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Según consta en un informe de resolución presentado a mediados del mes de agosto, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) realizará un concurso para “productores y productoras residentes en la República Argentina, con o sin antecedentes” los mismos realizarán proyectos audiovisuales, específicamente de ficción sobre temáticas científicas y tecnológicas. De los proyectos presentados cuatro serán seleccionados y premiados con $40.000.000,00 cada uno. De esta forma, los fondos destinados en premios de este concurso serán $160.000.000,00 en total.
Captura del informe de resolución
La idea del concurso es fomentar y solventar el cine nacional y la evolución del mismo, dándole paso a nuevos productores y estudiantes que quieran meterse en este mundo.
Lo cuestionable de este concurso, al igual que tantos otros que está realizando y sustentando el Estado, son las partidas presupuestarias millonarias que se destinan. El Gobierno está dejando de lado la situación critica en materia económica que atraviesa el país y además, minimiza los sacrificios que les exigen realizar a diversos ministerios importantes para el futuro de la Nación como, por ejemplo, el Ministerio de Educación que recibió bajas en el presupuesto ya pactado. Por lo que es inevitable preguntarse, ¿Cuáles son realmente las prioridades del Gobierno?
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El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral “Composición de precios: carne, pan y leche” y analizó la estructura de valor de la cadena desde la producción hasta el consumidor. El trabajo indicó que uno de cada cuatro pesos del precio final se destinó a impuestos y que, según la cadena, los costos, los tributos y las ganancias presentaron diferentes participaciones.
En carne vacuna, en agosto el kilo promedió $12.141. Sobre ese precio, los costos representaron el 52%, los impuestos el 28% y la ganancia el 20%. Por eslabones, la cría explicó el 26%, el feedlot el 22%, el frigorífico el 3%, la carnicería el 22% y los impuestos el 28%.
Dentro de la carga tributaria, el 77% correspondió a tributos nacionales, el 17% a provinciales y el 7% a municipales; por tipo, se destacaron IVA (34,4%) y Ganancias (32,0%), seguidos por Ingresos Brutos (13,7%). La cadena absorbió $6.320 por kilo en costos, $3.449 en impuestos y obtuvo $2.472 de resultado. En el eslabón frigorífico, el informe indicó una pérdida de $2 por kilo. Los fletes de punta a punta de la cadena representaron el 1,4% del precio (unos $175 por kilo), y el costo laboral totalizó el 11% (equivalente a $1.345 por kilo). Entre febrero y agosto de 2025, el precio al consumidor subió 19% frente a una inflación de 14,2% y los costos perdieron participación, mientras que impuestos y ganancias la ampliaron.
En pan francés, en agosto el kilo promedió $3.199 (con diferencias regionales: $3.760 en GBA y $2.111 en el NEA). La composición del precio se integró por 60% de costos, 24% de impuestos y 16% de ganancias. Por eslabones, el trigo explicó el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%. La carga tributaria se distribuyó 79% nacional, 19% provincial y 2% municipal; por tipo, prevalecieron IVA (44,4%), Ganancias (28,4%) e Ingresos Brutos (18,2%).
La cadena afrontó $1.927 por kilo en costos, $760 en impuestos y obtuvo $513 de resultado. La producción de trigo registró un resultado negativo de -$11 por kilo de pan. Los fletes incidieron 1,7% del precio (unos $53,4 por kilo) y la mano de obra totalizó 34% (unos $1.060 por kilo), con mayor peso en panaderías. El informe señaló que el precio del trigo se multiplicó por 12 entre el campo y la panadería. Entre febrero y agosto de 2025, los costos aumentaron por encima del precio del pan, lo que redujo la participación de las ganancias e impuestos en el precio final.
