El Gobierno disolverá la Casa de la Moneda, junto a otros cinco organismos
Las autoridades nacionales ya tienen decidido eliminar la entidad y despedir a sus trabajadores, como ocurrió este martes con Trenes Argentinos Capital Humano
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El Gobierno prepara un decreto para eliminar la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Se trata de uno de los cinco organismos que el Ejecutivo planea disolver en el corto plazo.
La Casa Rosada anunció este martes el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Oficializó también la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Todo forma parte de la reforma estatal que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y prepara el cierre de otros 60 organismos.
La desvinculación y la privatización de las sociedades del Estado están a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
La Casa Rosada prepara la eliminación de los organismos desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Javier Milei a fines de junio para poder oficializarlo. Trabajan en el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.
Tras la sanción de la Ley Bases, el presidente tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten. Pone la mira en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
Las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases fija el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
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En la noche del domingo, el mandatario nacional se hizo presente en el Congreso de la Nación para explicar las bases de la llamada “Ley de leyes” (porque a partir de ella es que se pueden elaborar otras leyes). La importancia de este proyecto de ley radica en que el gobierno explica cuánto dinero y en que cosas lo va a gastar durante el año próximo, además de contener en ella las expectativas para los años próximos en materia, por ejemplo, de inflación, valor del dólar, crecimiento del PBI, etc.
Este presupuesto está basado en dos principios “fundamentales e inquebrantables”: superávit fiscal y déficit cero. La primera premisa, en palabras de Milei, “es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar”, además agregó “nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Va a garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión; va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones; y para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”.
https://youtu.be/-a7c4RdKFwc
Este proyecto de ley establece una regla fiscal, que a partir del próximo año, y en los años subsiguientes, el presupuesto nacional tendrá que ser equilibrado y superavitario, tal como lo dice el artículo primero: “Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.”
El Gobierno Nacional, a través de este proyecto de ley, realiza una serie de estimaciones:
Luego de una inflación anual en 2023 que fue del 211,4%, y que para este año se estima en 104,4%, se proyecta para el 2025 una inflación anual de 18,3%, para el 2026 un 11,6% y en 2027 un 7,4% de inflación anual.
En cuanto al dólar oficial, el Gobierno calcula que para fin de año cerrará en $1019,9 y para fines de 2025 estará en $1207.
Se proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno para el año 2025. En 2026 se proyecta un crecimiento del 6,2% y en 2027 un 6,7%.
El sector agropecuario crecería un 3,5% respecto a este año en 2025, el sector de bienes 5,6%, el sector servicios 4,4%. Las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 7,7%, la inversión aumentará un 9,9% y el consumo privado crecerá un 4,5%.
En su discurso, el presidente criticó a la “casta política” porque “necesita del déficit fiscal” para “poder hacer negocios personales”. Aseguró que vetará todos los proyectos de ley que no justifiquen de donde se obtienen los recursos para financiarlos o que directamente atenten contra el equilibrio fiscal. Además, tuvo un cruce con diputados kirchneristas a quienes acusó de “no saber sumar”.
El presidente, frente a la crítica de que su gobierno carecía de gestión, resaltó algunos de los logros de su mandato: evitar la hiperinflación, realizar el ajuste, achicar el estado, eliminar los piquetes, reducir los índices de inseguridad en Rosario. Frente al rol del estado, Milei fue determinante “lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales”.
Acerca de los beneficios del superávit fiscal y financiero a largo plazo, justificó diciendo que “el superávit va a hacer que la deuda sea sostenible; la sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro; y en consecuencia al crecimiento económico y del salario real. A su vez implicará menor presión fiscal futura sobre los contribuyentes, lo que significará mayor incentivo para invertir.”
Milei se dirigió a los gobernadores de todo el país: “A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes.” Haciendo una clara referencia al ajuste que ya hizo el Estado Nacional, y que las provincias deben realizar también.
Para cerrar el discurso, el presidente citó a Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y orador romano “El presupuesto debe equilibrarse; el tesoro debe ser reaprovisionado; la deuda pública debe ser disminuida; la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado”. Y le envió un mensaje a los kirchneristas: “Esta frase tiene más de 2000 años, ustedes de eso no aprendieron nada.”
El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.
En un contexto de caída del consumo y aumento de la inflación, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió sobre el contundente impacto de las recientes subas en las tasas municipales sobre el precio de los productos de primera necesidad. El estudio realizado por la entidad revela que los impuestos municipales, provinciales y nacionales constituyen hasta un 49,1% del costo total de un producto, trasladando un aumento de entre el 3% y el 5% en el precio final para los consumidores.
La CADAM expresó su preocupación por la creciente carga fiscal sobre los comercios, que actualmente enfrentan una reducción significativa en su margen de ganancia. Con tasas municipales que llegan a impactar entre el 38,1% y el 49,1% del costo de los productos, los mayoristas sostienen que los incrementos en las tasas se trasladarán inevitablemente a los precios de los productos en las góndolas.
“Estamos viendo que el aumento en las tasas municipales está directamente vinculado con el aumento de la inflación. La rentabilidad de los mayoristas, que ya es extremadamente baja, se reduce aún más, lo que obliga a trasladar estos costos adicionales a los consumidores”, señalaron los expertos.
Los recientes aumentos en las tasas municipales generaron una reacción de varios intendentes bonaerenses, quienes defendieron las medidas de aumentos. Entre los nombres que se escucharon pronunciar en contra de las declaraciones del Ministro de Economía, fueron los intendentes bonaerenses de Unión por la Patria, Mayra Mendoza de Quilmes, Francisco Echarren de Castelli, Mario Secco de Ensenada y Julián Álvarez de Lanús.
