El asesor económico de Milei coincidió con Melconian: “Para dolarizar hace falta una híper”
Carlos Rodríguez dijo que la dolarización que propone Ocampo "en el pizarrón está perfecto, pero es para más adelante". En caso de que se implemente rápido, significará "una híper" o habrá que recurrir al plan Bonex", aseguró el economista.
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Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza, habló sobre la dolarización que propone Javier Milei y las formas en las que las plantea su equipo, más precisamente Emilio Ocampo. “Es discutible”, aseguró y admitió que teóricamente se ve perfecto, pero que en la práctica no lo es.
Rodríguez aclaró que Milei lo apoya, pero que él lo asesora, no está “en la línea ejecutora” de propuestas. “La única posibilidad rápida de dolarizar, y un poquito, es permitir que los dólares blancos que ya estan puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despesificar rápidamente es una hiper o un Bonex“, detalló en una clara coincidencia con las afirmaciones de Carlos Melconian.
Entrevista a Carlos Melconian, ministro de economía elegido por Patricia Bullrich. Fragmento del programa “A DOS VOCES” emitido el día miércoles 7 de septiembre de 2023.
Asimismo, destacó que “lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto publico y regulaciones que traban los mercados” e indicó que “restablecer la confianza será un proceso que precisara hechos verificables, dolor y tiempo”.
Dejando de lado su análisis, Rodríguez intentó no desautorizar la postura del candidato a presidente libertario y por eso sugirió que para llevarse adelante la dolarización completa en tres años -como sugiere Milei- debe “permitirse mientras tanto la libre circulación dólar junto con el peso, en flotación y sin cepo”. Nuevamente, exponiendo su coincidencia con el economista del equipo de Patricia Bullrich, quienes elevaron el esquema de bimonetarismo.
Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza Javier Milei
Por último, el asesor económico explicó cuáles serían los siguientes pasos a seguir para avanzar con la dolarización que consiste en “implementar al comienzo una reducción gradual de la tasa de Leliqs hasta llegar eventualmente a cero, (luego)la emisión debería bajar al nivel necesario para financiar solamente el déficit fiscal primario, que Milei propone llevar a cero o superávit en ese período“.
“Una vez lograda la eliminación del déficit cuasifical por cuenta de la remuneración innecesaria de las Leliqs, y logrado el ajuste fiscal primario, se podrá implementar la despesificación y dolarización, a través del plan de Ocampo o algo similar“, agregó y concluyó: “La dolarizacion inmediata implica hacer el dólar el único medio legal de pago. Eso seria un problema ya que implica sacar los pesos de circulación y no hay con qué. Yo digo mejor flotar primero, dejando circular al dólar. Hacer el banqueo, ajuste fiscal, etc. y después vemos”.
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La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de GustavoHein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública.Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.
Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.
Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.
“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos.Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.
Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.
En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.
Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.
Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.
Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.
El hecho, propagado por el presidente Javier Milei, habría generado pérdidas estimadas de unos 100 millones de dólares, en un episodio sin precedentes de engaño piramidal ponzi a nivel mundial que duró seis horas.
Todo comenzó cuando publicó en su cuenta de X el token digital $LIBRA, aclarando que este activo iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, lo que provocó un alza vertiginosa en su valor, alcanzando un máximo de 4,978 dólares, antes de desplomarse un 80% en una hora. En un principio, se especuló con un posible hackeo de su cuenta, pero la diputada libertaria Lilia Lemoine desmintió la teoría y aseguró que “no es un hackeo” la promoción del propio mandatario.
Ante las críticas que empezaron a surgir, el tuit original fue eliminado y reemplazado por uno nuevo en el que explicaba la situación, asegurando estar desvinculado del “supuesto emprendimiento privado”.
– Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA
“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme informado al respecto, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado ese tuit)”, afirmó Milei en su mensaje, a lo que añadió: “Las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.
Desde la oposición salieron a reclamar este accionar. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, replicó que pasó “de autoproclamarse ”líder global” a crypto estafador”.
“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente. Esa es tu libertad de mercado”, comentó en X, a modo de réplica.
Por su parte, diputados peronistas pidieron un “juicio político” y “armar una comisión” para investigar el caso, ya que se cree que habría quebrantado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras. El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de impulsar el pedido tras la controversia desatada.
“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación”, trascendió desde la banca.
El abogado de Milei, Francisco Oneto, salió en su defensa judicial, posteando que él “no configura ningún delito por ausencia de dolo (no hubo intención de hacerlo)” en su cuenta de X.
“Siguiendo estos lineamientos, es obvio que si quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados”, supo declarar, añadiendo luego que Cristina, “mostró cómo se hace sutilmente”.
Del mismo modo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó al presidente Javier Milei tras la controversia generada por la promoción y calificó la reacción mediática como “una bomba atómica para intentar bajar de un hondazo” al gobierno, de manera “totalmente desmedida”.
– Javier Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA
“Es increíble que pidan un juicio político por un tweet. El presidente consideró que ciertos inversores podían beneficiar al país y simplemente lo compartió. Solo quiso mostrar opciones de financiamiento para empresas o emprendedores; cada uno toma su propia decisión”, sostuvo Bullrich, en una nota a la emisora Rivadavia AM 630.
“Es una compañía que ya ha operado en la ciudad de Buenos Aires, no surgió de la nada. Buscan desviarnos del camino, pero no lo lograrán”, afirmó, defendiendo la legitimidad de la empresa involucrada.
A nivel internacional, los damnificados se estiman por 40 mil según fuentes del Congreso y solo unos muy pocos quienes sacaron rédito, siendo que la moneda virtual de su apogeo, llegó a una capitalización de 4000 millones de dólares. Este fue creado siguiendo la dinámica de las llamadas “memecoins” y desde la empresa, KIP Protocolo, dijeron que Milei, “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.
La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.
Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.
El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.
Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.
La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.
A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.
Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.
El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.
– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.
El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.
El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.
No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.
– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional
Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.
Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.
El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación.
Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.
– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”
El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.
El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.
– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados
Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.
En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.
Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.
La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.
Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.
En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
