El asesor económico de Milei coincidió con Melconian: “Para dolarizar hace falta una híper”
Carlos Rodríguez dijo que la dolarización que propone Ocampo "en el pizarrón está perfecto, pero es para más adelante". En caso de que se implemente rápido, significará "una híper" o habrá que recurrir al plan Bonex", aseguró el economista.
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Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza, habló sobre la dolarización que propone Javier Milei y las formas en las que las plantea su equipo, más precisamente Emilio Ocampo. “Es discutible”, aseguró y admitió que teóricamente se ve perfecto, pero que en la práctica no lo es.
Rodríguez aclaró que Milei lo apoya, pero que él lo asesora, no está “en la línea ejecutora” de propuestas. “La única posibilidad rápida de dolarizar, y un poquito, es permitir que los dólares blancos que ya estan puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despesificar rápidamente es una hiper o un Bonex“, detalló en una clara coincidencia con las afirmaciones de Carlos Melconian.
Entrevista a Carlos Melconian, ministro de economía elegido por Patricia Bullrich. Fragmento del programa “A DOS VOCES” emitido el día miércoles 7 de septiembre de 2023.
Asimismo, destacó que “lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto publico y regulaciones que traban los mercados” e indicó que “restablecer la confianza será un proceso que precisara hechos verificables, dolor y tiempo”.
Dejando de lado su análisis, Rodríguez intentó no desautorizar la postura del candidato a presidente libertario y por eso sugirió que para llevarse adelante la dolarización completa en tres años -como sugiere Milei- debe “permitirse mientras tanto la libre circulación dólar junto con el peso, en flotación y sin cepo”. Nuevamente, exponiendo su coincidencia con el economista del equipo de Patricia Bullrich, quienes elevaron el esquema de bimonetarismo.
Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y actual asesor del líder de La Libertad Avanza Javier Milei
Por último, el asesor económico explicó cuáles serían los siguientes pasos a seguir para avanzar con la dolarización que consiste en “implementar al comienzo una reducción gradual de la tasa de Leliqs hasta llegar eventualmente a cero, (luego)la emisión debería bajar al nivel necesario para financiar solamente el déficit fiscal primario, que Milei propone llevar a cero o superávit en ese período“.
“Una vez lograda la eliminación del déficit cuasifical por cuenta de la remuneración innecesaria de las Leliqs, y logrado el ajuste fiscal primario, se podrá implementar la despesificación y dolarización, a través del plan de Ocampo o algo similar“, agregó y concluyó: “La dolarizacion inmediata implica hacer el dólar el único medio legal de pago. Eso seria un problema ya que implica sacar los pesos de circulación y no hay con qué. Yo digo mejor flotar primero, dejando circular al dólar. Hacer el banqueo, ajuste fiscal, etc. y después vemos”.
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El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el pasado jueves la mayor inversión privada de la historia provincial: la construcción de una planta de industrialización de fibra de pino de alta calidad en el Parque Industrial de Ituzaingó, a cargo de ARPULP S.A., una empresa con accionistas de larga trayectoria en la provincia.
La iniciativa demandará un desembolso de USD 2.000 millones y generará 13.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de producción proyectada de 800.000 toneladas anuales y una facturación estimada de 900 millones de dólares por año.
“Dimos un primer paso muy importante para el desarrollo de nuestra querida provincia”, celebró Valdés tras reunirse con AlejandraAranda, CEO de mencionada empresa.
– Juan Pablo Valdez, gobernador de Corrientes, y Alejandra Aranda, CEO de Arpulp
La futura planta será la “más grande del planeta” en producción de fibra larga de pino y la más moderna en su categoría, con tecnología de ingeniería sueco-finlandesa. Se enfocará en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, insumo crítico para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia, con aplicaciones también en el sector médico y en el desarrollo de telas no tejidas.
Actualmente gran parte de este insumo se importa del exterior, por lo que el proyecto permitirá sustituir esas compras, “agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas”, informaron.
El impacto de una inversión que sacude al sector forestal
El Consejo Forestal Industrial Argentino (Confiar) celebró el anuncio y lo definió como “uno de los hitos más relevantes para la foresto-industria argentina en las últimas décadas”. La entidad, que representa a un sector con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales (el 80% concentradas en la Mesopotamia), subrayó el valor estratégico del proyecto.
“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, declararon desde la entidad.
Confiar también ponderó el efecto multiplicador de la inversión sobre toda la cadena foresto-industrial, que actualmente genera empleo formal para 100.000 personas y exporta aproximadamente USD 550 millones anuales. Según proyecciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.
Para Valdés, el anuncio es resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Esto es posible porque generamos las condiciones para que el sector privado confíe, garantizando seguridad jurídica e infraestructura estratégica mediante nuestros 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó”, enfatizó el gobernador.
A su vez, señaló que “esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.
La radicación en el Parque Industrial de Ituzaingó responde a una planificación de largo plazo que busca aprovechar la infraestructura logística de la provincia, incluida la cercanía con puertos estratégicos.
El cronograma del proyecto tiene metas definidas para los próximos años. Alejandra Aranda precisó que “durante 2026, la prioridad será realizar un estudio ambiental profundo, alineado con los estándares de calidad y seguridad mundiales para esta categoría”. En ese mismo período, se completará también la factibilidad técnica del proyecto. En paralelo, el fondo de inversión Pegasus dará inicio a la búsqueda de financiamiento estratégico de gran escala.