En leche entera en sachet (1 litro), en agosto el precio promedió $1.653. La estructura se compuso de 71% de costos, 26% de impuestos y 3% de ganancias (unos $56 por litro). Por eslabones, el tambo explicó el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y los impuestos el 26%. La carga impositiva se repartió 79% nacional, 17% provincial y 4% municipal; por tipo, IVA concentró el 67,9% y Ingresos Brutosel 16,3%. La cadena afrontó $1.175 por litro en costos y $422 en impuestos. Los fletes representaron el 6,5% del precio (unos $108 por litro), y la mano de obra totalizó el 18% (unos $299 por litro), con mayor peso en el comercio.
En el tambo, el precio promedio pagado fue de $474 por litro, los costos estimados ascendieron a $479 y los impuestos a $8, por lo que el resultado fue negativo en $13 por litro. El informe consignó que el precio se multiplicó por 3,5 entre el campo y la góndola y recordó que la leche tributó 21% de IVA, a diferencia de carne y pan, que aplicaron 10,5%.
Respecto de los granos,el maíz explicó el 8% del precio final de la carne bovina y el 4% del de la leche; en el pan francés, el trigo explicó el 9% del precio. Con base en los coeficientes oficiales de conversión y los precios de agosto de 2025, FADA estimó que, en promedio, casi el 90% del precio de estos productos respondió a otros componentes (costos diversos, márgenes e impuestos).
“Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”
La economista de FADA Antonella Semadeni explicó la metodología: “Distinguimos entre los costos de producción, los impuestos y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena”.
“En términos generales y en promedio, el 60% del precio que paga un consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”.
Para graficarlo, agregó: “Supongamos, vamos a la carnicería, compramos un kilo de carne, bueno, de ese kilo de carne que yo pago, 250 gramos los estoy pagando en concepto de impuestos. Lo mismo en el caso de la leche, yo compro un sachet de leche de un litro, un vaso que me tomo, de los cuatro que me voy a tomar, uno son impuestos. Y lo mismo en el caso del pan, voy a la panadería, compro cuatro pancitos, uno que estoy pagando son impuestos”.
Al analizar el rol del Estado en la cadena, planteó que “funciona como una especie de eslabón más, que se lleva más que el resto de los eslabones, y no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, por así decirlo, pero cobra el 25% de cada precio final”.
El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), reveló que la economía argentina atraviesa una recesión consolidada, con ventas en baja, salarios depreciados y costos en alza. Según el informe, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y seis de cada diez trabajan sin ganancias.
El estudio advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que el sector productivo nacional “opera por debajo de su capacidad real”. La utilización promedio del aparato productivo fue de 54,6%, cifra considerada preocupante por la entidad. En la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral del 60% que se asocia a un uso saludable de la capacidad instalada.
La encuesta, realizada entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, muestra que el 88% enfrentó aumentos de costos y el 74%debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas registró fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el deterioro del mercado interno.
El presidente de ENAC aseguró que “el consumo se derrumba”
El presidente de ENAC,Leo Bilinski, advirtió que “el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año”, ante un escenario de demanda deprimida y suba constante de costos. “Las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos y el consumo se derrumba”, detalló el dirigente.
En el frente laboral, solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos trepan al 28,8%, con un resultado neto de -2,99% en el empleo pyme durante el trimestre.
El financiamiento, lejos de destinarse a inversión, se volvió una herramienta de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos.
A su vez, el 59% de las firmas denunció demoras en los pagos de clientes y el 47% más incumplimientos, generando una asfixia de liquidez: las pymes financian a sus compradores a 37 días, pero pagan a proveedores en 30.
Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 76% de los empresarios cree que la economía seguirá empeorando y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.
El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.
Pérdida de bancas y movimientos internos
Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.
“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.
Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista
La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.
En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.
Reconfiguración del bloque y alineamientos
La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.
Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.
El rol de Macri y el diálogo con Milei
El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.
En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.
El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
La medida fue oficializada por el la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El edificio está ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y tiene una superficie de más de 761 metros cuadrados.
Un informe de FADA develó a qué se destina cada peso que los argentinos pagan por alimentos esenciales. “El Estado no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no madruga, pero se lleva el 25% del precio final”, graficó una economista de la fundación.
