El BCRA prohibió la compra de dólar ahorro a 3 millones de trabajadores

Para el Gobierno, los empleados deben "devolver el esfuerzo" ayudando al Banco Central a cuidar las reservas.
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El Banco Central confirmó este martes que la Comunicación A 7105 que excluye del acceso al dólar ahorro a los beneficiarios de planes sociales también incluye a los empleados que cobraron hasta una mitad de alguno de sus sueldos gracias a una ATP, algo que no estaba explicitado en la normativa presentada hace dos semanas. De esta forma, son casi 3 millones de personas las que en octubre no podrán acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) por este motivo.

El texto original de la norma prohíbe el acceso al mercado de dólares a todo aquel que “sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social -incluyendo los subsidios de carácter alimentario-, sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral -tales como las asignaciones familiares-“.

La interpretación de Miguel Pesce es que la ATP es motivo de exclusión del mercado de divisas y no se excluye dentro de las prestaciones derivadas de la relación laboral, incluso si estrictamente quien la solicitó fue el empleador y no el empleado.

De acuerdo a datos de la Anses, 2,3 millones de empleados habían sido alcanzados por el ATP de abril y en los meses siguientes decreció el número de empresas asistidas, aunque se incorporaron nuevas empresas por lo que estimaciones privadas sugieren que en los meses siguientes se habrían sumado unos 500 mil empleados a la lista.

En el mes de abril, según cálculos de la Undav, el 39,7% del total de los asalariados del país habían recibido una Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de 4 de cada 5 trabajadores asalariados del sector privado, ya que en ese mes el 49,3% de los trabajadores registrados eran asalariados del sector privado y el 27% del sector público.

Los otros motivos de exclusión son haber recibido un IFE (8,8 millones de personas) o bien tener un crédito a tasa cero para monotributistas (340 mil personas). Tampoco podrán acceder los que refinanciaron la tarjeta de crédito con el plan a 12 meses, ni los deudores UVA a quienes les congelaron la cuota, ni quienes postergaron el pago de créditos bancarios. De esta forma, los excluidos del mercado de divisas ascendería a cerca de 12 millones de personas, aunque desde el Banco Central todavía no tienen el número exacto. Y tampoco podrán hacerlo los que no puedan demostrar ingresos legítimos.

La lista de excluidos para el mes de octubre no necesariamente se replicará en los meses subsiguientes, aclararon a La Política Online desde el Banco Central, por lo que no está claro por cuántos meses estarán excluidos del MULC. A priori los que sacaron un crédito a tasa subsidiada se comprometieron por requisito del Banco Central a no acceder al mercado de divisas por 12 meses.

La decisión la tomó el Gabinete económico que preside Santiago Cafiero en sus reuniones matinales de los miércoles. Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a citado portal que no fueron demoras en la implementación en la Afip del viejo sistema de consulta para la autorización de compra de dólares de la época de Echegaray, sino que se resolvió que esta vez la consulta no fuera por la capacidad contributiva. En cambio, el criterio fue que quienes habían recibido la ayuda del Estado durante la pandemia se la retribuyeran colaborando con el Banco Central en el cuidado de las reservas y como tal no compraran 200 dólares mensuales.

En un primer momento, la decisión de excluir a los beneficiarios de planes sociales fue para ponerle fin al fenómeno de los coleros digitales, personas que abrieron cuentas para comprar 200 dólares por cuenta y orden de cueveros para abastecer al mercado del dólar blue. Y ante la creciente pérdida de reservas se hizo extensivo a todo aquel que hubiese recibido alguna asistencia directa del Estado. En el caso de la ATP, quienes recibieron la ayuda para pagar los sueldos fueron las empresas privadas que quedaron eximidas del pago de hasta la mitad de los salarios. De todos modos, para el Gobierno la colaboración debe venir de parte de los empleados porque entienden que de lo contrario, tampoco hubieran recibido su salario o incluso habrían perdido su puesto.

Cabe aclarar que la medida no contempla diferencias por la magnitud de la ATP. La exclusión del mercado de divisas es la misma para el empleado que recibió el 50% de cuatro salarios mediante la ATP o el 40% de un solo salario. Y también que las empresas que hayan pedido ATP tampoco podrán acceder al MULC.

Estas restricciones se suman a las ya existentes que no permiten la compra de dólares en el MULC a los que lo hayan hecho mediante la bolsa en los últimos 90 días, a las pymes con créditos al 24% ni a las empresas que deberán reestructurar sus deudas si estas superan el millón de dólares mensual.

Así y todo, la pérdida de reservas se sigue exacerbando. En los primeros 23 días de septiembre cayeron 665 millones de dólares, 22,3% más que lo que habían caído en todo el mes previo.

*Fuente: La Política Online


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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