde los ingresos no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor asciende a $873.168,77. Esta cifra no solo es un número frío; representa la imposibilidad de miles de familias de acceder a alimentos y bienes esenciales.
La pobreza y la indigencia no son exclusivas de Formosa. El estudio de la UCA, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revela una situación similar en otras regiones del país. En Gran Resistencia, Chaco, la pobreza alcanza un asombroso 79.5% y la indigencia el 38.6%. Santiago del Estero-La Banda también muestra niveles preocupantes, con tasas de pobreza del 72% y de indigencia cercanas al 30%.
Agustín Salvia, director del ODSA, enfatizó la gravedad de estas cifras y las calificó de “récord histórico”. En el Conurbano Bonaerense, las tasas de pobreza e indigencia son del 62% y 25% respectivamente, afectando incluso a los trabajadores formales, de los cuales más del 44% viven en hogares pobres.
“Todo esto ocurre a pesar de las mejoras en la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros meses del año”, señaló Salvia. Estas ayudas, aunque significativas, no han logrado mitigar los efectos devastadores de la inflación y la crisis económica.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
