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El Ministerio de Desarrollo Productivo les aclaró a las empresas que revisará mayores costos para habilitar o no subas puntuales en algunos productos.
El programa de congelamiento vencía este martes y se rumoreaba con una renovación de unos 30 días, pero la decisión de prolongarlo más tiene que ver con los períodos de duración de la cuarentena.
El Gobierno “quiere evitar” que la bomba de los precios estalle justo cuando la sociedad tiene menos ingresos, en plena caída del empleo y el derrumbe de la economía.
Desde hace 15 días, Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, venía recibiendo listados de aumentos de precios para operar desde el 1 de julio. De hecho, algunas cadenas de supermercados recibieron hasta 60 listados con subas de precios propuestas, la mayoría, según el Gobierno, quedará sin efecto, y otras se verán en lo particular.
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La reconocida cooperativa láctea debió tirar 100.000 litros de leche la semana pasada que no pudo ser procesada por un bloqueo sindical que limita la capacidad de los trabajos en las plantas. El presidente de Sancor, Abel Sánchez, cruzó al Gobierno, al Banco Nación y a la Asociación de Trabajadores Lecheros de la República Argentina. “Si hubiéramos tenido en la lechería, un dólar pyme, o dólar vaca muerta, o dólar soja, creo que podríamos haber peleado, no digo de llegar a los costos de producción, pero sí pelearlo para que el productor esté un poco más cómodo”, comentó en diálogo con los medios.
“Hoy en las plantas se está trabajando, estamos tratando de reubicar toda la leche. No fueron asambleas, fueron paros. No nos permitieron trabajar los procesos de queso y demás. Y veníamos de un fin de semana largo, en el que había mucha leche acumulada en los silos. A raíz de eso, hubo que tirar parte de esa leche porque ya estaba ácida”, detalló Sánchez.
“Estamos hipotecando la lechería del futuro, matando vacas, seleccionando toda aquella vaca que no tiene futuro o que le falta mucho para volver a producir o la vaca que el año pasado se mataba con 12 litros hoy se mata con 15 o 20 litros”, sostuvo el titular de Sancor. Según la firma, tres millones de litros de leche están en riesgo por el freno a la producción.
El empresario comentó que se venía “trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años atrás, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.
Tras el fallecimiento de Cafiero el asunto quedó en manos del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “no atendía el teléfono” y “en noviembre de 2021 informó que había tres inversores interesados en la restructuración”: José Urbubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, quienes “iban a armar un fideicomiso con Sancor, prometiendo que el Banco Nación realizaría un préstamo de $60 millones”. Sin embargo, Sánchez manifestó que el Nación nunca aprobó los préstamos y que, mientras tanto, “había presiones del gremio” para que se tomaran “decisiones rápidas”.
Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, la liquidación de divisas fue de USD 743,5 millones en octubre. Los números representan una caída del 25% si se compara el monto que el complejo agroexportador de granos y subproductos registraron durante el mismo mes del año pasado —cuando la liquidación había sido de USD 1.217,3 millones—. Si se tiene en cuenta los registros históricos, habría que remontarse hasta octubre de 2005 para encontrar un octubre con un valor inferior: USD 660,8 millones.
Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior. En 2022, a estas alturas del año, ya se habían superado los USD 35.000 millones, marcando un año récord. La combinación de precios internacionales más bajos en 2023 y cuarentena en 2020 han contribuido a esta disminución de las exportaciones.
La perspectiva a corto plazo no es más alentadora, ya que se espera que el remanente de granos de la cosecha gruesa limite las operaciones de terminales portuarias e industrias de molienda de soja en los próximos meses.
A pesar de los intentos del Gobierno para estimular las exportaciones a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que ha experimentado diversas ediciones en el último año, el complejo exportador continúa perdiendo terreno en la generación de divisas a través de las ventas de granos y subproductos.
Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior
La persistente sequía que afectó la campaña agrícola 2022/23 sigue teniendo un impacto negativo, y se prevé que la tendencia a la baja en las exportaciones de granos persista durante el resto del año. Un informe privado sugiere que las exportaciones de trigo y cebada en 2023/24 podrían generar divisas por valor de USD 3.600 millones.
Además de la disminución en las divisas ingresadas, el complejo agroindustrial enfrenta un desafío adicional: la falta de materia prima para la industria de molienda, lo que afecta tanto la producción de harina y aceite como la elaboración de biodiésel. Esta situación subraya la necesidad de abordar no solo la cantidad de divisas generadas sino también los factores que afectan la disponibilidad de productos para la exportación.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
En su declaración, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) ha señalado que “las dificultades en la adquisición de insumos del extranjero han alcanzado un nivel crítico que está provocando una paralización en las operaciones del sector”.
Este organismo —que representa a más de 65 pequeñas y medianas empresas nacionales— informó que se han visto forzados a suspender la producción de embutidos cocidos, secos y frescos. La situación pone en peligro el empleo de miles de trabajadores en el sector, así como en actividades relacionadas, desde los mataderos hasta los transportistas y distribuidores.
Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)
Caicha ha informado que, en las últimas semanas, el gobierno ha implementado nuevas restricciones para evitar la salida de divisas destinadas al pago de deudas con proveedores extranjeros. “A pesar de que se han otorgado a lo largo del año aprobaciones para los permisos de importación conocidos como Siras, la realidad es que en la actualidad, la posibilidad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto casi inalcanzable“, señaló Martín de Gyldenfeldt, gerente de la cámara. “La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos de ellos ya no desean abastecernos, y no existen proveedores locales que puedan sustituirlos. En algunos casos, se han tenido que reprogramar los pagos al exterior en más de dos ocasiones, y nadie sabe cuándo se podrán cumplir los compromisos asumidos”, agregó.
La Caicha considera que esta problemática afecta prácticamente a todo el sector privado. Expresan su lamento por la falta de transparencia del gobierno al aprobar importaciones sin contar con las reservas de divisas necesarias.
“En los últimos meses, hemos observado cómo han surgido numerosos eufemismos para evitar reconocer la escasez de dólares. Términos como ‘Inconsistencia 46, 47 o 49’, ‘capacidad económica financiera (CEF) en cero’ y ‘SIRAS sin fecha’ son solo algunos ejemplos de ello. Esperamos que nuestra petición al menos ayude a obtener cierta visibilidad en cuanto a los flujos de pago futuros. Preferimos la verdad a la situación actual, en la que no solo no podemos cumplir con los pagos, sino que el gobierno pone en duda nuestra palabra al tiempo que devalúa nuestra moneda”, concluyó Gyldenfeldt.
“Tomamos nota del anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el que asegura que liberará las SIRAs pendientes para todas las pymes industriales en Argentina. Queremos creer que así será. Sin embargo, la tradicional sucesión de promesas incumplidas por parte de las administraciones gubernamentales, sin importar su orientación política, nos mantiene alerta en nuestra función de representar la producción industrial y advertir sobre los riesgos inminentes a los que nos enfrentamos”, resaltaron.
Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