“En esa hoja de ruta, para 2027 estaremos concentrados en la ingeniería básica y de detalle”, agregó la CEO de ARPULP S.A.
Fernando Correa, responsable de la tecnología industrial del proyecto y con amplia trayectoria internacional en la industria forestal, estimó que “si todas las exigencias financieras logran avanzar en término, entre 2028 y 2030 estaremos dedicados a la construcción de la planta modelo, para comenzar a operar a pleno hacia finales de 2030”.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un informe que proyectó el impacto productivo, exportador y fiscal de una eliminación gradual de los derechos de exportación sobre el agro argentino. Según el trabajo de los expertos, el campo podría sumar 2,2 millones de hectáreas sembradas hacia 2036, elevar la producción total a 182,6 millones de toneladas y alcanzar exportaciones por US$50.500 millones anuales.
El estudio, titulado “¿Qué efectos tendría la eliminación de los derechos de exportación sobre la producción, las exportaciones y la recaudación fiscal en Argentina?”, fue publicado el 24 de abril y elaborado por Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada.
El análisis se basó en el modelo AGMEMOD, una herramienta de proyección adaptada al caso argentino
El informe comparó dos escenarios hasta la campaña 2035/36. El primero mantuvo constantes las condiciones vigentes para la producción, con el esquema actual de derechos de exportación. El segundo evaluó una reducción gradual de retenciones en dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.
Rodríguez Zurro explicó que AGMEMOD es “un modelo de equilibrio parcial para proyectar las principales variables del agro en distintos países”. Se trata de una metodología utilizada por la Comisión Europea para evaluar su política agraria común, que la BCR adaptó a las particularidades de nuestro país. “Pensemos en el doble cultivo, en las cepos o limitaciones cuantitativas a las exportaciones, las retenciones, la brecha cambiaria. Todas esas particularidades los incluimos al modelo para básicamente proyectar a 10 años cómo podría evolucionar la producción argentina bajo distintos escenarios”.
En el escenario constante, el área sembrada crecería de 39,9 millones de hectáreas a 41,1 millones entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasaría de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones. En cambio, con eliminación de derechos de exportación, el área alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implicaría 2,2 millones de hectáreas adicionales y una mejora del 5,4% frente al escenario base.
En materia exportadora, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales en 2036 bajo el escenario sin retenciones. El valor anual de las exportaciones pasaría de US$44.100 millones con derechos de exportación constantes a US$50.500 millones sin retenciones, una diferencia de US$6.400 millones.
El análisis fiscal planteó una pérdida inicial para el Estado nacional por la eliminación de los derechos de exportación, pero también proyectó una compensación posterior por dos vías. La primera sería directa, a partir de una mayor base imponible del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. La segunda sería indirecta, por la expansión de la producción, la inversión y la actividad económica.
El Estado nacional obtendría un resultado neto positivo desde el cuarto año de la eliminación. A partir del ciclo 2029/30, la recaudación nacional total sería superior en el escenario sin retenciones que en el escenario base. Hacia 2036, la Nación recaudaría US$296 millones adicionales frente al esquema con alícuotas constantes.
Rodríguez Zurro explicó que el aumento de la recaudación nacional tendría como uno de sus canales principales el Impuesto a las Ganancias. “Más o menos, para tener un número de referencia en la cabeza, hacia el 2036, si todo continúa igual, o sea, en el escenario base, la recaudación por impuesto a las ganancias rondaría los 3.500 millones de dólares en todos los productos en su conjunto, mientras que ante una eliminación, ganancias aportarían más de 8.000 millones de dólares por el aumento en la base imponible”.
El especialista también mencionó el impacto del impuesto al cheque. Según sostuvo, el productor tendría un ingreso bruto mayor y también costos de explotación más altos por el incentivo a invertir y mejorar rindes, lo que elevaría la recaudación por ese tributo.
El informe incorporó además el efecto sobre las provincias. La BCR sostuvo que resultarían beneficiarias desde el inicio, ya que los derechos de exportación no son coparticipables y su eliminación no les quitaría una fuente directa de ingresos. A la vez, la mayor actividad económica ampliaría la base imponible de Ingresos Brutos y Sellos, además de elevar la recaudación por vía indirecta.
En 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales en el escenario de eliminación de derechos de exportación respecto del escenario base. Con la recaudación nacional y provincial consolidada, el punto de quiebre fiscal se alcanzaría en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma.
El único año con pérdida neta consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de US$153 millones. Desde 2028, año de la eliminación total, la mayor recaudación por Ganancias, Débitos y Créditos, Ingresos Brutos, Sellos y otros tributos derivados de la actividad económica superaría la pérdida por derechos de exportación.
Para 2036, la recaudación consolidada de Nación y provincias superaría al escenario con retenciones constantes en US$1.286 millones anuales.
Rodríguez Zurro señaló que la eliminación de retenciones también tendría efectos sobre la compra de insumos, la contratación de servicios, la renovación de maquinaria, la inversión en construcción, otros negocios y la actividad portuaria.
El informe de la BCR cerró con una definición sobre el costo fiscal de la transición. “El único año con pérdida neta de recaudación consolidada es 2027”, indicó el trabajo, antes de señalar que, hacia el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en el escenario sin derechos de exportación. “El costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”, concluyó el trabajo de la BCR.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
