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Desde fines del año 2019, el peso argentino es una de las 6 monedas que más valor perdió con respecto al dólar estadounidense. El relevamiento fue llevado a cabo por Observatorio de Divisas (Currency Watchlist), a manos del economista y profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Steve Hanke.
Hanke es también el autor del“Índice de Miseria”, el cual combina datos de inflación con números de desempleo para hacer un ranking de cuáles son las economías que más sufren el contexto macro. Fue publicado en la revista The National Review. En ese relevamiento, Argentina ocupa el puesto número 7, por delante de Irán, Angola y Madagascar.
Hasta el 27 de agosto pasado, la “moneda” que más se depreció, en términos nominales, desde enero de 2020 fue el Bolívar venezolano (-98,76%), siguen la libra libanesa (-86,76%), el dólar de Zimbabue (-84,47%), la libra sudanesa (-80,45%), la libra siria (-73,10%) y en sexto lugar está el peso argentino (-57,69%).
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El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