El ministro Caputo argumenta que las tasas deben reflejar el servicio efectivamente prestado y no deben ser un medio para obtener recaudación adicional sin una justificación clara. La tensión entre los gobiernos locales y el Ministerio de Economía se intensificó mientras los municipios defienden la “necesidad” de estas tasas para financiar los servicios locales.
Frente a esta situación, la CADAM propuso varias medidas para aliviar la presión fiscal. Entre ellas se encuentran la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción del IVA para productos de la canasta básica y la revisión de los Ingresos Brutos provinciales, que, según la Cámara, pueden ser pagados hasta tres veces por los consumidores en el ciclo de comercialización de un mismo producto.
“Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal”, manifestaron. Otro es el “impuesto al Calco”, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas. “Son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes”, señalaron y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras.
En ese sentido, desde CADAM expresaron beneplácito por la eliminación del cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado, dispuesto por el gobierno nacional. “En los locales se solía poner música o la radio para mejorar el clima laboral y la experiencia del cliente, pero también había que pagar por eso”.
Además, la entidad pidió al gobierno de Javier Milei que elimine el aporte obligatorio de los comercios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, este aporte, que asciende a $3961,21 por empleado, no proporciona beneficios significativos a los trabajadores ni a los empleadores y contribuye al aumento de los costos laborales.
El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, y en un trabajo conjunto con INTA, la Cámara del Kiwi Mar del Plata y SENASA, convocó a la primera reunión de la Mesa Kiwi Mar del Plata. El objetivo central fue abordar temas clave para potenciar la producción de kiwi en la región.
La jornada contó con más de 50 presentes, entre ellos productores y representantes destacados del sector, como biólogos e ingenieros que trabajan en el fortalecimiento del sector agropecuario, con el objetivo de potenciar las habilidades técnicas de los trabajadores y aumentar la productividad.
Se debatieron aspectos como el monitoreo de la mosca de la fruta, para obtener la certificación de baja prevalencia en la zona y garantizar una mayor competitividad. También se abordó el manejo de fitosanitarios, priorizando las buenas prácticas en línea con la normativa vigente, la actualización de los estándares de calidad y la identificación geográfica del kiwi. La reunión se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico, destacando la importancia del trabajo conjunto para impulsar la producción local.
El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, destacó la importancia de estos espacios de trabajo e integración público privada: “Reconocemos el enorme potencial que tiene la sinergia para impulsar el desarrollo local. Queremos mejorar las prácticas productivas, asegurar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo intensivo de cultivos estratégicos como el kiwi, la palta y la vid”.
– Fernando Muro
La producción de kiwi en el Partido de General Pueyrredon representa el 65% de la cosecha a nivel nacional. En este sentido la dirección general de asuntos agropecuarios continúa brindando ciclos de capacitaciones. Es el caso del curso de injertos en kiwi, que, tras el trabajo de vinculación con empresas productoras de la fruta, se logró generar nuevas fuentes de empleo. Una vez finalizada la capacitación, las empresas contrataron a quienes participaron en ella.
Pablo Nogués, director general de asuntos agropecuarios, remarcó: “La producción de kiwi en nuestro partido es muy importante, con un enorme potencial de crecimiento en los mercados internos e internacionales. Desde la Secretaría venimos acompañando al sector en todo ese proceso y lo vamos a seguir haciendo”.
Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agroindustriales mostraron un notable crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 24 mil millones de dólares. El avance resalta la importancia del sector agroindustrial, que representa el 63% de las exportaciones totales del país.
Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nuestro país continúa ocupando posiciones destacadas en el mercado global. Argentina se posiciona como el mayor exportador mundial de jugo y aceite de limón, así como de aceite de soja. Además, se consolida en el segundo lugar global en la exportación de maní, porotos y yerba mate, y en el tercer lugar en maíz y harina de soja.
En particular, la yerba mate fue punto “brillante” en el informe. Durante el primer semestre de este año, se alcanzó un récord de exportación con más de 20 millones de kilos, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2023.
A pesar del crecimiento, el sector agroindustrial enfrenta varios obstáculos que podrían limitar su expansión futura. Nicolle Pisani Claro (Economista Jefe de FADA) destacó que la falta de acuerdos internacionales, la excesiva burocracia administrativa, los derechos de exportación y el atraso cambiario son los principales impedimentos.
Argentina solo cuenta con 8 acuerdos comerciales internacionales, una cifra bajaen comparación con los 40 de la Unión Europea, 32 de Chile, 18 de China y 14 de Estados Unidos. Estos acuerdos son cruciales para reducir barreras comerciales y fomentar el comercio internacional. La falta de acuerdos limita el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados, afectando su competitividad.
Otro desafío importante son los derechos de exportación, más conocidas como “retenciones”, que aumentan la carga impositiva sobre el sector. Este impuesto reduce la rentabilidad de las exportaciones y desincentiva la inversión y el empleo en las regiones productoras. Argentina es uno de los pocos países que mantiene este tipo de impuesto, lo que lo convierte en un caso atípico a nivel global.
El atraso cambiario es otro factor crítico: El tipo de cambio oficial no evolucionó al mismo ritmo que la inflación, lo que llevóa una disminución en la competitividad de los productos en el mercado internacional y a un aumento en las importaciones.
El análisis de FADA sugiere que el panorama para el resto del año es mixto. Las perspectivas en términos de demanda internacional son neutras, mientras que la competitividad cambiaria es negativa. Sin embargo, se espera una oferta exportable positiva y precios en descenso. Se proyecta que las exportaciones totales para el año podrían alcanzar entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con los 33 mil millones de dólares del año anterior, afectado por la sequía.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
