El asesor económico de Milei coincidió con Melconian: “Para dolarizar hace falta una híper”
Carlos Rodríguez dijo que la dolarización que propone Ocampo "en el pizarrón está perfecto, pero es para más adelante". En caso de que se implemente rápido, significará "una híper" o habrá que recurrir al plan Bonex", aseguró el economista.
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Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza, habló sobre la dolarización que propone Javier Milei y las formas en las que las plantea su equipo, más precisamente Emilio Ocampo. “Es discutible”, aseguró y admitió que teóricamente se ve perfecto, pero que en la práctica no lo es.
Rodríguez aclaró que Milei lo apoya, pero que él lo asesora, no está “en la línea ejecutora” de propuestas. “La única posibilidad rápida de dolarizar, y un poquito, es permitir que los dólares blancos que ya estan puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despesificar rápidamente es una hiper o un Bonex“, detalló en una clara coincidencia con las afirmaciones de Carlos Melconian.
Entrevista a Carlos Melconian, ministro de economía elegido por Patricia Bullrich. Fragmento del programa “A DOS VOCES” emitido el día miércoles 7 de septiembre de 2023.
Asimismo, destacó que “lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto publico y regulaciones que traban los mercados” e indicó que “restablecer la confianza será un proceso que precisara hechos verificables, dolor y tiempo”.
Dejando de lado su análisis, Rodríguez intentó no desautorizar la postura del candidato a presidente libertario y por eso sugirió que para llevarse adelante la dolarización completa en tres años -como sugiere Milei- debe “permitirse mientras tanto la libre circulación dólar junto con el peso, en flotación y sin cepo”. Nuevamente, exponiendo su coincidencia con el economista del equipo de Patricia Bullrich, quienes elevaron el esquema de bimonetarismo.
Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza Javier Milei
Por último, el asesor económico explicó cuáles serían los siguientes pasos a seguir para avanzar con la dolarización que consiste en “implementar al comienzo una reducción gradual de la tasa de Leliqs hasta llegar eventualmente a cero, (luego)la emisión debería bajar al nivel necesario para financiar solamente el déficit fiscal primario, que Milei propone llevar a cero o superávit en ese período“.
“Una vez lograda la eliminación del déficit cuasifical por cuenta de la remuneración innecesaria de las Leliqs, y logrado el ajuste fiscal primario, se podrá implementar la despesificación y dolarización, a través del plan de Ocampo o algo similar“, agregó y concluyó: “La dolarizacion inmediata implica hacer el dólar el único medio legal de pago. Eso seria un problema ya que implica sacar los pesos de circulación y no hay con qué. Yo digo mejor flotar primero, dejando circular al dólar. Hacer el banqueo, ajuste fiscal, etc. y después vemos”.
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Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.
Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.
El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.
Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.
En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.
En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.
OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.
Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).
¿Por qué fue intervenida?
En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.
Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.
— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario
Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.
El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.
La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.
Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.
Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%,muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.
El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.
A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.
Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.
La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.
EL PISO DE TRES DÉCADAS
Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.
El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.
El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.
Para comprender el alcance real de la vulnerabilidad social,resulta clave diferenciar entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Mientras que el método tradicional del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) se limita a contrastar la suma del dinero mensual que entra a un hogar con la valorización de las canastas básicas, el enfoque multidimensional mide el acceso efectivo a derechos fundamentales. De esta forma, la medición va más allá del bolsillo diario para evaluar si una familia padece carencias estructurales en áreas críticas comola vivienda digna, la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad alimentaria.
Esta distinción técnica explica por qué un descenso coyuntural en la tasa de inflación o una mejora puntual en el poder de compra monetario no implican necesariamente una salida automática de la pobreza. Si bien la estabilidad de precios o la asistencia social inmediata pueden mover las cifras monetarias en el corto plazo, no resuelven de manera directa deudas de fondo como el hacinamiento crítico, la falta de cobertura médica, las deficiencias en la infraestructura urbana o la imposibilidad de garantizar un esquema de alimentación adecuado y variado en el tiempo.
En este marco cobra centralidad la definición de la “pobreza persistente”, elaborada por el economista Agop Karagoz. Este concepto describe la situación de aquel núcleo social golpeado por una doble vulnerabilidad: la falta recurrente de ingresos suficientes combinada con una privación estructural de derechos esenciales. Al quedar atrapados en esa intersección, los hogares no sólo enfrentan dificultades para cubrir su canasta mensual, sino que además carecen del soporte de infraestructura básica y servicios que les permitiría salir de esa condición de vulnerabilidad social de largo plazo.
La medición en CABA y su metodología
Los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires confirman que las privaciones estructurales han mostrado un avance sostenido en los últimos años. De acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la pobreza multidimensional en los hogarespasó del 15,3% en 2019 al 17,5% en 2021—post-pandemia—, para escalar finalmente al 18,8% en la medición actual. Esta tendencia evidencia que, más allá de los vaivenes económicos de coyuntura, la proporción de familias con privaciones no monetarias no ha dejado de crecer.
El impacto de estos números cobra una relevancia particular al considerar la jurisdicción en la que se registran. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que cuenta con el mayor presupuesto por habitante de todo el país y con una infraestructura de servicios públicos históricamente consolidada. Que casi dos de cada diez hogares porteños padezcan carencias de tipo multidimensional expone los límites del gasto local para evitar el deterioro social en el territorio capitalino.
Para capturar esta realidad, el IDECBA utiliza la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) bajo el denominado “método consensual”. Esta metodología implica que los indicadores de privación no se fijan de manera arbitraria o puramente teórica, sino a partir de lo que la propia sociedad porteña define como el conjunto de bienes, servicios y condiciones de vida indispensables para alcanzar un nivel de bienestar digno en la Ciudad.
Las dimensiones con mayor impacto
Al desglosar las carencias por áreas, el rubro “alimentación” se consolida como el factor de mayor deterioro y presión sobre las familias porteñas. La privación en este indicador saltó del 22,4% en 2021 al 25,6% en 2025, impulsada por un número creciente de hogares que se vieron obligados a reducir las porciones de sus comidas, alterar la variedad de los alimentos consumidos o, en los casos más severos, directamente saltearse alguna de las ingestas diarias.
Por su parte, el bloque de “servicios e infraestructura urbana” también mostró un avance en sus niveles de carencia, pasando del 12,1% al 14,5% en el mismo período. Este incremento refleja dificultades persistentes en el acceso a condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno, mientras que otros indicadores vinculados al equipamiento del hogar mostraron un amecetamiento o leves variaciones, evidenciando un escenario donde el presupuesto familiar priorizó la subsistencia diaria por sobre la renovación de bienes.
Infancia y disparidad territorial
La vulnerabilidad multidimensional adquiere un sesgo aún más preocupante al observar la composición de los hogares. En aquellos donde viven niños, niñas y adolescentes, la tasa de privación estructural alcanza el 20,6%. Este dato pone de manifiesto que las deficiencias en el acceso a condiciones de vida dignas afectan de manera directa el desarrollo integral de las infancias en el territorio porteño.
A esta brecha generacional se le suma una profunda fractura geográfica que divide a la Capital Federal en dos realidades contrapuestas. Mientras que en la zona norte la pobreza multidimensional afecta a tan sólo el 6,5% de los hogares, en la zona sur esta problemática trepa de manera crítica hasta alcanzar al 30,4%. De esta forma, casi un tercio de las familias del sur de la Ciudad conviven con privaciones estructurales en sus derechos básicos.
La paradoja del indicador
El informe oficial concluye exponiendo una clara paradoja en la dinámica social porteña. Mientras que el denominado “núcleo duro” —aquellos hogares que sufren simultáneamente pobreza monetaria y privación multidimensional— se redujo al 6,3%, la proporción de familias que sufren privaciones de derechos pero cuyos ingresos quedan formalmente por encima de la línea de pobreza subió al 12,6%.
Este fenómeno deja al descubierto que tener un ingreso que supere la canasta monetaria ya no garantiza el acceso a una vida digna, visibilizando la persistente deuda de infraestructura, servicios y garantías de derechos en la Ciudad de Buenos Aires.
Detrás de los 800 mil dólares frenados en Aeroparque hubo más de diez viajes previos con maletas que sí llegaron a destino, un noveno pasajero ligado a la inteligencia chavista que los grandes medios pasaron por alto y una ruta del dinero que terminaba en cuentas suizas.
La carencia alimentaria fue el rubro que más empeoró y ya son uno de cada cuatro los hogares porteños que redujeron porciones, cambiaron lo que comen o saltean comidas. En los hogares con chicos la privación estructural trepa al 20,6%.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
